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jueves 23 jun 2022 | Actualizado a 17:17

Cogobierno universitario o nudo gordiano

/ 23 de mayo de 2022 / 00:52

La crisis de la universidad estatal — no implica necesariamente que las otras universidades privadas estén bien—tiene un conjunto de aristas que hoy la pone en el ojo de la tormenta. Quizás, el cogobierno universitario —la participación de docentes y estudiantes en las decisiones institucionales en el marco de la autonomía—, se constituye en uno de los nudos gordianos del declive académico de las universidades públicas. Veamos.

En Bolivia, el cogobierno universitario es paritario: la mitad de decisiones es para cada estamento universitario: docentes y estudiantes. Esta manera de conformación es sui generis ya que en ninguna parte del mundo hay un caso similar. Obviamente, establecida así la correlación de fuerzas al interior de los claustros universitarios, las anomalías, como si fuera un virus, van infectando las entrañas de la universidad estatal.

Este gobierno paritario da curso para que los juegos políticos al interior de las casas superiores universitarias sean el mecanismo perverso predominante para la definición de las políticas académicas. O sea, la calidad académica se subordina a esos juegos políticos del cogobierno universitario. De allí, se sellan los pactos de mediocridad en desmedro de la cualificación académica de los espacios universitarios.

Los dirigentes universitarios ya no son aquellos dirigentes de los años 60, 70 y parte de los 80, cuando los universitarios se convertían en luchadores por una universidad al servicio del pueblo. Esa energía universitaria se agotó con la caída del muro de Berlín, sobre todo, con el advenimiento del neoliberalismo que en Bolivia trazó políticas de “eficiencia académica”; paradójicamente, en el caso específico de los estudiantes, han establecido una “cultura universitaria” basada en la politiquería de la dirigencia estudiantil.

Esa lógica pragmática del accionar de los universitarios estuvo en concordancia con el declive de la calidad académica universitaria. No solamente es la permanencia de algunos universitarios denominados “dinosaurios” en puestos dirigenciales gozando de privilegios económicos y políticos, sino otros dirigentes, aprovechando el pacto de mediocridad, consiguieron graduarse rápidamente, inclusive conformando tribunales de tesis a su imagen y semejanza y, luego, en un cerrar de ojos, aparecieron como catedráticos e investigadores que si bien legalmente podrían acceder, pero, consiguieron esos cargos académicos por la vía de las prebendas, subordinando la calidad universitaria a los intereses corporativos incrustados en las entrañas universitarias.

El poder estudiantil se erigió con un poder excesivo al interior de las universidades estatales, el proceder de muchos de los dirigentes fue degradándose, convirtiendo inclusive sus acciones en actos violentos con consecuencias trágicas, como lo ocurrido hace unas semanas atrás en la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí.

No solamente es atribuirles, como si fueran chivos expiatorios, a los malos dirigentes universitarios como los culpables de la crisis universitaria, ya que la misma es más compleja, pero, ciertamente, reflexionar sobre el cogobierno universitario paritario ya sería un avance. Este cogobierno se convirtió en una maraña de lazos perversos que responden a una lógica carroñera, haciéndole mucho mal a la universidad pública. Entonces, esas reflexiones y decisiones deben encuadrarse en el marco de la autonomía universitaria para dar señales a la opinión pública, que hoy ve azorada los escándalos que están poniendo en cuestión la imagen de la universidad pública.

Yuri F. Tórrez es sociólogo.

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¿Escudo de racismos y homofobias?

