Voces

viernes 24 jun 2022 | Actualizado a 05:47

Justicia de datos

/ 23 de mayo de 2022 / 00:49

El proceso de datificación de las sociedades implica la extracción de datos personales y no personales de las más diversas actividades. Imaginemos una persona que sale a pasear a sus perros en la mañana y pensemos ahora qué datos se extraen de esa actividad, por mencionar algunos: hora de la salida, duración, cantidad de pasos, recorrido, imágenes cada vez que pasen delante de cámaras de seguridad, tipo de comida, variedad y precios de otros artículos para perros que adquiera, con quién vive esa persona, cómo se siente durante el paseo, antes y después, etc. etc. Muchos datos, y se extraen muchos más.

¿Para qué se usan esos datos? Principalmente para estudios de marketing comercial, aunque también se han usado para campañas políticas. Un ejemplo de uso comercial podría ser: si la hora del paseo coincidiera en esa zona con la hora de salida de otros perros quizás se podría pensar en que un camión con promoción de alimento de perros saliera a esa hora por esa zona, de manera que se pueda colocar más ventas promocionales y generar competencia. Eso suena como una estrategia justa de mercado.

Pero si nos ponemos a pensar que se realice un perfilamiento con estos datos, es decir, identificar que las personas que viven solas, tienen un perro que sacan a pasear a una hora determinada y se compran un café en el camino tienen un alto índice de depresión y sentimiento de vacío en la vida, y ese camión saliera a hacer promoción de alimento con publicidad que dijera que los animales son los únicos seres en quienes se puede confiar, que los seres humanos fallan pero los perros no y, por eso, merecen el mejor alimento, ¿sigue sonando como acciones totalmente justas de mercado?

Si bien hay incontables casos de uso publicitario de emociones de manera poco ética a lo largo de los últimos 50 años, la capacidad de uso de computadoras para el análisis de datos multiplica por miles ese desbalance de poder, y con gobiernos débiles como suelen ser los del hemisferio sur del mundo que no regulan o regulan muy poco estas actividades privadas, sumado a la escasa información y formación por parte de la sociedad civil para ejercer control social y tener un rol más activo, finalmente tenemos un panorama de explotación de datos con resultados injustos y que incrementan las inequidades sociales y económicas.

Como dijimos, además estos perfilamientos con datos personales también se realizan en campañas políticas cuyos resultados son el incremento de polarización y desintegración social.

Estas problemáticas se recogen en el debate de la gobernanza de datos y de justicia de datos que está completamente ausente en Bolivia, y carecemos de políticas públicas o políticas empresariales éticas al respecto.

Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana. word-press.com

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Inteligencia artificial

/ 20 de junio de 2022 / 00:27

Hace unos días se publicó en varios portales digitales e incluso en periódicos impresos la noticia acerca de una inteligencia artificial (IA) —LaMDA (Language Model for Dialogue Applications)— que está siendo desarrollado por Google, con quien un ingeniero de esa empresa mantuvo una conversación que le llevó a concluir que la IA estaba cobrando cierta conciencia y sentimientos. La posición oficial de Google ante esa declaración fue que “las pruebas no respaldan sus afirmaciones”. Es decir, desmintió las conclusiones del ingeniero.

Este intercambio ha avivado el debate acerca de los límites de la inteligencia artificial y la ética. En este debate están los entusiastas de la tecnología que consideran que la IA podrá resolver grandes problemas de la humanidad por su enorme capacidad de procesamiento de datos y de autoaprendizaje. Por otro lado, están quienes consideran que no conocemos todas las posibilidades de la IA y que algunos de sus resultados podrían ser nefastos porque ya han mostrado que reproducen sesgos humanos sin límite moral.

Acompañando este debate, las y los ingenieros entusiastas siguen desarrollando la IA a todo vapor mientras que, por otro lado, aunque con mayor lentitud, se desarrollan marcos éticos que orienten el desarrollo de las IA y restrinjan algunos aspectos hasta que podamos medir mejor sus efectos.

