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jueves 23 jun 2022 | Actualizado a 23:19

Renta Dignidad, un beneficio garantizado

/ 26 de mayo de 2022 / 01:19

En el devenir de la vida, las personas permanentemente tienen que tomar decisiones en diferentes escenarios de certidumbre e incertidumbre, una de las cuales está relacionada con el ciclo de vida de cada una de ellas; la vejez forma parte ineludible de ella, un proceso fisiológico en el que se producen cambios físicos, psicológicos y sociales que impiden paulatinamente la generación de recursos económicos, que dificultan solventar las necesidades básicas.

El Estado boliviano garantiza los derechos de las personas adultas mayores a una vejez digna, con calidad y calidez humana, proporcionando la Renta Dignidad, precautelando los recursos necesarios para efectuar el correspondiente pago, en observancia al ordenamiento jurídico emanado por el marco constitutivo y normativas conexas.

La Renta Dignidad es un pago mensual y de carácter universal que provee el Estado Plurinacional de Bolivia a las personas de 60 o más años de edad, residentes en el país, con el objeto de que cuenten con una vejez digna. Desde su creación, en 2007, los beneficiarios alcanzaron a 752.338 personas, a su vez, para diciembre de 2021 el número total alcanzó a 1.140.882, en tanto que en abril de 2022 la cantidad de personas que se beneficiaron fue de 1.053.197. Por otra parte, los montos pagados por dicho beneficio se incrementaron de Bs 1.616 millones en 2008 a Bs 4.743 millones en 2021, siendo que en abril de 2022 este monto alcanzó a Bs 928 millones.

Como se puede evidenciar, la cantidad de beneficiarios se fue incrementando, así como el monto pagado en el lapso de 14 años, denotando una tasa de crecimiento que está alrededor del 52% con relación al número de beneficiarios y 194% referida a los montos pagados. Esta diferencia se debe, entre otros aspectos, a que la población adulta mayor aumenta debido a las mejores condiciones de vida que suben la esperanza de vida de las personas al nacer; al mismo tiempo, se destaca que la Renta Dignidad se incrementó, desde su creación en 2007 a la fecha, en 90% para los rentistas y 117% para los no rentistas.

Es importante mencionar que el Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV) cuenta con los recursos necesarios para pagar la Renta Dignidad, con fuentes de financiamiento establecidas en la Ley 3791 de 28 de noviembre de 2007 y el Decreto Supremo 29400 de 29 de diciembre de 2007, en las que se establece que el 30% de todos los recursos percibidos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (de gobiernos departamentales, municipales, Fondo Indígena y Tesoro General de la Nación) y los dividendos de las empresas públicas capitalizadas/nacionalizadas se destine al mencionado fondo.

Por otra parte, la emisión del Decreto Supremo 4716, de 11 de mayo de 2022, no se constituye en un mecanismo de financiamiento directo para el Fondo de Renta Universal de Vejez, tiene por objeto “coadyuvar al financiamiento” de dicho fondo con recursos de las utilidades que genere la Gestora, que “podrán” ser transferidos al Fondo Solidario y/o al Fondo de la Renta Universal de Vejez; en tal sentido, no se determina la obligatoriedad de transferir recursos al FRUV. Por lo establecido precedentemente, las fuentes de financiamiento para el pago del referido fondo cuentan con el respectivo marco normativo que garantiza su pago.

Finalmente, cabe mencionar que la realidad económica que atraviesa nuestro país, en pleno proceso de reactivación económica con medidas que están siendo adoptadas a través de políticas públicas enmarcadas en el modelo económico social comunitario productivo, reconocido por instituciones extranjeras como Economist Intelligence Unit y otros organismos internacionales, que destacan la fortaleza del modelo aplicado en Bolivia, garantizan el cumplimiento de las obligaciones del Estado.

