Voces

lunes 27 jun 2022 | Actualizado a 14:37

¿Personas menstruantes?

/ 20 de mayo de 2022 / 01:22

En medio de un escenario político que a pocos 70 días del nuevo gobierno de Chile se complejiza continuamente, el Congreso chileno avanzó en la aprobación de un (aún) proyecto de norma garantista de derechos que permite y promueve una gestión menstrual libre y digna. En un país en el que durante décadas el tema de la privatización de la salud ha sido centro de múltiples desigualdades y en el que un gobierno manifiestamente feminista se hace cargo de enfrentar el desafío de la gran promesa del cambio, resulta tremendamente lógico que, sin pompas ni aspavientos, una iniciativa legislativa pretenda regular el rol del Estado ante una situación concreta referida a la salud sexual y reproductiva por la que atraviesa una buena parte de la población. La idea es simple y fácil de entender, se trata de un breve texto que concibe que hay quienes en ese cruento sistema altamente privatizado no tienen acceso a agua o no pueden asistir a clases durante su periodo menstrual y podrían mejorar su calidad de vida atravesando esos días tan dolorosos e incómodos si el Estado apoya, favorece y promueve políticas que permitan un mejor y mayor acceso a productos sanitarios y una nueva cultura sobre el tema que permita ir rompiendo la idea de que, en pleno 2022, este sigue siendo un asunto sobre el cual se debe hablar en susurros. ¿Alguien puede estar en desacuerdo con ello?

Si bien es posible que la apuesta —de las y los miembros del Congreso chileno por incluir en esta ley a las personas de las poblaciones LGTBIQ— puede haber sido “apresurada” a su tiempo o “radical” en su postura, también es cierto que es garantista. Bajo el razonamiento de sus legisladores que respeta el derecho a la identidad (de género) del que goza todo y toda chilena, existen mujeres biológicas que menstrúan pero que, en el camino de su vida, tomaron la decisión de ser transexuales o no binarias y ya no ser denominadas mujeres, pues ese denominativo no las identifica ya. En consecuencia, en una sociedad que pretende respetar las diversidades sexuales e identitarias, es perfectamente posible que existan personas menstruantes que no se identifiquen como mujeres, son esas las que están incluidas en el mencionado proyecto de ley y esa es la razón de este polémico apelativo en el mismo. De eso va una “persona menstruante”.

Bien, ¿cómo es que entonces un simple proyecto de salud pública se convierte en un absurdo y peligroso meme que desvirtúa absolutamente esos fines y que alcanza una fuerte presencia incluso en Bolivia? Esto ocurre por dos situaciones concretas. Dos tipos de procesos político-desinformativos que tienen lugar de manera simultánea en niveles distintos. Uno global, decidido a frenar todo aquello que pudiera parecerse, concebirse (o construirse) como “marxismo cultural”, “ideología de género” o progresismo y que tiene como objetivo el desorden social y cultural a partir de la excesiva ampliación de derechos y libertades identitarias. Y otro regional y local contra el avance concreto de las izquierdas, asociadas mayoritariamente a las corrientes progresistas que impulsan esas agendas y de las cuales hay que liberar, más aún, a los países que aún no están permeados del todo de ellas. Países cuyas izquierdas, aunque hayan obtenido una mayoría congresal y otra en la Convención Constitucional, no alcanzan aún a reunir el poder necesario para batallar los sentidos en una sociedad que durante tantas décadas ha afianzado tantos otros poderes fácticos por fuera del político.

¿Creyó usted el absurdo de que, como tituló el diario mayor de Bolivia, el “Congreso chileno (aprobó un) proyecto de ley para cambiar la palabra ‘mujer’ por ‘persona menstruante’”? Pues de esos efectos desinformativos que nos alcanzan también van estas batallas políticas.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka.

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¿Qué se hace frente a la intolerancia?

/ 17 de junio de 2022 / 00:59

Comenzaba esta semana con la duda de cuáles habían sido los libros más vendidos en la recién finalizada Feria Internacional del Libro de Santa Cruz. Hasta el momento en que escribo esta columna no he podido encontrar la nota periodística que al respecto se suele hacer, con seguridad ya pronto lo sabremos. La duda provenía de que, de alguna manera, e incluso dentro de una sociedad nacional como la nuestra, este indicador podía ser un dato respecto a qué están leyendo quienes sí lo hacen, quienes detentan (o al menos intentan disputar) el poder cultural dentro de nuestras sociedades.

