Voces

viernes 24 jun 2022 | Actualizado a 08:33

De opinología mediática y otras artes ocultas

/ 25 de mayo de 2022 / 03:23

En las últimas semanas, medios de comunicación han llevado al extremo la capacidad creativa de sus escribanos en economía, mostrando que cualquier espectro que se tenga es bueno para poder demostrar que el Gobierno viene haciendo las cosas medianamente mal. Han traspasado los límites de fantasía generando una serie de artículos de opinión en base a lo que para ellos es la muestra clara del debilitamiento del modelo económico, plantado sobre un hipotético grupo de medidas que habría sido encontrado escudriñando las hojas recicladas de alguna instalación gubernamental y, pese a los intentos, no han podido explicar cuál de los papeleros habría sido el revisado.

No ha faltado el criterioso que con orgullo desmedido ha dicho que la información se encuentra “circulando en redes”; un supuesto impuesto al salario, cobros nuevos para empresas públicas y otros cuentos de terror han sido la base de opiniones que no han hecho más que demostrar lo empobrecido de la sustentación técnica de la que hacen gala al escribir un artículo que habla de la economía de un país.

Entrando en terreno serio, el Gobierno reforzó su eslogan sobre el resurgimiento de la economía boliviana, desde varios flancos que se muestran mucho más sólidos, empezando por el reporte que se ha presentado sobre la solidez del sistema financiero, donde resaltan datos como el 6,5% de crecimiento de la cartera de créditos respecto a marzo de 2021, un crecimiento de 81% de las utilidades de las entidades financieras y la creación de más de 1 millón de cuentas nuevas de ahorro, logrando que el monto que tienen los ahorristas en Bolivia sea mayor a marzo del año pasado en un 8%.

El segundo elemento que pone en claro el mejoramiento del contexto económico en nuestro país ha sido la promulgación del Decreto Supremo 4716, donde se determina que las utilidades de la Gestora Publica de Seguridad Social de Largo Plazo sean también una fuente de recursos que cubra la Renta Dignidad, esto por dos sencillas razones, la primera es que la gestora es la instancia encargada de este pago y, por ende, tiene que velar por la sostenibilidad de lo que hasta ahora ha sido el mecanismo con el cual ha venido generando valor público. Por otro lado, y no menos obvio, está el hecho de que la gestora para 2021, conforme los estados financieros que han sido publicados, ha registrado un superávit de más de Bs 7,8 millones; es irrebatible que parte de estas utilidades puedan ir a reforzar el pago en cuestión y que el Gobierno disponga que uno de los usos que se pueda dar a estas ganancias esté relacionado con la sustantividad de la gestora.

Es necesario hacer mención de que las empresas públicas sufrieron un golpe certero que buscó la inestabilidad en su funcionamiento, no es secreto para nadie que el gobierno de Áñez hizo hasta lo imposible para que las empresas que tienen como propietarios a todos los bolivianos, terminaran desapareciendo para que sus pares privados lograran tener mejores utilidades; falta ver cómo para el servicio de transporte aéreo, donde se tiene como prestador de servicio a BoA, en aquellos tiempos se empezó a cerrar rutas, disminuyó la cantidad de vuelos que se tenía a los destinos de mayor frecuencia, todo a la cabeza de los administradores de la competencia; increíblemente Áñez había nombrado como autoridades de BoA a personeros de Amaszonas, empresa competidora de la estatal.

En 2020, las empresas públicas, de manera agregada, presentaron un déficit de Bs 757 millones, dejando en estado crítico a muchas de ellas; para 2021, presentaron utilidades por Bs 2.873 millones, lo cual ha demostrado plenamente la capacidad del modelo para reabsorber errores generados y plantear soluciones a problemas de orden estratégico y operativo.

Por otro lado, el enunciado de que las empresas públicas no pueden ser instancias que generan una buena administración y, por ende, utilidades, ha sido echado por tierra con los números presentados por el Gobierno, ya que sus ganancias no solo sostienen parte de la Renta Dignidad, sino que hacen lo mismo para el Bono Juancito Pinto y el Bono Juana Azurduy; ejercicios de política pública que, vía evaluaciones de impacto, han quedado como herramientas efectivas que atacan a problemas de orden social como la deserción escolar, el parto asistido y la mejora de calidad de vida de diferentes estratos de la sociedad boliviana.