La Renta Dignidad es parte de las medidas adoptadas al amparo del exitoso modelo económico boliviano, constituyéndose en un beneficio que ha generado un impacto positivo en los adultos mayores. La vejez es una etapa de la vida a la cual en algún momento todos llegaremos y con seguridad, para la mayoría de la población, estos recursos serán importantes para tener una vejez digna.

Gustavo Gómez es economista.

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Economía sin fábulas

/ 9 de junio de 2022 / 01:32

Es importante recordar que en años pasados el modelo económico social comunitario productivo nos brindó resultados satisfactorios en materia de crecimiento y desarrollo, siendo líderes de la región por varias gestiones consecutivas y reduciendo los niveles de pobreza extrema, pese a las vicisitudes del contexto internacional, entre otros aspectos.

Los resultados de la aplicación del citado modelo, “hecho en Bolivia”, no solamente son consecuencia de los precios internacionales, como se quiere hacer notar por parte de algunos analistas, son principalmente el resultado de las medidas adoptadas al amparo del exitoso modelo económico boliviano, cuyos resultados se vuelven a evidenciar durante la presente gestión, después del irresponsable manejo de la economía por parte del gobierno de transición.

La inversión pública se incrementó en 25% con relación a la gestión 2021, llegando a $us 5.015 millones para 2022, recursos destinados a fortalecer el crecimiento económico y la industrialización, cuya fuente de financiamiento proviene de recursos internos y externos.

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) se incrementaron en aproximadamente $us 300 millones en el último trimestre de la presente gestión. producto del superávit comercial, el flujo de remesas recibidas y las inversiones extranjeras directas. Al 24 de mayo de 2022, el nivel de las reservas internacionales alcanza a $us 4.686 millones, representando meses de importación y cobertura de la deuda externa de corto plazo, siendo que se cuenta con los recursos necesarios para cubrir las obligaciones del Estado.

El saldo comercial registró un superávit de $us 468 millones a marzo de la presente gestión, mayor al registrado a similar periodo de 2021, en el cual se alcanzó un superávit de $us 353 millones.

En tal sentido, las exportaciones alcanzaron a $us 3.068 millones en marzo de 2022, monto mayor en $us 725 millones registrado en el mismo periodo de la gestión 2021, cuando llegó a $us 2.343 millones.

Las medidas también apuntan a potenciar el apoyo a la sustitución de importaciones mediante el Fideicomiso para la Reactivación y Desarrollo de la Industria Nacional (Firedin) que al 27 de mayo de 2022 colocó Bs 1.041 millones, beneficiando principalmente a pequeños productores y representando el 82,5% del monto total que alcanza a Bs 1.261 millones, fortaleciendo de esta manera la producción nacional, y a su vez, prosiguiendo con el impulso a las políticas sociales para sectores como salud, educación y vivienda, entre otros.

Pese a las señales claras del manejo responsable de la economía, existen analistas que emiten pronósticos desde 2006, como el tema del “piloto automático” anunciando que la economía se conducía por sí misma gracias al modelo neoliberal implementado desde 1985, pero que con el tiempo nos llevaría a una crisis económica sin precedentes; los efectos devastadores de la “crisis financiera” para la economía boliviana, debido al presunto mal manejo económico, que nos sumiría en una recesión y el fracaso del modelo boliviano; la teoría del “efecto rebote” con una panacea automática que no depende de ninguna medida económica y que solo actúa por inercia. Los mencionados ejemplos de pronósticos errados son parte de posiciones ortodoxas que no reflejan la realidad de la economía boliviana.

El Estado Plurinacional de Bolivia está en pleno proceso de reactivación económica a través de políticas públicas enmarcadas en el modelo económico social comunitario productivo, reconocido por instituciones extranjeras como The Economist Intelligence Unit y otros organismos internacionales, que destacan la fortaleza del modelo aplicado en Bolivia, lo cual permite avizorar con optimismo el crecimiento y desarrollo nacional.

Las cifras y medidas, mencionadas precedentemente, son el resultado del manejo responsable de la economía y definitivamente no se trata de un cuento ni una fábula.

Gustavo Gómez es economista.