Mientras masticaba esta duda, este martes se produjo un nuevo incidente (éste más violento que el anterior) en contra de la exposición sobre diversidades sexuales y orgullo LGBTIQ+ que estaba programada en el Museo de El Altillo en la ciudad de Santa Cruz, en ocasión de que este 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTB. La novedad ya venía dada desde antes y generaba cierta expectativa en quienes esperamos que pronto se consolide la construcción de una sociedad nacional cada vez más progresista en términos culturales e involucraba, en este caso, al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz que —nobleza obliga—, de la mano de su secretaria municipal de Cultura, Sarah Mansilla, viene impulsando interesantes agendas culturales en el municipio cruceño.

Tras las múltiples agresiones que sufrieron las piezas que componían la mencionada exposición, varias fueron las manifestaciones públicas a favor y en contra. Entre ellas, el sociólogo Eduardo Paz tuiteó que lo ocurrido en El Altillo del Beni se constituye “en una embestida política antiderechos que cada día está más organizada, (encabezada por quienes) saben qué es un frente de batalla cultural” y que, por esa razón, no resultaba adecuado simplificar el fenómeno ocurrido denominando a las y los agresores como “provincianos” o “ignorantes”.

De alguna manera, esa reflexión nos plantea la disyuntiva en torno a cuál es la manera en la que se debe responder a este tipo de afrentas agresivas que provienen de grupos que no toleran la visibilización/celebración de las múltiples diversidades sexuales, identitarias y religiosas que conviven simultáneamente en nuestro país.

¿Cómo se responde entonces ante la violencia intolerante presenciada que, de repente, se va generando y mostrando con cada vez menos pudor en nuestra sociedad? Una opción puede ser la de la denuncia sonora ante lo que se considera injusto, otra es la del silencio impávido y precavido y una última es la de la búsqueda de opciones alternativas (e inteligentes) a la reacción indignacionista que no solo proviene, sino que alimenta una cultura que (mal)interpreta la libertad a favor suyo sin entender que, por fuera, existe una comunidad que sin nuestro trabajo colectivo no va a funcionar.

¿Qué implica este trabajo colectivo/personal? Superar la lógica polarizadora que plantea que la libertad (y voz) propia está por encima de cualquier otra. Al parecer ese (mal)sentido de época solamente nos llevaría, como sujetos sociales, a ser objetos de polarización alimentados por la inmediatez y la falta de reflexión respecto a cómo vamos a afrontar el gran desafío que implica construir comunidad en conjunto, con respeto al Estado laico, a los pensamientos/ credos distintos y a las diversidades e identidades sexuales.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka.

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Las cosas por su nombre

/ 3 de junio de 2022 / 02:41

En Colombia, a pesar de que existían encuestas que anticipaban lo que el domingo ocurrió en términos de resultado, la obtención del segundo lugar en esta votación por un candidato fue tildada como “sorpresa electoral”, esto a pesar de que fuentes y voces provenientes de fuera del establishment mediático en ese país advertían con anticipación no solo la presencia del candidato Rodolfo Hernández en estas elecciones, sino también su incursión en ellas como una estrategia para debilitar a la izquierda colombiana que luego de muchos años se vio beneficiada con la mayoría del voto popular en primera vuelta, aunque esto no le alcanzara para hacerse del gobierno.

Fue entonces, producto del resultado, que el continente y el mundo conocimos a Rodolfo Hernández, siendo que hasta entonces el relato en torno a la pugna electoral se había instalado teniendo como centro la pugna entre el Petrismo versus el Uribismo. Tras conocerse el resultado, los análisis y la información preliminar propusieron a Hernández como el candidato outsider y populista que irrumpió sorpresivamente en los resultados. Es difícil pensar en alguien como outsider cuando ha ejercido anteriormente cargos de elección que, en la mayoría de los sistemas electorales incluido el colombiano, requieren la intermediación de los partidos. La calificación de populista complejiza más aún esta denominación, sobre todo cuando existe tanto debate irresuelto desde hace décadas en torno a la significación e implicancia del populismo político. Como apunte, la pensadora feminista Luciana Cadahia ha señalado que considera que, en realidad, el de Rodolfo Hernández “es un proyecto demagógico y protofascista (que) es una tendencia global ahora mismo”. Una categorización seguro más precisa y honesta que la facilona que recorre el mundo ocultando lo que Hernández en realidad encarna. Las cosas por su nombre.