Mike Gemio es economista.

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¿Universidades para el desarrollo?

/ 14 de junio de 2022 / 01:09

El sistema universitario, con especial énfasis en el público, se encuentra en una profunda crisis hace mucho tiempo. Si bien los últimos días ha sido la comidilla de todos los medios de comunicación gracias a las denuncias que se dieron en contra de la dirigencia de los estudiantes, sobre sueldos, viáticos y una serie de beneficios, la realidad es que estos hechos son el triste corolario de un aparato pensado para prestar un servicio a la sociedad fundamental para poder alcanzar algún nivel de desarrollo; pero ahora se encuentra convertido en el acorazado castillo de roscas milenarias, que han logrado tomar por asalto a estas instituciones y hacerse dueñas de cargos administrativos y plazas para catedráticos.

Para los que hemos pasado por aulas de las universidades públicas, sabemos que más allá de la calidad de la educación prestada, el gran problema de conseguir un título profesional está en los engorrosos trámites que reclama, en primera instancia, el título profesional y posteriormente el título en provisión nacional; ambos documentos son llave que abre algunas oportunidades a jóvenes que al salir al mercado laboral entienden que el esfuerzo imprimido en culminar sus estudios no son suficientes para conseguir un trabajo espectable, por ende ven frustrada su intención de encontrar mejores días para ellos y sus familias.

Por otro lado, las universidades privadas son un negocio redondo donde se consigue muchos alumnos atemorizados por su paso escabroso por universidades públicas, pero con una lamentable política de contratación del principal recurso: los profesores son llamados a prestar servicios sin establecer un vínculo estable laboral y que, en muchos casos, les dan una categoría de consultores, lo que logra ahorrar recursos a los dueños de estos centros de educación superior, pero que en definitiva genera una alta rotación de este personal que debería tender a la investigación y profesionalización de la cátedra.

La producción intelectual y el análisis crítico de la realidad nacional son muchas veces una multiplicación por cero y es que gran parte de los catedráticos funcionan en una lógica conductivista, impartiendo clases como en el siglo pasado, anclados en lo teórico, viéndose a sí mismos como lumbreras de conocimientos que son fácilmente encontrados por los alumnos en internet. Asimismo, muchos de “los cates” se empeñan en describir hechos que en el mejor de los casos han sucedido hace una decena de años, mostrándolos con hechos novedosos; esto convierte al estudiante en una máquina repetidora para los exámenes, truncando cualquier aspiración de éste para construir pensamiento analítico y propositivo en busca de la solución de problemas en una sociedad multivariable que se deconstruye constantemente para generar nuevos paradigmas.

Los datos muestran que de cada 10 jóvenes que terminan el colegio, solo dos logran culminar sus estudios en casas de estudios superiores, esto hace ver que la obtención de una profesión no está directamente relacionada con la construcción de un buen futuro, y es porque no existe una oferta de profesionales que guarde relación con la demanda que existe actualmente en el mercado; las universidades han entrado en un círculo cómodo de ofrecer carreras en las cuales creen tener las condiciones mínimas, sin pensar si éstas son las que necesitan las empresas y/o el Estado, este divorcio entre sociedad y educación superior se vuelve más evidente cuando muchos titulados no logran conseguir un trabajo o en definitiva no se encuentran ejerciendo la profesión para la cual se prepararon.

La discusión sobre el aporte a la sociedad boliviana por parte del sistema educativo terciario, especialmente público, ya que es pagado con recursos de todos los bolivianos, se vuelve poco clara y repleta de romanticismo teórico cuando es la practicidad la que debería ser una máxima para entender este problema; el mundo está cambiando a una velocidad impresionante y los requerimientos para contar con personal calificado ya no están relacionados directamente a los títulos profesionales; las capacidades técnicas y habilidades blandas son cada vez más importantes en un sistema productivo donde se priorizan los servicios y su calidad, si esto no es comprendido por quienes imparten educación superior y los que eventualmente fungen como autoridades, lo que arrojarán al mercado laboral será, cuánto más, personas que engrosarán nuestras filas de desempleados, dejando así mucho más tenue la percepción de las personas sobre un probable aporte a la construcción del país en la cual las universidades deberían tener un papel fundamental.