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Sustituir importaciones en el siglo XXI

/ 18 de abril de 2022 / 01:30

La Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (Cepal), después del final de la Segunda Guerra Mundial, impulsó la implementación del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) en la región, bajo el influjo de la corriente neoclásica de intervención estatal, considerando la necesidad de fortalecer las economías capitalistas atrasadas con una visión de producción interna.

La implementación del modelo ISI dejó resultados inconclusos, por lo que es necesario realizar un análisis de algunos elementos del mismo hasta la aplicación de las medidas contempladas en el Consenso de Washington; asimismo, analizar elementos que permiten viabilizan su implementación en el actual contexto como parte del modelo de planificación del desarrollo.

Bolivia y los países latinoamericanos no terminaban de salir del modelo primario-exportador, implementado entre los siglos XIX y XX, que convirtió a la región en un proveedor de bienes primarios, mientras que los países industrializados tenían la labor de producir bienes industrializados, relación que fue generando un deterioro en los términos de intercambio por el contraste en la estructura productiva de los países de la “periferia”, especializada y heterogénea con baja elasticidad- ingreso, en contraste con la de los países del “centro”, diversificada y homogénea con alta elasticidad-ingreso, generando de esta manera una relación asimétrica de dependencia, la cual acentuó la desigualdad entre los países de la “periferia y centro”.

El modelo ISI se concibió como un proceso de etapas sucesivas que suponía, en una primera etapa, consolidar la industrialización de bienes no duraderos, productos fáciles de sustituir. En una segunda etapa, se producirían bienes duraderos y de capital, con el desafío de que estos últimos tengan la capacidad de competir en calidad respecto a los productos extranjeros.

El proceso de sustitución de importaciones tuvo un desarrollo incompleto el pasado siglo, debido a diversos factores, entre los cuales, figuraba el tamaño de los mercados nacionales y de la región, con excepciones de México y Brasil; por otra parte, una industria con altos y poco competitivos costos, sin innovación, con estructuras de mercado prematuramente concentradas y oligopólicas, acompañadas por una ligera política proteccionista, generando de esta manera una industrialización “trunca” del país y la mayor parte de la región.

La implementación de este modelo se fue diluyendo a finales de los años 70, profundizado por la “crisis de la deuda” que azotó a Bolivia y a la región en los años 80, década en la cual se generó y aplicó el conjunto de medidas que contenía el Consenso de Washington, estableciéndose el modelo neoliberal que contemplaba la apertura de la economía al comercio internacional y sus procesos de restructuración que derivaron en la privatización de las empresas del Estado.

En el siglo XXI, muchos de los países del “centro” continúan con la aplicación de medidas de protección a sectores que consideran estratégicos, que, sumados a las restricciones generadas por las medidas paraarancelarias, obstaculizan el teórico libre comercio. Por su parte, la pandemia ha profundizado las restricciones con la implementación de mecanismos de protección sanitaria, que han incrementado los obstáculos al libre intercambio comercial entre los países.

En este escenario, en nuestro país se están aplicando medidas que posibilitan el fortalecimiento de la potencial producción en sectores estratégicos, que sustituya los productos importados en una primera etapa; a su vez, se están identificando productos y servicios en los cuales se cuente con ventajas comparativas y, posteriormente, en los que se tenga ventajas competitivas para lograr un país industrializado en el largo plazo.

La demanda interna, motor principal de la economía nacional, generada por el modelo económico social comunitario productivo, se ha incrementado en cuanto a su cantidad con relación al pasado siglo, casi ha cuadruplicado su población, siendo que la principal mejora se produjo en la capacidad adquisitiva de la población boliviana, en un contexto de reconstrucción de la economía nacional acompañada de la estabilidad económica.

En el presente siglo, el enfoque de retomar la implementación del modelo ISI supone la profundización del modelo de desarrollo económico social comunitario productivo, tomando en cuenta los resabios de la industrialización “trunca” que nos dejó el pasado, pero al mismo tiempo, visualizando la construcción de un renovado proceso de industrialización de la economía nacional que prioriza el mercado interno.