El fenómeno político que durante la década pasada emergía (y lleva ya un tiempo cosechando resultados electorales) en Europa y el norte, al parecer, está empezando a afincarse, ahora con mayor claridad, también en nuestro continente. Y si bien los síntomas de esto son previos a la presencia de Rodolfo Hernández en la escena continental, su incursión/votación permite referirse con mayor evidencia sobre ello y hablar, al mismo tiempo, del futuro de la democracia y nuestras sociedades.

A reserva del enorme descrédito que atraviesan los sistemas de partidos y la “clase”/casta política en distintos países, lo cierto es que quizás uno de los componentes que complejizan más el escenario de la política global son las ciudadanías que, en gran parte, por como votan a determinados líderes de este perfil, podrían tender a parecerse más a las de inicios del siglo XX que a las de finales de éste. Mucho de ello podría ser resultado de las dinámicas instauradas en un mundo altamente digitalizado en varios aspectos, incluido el informativo.

Mientras en términos culturales tengamos todo lo destinado a ser público sometido a la política emotiva, a su vez supeditada al estallido y linchamiento emocional de la ciudadanía y éste, simultáneamente, promovido por operaciones de desinformación y descrédito generadas a conveniencia, seguiremos asistiendo a la emergencia de líderes en apariencia antisistémicos y en realidad cercanos al fascismo. Y estaremos más lejanos de líderes que puedan ir aplacando las grietas sociales producidas por la polarización de donde éstos emergen y de la cual se alimentan.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora.Twitter: @verokamchatka

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El TSE en estos tiempos

/ 6 de mayo de 2022 / 02:15

Con la Constitución de 2009, la otrora Corte Nacional Electoral pasó a ser Tribunal Supremo Electoral (TSE) y éste, junto con los tribunales electorales departamentales, pasó a constituirse en el cuarto poder del Estado Plurinacional. Desde entonces, habiéndose designado vocales nacionales en tres ocasiones, ninguna y ningún vocal nacional ha concluido su mandato. Es decir que no hubo ninguna autoridad nacional que haya ocupado su cargo desde el día 1 de su nombramiento hasta seis años después, como establece la norma. Todos y todas finalizaron el ejercicio de sus cargos por renuncia personal, renuncia “colectiva” o persecución. En la última semana se ha conocido que una más de las vocales designadas durante la crisis política de 2019 ha renunciado a su mandato.

El dato es no solo complejo, sino también elocuente. No faltará quien equipare el mismo al tiempo de gobierno del MAS, un impulso común desde la oposición sin importar de cuál Sala Plena se está hablando. No obstante, queda el registro de que la renuncia colectiva (de 2015) y la persecución contra vocales (nacionales y departamentales, de 2019) fueron situaciones producidas o apoyadas por la oposición ante actuaciones personales de algunos/as vocales o decisiones colegiadas de la Sala Plena nacional. En el otro lado, si bien algunas de las renuncias individuales tuvieron lugar por razones personales, otras varias estuvieron ligadas a condiciones (dentro y/o fuera de la Sala Plena) que imposibilitaban dar continuidad a mandatos establecidos, esto quedó inscrito en algunas de las notas de renuncia. Este panorama, en su generalidad, permite entender de alguna manera que quienes han ejercido esos cargos se han visto continuamente asediados por las facciones políticas que pugnan intereses, muchas de las veces este asedio iniciado incluso durante el periodo de designaciones para estos cargos.

Aunque es verdad que el accionar individual de algunos fue fulminante, en su momento, para la credibilidad del ente colegiado (sobre todo en la primera Sala Plena designada tras la puesta en vigencia de la CPE) lo cierto es que, a la postre, fueron más la cantidad de valiosas y valiosos profesionales que han tenido que dar un paso al costado a su mandato por encontrar sus funciones inviabilizadas por diversas razones, todas de alguna manera relacionadas con el devenir de la política que, desde oficialismo y oposición, no han generado las suficientes condiciones para brindar estabilidad a este poder estatal. Aunque esto suena inquietante, más aún lo es imaginar que mientras esto pasaba, la imagen del OEP (que varias de estas personas trataron de recuperar mediante acciones concretas que fueron mejorando nuestra democracia) ha continuado en declive, un resultado que no se comprende si no es dentro de las perversas lógicas mediante las cuales, en la actualidad, se defenestra o legitima personas e instituciones.