Mike Gemio es economista.

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Meritocracia, gran mentira para el desarrollo

/ 24 de febrero de 2022 / 02:18

Desde tiempos inmemoriales las instituciones encargadas de la formación profesional y la capacitación, asociadas a un sistema que salvaguarda los capitales de unos pocos, han insertado en las sociedades del mundo la idea de que la riqueza para las personas llegará a través de una constante absorción de conocimientos, mismos que deben de estar acompañados de “papeles” que demuestren lo importante y prestigioso que puede ser el centro de estudio que refiere estos documentos.

En 2012 fue publicado el libro de Joseph Stiglitz El precio de la desigualdad, que dejó a muchos fanáticos de la justa asignación de los mercados y la reconfigurada meritocracia fuera de lo que las sociedades realmente necesitan para alcanzar los niveles óptimos de desarrollo y desde luego, el crecimiento asociado a la inclusión, la justicia y la equidad.

Dentro de las principales aseveraciones que plantea el Premio Nobel de Economía está el hecho de que el 90 por ciento de las personas que nacen ricas, morirán en la misma condición; mientras que el 90 por ciento de las personas que nacen pobres al morir, mantendrán esa misma condición hasta el final de sus días. Esto significa que el tan vendido sueño americano no es otra cosa que una falacia comprada por gran parte de las clases medias de las sociedades en Latinoamérica, mostrando así que la movilidad social es casi inexistente y que a través de medios de comunicación que romantizan la superación personal desde la pobreza, se oculta la contundente realidad de que los jóvenes, especialmente en los Estados Unidos, dependen más de los ingresos y patrimonio de sus padres que de cualquier otro factor que se encuentre al alcance de sus manos.

La idea de que el mercado es eficiente y el motor de la competitividad es también duramente criticada. La participación del Estado en algunos mercados rompe un esquema repleto de monopolios y explotación por parte de los que históricamente han sido los dueños de multinacionales y de gobiernos en diferentes regiones del mundo. El impulso a un nuevo pacto social entre sociedad, Gobierno y mercado cada vez se vuelve más necesario, donde el capital será un elemento importante de la solución, sin que esto signifique una ampliación de lo ya sucedido en el neoliberalismo. Este capitalismo debe ser “domesticado” de manera que pueda servir a las sociedades, principalmente en los países donde la pandemia ha cobrado los más altos costos en la renta de las familias.

Las determinantes irruptoras del profesor Stiglitz han echado por tierra lo que durante décadas han enseñado en las universidades, principalmente a economistas que se han encargado de reproducir un discurso promercado, convirtiéndose así en instrumentos útiles para el continuismo del modelo mundial que busca enriquecer a los más ricos. Lo que resulta ser particularmente insólito es que, para el caso de Bolivia, estos asociados a lo ortodoxo de la economía han etiquetado a quienes propugnan una nueva postura respecto al desarrollo desde una perspectiva más humana, como economistas cuasi-políticos y faltos de innovación, cuando los que defienden una postura caduca y retrógrada se muestran como “plenos” motores de la cuarta revolución industrial.

La búsqueda de sociedades más justas y equitativas es una máxima de la actual agenda mundial. Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se ha planteado pilares que buscan mejorar los niveles de igualdad y acceso a bienes y servicios de familias que se encuentran en grupos poblacionales más desfavorecidos, tarea que debe ser enfrentada desde los gobiernos, dejando atrás recetas macroeconómicas que solo buscan reforzar la idea de un Estado empresarial.

Ahora bien, las personas deben superarse y encontrar mecanismos que les brinden a ellos y a sus familias mejores estándares de vida. Eso debe ser algo que sirve en lo particular e individual; pero un gobierno que no encuentre en los planteamientos de Stiglitz una verdadera misión para con la sociedad que lidera, se convertirá en un asociado del privado enriquecido, un poderoso propulsor de la desigualdad costosa para los países y, por ende, el responsable de niveles bajos de desarrollo inclusivo.