Gustavo Gómez es economista.

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Fondo gremial

/ 25 de marzo de 2022 / 02:20

Con la aprobación del Reglamento del Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Gremial (Fogagre), mediante la Resolución Ministerial 43, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se establece la creación, el funcionamiento y la administración del citado fondo.

La constitución del Fogagre responde a la necesidad de un sector que aglutina a una parte importante de la población que se dedica a esta actividad: trabajadores gremiales, comerciantes minoristas, vivanderos y trabajadores por cuenta propia de Bolivia, que podrán ser beneficiados mediante la otorgación de un porcentaje de la garantía en una operación crediticia, facilitando de esta manera el acceso a los créditos.

Entre los requisitos exigidos por parte de las entidades financieras para el acceso a un crédito están las garantías que deben presentar los solicitantes, situación que limita el acceso al financiamiento. En tal sentido, el Fogagre otorgará una garantía de hasta el 50% de la operación de crédito a requerimiento de las entidades de intermediación financiera, ya sea para financiar capital de operaciones (materias primas) o capital de inversión (equipamiento).

El mencionado fondo otorgará las respectivas garantías a simple requerimiento de la entidad financiera en el plazo de dos días, siendo que para ello la entidad tiene que presentar la nota de solicitud de garantía en la que se especifique el monto, el porcentaje de la cobertura y demás términos y condiciones de la operación crediticia; asimismo, copia de la resolución de aprobación del crédito o documento equivalente, y copia del informe de evaluación de riesgo crediticio sin objeciones.

La garantía otorgada por el Fogagre no tendrá ningún costo para el prestatario y el plazo de vigencia será hasta el momento en que el crédito sea amortizado en la proporción cubierta por la garantía del citado fondo, siendo que a partir de ese momento la garantía cesará de manera automática.

Es importante mencionar que los recursos destinados para el Fogagre fueron establecidos mediante el Decreto Supremo 4666, con el cual se determinó que los bancos múltiples y bancos pymes destinen el 6% de sus utilidades netas de la gestión 2021 para la función social de los servicios financieros, en el marco de la Ley 393 de servicios financieros. Dichos recursos alcanzan a $us 10,23 millones, que representan el 4,8% de las citadas utilidades (el restante 1,2% está destinado para el Fondo de Garantía de Créditos de Vivienda de Interés Social-Fogavisp).

Cabe aclarar que es atribución de las entidades financieras efectuar la respectiva evaluación de la capacidad de pago del solicitante de un crédito, previo a la aprobación, en cumplimiento a lo establecido en el procedimiento interno de cada entidad, situación que se constituye en una forma de precautelar la devolución de los recursos otorgados, reduciendo de esta manera el riesgo de incumplimiento por parte del beneficiario.

Recordemos que, en términos conceptuales, la intermediación financiera es una operación de captación y colocación de recursos de la misma población, por lo que se hace necesaria su restitución, considerando que las entidades financieras pagan a los depositantes una tasa de interés pasiva y cobran a los prestatarios una tasa de interés activa.

La reconstrucción de la economía boliviana requiere de la participación y la inclusión de todos los agentes económicos del país, en este caso del sector gremial, para la generación de sinergias sectoriales que permitan la continuidad de la reactivación económica en un plazo breve, brindando de esta manera oportunidades a hombres y mujeres gremialistas para que puedan fortalecer y expandir sus emprendimientos.

Gustavo Gómez es economista.

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Consolidando la reactivación

/ 10 de enero de 2022 / 02:10

Los pronósticos de la economía mundial anuncian un año de lenta recuperación con relación al observado en 2021, debido a la pandemia y la reducción del apoyo público. En el caso de Bolivia, el Banco Mundial pronostica un crecimiento de 3,5% para este 2022 y el Fondo Monetario Internacional de 4%, mientras el Gobierno proyecta un crecimiento de la economía de 5,1%, un tanto optimista con relación a los pronósticos efectuados por los mencionados organismos internacionales.