/ 23 de junio de 2022 / 02:22

Hablar de la diversidad sexual en primera persona ha conllevado que me digan maricón, ignorante y depravado, entre otras cosas. Y hace poco, Cecilia Saavedra (portavoz de un grupo de “Activistas por la democracia y la libertad”) incluyó los términos gente satánica, paganos, aberración, vergüenza, barbarie y degradación moral entre la lista de palabras con que, según ella, nos insulta a la mariconada. Esta mujer y su grupo de “activistas” irrumpieron la muestra Revolución Orgullo en el Museo de la Ciudad Altillo Beni (Santa Cruz) para agredir a las personas que se encontraban allí y romper una de las piezas que se exhibían: el Escudo del Estado Plurisexual de Bolivia, pieza que reconstruye el escudo nacional con símbolos de la comunidad LGBT+. Los “activistas” utilizaron la defensa del escudo como excusa para sus actos de violencia: “No vayan a hacer eso con nuestros símbolos patrios”, dijeron. Obviamente el acto fue denunciado en redes por su connotación discriminatoria y la obra despedazada continuó exhibiéndose tal cual quedó con las marcas de la agresión.

Esta defensa del escudo no es nueva en nuestro panorama. El 13 de enero de 2021 se emitió el DS 4445, donde el Gobierno identificó su logotipo institucional con la chakana. Carlos Mesa presentó una acción de inconstitucionalidad contra el símbolo, afirmando que se estaba tratando de sustituir al escudo con la chakana y que eso era una afrenta a los bolivianos: “No podemos aceptar que se insulte a la dignidad de nuestra identidad, no podemos aceptar que se niegue lo que representa nuestros valores más importantes (es decir los símbolos patrios)”. La acción de CC quedó como anecdótica porque diversos estamentos (como Bolivia Verifica) se dedicaron a explicar la diferencia conceptual entre el logo institucional de un gobierno y un escudo nacional.

Ahora bien, cuando Mesa habla de nuestra identidad y nuestros valores, o cuando Saavedra habla de nuestros símbolos y nuestra moral, ¿a quiénes incluyen en ese nosotros? Imagino que a quienes se identifican con los símbolos patrios de Bolivia, entre ellos, el escudo. Esto me lleva a otra pregunta: ¿cuántas personas se sienten identificadas con el escudo? O más aún, ¿cuántos conocen y entienden su simbología? Es valorable entender la historia heráldica de donde proviene, pero no creo que eso sea una excusa para seguir identificándonos con él. Por supuesto que algunos de sus símbolos (como el cóndor) resultan tremendamente representativos del país; sin embargo, existen otros que pueden ser cuestionados: todos entendemos el valor del gorro frigio en el contexto de la Revolución Francesa, ¿pero acaso en Bolivia no existe un símbolo propio que represente la libertad?

En el centro del escudo resalta el Cerro Rico de Potosí, que simbolizaría la bonanza de los recursos naturales. Entiendo la intención de mostrar la riqueza mineral del país, ¿pero es ese el símbolo correcto? En la colonia el Cerro fue un centro económico importantísimo para la corona española, no por nada Potosí tuvo el esplendor que tuvo, ¿pero nos perteneció acaso ese esplendor? Le perteneció a Potosí, pero al Potosí de la minoría española y criolla que vivía en él, no al Potosí del indio preso de la mita, no al Potosí de la india que vendía en el mercado. Hoy escucho hablar del Potosí colonial con una añoranza que cae en la melancolía por una riqueza que nunca nos perteneció.

Tanto la acción del grupo de “activistas” liderado por Saavedra, como la de CC liderada por Mesa, son acciones de resistencia a cambios en la simbología de la patria que vienen a disfrazar racismos y homofobias. Más que defender la patria, estas personas la están instrumentalizando para sus fines políticos: el ideal republicano de patria es utilizado por Mesa para defender su postura de opositor al Gobierno central, mientras que Saavedra lo utiliza para defender su religión.

Al final el escudo funciona bien como representación de la patria blanqueada que Bolivia quiso ser en algún momento (y que todavía quiere ser para algunos) y, como tal, está bien que se quede así y que represente a quienes se quieran identificar con la minoría blanca del Potosí colonial que tanto añoran ser. Quienes no formamos parte de la norma heterosexual blancoide, al contrario, estamos llamados a repensar la simbología del país que queremos y la noción misma de escudo: al final nuestra identidad y nuestra sexualidad no deberían simbolizarse desde la heráldica, sino desde algún rostro de nuestra indianidad.