Mike Gemio es magíster en Gestión y Políticas Públicas y doctorante en Desarrollo y Políticas Públicas.

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El efecto derrame cruceño truncado

/ 30 de enero de 2022 / 00:28

En la década de los 80, propuesto por el presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan, sale a la luz el conocido como efecto derrame, que en esencia propugnaba la idea de que los impuestos que son cobrados a los agentes económicos sean en menor proporción a los que tengan mayores riquezas, esto con la idea de que la capacidad de ahorro de estos últimos es mayor que la del resto y que, dándoles la oportunidad de que paguen menos al Estado, podrían invertir más y de esta manera mejorar la economía de todos, incluyendo a los más pobres.

En el mundo después de la crisis de la burbuja inmobiliaria quedó demostrado lo perverso de un sistema que alienta a los que tienen más a poder encontrar mecanismos que les faciliten aún más recursos, sin importar su procedencia o si éstos pudieran ser utilizados para fines mucho más productivos o en su defecto para programas sociales de un gobierno, de esta forma la canibalización de la economía encontró su fin al entender que el dinero se lo producía con el trabajo de la gente.

Esta versión economicista de la sociedad era planteada para alcanzar mejores niveles de desarrollo para los países e imponer la idea de que las inversiones de los más ricos y sus dádivas resultaban ser la mejor estrategia, misma que se implementó en nuestro país a finales de los años 80 y principios de los 90.

Los resultados de la implementación del efecto derrame en Bolivia fueron totalmente desalentadores para sus impulsores y toda la sociedad, además de dejarnos en la cola del crecimiento de la región, ensanchó las brechas de desigualdad, dejó al 66,4% de la población bajo umbrales de pobreza (dato para el año 2000) y logró la dependencia en extremo de las políticas que se generaban desde los Estados Unidos, ya que no existiendo recursos para financiar incluso los salarios, no quedaba de otra que estirar la mano para contar con préstamos condicionados del Fondo Monetario Internacional controlado por el país del norte.

Después de 2006 y la implementación de una nueva política de redistribución de los recursos, con la cual se logró sacar a 3,5 millones de personas de la pobreza, se ha marcado historia y que además ha hecho que las últimas votaciones en Bolivia tengan como ganador al partido político generador de este resultado social por demás importante.

La creencia de que los que “tiene más recursos” pueden administrar mejor el dinero, aún tiene en la cúpula cruceña a sus mejores exponentes. Lo lamentable es que el convencimiento de muchos sobre estas capacidades que tienen supuestamente los más ricos, ha logrado simular un modelo de desarrollo liderado por estos “mandraques” de la administración pública, hecho que llama por demás la atención, tomando en cuenta que, el que en su momento fue Ministro de Economía y Finanzas Públicas del gobierno de Áñez, fue durante mucho tiempo responsable de las finanzas en la Gobernación de Santa Cruz. Si este actor clave regional fue trasladado para que se encargue de los recursos a nivel nacional, y tomando en cuenta que venía de implementar un modelo exitoso, lo menos que se hubiera esperado era que Bolivia no cierre el 2020 con una tasa de menos 8,9 del PIB.

Por otro lado, los recientes hechos de corrupción descubiertos donde dinero público destinado a pagar sueldos y salarios de la administración pública en la Alcaldía fueron desviados por autoridades de este municipio y utilizados para fortunas personales, campañas políticas, compra de conciencias y por sobre todo para financiar el golpe cívico policial militar de finales de 2019; ha dejado claro que la presencia de un actor clave como es el aparato público en un modelo ha sido totalmente ineficiente en el manejo de recursos, beneficiando solo a algunos que eventualmente han ocupado puestos de decisión.

Santa Cruz ha sido y es uno de los departamentos con mayor nivel de productividad, pero hay que entender que esto lo hace bajo un esquema nacional, donde si bien produce, el resto de los departamentos adquiere y que eso al final cierra un círculo virtuoso de relaciones económicas en nuestro país. Con el escándalo desatado en torno al mal uso de los recursos públicos de la ciudad cruceña, se ha truncado un proceso de enriquecimiento ilícito de actores políticos, un resurgimiento del efecto derrame y por sobre todo se ha dejado instaurada la necesidad de implementar mejores controles en la gestión del municipio.