Uno de los límites de la IA es que sus algoritmos no pueden realizar los ajustes necesarios para determinar la justicia de una situación. Es un punto en el que se requiere intervención humana. Variados procesos que se pretenden automatizar con IA requieren este tipo de intervención: los procesos de contratación de personal, la asignación de políticas públicas a poblaciones vulnerables, la oferta de seguros de salud y de vida, por citar algunos que ya han mostrados sesgos de IA que discriminan y estigmatizan a personas y grupos.

Micaela Mantegna, una abogada y gamer argentina, acaba de publicar una investigación muy aconsejable para quienes tengan interés en este tema, No soy un Robot, construyendo un marco ético accionable para analizar las dimensiones de impacto de la inteligencia artificial, publicado por CETyS. En él reflexiona: “El desafío continuará siendo desarrollar modelos que promuevan la inclusión y alivien la desigualdad, frente al cambio que enfrentamos como especie con la implementación extensiva de modelos de inteligencia artificial”.

Sí, el desafío aún no ha sido resuelto, gente entusiasta de la tecnología. Debemos seguir explorando las posibilidades de la Inteligencia Artificial para contribuir a un mundo más justo, no vale seguirla desarrollando a lo loco, esa sería una postura facilona y, además, la más terrible.

Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana. word-press.com.

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Ciberataque en Costa Rica

/ 6 de junio de 2022 / 01:29

Costa Rica está bajo ataque cibernético desde el 17 de abril de este año. El ciberataque ha afectado a varios sistemas del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Trabajo, del Instituto Meteorológico y la Caja Costarricense de Seguro Social, entre otros 30 sistemas informáticos de organismos públicos.

El grupo ruso Conti se ha atribuido los ataques y ha pedido inicialmente $us 10 millones de recompensa para devolver el acceso a la información robada de los sistemas, y ante la negativa del Gobierno de pagar, ha procedido a publicar algo de esa información y ha incrementado a 20 millones la recompensa como forma de presión, y finalmente ha decidido dirigir sus ataques también a empresas privadas.

Estas acciones han causado la interrupción de varios servicios críticos y a que el 8 de mayo el presidente Rodrigo Chaves declare estado de emergencia. Se ha interrumpido el cobro de impuestos, así como el pago de salarios de empleados del sector público, se ha reducido dramáticamente el flujo de importaciones y exportaciones, y la atención de los servicios de salud se ha ralentizado.

En abril, además del ataque a Costa Rica, Conti ha atacado a organismos públicos de Perú y parece ser que otro grupo, LockBit, ha atacado también a organizaciones en Argentina, Chile, México y Brasil.

Si bien los ataques cibernéticos suceden constantemente en el mundo —no hay día que no se registren varios incidentes—, la importancia del actual ciberataque en Costa Rica es su gran magnitud y que está afectando servicios públicos críticos. Expertos han explicado que las posibles razones para elegir a Costa Rica es que tiene un nivel importante de digitalización, pero débiles sistemas de ciberseguridad.

Esta debilidad de ciberseguridad especialmente en sistemas informáticos de gobierno es una característica común a los países latinoamericanos, esa es probablemente la explicación para la expansión de esos ataques a otros países de la región. Por lo que sabemos, en Bolivia no hemos experimentado ciberataques del grupo Conti o de otros similares en las últimas semanas, pero si sucediera es muy probable que estemos igual o menos preparados para resistir que el Gobierno costarricense.

Este es un resultado de la acelerada digitalización que está experimentando el mundo como resultado de la pandemia. Los Estados tienen que incrementar sus niveles de seguridad. En Bolivia, esta gestión no es transparente, por lo que ignoramos nuestra verdadera situación. En todo caso, necesitamos revisar las políticas de ciberseguridad más allá de hacer test de vulnerabilidades y reportes de ataques, que es con lo que contamos según los reportes del Centro de Gestión de Incidentes Informáticos (CGII).

Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata.

