Voces

jueves 16 jun 2022 | Actualizado a 22:02

Bolivia, el país con la economía más sólida

/ 24 de mayo de 2022 / 01:06

La invasión rusa contra Ucrania promovió un considerable cambio geopolítico, el cual inevitablemente condicionará la realidad mundial a largo plazo, habiéndose promovido además la transformación de la agenda internacional. Ante este escenario, es propicio mencionar que la historia refleja que algo similar ocurrió con la caída del Muro de Berlín allá por 1989 y la desaparición del bloque soviético en 1991, el atentado contra las Torres Gemelas en 2001 y la crisis financiera global de 2008. Si bien con el hecho más reciente pareciera emerger un mundo más incierto, tanto económica como geopolíticamente, se pueden avizorar espacios de oportunidad para terceros países, y un ejemplo claro de ello son los de América Latina.

En ese entendido, la actual coyuntura ha vuelto a conceder cierto protagonismo a los países latinoamericanos, los cuales han afrontado diversos efectos directamente vinculados con el conflicto bélico. Desde el punto de vista económico, un hecho perceptible es el incremento del precio de los hidrocarburos y de otras materias primas, lo que ha beneficiado a los países productores y castigado a los consumidores. Asimismo, se ha podido constatar importantes tensiones inflacionarias.

Es evidente que la invasión rusa a Ucrania ha reactivado la incertidumbre mundial, deteriorando las expectativas de crecimiento económico y dificultando aún más la salida de la crisis pospandemia en América Latina. Sin embargo, la subida del precio del petróleo es un aliciente para los países productores con problemas de inflación o caída de recursos, o que han experimentado un deterioro de sus cuentas fiscales. En este escenario, el aumento de los precios de las materias primas que comenzó en 2021 y cobró un mayor impulso a causa de la crisis ucraniana, podría promover a las economías latinoamericanas que dependen de las exportaciones de dichos insumos. Sin embargo, esto repercute en la interrogante de si el auge actual de las materias primas podría incentivar a contraer tasas de crecimiento más rápidas en una región que ha estado en un modo de crecimiento lento desde el último auge de las materias primas en 2014.

Quedando establecido que existe una fuerte correlación entre los precios de las materias primas y el crecimiento económico de los países latinoamericanos. El auge de estos insumos, fomentado por una fuerte demanda mundial, ha sido un factor clave del crecimiento económico en una región que continúa dependiendo de las exportaciones de productos básicos. Ante tal escenario, es importante reconocer que la dependencia de los países latinoamericanos de las materias primas para impulsar el crecimiento los deja vulnerable a las crisis de precios y ciclos económicos. Lo cual se pudo constatar de forma evidente en gran parte de la región, posterior al último auge de las materias primas en 2014.

Ante esta coyuntura, la revista Economist Intelligence Unit (EIU) realizó un estudio denominado Las perspectivas para América Latina en medio de la guerra de Ucrania, que tuvo la particular intención de medir qué países de esta región del mundo están mejor posicionados respecto a otros para resistir e incluso prosperar en el entorno global actual, para lo cual tuvieron a bien diseñar un mapa de calor (diseñado en una escala de 1 a 5, donde la proximidad a 1 muestra una mejor posición) que evalúa el desempeño de la región en el ámbito de siete indicadores clave, tales como la inflación, la deuda pública, los pagos de intereses/ingresos del sector público, el ratio de las exportaciones de materias primas respecto a las exportaciones totales, balanza por cuenta corriente (% del PIB, 2021), riesgo de estabilidad política y el riesgo legal y regulatorio.

Los resultados de dicho estudio demuestran que Bolivia es el país mejor posicionado entre los cinco menos vulnerables de la región, con una puntuación de 2,14, seguido por Ecuador, Paraguay, Chile y Perú. El otro lado de la moneda son El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Todos están entrando en crisis con niveles relativamente altos de deuda pública, desequilibrios externos sustanciales y alta inflación, y ninguno es un importante exportador de materias primas.

Este suceso refleja una vez más, ante constantes críticas carentes de fundamentos reales, la eficiencia del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) diseñado e implementado por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce. Es un hecho destacable que el MESCP sí funciona y prueba de ello es que ha logrado estabilizar la economía boliviana ante escenarios bastante adversos, obteniendo como resultado perspectivas favorables para la población boliviana en el ámbito interno y externo.

Álvaro Nina Nina es economista.

