El Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), adoptado desde la gestión 2006, es un modelo boliviano propio, el cual considera necesidades según nuestra realidad y también reconoce la influencia de factores externos y cómo podemos contrastar lo negativo, pero lo más relevante es que tiene un horizonte social, en el sentido de priorizar las necesidades de las personas.

Como es de conocimiento general, el modelo considera diferentes tipos de crisis a nivel macro como la alimentaria, energética, hídrica, climática, institucional, política y actualmente podríamos añadir la sanitaria, a las cuales busca hacer frente a través de diferentes programas, bonos, incentivos, inversión de recursos, etc.

El MESCP tiene objetivos claros, como hacer control de nuestros recursos naturales estratégicos, ser un país industrializador y no solo exportador de materia prima, priorizar la demanda interna, independencia en la elaboración de nuestra política económica, promocionar la economía plural, la redistribución del ingreso, sosegando las necesidades más elementales de aquellos sectores que perciben los ingresos bajos, entre otros.

Considerando lo mencionado precedentemente, podemos mencionar que con el modelo se tienen proyectos de industrialización en ejecución como la planta de fundición de Karachipampa, encargada de la transformación de los concentrados de plomo y plata, mediante la fundición, refinación y comercialización; plantas de propileno, polipropileno, de tuberías de polietileno, de amoniaco y urea; empresas de producción de almendras y derivados, palmito, abonos, fertilizantes; industrializadoras de leche de quinua, azúcar, etc.

Asimismo, señalar que se evidenció el incremento de la capacidad de ahorro de la población y la obtención de créditos en nuestra moneda, la “bolivianización”; por otro lado, la tasa de extrema pobreza tuvo una notable disminución, entre otros aspectos positivos.

Es de caballeros reconocer que el modelo tuvo una buena repercusión, no solo nacional sino internacional, podemos mencionar al respecto al Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Naciones Unidas, etc., quienes resaltaron nuestra política económica como prudente y eficaz, además de la dinámica del mercado interno a través de la redistribución de ingresos con inclusión social.

Ahora bien, debemos estar conscientes de que ninguna economía, incluida la nuestra, está blindada o es ajena a repercusiones económicas internacionales, es decir que éstas pueden ser positivas o negativas, como lo es el precio de las materias primas como el petróleo e incluso el golpe duro que causó la pandemia por COVID-19 en todo el mundo en diferentes sectores económicos.

En este contexto, para lograr las metas y objetivos planteados debemos conocer, indagar, analizar ventajas y desventajas, considerar que las medidas deben ser asumidas para un bien común, toda vez que la búsqueda de ese bienestar nos incluye; son aspectos que nos hacen reflexionar sobre lo alcanzado hasta ahora y lo que podríamos conseguir gracias al Modelo Económico Social Comunitario Productivo.

Lucy Philco Lima es Economista.

El presupuesto público es un instrumento de política fiscal que refleja los ingresos y gastos del Estado estimados para el ejercicio fiscal y determina la asignación de recursos para la ejecución de las políticas públicas, así como para el cumplimiento de objetivos y metas establecidos en el Plan Operativo Anual (POA) y Planes de Desarrollo.

El presupuesto público consolida los presupuestos institucionales en los que las entidades públicas reflejan su planificación y programación de ingresos y gastos, la priorización de objetivos y metas coordinados de los diferentes requerimientos manifestados al momento de su elaboración del POA.

Considerando los principios del presupuesto (equilibrio, claridad, transparencia, continuidad y flexibilidad entre otros), a objeto de coadyuvar con la gestión de las entidades territoriales autónomas y el ejercicio pleno de su autonomía, el Gobierno Central viene flexibilizando la normativa para dichas entidades, misma que se encuentra inmersa en la Ley del Presupuesto General del Estado de cada gestión fiscal.

Es así que diferentes procedimientos como el registro de los recursos de saldos de caja y bancos, que a diferencia de las entidades públicas del nivel central debe ser aprobado por Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), las ETA pueden realizar dicho registro directamente con sus propias normas, agilizando de esta manera la asignación a sus diferentes proyectos y actividades.

También podemos mencionar, entre otros registros, que para el resto de las entidades del sector público requieren ser aprobados por la ALP, el incremento de recursos para consultorías, personal (en el caso de los municipios), transferencias público privadas; facilitando sobremanera el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Asimismo, la normativa facilita también a la administración interna en las modificaciones de proyectos de inversión de continuidad, toda vez que es la Máxima Autoridad Ejecutiva la que puede aprobar dichas modificaciones siempre y cuando se encuentren previamente aprobadas por los órganos deliberativos.

El apoyo del Nivel Central es arduo, necesario e importante, la coordinación puede llegar a ser compleja pero no limitativa, el trabajo tiene que ser conjunto, por lo que las flexibilizaciones normativas se basan en circunstancias reales y actuales tratando de evitar la burocracia y coadyuvando a la administración pública, haciéndola más eficiente y práctica, priorizando sectores importantes y vulnerables.

Lucy Philco Lima es economista.