Existen factores que condicen la proyección del crecimiento de la economía boliviana, siendo el elemento central la consolidación de la reactivación económica, aspecto que está asociado a diferentes factores; como la gestión de la pandemia, en la cual se debe considerar la aparición de la variante Ómicron del COVID-19 y el incremento de los casos de contagio de la mencionada variante, situación que nos ha recordado la vigencia de la incertidumbre en torno a este virus. Ante esta adversidad, se están asumiendo medidas para contrarrestar los efectos de la pandemia, como la vacunación de la población desde los cinco años de edad; asimismo, se prevé la llegada de millones de vacunas para tratar de inmunizar al total de la población; sin embargo, algunas personas no aceptan la vacuna por diversas razones, por lo que se están adoptando diferentes medidas para tratar de persuadirlas a vacunarse, limitando su acceso a diferentes espacios donde se concentran multitudes.

Por su parte, con relación a la política fiscal expansiva diseñada para apoyar a la economía en el corto plazo, como respuesta a la pandemia y procurando la reactivación de la economía, se continuará dinamizando con la inyección de recursos económicos previstos principalmente en el Plan de Desarrollo Económico y Social de Bolivia 2021-2025, denominado “Reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones”, que prevé una inversión de $us 33.197 millones, apuntando a la industrialización del país, la sustitución de importaciones y la reducción de la pobreza; estas medidas apuntan también a la consolidación de la recuperación de la economía en el corto plazo.

Otro aspecto, no menor, es el comportamiento económico de los principales socios comerciales y estratégicos regionales de Bolivia; en tal sentido, la recuperación de la economía brasileña y argentina, de las cuales el Banco Mundial prevé un crecimiento de 2,5% y 1,7%, respectivamente, es un elemento que hay que considerar por los lazos económicos que nos vinculan, pese a que sus proyecciones son menores a las previstas para nuestro país. En materia comercial, es importante resaltar que Bolivia, a noviembre de 2021, alcanzó un superávit de balanza comercial con un saldo acumulado de $us 1.729 millones, pese a la fuerte inversión de recursos realizada para la importación de vacunas, aspecto importante en la generación de divisas para nuestro país en un escenario de restricción del comercio internacional.

Otra medida a considerar representa el impacto que está generando el Fideicomiso para la Reactivación y Desarrollo de la Industria Nacional (Firedin), que cuenta con Bs 1.261,1 millones, de los cuales, a diciembre de 2021, se colocó el 51,8% para capital de operaciones y de inversión para sustituir importaciones, que sumadas con otras medidas de carácter crediticio completan las medidas para la recuperación de la economía.

Pese a estas señales claras del manejo responsable de la economía, hay algunos pronósticos que se vienen dando desde 2006, como el tema del “piloto automático” anunciando que la economía se conducía por sí misma gracias al modelo neoliberal estructurado desde 1985, pero que el mismo tenía un límite que nos llevaría a una crisis económica sin precedentes; el presagio de los efectos devastadores de la “crisis financiera” para la economía boliviana debido al presunto mal manejo de la economía, que nos llevaría a sumirnos en la recesión y el fracaso del modelo económico social comunitario productivo; la teoría del “efecto rebote” con una panacea automática que no depende de ninguna medida económica y que solo actúa por inercia, son algunos ejemplos de pronósticos pesimistas atrincherados en ideales ortodoxos y que distan de la realidad observada de la economía boliviana.

Es importante recordar que en años pasados la economía, con su modelo “hecho en Bolivia”, nos brindó resultados satisfactorios en materia de crecimiento, siendo líderes de la región por varias gestiones consecutivas pese a las adversidades, por lo cual este año no debería ser de diferente manera, debido a las señales claras que muestran las medidas adoptadas. En suma, debemos ser optimistas y no críticos pesimistas.

Gustavo Gómez es economista.