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Una Bolivia más igualitaria

/ 15 de febrero de 2022 / 01:59

Uno de los objetivos más destacables y de mayor análisis del Estado Plurinacional de Bolivia es la construcción colectiva de una sociedad sin pobreza ni desigualdades, con una clara orientación hacia el Vivir Bien en equilibrio y armonía con la Madre Tierra, contemplando de forma articulada el conjunto de ámbitos social, económico, político, cultural, ambiental, comunitario y espiritual, que hacen al desarrollo integral y sustentable de un país.

El Vivir Bien formula el encuentro entre pueblos y comunidades, respeta la diversidad e identidad cultural y regional, representa la convivencia en comunidad sin asimetrías de poder, en armonía con la naturaleza y en igualdad. En ese sentido, la Constitución Política del Estado establece y promueve el Vivir Bien como el horizonte estratégico del Estado Plurinacional de Bolivia, como modelo alternativo al capitalismo y a la modernidad, que nace en la manera de ver e interpretar el mundo de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas, el cual es concebido en el contexto de la interculturalidad para ser alcanzado de forma colectiva, complementaria y solidaria.

El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025 “Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones” adopta una visión de desarrollo integral y sustentable, reconociendo el patrimonio natural y los derechos de la Madre Tierra, promoviendo las diversas formas de organización económica (comunitaria, estatal, privada y social cooperativa), en línea a lo establecido por el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), el cual, abstrayendo la realidad económica y social, invoca al desarrollo económico, social, comunitario y productivo del país, promoviendo la justicia social a partir de la redistribución del ingreso y la reducción de la desigualdad, en lo extenso de sus diferentes manifestaciones.

En definitiva, la aplicación del MESCP, más allá de lograr tasas de crecimiento económico destacables a nivel regional y sostenidas en el tiempo, alcanzó evidentes avances respecto al desarrollo económico, traduciendo su éxito en la inclusión y movilidad social. En ese sentido, entre las gestiones 2006 y 2019 se registró una reducción continua de la pobreza moderada de un 59,9% en 2006 a 37,2% en 2019 y de la pobreza extrema de 37,7% a 12,9% en dicho periodo. Asimismo, se registró una reducción de la desigualdad medida por el Índice de Gini de 0,59 en 2006 a 0,42 en 2019; sin embargo, posteriormente a la ruptura del orden constitucional, en 2020 este indicador mostró un retroceso significativo alcanzando a 0,45, explicado particularmente por el incremento de la pobreza moderada y extrema, que alcanzaron a 39,0% y 13,7%, respectivamente.

Con la recuperación de la democracia en noviembre de 2020 se pudo reinstaurar el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, con un Gobierno constitucional llamado a reconstruir económica y productivamente el país, siguiendo el enfoque de la redistribución del ingreso, erradicación de la pobreza material, social y espiritual, en armonía con la Madre Tierra y con justicia social, lo cual permitió restablecer las políticas económicas y sociales orientadas a reducir las brechas de desigualdad en el Estado Plurinacional de Bolivia, y como consecuencia inmediata de ello se logró una reducción significativa en los niveles de pobreza, alcanzando la moderada a 36,3% y la extrema a 11% en la gestión 2021.

De forma evidente, Bolivia ha iniciado una nueva etapa de reconstrucción de la patria en unidad y paz con el objetivo de retomar la senda del crecimiento económico, la industrialización con sustitución de importaciones, reducción de la pobreza y la desigualdad, un compromiso serio para salir adelante a partir de la construcción de una sociedad más humana, más justa y más equitativa.

Álvaro Nina Nina es economista.

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La planificación y la reconstrucción económica

/ 30 de noviembre de 2021 / 00:52

Luego de haberse cumplido un año del gobierno del presidente Luis Arce, surgen posiciones encontradas en torno a los resultados obtenidos tras la recuperación de la democracia en octubre de 2020. Sin embargo, más allá de las críticas vertidas por parlamentarios de la oposición, que carecen de argumentos sostenibles, existe una verdad objetiva que permite demostrar los importantes avances direccionados a la reconstrucción económica del país.

Con la restitución del modelo económico social comunitario y productivo, Bolivia se encaminó a la vía de la sostenibilidad económica, dando prioridad a las necesidades inmediatas de la población, con el objetivo de lograr los niveles de crecimiento económico que se habían alcanzado antes de la ruptura del orden constitucional.

Entre los hitos se puede resaltar una destacada gestión en el ámbito de la salud, avanzando de manera significativa en la apertura y equipamiento de centros hospitalarios y cobertura de la población vacunada contra el COVID-19, reduciéndose sustancialmente la tasa de letalidad a un 0,8% hasta noviembre. Asimismo, se restituyó un derecho fundamental de la población (educación), lográndose retomar las clases en sus modalidades presenciales y semipresenciales después de la súbita clausura del año escolar en 2020.