Juan P. Vargas es literato.

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La Centella(s) eclesial y colonial

/ 23 de junio de 2022 / 02:12

La Iglesia Católica y sus principales autoridades están vinculadas a la historia de nuestro continente desde la invasión hasta el presente, fueron y son actores directos de la política y el poder. La religión y la espiritualidad fueron y son el medio para que estén involucrados con el poder; sus intervenciones aparentemente institucionales, son acciones políticas en tiempos de crisis de las élites dominantes estatales que comparten y comulgan la visión y concepción de la nobleza eclesial.

La reciente intervención del arzobispo Ricardo Centellas, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), es una opinión política coincidente con las derechas internas y externas sobre la crisis de octubre y el juicio a la exsenadora Áñez: “Es lamentable ver que la Justicia puede llegar a ser manipulada, la memoria del pueblo boliviano y la historia no cambian con la sentencia a la expresidenta Áñez. Es de conocimiento general que en 2019 no hubo golpe, hubo fraude y pruebas hay demasiadas”.

Esta opinión política no es aislada, por el contrario, expresa el sentir opuesto del establishment eclesial al liderazgo nacional popular anticolonial, el Estado Plurinacional y el “vivir bien”.

En mayo de 2008, los grupos de poder cruceños intentaron imponer la ruptura institucional del Estado con el referéndum anti e inconstitucional sobre la autonomía; el 4 de mayo — día de referéndum—, a primera hora en la Catedral cruceña, el cardenal Terrazas celebró la misa a la que asistieron tanto el prefecto Costas y Branco Marinkovic. El cardenal bendijo el acto anti e inconstitucional y al terminar la celebración eucarística fue a emitir su voto, en una clara demostración de adhesión política al separatismo y contraria a la Asamblea Constituyente dirigida por una mujer campesina.

En 2019, el nuevo cardenal indígena Ticona participó de un evento de la Confederación de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa”, ahí expreso: “Donde sea tenemos que ir junto al presidente Evo”. Inmediatamente la CEB desautorizó al cardenal indígena y dijo que era a “título personal”.

Dos días después de las elecciones de 2019, desde el Vaticano, Centellas leyó un comunicado de los obispos: “…hay evidentes signos de fraude”. El 10 de noviembre, día del golpe, Ricardo Centellas leyó una carta abierta al Presidente donde exige que “renuncie para pacificar el país” y afirma que “(Evo) asuma su responsabilidad por el fraude electoral”, en la misma tónica de la OEA, Almagro, Mesa y Camacho.

Al igual que Pilatos se lavó las manos, en la “Memoria de los Hechos de 2019” de la CEB, presentada en 2021, Centellas en su condición de presidente de la CEB “denuncia de indicios de fraude presentados por la población”, ya no afirma en primera persona, sino que habla de indicios denunciados por la población.

La defensa a Áñez y al gobierno de facto es cuestión de vida para el establishment eclesial, se sintieron renacer cuando vieron ingresar la Biblia de las manos de Camacho y Áñez; como acto de redención organizaron la conspiración en la universidad privada de su propiedad, convocaron a todos quienes proclamaron a los vientos sobre la existencia del fraude, en su lógica colonial invitaron a la mesa a la representación de Bolsonaro y de España, en esta reunión decidieron el procedimiento para la “aparente sucesión constitucional”, designaron quien sería la Presidenta y la llamaron, como ellos mismos confiesan en la Memoria de la CEB; luego toda la cúpula de la nobleza eclesial se reunió con la senadora Áñez —supongo— no solo para bendecirla, sino para transmitirle lo acordado en la reunión conspirativa. El lunes 11 de noviembre, en conferencia de prensa, la CEB, flanqueada por el representante de Mesa y Camacho, exige que salgan a las calles militares y policías ante la amenaza de la muchedumbre popular. En la sesión de la Asamblea que no se instaló y donde Áñez se autoproclamó, la CEB estaba presente en el palco legislativo republicano.