Lo que le toca a la actual Sala Plena es continuar trabajando en urgentes e importantes tareas en aras de procurar el fortalecimiento democrático de nuestro tejido social, pero es cierto que ya se avizoran escenarios riesgosos para la institucionalidad electoral: se los ve venir porque se vivieron anteriormente y ya se los está generando. Si el plan es presionar al TSE desde un lado, y deslegitimarlo, desde el otro, quienes perderemos seremos los y las bolivianas que necesitamos una institución en pleno, silencioso y legitimado trabajo que ofrezca certidumbre ante el proceso de adecuación de los partidos respecto a la norma, la reasignación de escaños tras los resultados del Censo y el reforzamiento de la legitimidad del padrón electoral; todo esto como tareas mínimas de cara a garantizar un tránsito democrático a un nuevo gobierno electo en 2025.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka.

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Sociedades a flor de piel

/ 22 de abril de 2022 / 02:03

Para nadie es una novedad en este tiempo que un campo de batalla privilegiado de la política se ha vuelto ese lugar en el que se pugna, en gran parte, por la emocionalidad de turno de la ciudadanía. Diversas condiciones societales han hecho que una buena generalidad de nuestra política (y nuestra democracia) se encuentre al día de hoy altamente guiada por las sensaciones que nos generan las coyunturas (o el relato predominante sobre ellas), antes que las férreas posiciones ante situaciones tremendamente complejas. En la actualidad, pareciera que nos movemos al son de las turbulencias afectivas de turno y que la esperanza e indignación de los conglomerados sociales parecen depender de los relatos y narrativas que continuamente se busca posicionar como una verdad ante determinados hechos. Esto es reflejo de una parte de la ciudadanía despolitizada y sumergida en una infodemia constante que busca encender y mantener prendidos los sentimientos y las pasiones ante hechos coyunturales antes que las posturas y las posiciones ante momentos históricos.

Buena parte de la responsabilidad de estos fenómenos tiene que ver con las dinámicas de espectacularización de la política que se intensifican mucho artificialmente en escenarios electorales/electoralizados y se desinflan igual de rápido una vez iniciadas las gestiones de gobierno, que es donde se empiezan a resquebrajar los espejismos construidos y más bien se inicia — casi sin tregua— la puesta en duda de la estabilidad y la gobernabilidad. Como un ejemplo, apenas hace unos 10 días el Gobierno chileno cumplió un mes de mandato y, en medio de ello, algunos hechos dan cuenta de una situación social rápidamente cambiante y complejizada, las encuestas de popularidad muestran importantes descréditos en algunas autoridades, existen conflictos visibilizados sobremanera (casi como si hubieran iniciado hace un mes por vez primera, como ser la delincuencia o los hechos de la Araucanía) o, directamente, muestras de rechazo al nuevo presidente que ayer zafó de un piedrazo en una visita. Pareciera que habláramos de sensaciones casi bipolares que hace muy poco constituían a sus líderes en el nuevo signo de la esperanza (hasta regional y global) y hoy los rechazan con una facilidad que, en términos democráticos, preocupa. Se trata pues de algunas de las consecuencias de tener sociedades a flor de piel, reactivas a los ánimos que se construyen desde escenarios mediáticos y digitales en esta continua batalla por los sentidos que se libra a nivel global.