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Desinformación en Ucrania

/ 28 de marzo de 2022 / 02:23

El acceso a la información y la libertad de expresión son dos derechos que están siendo ampliamente vulnerados en la guerra en Ucrania. Como se puede suponer, esto no va en una sola dirección, ambos bandos están tomando medidas en este sentido, aunque Rusia tiene antecedentes mayores al respecto, ya que venía siendo denunciado por la ejecución de campañas de desinformación en las elecciones norteamericanas de 2016 en las que ganó Trump, entre otros casos.

Lo cierto es que se han bloqueado sitios web y redes sociales de medios de comunicación en varios territorios. En Europa se ha bloqueado medios masivos y redes sociales (YouTube, Facebook, Twitter y hasta Telegram) del canal de televisión Russia Today y el periódico Sputnik, acusados de difundir “desinformación dañina”, mientras que del lado ruso se ha bloqueado a la BBC, Voice of America y Deutsche Welle, entre otros. Además, el Gobierno ruso ha bloqueado el acceso a Facebook y Twitter en su territorio con el argumento de que esas plataformas bloquean informaciones provenientes de medios como el canal de televisión Zvezda y la agencia de noticias RIA Novosti, aparte de penalizar formas de evadir ese cerco como el uso de VPNs y la red Tor.

Acusaciones de noticias falsas difundidas por medios masivos reconocidos —no solo sospechosos sitios web de noticias falsas de escasa credibilidad— con total impunidad han sido denunciados por defensores de la postura rusa, así como por opositores. Se han usado imágenes de conflictos en otros países, declaraciones falsas y todo tipo de material a sabiendas que no corresponde a la cobertura de los actuales hechos.

Nadie sabe en qué confiar y en qué no, la pelea por el monopolio de la verdad está logrando enajenar a los seres humanos, a quienes solo les queda confiar en los medios que reproducen sus burbujas.

Ante la incapacidad de asegurar espacios de información plural (lo que sea que eso signifique en el Kremlin y en Bruselas) y combatir la desinformación, han decidido cerrar el acceso a las fuentes de versiones contrarias mostrando que la inspiración de ambos lados no está alineada con la libertad de expresión. Frente a esta situación, los argumentos que promovían los ecosistemas con pluralidad mediática como una de las formas de luchar contra la desinformación han quedado fuera de lugar. En Bruselas han dicho que el bloqueo es una medida de excepción, en Rusia que el bloqueo corresponde porque no son plataformas plurales.

Después de la guerra, la defensa de la libertad de expresión y la lucha contra la desinformación necesitarán nuevos enfoques de reflexión y nuevas estrategias de promoción y lucha. Los que se discutían hasta ahora han probado que han perdido legitimidad.

Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana.word-press.com.

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Niñas y ciencia

/ 14 de febrero de 2022 / 00:48

La participación de las niñas en comparación a los niños en la creación tecnológica y la ciencia es marcadamente baja. La UNESCO en un informe de 2020 menciona que solo el 30% de investigadoras y científicas en el mundo son mujeres. Esto mismo ocurre en Bolivia, donde el 80% de inscritos y titulados de carreras tecnológicas, científicas, de ingeniería y matemáticas son hombres. ¿Por qué sucede esto?

Hay muchas situaciones que lo explican y pocas tienen que ver con que naturalmente las mujeres no gustan de esas carreras. No existe —al menos no se ha comprobado que exista— alguna característica biológica que haga que los hombres gusten más de las ciencias y la tecnología que las mujeres. Son más bien razones culturales y de frecuencia de contacto con elementos tecnológicos cotidianos, como la elección que las familias hacen acerca de quién usará preferentemente el único celular de la casa, por ejemplo, en cuyo caso el elegido suele ser el hijo hombre. Es decir, la sociedad elige dar un privilegio de familiaridad con la tecnología a los hombres desde que son jóvenes y le niega, de esta manera, a las mujeres el desarrollo de su curiosidad por la ciencia y la tecnología.