El relato sobre la participación de la nobleza eclesial es una constatación del rol político que juega en los momentos políticos de crisis, su participación es efectiva porque su horizonte tiene la misma sintonía con los bloques y grupos de poder capitalista y colonial, no es simple casualidad fortuita, es la esencia de su propia naturaleza colonial eclesial del poder.

Luis Espinal, en sus Oraciones a quemarropa, sintetiza lo que significa el evangelio para el establishment eclesial: “Sabemos que el Evangelio es hiriente, pero nos lo hemos acomodado; hemos hecho de él un texto de conformismo y vulgaridad. Nos sirve para defender la propiedad y nuestros privilegios”.

César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda.

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¿Un nuevo perdonazo tributario?

/ 23 de junio de 2022 / 02:08

En conversatorios y medios de comunicación se ha venido discutiendo el proyecto de ley que actualmente está siendo tratado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, denominado “perdonazo tributario”, donde hemos escuchado interesantes puntos de vista, algunos más técnicos que otros.

Sin entrar a los “tecnicismos” que se utilizan en materia tributaria y para tener una mayor claridad de esta propuesta de norma, de forma general podemos señalar que un “perdonazo tributario”, como comúnmente se cataloga a una “regularización de impuestos”, se entiende como un periodo excepcional en el cual un contribuyente puede cumplir con sus obligaciones tributarias favoreciéndose de ciertos beneficios que la misma ley señala, como ser la rebaja en la sanción y/o el interés, entre otros.

Conociendo el alcance de lo que comúnmente se llama “perdonazo tributario” y revisando el proyecto, éste contempla una serie de modificaciones al Código Tributario Boliviano y a la Ley 843 (esta última regula los impuestos aplicables en Bolivia) de forma definitiva y no transitoria, por lo que no podemos catalogarlo como una “regularización de impuestos” como erradamente se ha venido difundiendo por algunos críticos. Ahora bien, teniendo mayor claridad sobre la iniciativa legislativa propuesta por el Gobierno, me parece oportuno analizar sobre los cambios que se plantean y si éstos serán de beneficio para todos los que contribuimos al país con el pago de nuestros impuestos.

El proyecto plantea una modificación en el plazo para pagar la deuda tributaria sin sanción, lo que se denomina “arrepentimiento eficaz”. En este caso, el plazo ya no será hasta el día 10 de notificados los actos administrativos que determinan preliminarmente el importe a pagar o la multa, sino tendremos 20 días para pagar nuestra obligación tributaria sin ninguna sanción. También se establece la rebaja a la sanción por omisión de pago de 100% del tributo omitido a 60%. Sobre este último punto, debemos considerar que esta sanción puede llegar a 0% o reducirse de forma considerable si tenemos en cuenta que se mantienen los incentivos a la oportunidad de pago.

Otra de las ventajas que presenta este proyecto de ley es que los profesionales independientes y aquellos que realizan algún oficio y que actualmente están alcanzados por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (grava la renta de las empresas), tributarán en el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC IVA, grava los ingresos de las personas naturales), lo que los pondrá en igualdad de condiciones respecto a las personas naturales en cuanto a su carga tributaria.

Respecto a las disposiciones adicionales de este proyecto, se resalta la “reactivación de facilidades de pago incumplidas”, es decir que aquellos que por alguna circunstancia no pudieron cumplir con el pago de sus cuotas de facilidades de pago, nuevamente podrán retomarlas en las condiciones y con los mismos beneficios de su plan de pagos original.

En el contexto señalado y habiendo analizado los puntos más relevantes, podemos afirmar que esta nueva iniciativa legislativa no se trata de un “perdonazo tributario”, por el contrario, desde mi criterio, se establecen cambios importantes en el régimen tributario que favorecerán a todos los contribuyentes.

Carla Jemio Uría es abogada.