Mike Gemio es economista.

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Teorías de desarrollo versus practicidad

/ 4 de noviembre de 2021 / 01:36

La teoría neoclásica del crecimiento ha sido la base del análisis que explica la forma y las estrategias con las cuales los países alcanzan diferentes niveles y como la productividad, dentro de las economías, logran ayudar a las combinaciones entre los factores de producción para que se pueda conseguir este crecimiento en las sociedades del mundo.

Al profundizar estos estudios y su comprensión, aparece el principio de convergencia, que constituye un ancla en el análisis que propugna la hipótesis de que todas las economías llegarán a crecer en la misma medida y todas, en algún momento del tiempo, llegan a tener los mismos niveles de crecimiento y, por ende, éste es infinito. Lo complicado de entender este primer enunciado es que si el crecimiento tiende a ser imperecedero, y siendo uno de los factores de producción la tierra y los recursos que hay en ella, está por demás aclarar que éstos sí son finitos. Por ende, este principio desalmado para con el planeta donde vivimos resulta ser angular a la hora de entender a muchos analistas consagrados en el neoliberalismo, que insisten en una teoría desarrollista sin importar si esto tenderá a dejarnos sin hábitat, sin agua y sin seres vivos en el planeta, todo esto mientras unos pocos sigan lucrando y el sistema capitalista tenga las fauces llenas.

En contrapeso y de manera más evolucionada las teorías que han empezado a explicar no solamente el crecimiento sino el desarrollo, han plantado su principal análisis en el enunciado de que el crecimiento no garantiza el desarrollo y que un alto PIB-per cápita no está directamente relacionado con la mejora de calidad de la vida de las personas de un determinado país. Esto ha sembrado en los países la preocupación por la construcción de una política social agresiva que busque atacar indicadores de pobreza y desigualdad, que a su vez establece “condiciones piso” para que el desarrollo individual parta medianamente en las mismas condiciones.

La pandemia ha sido otro factor que ha destapado lo cruento de las políticas económicas de los gobiernos que concentran la mayor cantidad de recursos, ya que pese a reacciones desesperadas por mejorar los niveles de calidad de prestación de servicios de salud, ningún país ha podido sacar la cabeza y decirle a sus pares que estaba listo para poder enfrentar al COVID-19; esto ha vuelto a desempolvar el debate para quienes consideramos que las sociedades necesitan pensar en desarrollo como un conjunto mucho más grande que crecimiento.

En América Latina y el Caribe, tanto el crecimiento como el desarrollo han sido elementos que preocupan a los gobiernos desde siempre, sin que esta preocupación haya implicado una solución; sin embargo, en esta búsqueda han logrado la adaptación de recetas que guíen a la sociedad a mejores estándares de vida (como una de las recetas mejor vendidas a esta región está el modelo industrial, una justificación lógica y teórica para que los países puedan establecer un sector fuerte y robusto industrial para su desarrollo), que han venido desde la cuna del capitalismo que ha buscado incesantemente usar la región para su beneficio. Esto se explica a través del enunciado de la teoría del subdesarrollo de André Gunder, quien afirma que el desarrollo del centro precisa el subdesarrollo de la periferia, nada más cercano a los hechos que han envuelto la relación histórica entre Latinoamérica y los Estados Unidos.

Para Bolivia la identificación de estos dos conceptos (crecimiento y desarrollo) y su diferenciación fueron aclarados intensamente en la aplicación del modelo económico social comunitario productivo implementado desde 2006. En el sentido puro del modelo entendimos que se debía mejorar nuestros niveles de calidad de vida alcanzando tasas de crecimiento aceptables, interpretado como el incremento del PIB; pero comprendimos también que nuestras diferencias entre clases sociales y los niveles de pobreza tenían que ser atacados con un gobierno que propugne la igualdad y la equidad, con un discurso político y desde la implementación de medidas de corte eminentemente social con base en la redistribución de la riqueza y la utilización de un fuerte componente del presupuesto del Estado en mecanismos que busquen sacar a millones de personas de los umbrales de pobreza.

Es así como los bolivianos enfrentamos esta nueva fase pospandemia, con el repunte de nuestros indicadores económicos y la decisión tomada de hacerlo con justicia social e igualdad entre nosotros.

