Fui dirigente universitario. Por aquellos años raudos cuando todavía la política se mezclaba con la ideología y la academia, participé de una de las últimas huelgas de hambre estudiantil que posibilitó alcanzar un acuerdo entre la UMSA y la UPEA por la distribución de recursos del IDH. Esas épocas, ser representante estudiantil era motivo de orgullo porque no se reducía a ganar una elección y convertirse en el estudiante “de moda”, sino que brindaba una satisfacción moral al poder ayudar a otros estudiantes. Esta actividad es hoy cuestionada por nuestra sociedad, porque se la ha deformado con el tiempo, creándose posibles focos de corrupción a su interior. En estas breves líneas comparto mi análisis sobre ¿cuál es el costo de mantener estudiantes “dinosaurios” en la universidad pública?
Dado que resulta extremadamente complejo calcular el costo por estudiante en las universidades públicas que tienen fuentes de financiamiento diversas, una función de producción difusa y porque el precio de mercado para acceder a la educación (la matrícula) no refleja el verdadero costo para el Estado (sueldos y salarios a docentes y administrativos, infraestructura, otros gastos de funcionamiento), en su lugar analizaremos su costo de oportunidad.
El costo de oportunidad es aquello a lo que renunciamos por tomar una decisión diferente. En el tema en cuestión, representa lo que hubiera gastado el estudiante de no haber ingresado a la universidad estatal y en su lugar hubiera optado por la enseñanza privada.
Tomando la información del costo estimado de la colegiatura en nueve de las principales universidades privadas de la ciudad de La Paz para la carrera de Derecho, se encuentra que el costo promedio anual de educarse antes de la pandemia ascendía a $us 2.100. Por razones obvias no haré alusión a las casas de estudio, pero como todo promedio esconde valores extremos que van de $us 800 a $us 4.857.
A partir de la información de la UMSA sobre el número de estudiantes con más años en la universidad, a quienes irónicamente se los ha denominado “dinosaurios”, se puede estimar el valor actual del costo de oportunidad de educarse en una universidad estatal en lugar de una privada (descontado a la tasa de inflación por simplicidad). Los resultados son alarmantes. El costo acumulado de retener estudiantes con más de 10 años se encuentra entre Bs 142 millones y Bs 359 millones. Para hacernos idea de la magnitud, el monto más alto representa más del 40% del presupuesto de una gestión anual.
Es posible que el tiempo de permanencia de un estudiante en una universidad pública sea mayor al de una privada porque estudiar a expensas del Estado no tiene costo o es muy bajo, en cambio, las universidades privadas tienen la fama de cobrar hasta por lo que uno respira. Entonces, ¿se debería privatizar la educación para hacerla más eficiente? Por supuesto que no. Elevar el costo de ingreso a las universidades solo nos haría un país más pobre y menos educado.
¿Se debería suspender el derecho a estudiar a quienes superen una cantidad de años inscritos? La solución no es tan simple. Más allá de la vida política dentro la universidad a la que puedan optar algunos estudiantes como Max Mendoza, el retraso en la obtención del título académico es generalizado. En 2017, sobre un universo de más de 78.000 estudiantes de la UMSA, se graduó el 5%, que equivale a la mitad del nuevo número de inscritos.
Entonces, ¿cómo acelerar el proceso de titulación? El mayor incentivo de un estudiante para que complete sus estudios también es su costo de oportunidad. Al estar estudiando y no titularse, deja de recibir un salario alternativo o éste es inferior a lo que podría ganar obteniendo el grado académico. La mayoría de los estudiantes no hace una correcta evaluación de su costo de oportunidad ya que tienden a subestimarlo, con lo cual se reducen los incentivos suficientes para acumular capital de prisa o porque el mercado laboral no está diseñado para absorber una gran cantidad de mano de obra calificada, lo que infravalora su costo de oportunidad. Este no es el caso de Max, pero sí el de muchos estudiantes que abandonan prematuramente sus estudios a cambio de un salario mediocre.
Espero que estas breves reflexiones aporten a la discusión en el XIII Congreso Nacional de Universidades.
Omar Velasco Portillo es economista.