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RIN, inversión privada e industrialización

/ 23 de junio de 2022 / 02:04

Según una definición convencional sobre las Reservas Internacionales Netas (RIN), son activos financieros que representan el poder de compra internacional que tiene un país, que puede ser empleado en caso de contingencias. Actualmente son administradas por el Banco Central de Bolivia (BCB) y están compuestas de oro y monedas extranjeras.

Históricamente existen tres motivos para mantenerlas: i) el orientado a garantizar los pagos internacionales por bienes y servicios importados; ii) por motivos precautorios frente a crisis financieras (para el pago de la deuda en el exterior); y iii) según el régimen de tipo de cambio y monetario que adopte la economía, respaldando la confianza que tienen las personas en sus monedas nacionales.

Mientras una economía pueda atender estos tres motivos, una menor proporción de RIN no conllevará a desequilibrios internos ni externos per se. Así, según el documento Administración de las Reservas Internacionales, del BCB, de marzo de 2022, “al 31 de diciembre de 2021, el ratio de cobertura de las RIN en relación con el PIB alcanza a 12% y el nivel de reservas permite cubrir seis meses de importaciones de bienes y servicios; y cuatro veces el servicio de deuda externa de corto plazo, por encima de los umbrales referenciales internacionales en materia de administración de reservas” (tres meses de importación y una vez el pago de la deuda externa de corto plazo).

Ahora, pensar que la economía deba acumular más RIN de las que necesita, no tiene en sí sentido, porque se incurriría en un costo de oportunidad por tener inventarios por encima de los requerimientos del ciclo de la economía. Entonces, cuál es la intención que tienen ciertos analistas para indicar que vivimos en una economía del gasto producto de la utilización de las RIN.

Decir que en 2014 teníamos RIN cercanas a $us 15.000 millones y que ahora están cerca de $us 4.000 millones, no implica una mala conducción de la economía, mientras se mantenga los niveles necesarios, como se indicó líneas arriba.

Bien podría haberse decidido no tocar los $us 15.000 millones y recibir el pago de intereses por haberlos depositado en mercados internacionales o ver acrecentar su valor por el alza en las cotizaciones del oro, por ejemplo; sin embargo, se las utilizó para el proceso de industrialización, en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 que demandó una fuerte inyección de inversión pública, cercana a $us 20.000 millones durante esos años. Además, en dicho plan ya se tenía prevista una disminución de las RIN y una corrección paulatina de los resultados fiscales por esta inversión.

En última instancia, el reclamo de estos analistas no es tanto por el uso de las RIN, sino que, según ellos, estos recursos debían ser empleados en favor de la iniciativa privada, a través del mercado, como asignador de recursos, y dejar al Estado, la educación y la salud como principal función. Uno podría estar de acuerdo, si no fuera que nuestros empresarios nacionales tienen una visión pequeña, rentista y dependiente del Estado.

No podemos olvidar ciertos eventos de la historia, especialmente si no fueron casos aislados, donde un reducido grupo de “grandes” empresarios privados se benefició de la dotación de tierras públicas en el oriente, además de acceder a “créditos generosamente subsidiados” (para la producción algodonera) por parte del Banco Agrícola Boliviano entre 1972 y 1975, pero al no darse los resultados esperados terminaron en “mora con el Banco Agrícola sin hacer mucho ruido, y el gobierno absorbió las perdidas sin tratar de cobrar los préstamos ni rematar ninguna propiedad” (Morales & Sachs; 1987).

La posibilidad más clara que tuvo y tiene el país de industrialización, no viene por el lado de la inversión privada, ni siquiera de la inversión extranjera directa, sino por el Estado, he ahí la justificación del uso de las RIN bajo el actual modelo económico.

Charls Ticona Rojas es economista.

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Personal eventual en la administración pública

/ 22 de junio de 2022 / 00:45

Muchos estudiantes, técnicos y profesionales en nuestro país aspiran a conseguir una fuente laboral estable que les permita cubrir necesidades y desarrollar su formación. Dentro de esta aspiración se encuentra como una buena opción la administración pública, más aún cuando el crecimiento del aparato público ha generado mayores fuentes de trabajo.