Por otro lado, la reconstrucción económica resulta ser una realidad evidente, en tanto que el Producto Interno Bruto (PIB) al segundo trimestre de 2021 mostró un crecimiento de 9,4%, en comparación de la caída del 12,9% en similar periodo de 2020. Ante esta situación no es posible refutar que las medidas implementadas por el Gobierno han tenido resultados considerablemente positivos, revirtiendo el indicador del nivel de producción de la economía hacia una tendencia positiva. Sin embargo, la realidad actual demuestra que esta tendencia debe ser acompañada por un proceso de planificación de mediano y largo plazos, para un crecimiento sostenido en los próximos años.

En este contexto, se ha formulado el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 “Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones” (PDES), en el que se encuentran metas, resultados, acciones, el escenario macroeconómico y el presupuesto plurianual, alineado a los objetivos trazados en el Plan General de Desarrollo Económico y Social, y la Agenda Patriótica.

El PDES es el resultado de una construcción participativa emanada no solo de una coordinación sectorial sino también de las nueve cumbres departamentales para la Reconstrucción Económica y Productiva y una cumbre nacional, de entre agosto y octubre, en las que fueron partícipes organizaciones sociales, microempresarios, artesanos, juntas vecinales, así también las organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana como gremiales, trabajadores, médicos, mineros y una diversidad de sectores representativos de la realidad económica nacional; a la par de las organizaciones sociales del Pacto de Unidad, universidades y el sector privado.

En línea a la tendencia asumida por el PIB, el PDES establece lineamientos de política económica y social enmarcados en el modelo económico social comunitario y productivo, proyectándose un crecimiento promedio anual del PIB de 5,1%, ineludiblemente ligado al componente social a través de la reducción de la pobreza moderada del 39% al 19%, disminución de la pobreza extrema del 13,7% al 5,3% y reducción de la desigualdad de ingresos del 0,45 a 0,42 hasta 2025.

Estos objetivos responden a un programa de inversión nunca antes realizado de $us 33.197 millones hasta 2025, de los cuales el 53% está destinado al sector productivo, para fortalecer una estrategia de industrialización con sustitución de importaciones, acompañada de una política en materia de seguridad alimentaria con soberanía, incrementando así los niveles de productividad del sector agropecuario enfocados al abastecimiento del mercado interno y además de la generación de excedentes para la exportación con valor agregado, sentando las bases para el crecimiento con desarrollo económico en el mediano y largo plazos.

Finalmente, es importante una reflexión respecto a la desinformación y la generación de falsos debates, entendiendo que la reconstrucción económica de nuestro país será el resultado de la participación activa de cada boliviano desde el ámbito de sus potencialidades, en la que cada uno se apropie y se haga partícipe de la ejecución del PDES 2021-2025.

Álvaro Nina Nina es economista.

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Un plan de todos para todos

/ 13 de noviembre de 2021 / 02:22

El Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, “Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones” (PDES), es el instrumento por el cual se articula la planificación en nuestro país, en el que se establece el enfoque político de la planificación para el desarrollo en los próximos cinco años; asimismo define las metas, resultados, acciones, el escenario macroeconómico y el presupuesto plurianual, cuya formulación responde a los objetivos trazados en el Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES) y la Agenda Patriótica.

En torno a los últimos pronunciamientos emitidos por diferentes sectores de la sociedad, es propicio mencionar que en el marco de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 777, de 21 de enero de 2016, del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), queda establecido que el Ministerio de Planificación del Desarrollo, de acuerdo con sus atribuciones básicas contenidas en las normas que rigen la organización del Órgano Ejecutivo, se constituye en el órgano rector del SPIE. Asimismo, el inciso e) del citado artículo establece que es tuición de dicha entidad formular y gestionar la aprobación del PGDES, así como el PDES.

Bajo el ordenamiento jurídico expuesto en el párrafo anterior, es fundamental señalar que el PDES 2021-2025, elaborado por el órgano rector correspondiente, es el resultado de una construcción participativa emanada no solo de una coordinación sectorial, sino también de las nueve cumbres departamentales para la Reconstrucción Económica y Productiva y una cumbre nacional, que fueron llevadas a cabo entre agosto y octubre de la presente gestión, en las que fueron partícipes organizaciones sociales, microempresarios, artesanos, juntas vecinales, así también las organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana como gremiales, trabajadores, médicos, mineros y una diversidad de sectores representativos de la realidad económica nacional; a la par de las organizaciones sociales del Pacto de Unidad, universidades y el sector privado.