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De Platón a la democracia participativa

/ 10 de diciembre de 2021 / 02:28

De acuerdo con las formas de gobierno que plantea Platón en su obra La República, la Democracia es considerada como el gobierno de la mayoría de la población, entendida como el proceso por el cual dicha población define cómo dirigir el Estado adoptando su plena libertad de acción y decisión. Afirmación que aún después de casi 24 siglos atrás queda como un ícono conceptual y filosófico en cuanto a la representación de la democracia.

Otra de las formas de gobierno, que describe Platón en la mencionada obra, es la Oligarquía, entendida como el gobierno de las clases más adineradas que son minoritarias de la población, siendo que las familias privilegiadas económicamente asumen el poder. A su vez, define a la Tiranía como una forma de gobierno en la que el poder es detentado por una sola persona de manera despótica, siendo un régimen en el que no existen las libertades.

En la segunda parte del siglo XX, en Bolivia existieron diferentes gobiernos que representaban a una clase social privilegiada, muchos de ellos parte de las Fuerzas Armadas, con quienes conformaban alianzas políticas de beneficio mutuo, individual y sectorial, sometiendo de esta manera a la mayoría de la población, una etapa oscura de la historia boliviana plagada de gobiernos oligárquicos y tiránicos que obligaban a la población a la sumisión en cuanto a las decisiones de los que ostentaban el poder con el apoyo y consecuente alineamiento internacional.

Después de intentos esporádicos por implementar un gobierno democrático, se desarrollaron las elecciones de 1980, en las cuales consiguió la victoria Hernán Siles Zuazo, con 38,74% de los votos, lo cual representaba la mayoría relativa de la votación con relación a los otros candidatos, aspecto que a través del Congreso Nacional le permitiría llegar a la presidencia en agosto del mismo año. Sin embargo, se perpetró el golpe de Estado efectuado por Luis García Meza en julio de 1980, frustrando de esta manera los deseos democráticos de la mayoría de la población expresados en las urnas.

El gobierno tiránico instruía a la población “andar con el testamento bajo el brazo”, debido a la persecución, ejecución o confinamiento a las personas que enarbolaban y expresaban sus ideales de libertad en democracia. Como resultado, se establecieron limitaciones a la libre expresión y restricciones a la circulación de las personas en horarios predeterminados, siendo que la contravención representaba la utilización de la fuerza como mecanismo de sumisión.

Tras un periodo de varios gobiernos militares, en octubre de 1982 se cerró esta etapa plagada de crímenes contra la población mayoritaria y vulnerable, con el ascenso a la presidencia por parte de Hernán Siles Zuazo, ganador de las elecciones de 1980, estableciéndose un gobierno democráticamente electo, retomando la libertad de expresión y de acción, libertades plenas de derecho para toda la población.

Pasaron décadas para que el ejercicio de la democracia evolucione en cuanto a su legitimidad y como forma de gobierno, pasando de una “democracia representativa”, en la que el poder político proviene del pueblo pero no es ejercido por él sino por sus representantes elegidos por medio del voto, a una “democracia participativa”, en la que se incluye la participación activa de la población en los aspectos deliberativos y decisionales de la gestión pública, muestra clara de la madurez democrática del pueblo boliviano.

En noviembre de 2019, después de unas controvertidas elecciones y la violencia desatada por parte de diferentes grupos minoritarios que transgredieron al gobierno elegido democráticamente, se posibilitó la accidentada llegada del gobierno transitorio, que no representaba a la mayoría de la población, por el contrario, era parte de una minoría, que desde el punto de vista platónico representaba a la oligarquía.

A más de un año de las elecciones generales en nuestro país, que dieron la victoria a Luis Arce Catacora con el 55,14% de los votos, se estableció un gobierno de la mayoría de la población, en concordancia con la conceptualización platónica sobre lo que se entiende por democracia, un concepto que, si bien evolucionó a lo largo del tiempo, mantiene su esencia de representar a la mayoría de los habitantes de un país.

Gustavo Gómez es economista.

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