Mike Gemio es economista.

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POA, instrumento de gestión o costumbre

/ 7 de septiembre de 2021 / 01:38

La primera semana de septiembre, y en el caso de las más previsoras las últimas semanas de agosto, las instituciones públicas en todo el país vuelcan esfuerzos en poder elaborar la programación operativa anual para el siguiente año. Este proceso trata de cuantificar, proyectar, programar y sobre todo costear las actividades que serán realizadas por estos aparatos en aras de poder materializar un mandato social y político, canalizando esfuerzos en la búsqueda de mejorar los niveles de satisfacción de los clientes, beneficiarios y/o usuarios.

En lo estrictamente teórico, aparecen conceptos útiles en esta construcción de planificación de corto, mediano y largo plazo, como el triángulo de Moore, que establece la necesidad de construir valor público a través de herramientas y orientaciones para la gestión política, programática y organizacional de las administraciones públicas. Por otro lado, existen conceptos más amplios como la Nueva Gerencia Pública, que pone a los servidores públicos como gestores de un servicio prestado y que debe ser entregado a las personas, quienes esperan que este pueda cumplir con parámetros de cantidad, calidad y oportunidad.

El día a día de los aparatos públicos y la vehemente reactividad que los envuelve los ha convertido en sagaces leones listos para devorar la presa o veloces gacelas preparadas para huir de la responsabilidad, esto dicho de una manera coloquial, ya que en muchos casos el ejercicio que debería extremar esfuerzos para que la siguiente gestión contenga parámetros que optimicen los recursos se convierte para muchos en una copia del año pasado con pocas variaciones y haciendo que lo último que se busque sea la innovación en la prestación de los servicios institucionales.

Para Bolivia, la Ley 777 establece el Sistema Nacional de Planificación, la conceptualización de tipologías de planes según el territorio al cual va a ser aplicado, la necesidad de la sectorialidad y acciones multisectoriales desde una perspectiva integral, esto a su vez ha dejado buenas bases para la parte estratégica y de generación de políticas públicas; sin embargo, aún en lo operativo y lo presupuestal se pueden construir más instrumentos metodológicos que ayuden a las diferentes unidades de planificación a reconstruir planificación cada año, volviendo a este proceso una oportunidad de mejorar procesos y procedimientos de orden administrativo como sustantivo.

Por otro lado, la implementación de plataformas informáticas en muchas instituciones les ha dado una ventaja comparativa respecto a las otras, ya que esto simplifica el proceso tedioso de agregación y consolidación, dando espacio al análisis y la reflexión sobre la importancia de las acciones operativas y su transcendencia en lo político, la mirada al usuario de los servicios prestados y los niveles de satisfacción que se genera; en definitiva, una catarsis anual que sacuda la comodidad y conformismo, permitiendo a ejecutivos recalibrar decisiones y plantear nuevos desafíos.

Las estructuras públicas materializan las decisiones de un gobierno tomando en cuenta todo el entramado de normativas vigentes, que desde ya para muchos resultan laberintos sin salida, consiguen que estas instructivas sean una realidad, ahí el concepto del servidor público técnico deja de ser una categoría distinta a la de político, es decir, separar lo político de lo técnico se hace una falacia en administración pública, son definitivamente complementarios y deben convertirse en un ciclo de retroalimentación constante, cuasi sinergia, que debe empalmar decisiones y análisis político con operativa, presupuesto y normativa.

Lo planteado en las líneas precedentes resulta ser una propuesta que muchos equipos de planificación dentro del Estado ya vienen ejecutando, con resultados muy interesantes, convirtiéndose en verdaderos ejemplos de gestión por y para resultados, y consolidando un modelo listo para imprevistos, pero también con líneas de trabajo que son evaluadas constantemente a través de la construcción de indicadores medibles y con data que verifica su avance o desviación. Estos mecanismos institucionales han sido elaborados en base a la materialización de la experiencia de sus miembros, lejos de algunos que desde afuera opinan y recurren hasta la creación de conceptos como rebotes estadísticos o nueva nomenclatura en contabilidad nacional.

Mike Gemio es economista.

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