En tal sentido, este plan que adopta una proyección de mediano plazo, al hacer partícipe en su proceso de formulación a la sociedad en su conjunto, y dirigida a atender sus necesidades y propuestas, es sin lugar a dudas un plan de todos y para todos los bolivianos.

Es ineludible señalar que el PDES 2021-2025 implica una articulación de ejes, metas, resultados y acciones que derivan en un programa de inversión sin precedentes, ya que prevé una inversión de $us 33.197 millones hasta 2025, de los cuales el 53% está destinado al sector productivo, plenamente orientados a fortalecer la reconstrucción de la economía nacional a través de una estrategia de industrialización con sustitución de importaciones, acompañada de una política en materia de seguridad alimentaria con soberanía, incrementando los niveles de productividad del sector agropecuario, enfocado al abastecimiento del mercado interno y además de la generación de excedentes para la exportación con valor agregado, sentando las bases para el crecimiento con desarrollo económico en el mediano y largo plazos.

Asimismo, este plan establece lineamientos de política económica y social, enmarcados en el modelo económico social comunitario y productivo, proyectándose un crecimiento promedio anual del PIB de 5,1%, necesariamente ligado al componente social a través de la reducción de la pobreza moderada del 39% al 19%, disminución de la pobreza extrema del 13,7% al 5,3% y reducción de la desigualdad de ingresos de 0,45 a 0,42 hasta 2025.

Por último, es propicio señalar que el falso argumento de que el PDES 2021-2025 vulnera las autonomías de los gobiernos subnacionales, queda desvirtuado en tanto que la Ley 031, de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, en el numeral 1, parágrafo II, artículo 93, menciona como competencia exclusiva de los gobiernos departamentales autónomos el diseño y establecimiento del plan de desarrollo económico y social del departamento, incorporando los criterios del desarrollo económico y humano, con equidad de género e igualdad de oportunidades, considerando a los planes de desarrollo municipales e indígena originario campesinos, en el marco de lo establecido en el Plan General de Desarrollo.

Es importante realizar una reflexión, en el sentido de que es trascendental comprender que, a objeto de garantizar la reconstrucción económica de nuestro país, es fundamental que cada boliviano se apropie y se haga partícipe de forma activa en la ejecución del PDES 2021-2025, siendo que únicamente con el concurso de todos los actores lograremos hacer de nuestro país un lugar mejor para nuestras futuras generaciones.

Alvaro Nina Nina es economista.

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La insuficiencia comprensiva

/ 24 de julio de 2021 / 01:46

En relación a los últimos pronunciamientos referidos a temas de índole tributario, es importante efectuar algunas precisiones a fin de aclarar concepciones erróneas que de manera equívoca han sido vertidas.

Es sabido que Bolivia es un país complejo cuando se habla de la contribución de la gente mediante el pago de sus impuestos, debido a distintos factores, entre ellos la propia idiosincrasia, los resultados alcanzados en la generación de cultura tributaria constituyen un significativo logro, pero a pesar de este avance aún resulta bastante común referirse al sistema tributario boliviano con el calificativo de “infierno fiscal”.

Esta referencia usualmente conlleva dos errores típicos, el primero está relacionado a que las comparaciones se efectúan considerando parámetros que distan mucho de la realidad boliviana, pues están basados en el análisis de una “empresa tipo” que no es representativa de la realidad en la que se desenvuelven la mayoría de los emprendimientos en el país, tal es el caso del documento Paying Taxes 2020; en segundo lugar se confunden tres conceptos fundamentales: presión fiscal, presión tributaria y carga tributaria, que al no ser utilizados correctamente derivan en resultados erróneos e interpretaciones alejadas de la realidad.

El estudio Paying Taxes 2020 señala que Bolivia presenta una tasa total de impuestos y contribuciones de 83,7% (que erróneamente es asumida como la presión fiscal), el dato es fácilmente objetable debido a la forma en que se calcula, equivocadamente se suman las alícuotas establecidas por norma de cada impuesto vigente en el país, sin considerar que los tributos se calculan en función de bases imponibles distintas, por lo que la suma de las alícuotas de varios impuestos es imprecisa y en el límite no tiene relación alguna.

En este escenario debe señalarse que no todos los contribuyentes llegan a estar obligados a la totalidad de los impuestos que existen en el sistema tributario boliviano, la mayor parte de ellos se encuentra sujeto al pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), dependiendo del rubro de su actividad; por otro lado, es menester considerar que la normativa de cada tributo prevé ciertos beneficios y deducciones para los contribuyentes, por lo que muchas veces la declaración no viene acompañada de un pago.

