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Tentador pero ilegal. Es complejo analizar la piratería en esta ola de consumo de plataformas online, que se ha presentado especialmente tras el aislamiento social impuesto por la pandemia del COVID-19. No obstante, es un problema masivo y que va en aumento. Entre enero y septiembre de 2021, la demanda global de piratería alcanzó los 3.700 millones de transmisiones y descargas sin licencia. Con más de 64.000 millones de visitas en total, la televisión es el sector más pirateado. Le siguen el rubro editorial, del cine, música y software. Claramente, la cifra de piratería es lo suficientemente alta como para denominarlo un problema crítico. Si estos datos se relacionaran con archivos maliciosos o con la filtración de datos, se clasificaría como uno de los peores problemas.

La piratería es muy perjudicial para la industria audiovisual y afecta a aquellos que buscan actuar dentro de la ley. A la vez, los servicios de streaming pirateados abren las puertas para el acceso de los delincuentes a datos personales, institucionales y empresariales, facilitando las estafas y el fraude electrónico. Además de los delitos, este consumo perjudica a la economía, la innovación en el ámbito audiovisual y a su vez pone en riesgo varias fuentes laborales.

Según el ente regulador en Bolivia (www.att.gob.bo), el número de conexiones a Internet, a septiembre de 2021, alcanzó la cifra de 11.443.204. El eje central, es decir las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba son líderes en el consumo del servicio de Internet en un 29, 28 y 18%, respectivamente.

El Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (CERTAL) Capítulo Bolivia, alineado a la Declaración Digital de las Américas, las recomendaciones de CITEL y la intención de apoyar el combate a la piratería, realizó un relevamiento de las condiciones del mercado de oferta de plataformas en redes sociales, las fuentes principales de acceso y otros escenarios. Detallo algunos resultados obtenidos que permiten sentar una línea de base para futuras investigaciones y análisis.

Motores de búsqueda: El 25% de éstos conducen a contenido o servicios ilegales y ciertos dominios funcionan como referencia para los sitios fraudulentos. En muchos casos hacen hincapié en el acceso gratuito a contenido con frases típicas como “ver películas gratis”.

Redes sociales: Este es el terreno fértil para los negocios ilegales de comercio de contenido. Tanto para IPTV como para OTT. Aproximadamente el 35% de posanalizados llevan a ofertas ilegales. Paralelamente, existe oferta de dispositivos (STB) ilegales y sin homologación por parte del ente regulador.

Aplicaciones: Producto de la pandemia surgieron empresas de comercio en línea mediante aplicaciones. Incorporan la oferta de contenido de las plataformas más importantes (Netflix, HBOMAX, Amazon, etc.). A partir de la aceptación por parte del interesado, la conexión es un misterio y se habilita hasta en 48 horas.

Publicidad: Se encuentran carteles diseminados por las calles de las ciudades principales, con oferta de servicios de streaming que conducen a sitios de origen ilegal. Santa Cruz, La Paz y Cochabamba presentan la mayor cantidad de ofertas. Las víctimas de este negocio ilegal son principalmente las empresas legales que operan en nuestro país y las personas que ponen en riesgo sus datos.

La ATT alertó sobre el riesgo del uso de aplicaciones ilegales para Tv, sin embargo se desconoce si se han tomado acciones concretas. La Cámara de Telecomunicaciones de Bolivia (Catelbo), que alberga a las empresas legales más importantes de Bolivia, ha tomado la decisión de combatir la piratería y, junto con CERTAL y otras organizaciones privadas, sumarse a este esfuerzo internacional.

Esta acción deberá ser complementada por las entidades públicas llamadas a combatir este negocio ilegal en nuestro territorio mediante la emisión de políticas públicas y acciones concretas para evitar el descalabro del sector audiovisual y tecnológico en Bolivia. Un tema que amerita el inicio de un diálogo nacional para preservar la seguridad jurídica de quienes apuestan por el desarrollo formal del país. Enfrentar la piratería es una tarea común y necesaria.

Cesar Bohrt es presidente del Capítulo Bolivia en el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicacio nes y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (CERTAL).