Acá, en Bolivia, tras la crisis política donde el relato de recuperación de la democracia logró de alguna manera posicionarse como victorioso, se hizo rápidamente claro que los primeros 100 días de gobierno fueron muy débiles. Esto puede deberse también a cuán rápidamente la emocionalidad de una buena parte de la sociedad volteó a otras demandas y agendas, muchas de ellas realmente urgentes y que hasta ahora no encuentran cauce estando por llegar al límite de sí mismas, tal es el caso de la reforma de justicia y las continuas violaciones a los derechos y las vidas de las mujeres. Hoy, se puede decir que nuestra sociedad tiene a flor de piel la problemática de la injusticia y el feminicidio en Bolivia y, más grave aún, cuando estas sensaciones están acompañadas de desconfianza en el Estado pueden tornarse muy difíciles de gestionar. Ahora, independientemente de los escenarios locales que, sin duda, tienen varios y distintos matices, los riesgos de vivir en un continuo estado de política emocional puede llevarnos a seguir resquebrajando nuestro ya debilitado tejido social, dejándonos en continuo estado de polarización o, peor aún, sacando definitivamente de nuestro vocabulario común palabras como: horizonte, encuentro, alteridad, diálogo, acuerdo… democrático.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka.

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Construir la idea del Censo antes que hacerlo

/ 8 de abril de 2022 / 01:31

Aunque aún no se ha formalizado la noción de Sociedad de la Desinformación, desde hace algunos años se la ha empezado a utilizar para denominar el estado de constante conspiranoia o irreductible convencimiento en el que mucha gente ha empezado a habitar y desde el cual organiza ahora sus creencias, lecturas de mundo y, en consecuencia, sus vidas. Y, por el otro lado, algunos estudiosos sí han empezado a teorizar en torno a la Sociedad del Desconocimiento, uno de ellos es el filósofo Daniel Innerarity, quien al respecto postula que “nunca el conocimiento había sido tan importante y a la vez tan sospechoso; nunca lo habíamos necesitado tanto y desconfiado al mismo tiempo de él; nunca habíamos depositado tantas esperanzas en el conocimiento como solución mientras se convertía él mismo en un problema”.

Por otro lado, a inicios de este siglo, Oswald Spengler, apologista de la sociedad occidental y de la democracia, señalaba que: “Hace mucho a nadie se le permitía pensar libremente. Ahora está permitido, pero ya nadie es capaz de hacerlo. Ahora solo se piensa lo que todos creen que es lo que se debería pensar y a esto se considera ‘libertad’”.

La idea de lo hasta acá postulado apuntaría a cimentar la idea de que en nuestras sociedades se puede llegar a considerar como un ejercicio de libertad el guiarse por la desinformación y el desconocimiento y, más bien, lo que estaría en déficit es el conocimiento (especializado) sobre algo y, en consecuencia, el pensamiento crítico al respecto. Y si bien, al medio de este sempiterno debate en torno a las representaciones de la realidad se encuentra el rol de los medios de comunicación y, ahora, las operaciones informativas, lo cierto es que, aunque es difícil determinar el poder real de ambos sobre la ciudadanía a la hora de (des)informar, sí es factible pensar que ese poder tenderá a ser mayor si la opinión pública desconoce sobre lo que se habla.

Sumado a todo ello, varios estudios de comunicación política han concluido que las operaciones (des)informativas sí funcionan probadamente sobre la gobernabilidad, lo que hace que la comunicación de gobierno deba orientarse en este nuevo escenario a procesos más pedagógicos que informativos, más anticipativos que reactivos; mucho más cuando corresponde prever los escenarios futuros en los que se pondrá en duda algún tipo de conocimiento (más si es especializado) o concretamente datos. A reserva del debate puntual sobre los hechos, un ejemplo claro de ello fueron las fallidas elecciones generales de 2019.

Basta mirar el panorama discursivo de la pasada semana para entender que, por las razones que fuere, nuevamente se está activando un dispositivo discursivo que busca construir la idea de que un hecho de tanta relevancia estatal como es el Censo Nacional, está pasando anticipadamente a preconstituirse nominalmente en un fraude, un engaño, una mentira. A diferencia de un proceso electoral que es un hecho al que meridianamente estamos acostumbrados, un censo resulta ser un momento muy extraordinario y de un alto nivel de especialización. Cuidado. Las rencillas político gubernamentales no debieran superar el consenso que debemos tener en torno a que esos datos nos serán de utilidad pública por años y cuyas categorías son escenarios de disputa por lo tanto implicarán intercambios políticos. Pero de ninguna manera debiéramos caer anticipadamente en la trampa de construir primero nuestra idea sobre los resultados del Censo antes que hacerlo.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora.Twitter: @verokamchatka

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