En el caso del IVA, además de ser un impuesto indirecto que es pagado por el consumidor final y no así por el contribuyente, un buen porcentaje de los sujetos pasivos se benefician con la compensación del crédito fiscal acumulado por sus compras respecto al débito que puedan generar; por ello, para ser objetivos en la evaluación de la tributación en Bolivia deben considerarse las tasas efectivas de cada impuesto, que para el IVA oscilan desde un 2,6% de las ventas en promedio, considerando el pago final.

Respecto al IUE, si bien este es un impuesto directo, la normativa permite deducciones sobre los distintos niveles de utilidad (contable, neta e imponible) que en la determinación final pueden conducir a una situación de pérdida, en la que no se produce ningún pago para el Estado. Por otra parte, cuando existe un pago, este monto puede ser utilizado como un pago a cuenta del IT; en términos de tasa efectiva el IUE presenta en promedio un 2,3% sobre los ingresos.

En el IT es posible que una parte de los contribuyentes obligados compensen el pago de este impuesto con los pagos de IUE hasta que estos se agoten o se alcance el cierre de una nueva gestión fiscal; en términos de tasa efectiva ésta alcanza en promedio a 1,8% de los ingresos.

Asimismo resulta importante mencionar que la presión tributaria es un parámetro interesante de comparación cuando es adecuadamente empleada, entendiendo que este indicador se refiere a los ingresos porcentuales que los particulares y empresas aportan al Estado por impuestos con relación al Producto Interno Bruto (PIB); concepto que es deliberadamente omitido por los opinadores siendo que este indicador no hace más que medir la capacidad que tiene un régimen impositivo para generar ingresos fiscales de las diversas actividades de la economía. Si se realiza un análisis histórico imparcial y objetivo se puede constatar que nuestro país entre 2005 y 2019 ha mantenido un nivel de presión tributaria estable, de 19,2% en promedio. 

Álvaro Nina y Lilian Loayza son economistas.

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El precio de lo gratuito

/ 22 de mayo de 2021 / 01:19

En este último tiempo han surgido variadas críticas, generándose incluso un falso debate en torno al proyecto de ley que únicamente pretende ampliar el alcance del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios digitales que son proveídos desde el extranjero y que además implican un costo, vale decir, a aquellos servicios que no son gratuitos.

Una campaña mal intencionada de desinformación ha surgido desde varios frentes, pero con un fin común, confundir a la población. En ese sentido, resulta ampliamente necesario entender las concepciones básicas de esta propuesta en cuestión, a fin de no ser víctimas de esta coyuntura que se ha visto apañada por diversos personajes, particularmente del área política, lo que en última instancia denota su deficiente capacidad en temas estrictamente tributarios.

En principio, es trascendental señalar que la medida no tiene la intención de crear un nuevo impuesto, como muchos pretenden hacer creer, siendo que en realidad lo único que se busca es alcanzar con el IVA a los servicios digitales pagados que son provistos desde el exterior, por ejemplo, Netflix, Spotify Premium, YouTube Premium, entre otros que son consumidos por el 2% de la población boliviana.

En ese contexto, las acciones habituales de la absoluta mayoría de la población (98%) a través de los servicios digitales que son de acceso libre y gratuito, como la navegación por Facebook, Twitter y TikTok; el uso del servicio de mensajería de WhatsApp y Messenger; el asistir a una clase virtual a través de Zoom o Google Meet; entre muchos otros más, seguirán siendo gratuitos dado que la propuesta de norma en ningún momento fue proyectada para gravarlos.

A objeto de continuar desmintiendo el conjunto de falacias que se han generado por este proyecto de ley, es importante mencionar que esta medida ya se ha ido implementando en varias partes del mundo, y en casi la totalidad de nuestros países vecinos, donde las alícuotas del impuesto gravado a los servicios en cuestión son más altas que en nuestro país.

Por otro lado, se busca amplificar la eficiencia del IVA, en razón de un trato igualitario, siendo que los consumidores de estos servicios de paga deben contribuir como el conjunto de la sociedad lo hace al adquirir cualquier servicio en el ámbito local.

Por último, resulta necesario entender que al ser el IVA el impuesto con el que se pretende alcanzar a los servicios en cuestión, en última instancia esto significa un beneficio para el conjunto de la población, dado que el IVA es un impuesto coparticipable, por lo que, con la recaudación obtenida, son directamente beneficiados los municipios y las universidades, y éstas son verdades que no son manifestadas por los pseudoanalistas.

Álvaro Nina Nina es economista.

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