Ahora bien, quien accede a la administración pública no necesariamente lo hará a un cargo estable en el tiempo, ya que las entidades estatales dentro de su universo laboral cuentan con servidores públicos electos, designados, de libre nombramiento, de carrera administrativa, interinos, personas sujetas a la Ley General del Trabajo o regímenes especiales; y dentro de esta amplia lista, el denominado personal eventual, que de todas las categorías antes mencionadas es, tal vez, el que cuenta con menor estabilidad y tiene un menor desarrollo normativo.

Existen diferentes posiciones, tanto en el ámbito académico como gubernamental: ¿Los eventuales son servidores públicos? ¿Gozan de los mismos derechos y obligaciones?

La Constitución Política, en su artículo 233 establece que son servidores públicos las personas que desempeñan funciones públicas, que forman parte de la carrera administrativa, excepto si desempeñan cargos electivos, son designadas o ejercen funciones de libre nombramiento. Al establecer este artículo que los servidores públicos forman parte de la carrera administrativa (salvo las excepciones puntuales), cabe la pregunta de si el personal eventual tiene esta categoría, ya que no se encuentra mencionado expresamente, son temporales y no están sujetos a la inamovilidad funcionaria como es el caso de quienes accedan a dicha carrera.

El Estatuto del Funcionario Público (Ley 2027) determina en su artículo 4 que el servidor público es aquella persona individual, que independientemente de su jerarquía y calidad, presta servicios en relación de dependencia con una entidad sometida al ámbito de aplicación de la citada norma. Si se toma de manera aislada este artículo, el personal eventual cabe perfectamente en la definición de servidor público; sin embargo, es necesario aclarar que el artículo 6 señala también que no están sometidos al Estatuto, ni a la Ley General del Trabajo, aquellas personas que, con carácter eventual o para la prestación de servicios específicos o especializados, se vinculen contractualmente con una entidad pública, estando sus derechos y obligaciones regulados en el respectivo contrato y ordenamiento legal aplicable.

Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (DS 26115), en el numeral 5 del inciso e) de su artículo 18, determinan para el caso del personal eventual, que la relación de trabajo se establecerá mediante el respectivo contrato. Debe ponerse atención a que esta disposición denomina servidor público al personal eventual, produciendo una aparente colisión con el Estatuto, el cual no lo menciona en su clasificación de servidores públicos y los excluye de su aplicación, correspondiendo preguntarse si la simple mención del personal eventual como servidor público es suficiente para atribuirle una categoría regulada por una norma de mayor jerarquía como es el Estatuto.

Asimismo, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el personal eventual. A modo de ejemplo la SC 789/2010 del 2 de agosto de 2010 señaló: “Una relación de trabajo eventual no alcanza el tercer nivel institucional de carrera administrativa, al respecto se ampara, el art. 6 (Otras personas que prestan servicios al Estado) de la Ley 2027 (EFP), artículo 60 del DS 26115, Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (NBSAP), de 16 de marzo de 2001”. En otro sentido, la SC 369/2003-R del 26 de marzo de 2003, refiriéndose a un funcionario eventual determinó: “(…) tiene el derecho que el art.51-g) Ley del Estatuto del Funcionario Público le reconoce, es decir, a la percepción de aguinaldo de Navidad, en igualdad de condiciones que los demás funcionarios públicos, al margen de la fuente de su remuneración o partida presupuestaria que la deba soportar”.

Por los aspectos señalados, es evidente que el marco normativo y jurisprudencial relacionado con el personal eventual no ha permitido definir aún de manera precisa su naturaleza. No obstante, sí es posible convenir que, por disposición de la propia norma, son los respectivos contratos los instrumentos que establecerán los derechos y obligaciones correspondientes, correspondiendo a las entidades públicas la responsabilidad de que los mismos reflejen un trato igualitario y no discriminatorio respecto de otras personas que prestan servicios al Estado.

Guillermo Padilla Correa es especialista y especialista en Normas y Técnica Legislativa.

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