El 11 de febrero de todos los años se celebra el Día Internacional de las Niñas en las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) y es un día para hacer notar estas diferencias y plantear soluciones.

La solución no solo pasa por promover la participación de más mujeres en edad universitaria en las carreras tecnológicas, científicas, ingenierías y ciencias puras, ya que como vimos en el ejemplo, cuando las niñas están por comenzar el estudio universitario, como sociedad ya estamos relativamente tarde para animarlas a elegir carreras científicas. La labor comienza antes, en la casa y en el colegio, facilitar el acceso equitativo a la tecnología es un paso pero también eliminar sexismos en los juguetes, imponer roles suaves, rosados y llorones a las mujeres, en vez de entender que niños y niñas están explorando y despertarán curiosidad tanto por aprender a cocinar como por deshacer un tanquecito para ver qué tiene dentro.

El aporte de una mirada de género en la creación científica enriquece a la ciencia en sí misma pero también amplía el horizonte científico para facilitar soluciones amplias para hombres y para mujeres desde sus propias perspectivas, pero también en una oferta cruzada, es decir, seres humanos con sus diversas experiencias e identidades pensando y resolviendo problemas para todos, sin importar el género.

Y, ante todo, una ciencia inclusiva permite y multiplica opciones para que las y los seres humanos sean plenos, felices, realizados en las actividades que decidan realizar.

Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana. wordpress. com

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Reforma de la justicia

/ 31 de enero de 2022 / 01:34

Todos los aspectos de nuestras vidas están atravesados por la tecnología. También, por supuesto, el indignante caso de Richard Choque Flores, el feminicida y violador que cuenta con sentencia de 30 años y que, a pesar de ello, estaba en libertad. Quiero repasar algunas de esas aristas tecnológicas porque pueden ser de ayuda para una imperiosa reforma de la justicia que debe incluir aspectos digitales.

Según la información pública con la que se cuenta hasta ahora, el feminicida Richard Choque Flores contactaba a sus víctimas (algunas menores de edad) a través de perfiles falsos de mujeres en Facebook, las convencía para un encuentro en el que obtenía material para extorsionarlas falseando su identidad como la de un policía y obligarlas a tener sexo con él. La Policía ha aprehendido a este criminal como resultado de acciones de ciberpatrullaje y ahora estamos siguiendo cada paso de las acciones judiciales y de presión social desde nuestros celulares.

En primer lugar, además de los crímenes de violación y feminicidio que son de los más graves, el criminal suplantó identidad digital y captó a menores con fines ilícitos a través de redes sociales, estas dos figuras de delitos digitales no están contempladas en el Código Penal, lo que significa que para iniciar un juicio contra alguien hay que esperar a que cometa otros delitos de mayor gravedad ya que los dos delitos digitales mencionados no cuentan como tales para la justicia boliviana.

Por otro lado, el uso del ciberpatrullaje por parte de la Policía tiene un gran resultado en este caso y lo celebramos pero con una preocupación, el ciberpatrullaje no tiene una regulación en el país por lo que no sabemos cómo, cuándo, quién y con qué objetivos se usa. Es decir, el ciberpatrullaje se está realizando contra civiles e ignoramos en qué condiciones.

Ante la impunidad de los delincuentes que violan y asesinan mujeres, la sociedad civil se está organizando para vigilar las acciones de los poderes estatales y exigir justicia. El resultado es un deterioro aún mayor de la institucionalidad democrática y, por otra parte, la legitimidad de las redes sociales como espacios públicos. Las redes sociales son privadas y funcionan con contratos sobre los cuales no tenemos ninguna influencia. Por otro lado, la conclusión ciudadana es que la vida de las mujeres le importa muy poco al Estado y que las autoridades son asquerosamente corruptas ¿Puede haber una conclusión más peligrosa para la legitimidad estatal? No estoy sugiriendo que se censure estas acciones sino que, al contrario, se debe entender estas manifestaciones como pruebas de la extrema urgencia de la reforma de la justicia para que recupere su rol social.

Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana. wordpress. com.

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