En defensa de las empresas estatales
La rendición pública de cuentas es una instancia donde se anuncia la proyección de las acciones y los resultados del trabajo en una gestión. La semana pasada se dio a conocer el informe de inicio de gestión del sector minero, que consta del informe mismo y de las aclaraciones a la prensa.
El informe no tiene nada trascendente. Se sigue manteniendo la modorra de gestiones pasadas, no hay nada que nos diga que el sector minero está en emergencia, no por la crisis, sino por el auge de precios de los minerales. Esta emergencia debe llevar a acelerar los proyectos, captar nuevas tecnologías, aumentar la producción para dar réditos al pueblo boliviano.
En el caso de las empresas productivas del Estado: Huanuni, Colquiri, Corocoro, Vinto y Karachipampa, los niveles de producción están estancados, situación que no se explica a pesar de las inversiones realizadas con el fin de mejorar los rendimientos y aumentar la producción. ¿Qué explicación se nos da? El silencio subliminal nos induce a pensar que el Estado es un mal administrador. Esta deducción se confirma con las aseveraciones dadas a la prensa por el presidente de la Comibol, quien afirma que la empresa está dispuesta a negociar términos nuevos con la empresa privada para la explotación de sus yacimientos, ya que le parece “negativa” la relación 55-45 en favor del Estado. Esto explica por qué la mayor inversión se dé en exploraciones, para luego subastarlas y no para que la empresa estatal explote.
La nacionalización es producto de la conciencia del pueblo boliviano que dijo basta al saqueo. Patiño pagaba 3% de valor bruto del mineral que extraía, Sánchez de Lozada hasta 8%. Con eso hicieron grandes fortunas mientras el pueblo recibía migajas; éste derrotó a la oligarquía minera para que sus empresas estatales produzcan y sean los bolivianos los que se beneficien. Estos objetivos están remarcados en la Constitución del Estado Plurinacional, “ingresos equitativos” en el caso de la explotación de recursos naturales, “reinversión de las utilidades” para la industrialización, participación mayoritaria en el caso de los hidrocarburos y la Ley Minera (535) establece el contrato de asociación con una participación para la Comibol de 55% de la utilidad.
La apertura a la ley minera con la Ley 845 señala que la Comibol puede hacer contratos de operación minera fijando una participación sobre el monto de la producción bruta; sin embargo, esta apertura no dio los resultados esperados y hasta la fecha solo se han firmado dos, los que no han llegado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, aunque ya están operando. ¿Cuál la razón? Simplemente no son aceptados por el cuerpo colegiado del Gobierno, pues se fija una participación menor al de los tiempos neoliberales.
La creación de las empresas estatales busca que éstas sean productivas, no administradoras de contratos: es la única manera que Bolivia aumente su capacidad productiva, creando recursos humanos para que desarrollen y potencien el país. Colquiri demostró que la Comibol recibió $us 20 millones de utilidad el primer año de revertido, antes recibía 5 millones. Es fácil ser un martillero de remate y esperar apoltronado las migajas del banquete.
Los contratos de asociación se hicieron necesarios como herencia del neoliberalismo; consisten en que el Estado pone el yacimiento y la empresa, el capital. Una vez cuantificados los costos de operación e impuestos, el saldo es la utilidad, con una participación mayoritaria para el Estado. El contrato requiere que el Estado esté dispuesto a llevar a cabo planificación, seguimiento, control de las inversiones prometidas y garantice los beneficios esperados.
El único contrato de asociación firmado por la Comibol fue con Illapa, hasta hace poco subsidiara de Glencore. Cabe algunos interrogantes al respecto. ¿Por qué la adenda modificatoria al contrato no fue remitida a la Asamblea Legislativa, que lo aprobó con ley? ¿Puede la Comibol tener certeza que la inversión comprometida de $us 100 millones se haya ejecutado? ¿Estas inversiones han dado como resultado un aumento en la producción y las utilidades? Además, ¿la Comibol ha autorizado la venta de las acciones de Glencore a la empresa Santa Cruz?
En cuanto a las fundiciones de zinc, no hay mención. Se ha hablado mucho sobre su importancia, como paso previo a la industrialización de los metales. Las actas firmadas entre el Gobierno y la COB establecen la construcción de dos plantas de zinc en Oruro y Potosí, a cargo de la Metalúrgica Vinto y otra en La Paz, a cargo de la Comibol.
El pueblo boliviano está construyendo la Bolivia plurinacional, exige a los funcionarios públicos defender el patrimonio nacional con soberanía.
José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.