El Ejecutivo remitió a la Asamblea el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2024, a objeto de que, en el marco de la Constitución, sea revisado y aprobado en un plazo de 60 días. En este contexto, los asambleístas, dejando de lado sus diferencias políticas, tienen la responsabilidad de dar certidumbre e informar a la población acerca de la continuidad de las políticas económicas que han contribuido a mantener la estabilidad económica. Esto se traduce en programas y proyectos de desarrollo sostenido para 2024.

Es imperativo recordar que el PGE constituye el instrumento más significativo de la política fiscal gubernamental, siendo la planificación a corto plazo el nexo con el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), con especial énfasis en la sustitución de importaciones.

El PGE 2024 es el medio con el cual el Modelo Económico Social Comunitario Productivo llega a efectivizarse, a través de las políticas de sustitución de importaciones e industrialización de recursos naturales, para  dar continuidad a las políticas de redistribución del ingreso, beneficios sociales (bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy, Renta Dignidad, entre otros), con pensiones (Bono Económico al Magisterio, Seguro Social Militar, entre otros), asegurando la sostenibilidad de las finanzas públicas y garantizando recursos para la salud y educación.

Con solo tres semanas restantes para la conclusión de 2023, la Asamblea debe aprobar el PGE en tiempos oportunos para el país. Es esencial recordar lo ocurrido con el reformulado del PGE 2023, que experimentó más de 50 días de debate y retrasó su aprobación, afectando principalmente a las entidades territoriales autónomas, universidades e instituciones del nivel central, perjudicando la conclusión de programas y proyectos de inversión a nivel nacional.

La Asamblea no puede repetir el mismo patrón, al contrario, debería facilitar la gestión planificada en el PGE 2024. Es notable observar la situación en América Latina, donde algunos órganos legislativos obstaculizan las acciones del Ejecutivo, como en Chile y Perú.

En Chile, su Congreso rechazó la reforma tributaria del presidente Boric, quien señaló: “Cuando el país comienza a mostrar señales de recuperación, empezamos a salir adelante de una crisis larga, hay un sector que intenta que las cosas no cambien, dejarlas tal y como están (…). Parece que el objetivo de alguno es golpear al gobierno e impedir los cambios, pero no es al gobierno a quien golpean, sino a los chilenos y chilenas». En Perú, el Congreso bloqueó el debate sobre el adelanto de elecciones presidenciales.

Aparte, Argentina enfrentará cambios con la posesión de Javier Milei como presidente desde mañana, con sus promesas de cambios tan grandes como titánicos problemas que atraviesa el país, pero estos cambios deberán ser apoyados por una mayoría de dos tercios en cada cámara legislativa, subrayando la necesidad de un amplio consenso para materializar los cambios propuestos por Milei, como ser la dolarización y el cierre del Banco Central.

Estos tres ejemplos resaltan la importancia de los asambleístas al momento de agilizar y aprobar propuestas de normas que beneficien a la ciudadanía o perjudiquen la gestión de un presidente electo, como ocurrió con el reformulado al PGE 2023.

En resumen, es crucial que los asambleístas, elegidos por el voto popular, dejen de lado sus afiliaciones políticas y trabajen en beneficio de la ciudadanía. La aprobación del PGE 2024 es un claro indicador de su compromiso con el país y su desarrollo, buscando fortalecer la industrialización con una distribución equitativa de los recursos en los tres niveles de gobierno (municipal, departamental y central), en favor de bolivianas y bolivianos, en el marco del PDES.

Edson Surco
es licenciado en Administración de Empresa y Contaduría Pública.

Esta semana me propuse leer los artículos de prensa de un analista económico, con el objetivo de comprender su perspectiva sobre la nueva derecha y su enfoque del modelo liberal, así también la propuesta del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Ambos enfoques abogan por una «Reforma de la Constitución-Constitución para Todos». Estas ideologías parten desde privatizar y capitalizar el aparato estatal, colocando al sector privado como el motor de la economía. Sin embargo, estas propuestas en el pasado han sumido a Bolivia en la miseria económica, política y social, con una dependencia hacia los Estados Unidos.

En un sentido común resulta llamativo que el citado analista económico y el expresidente tengan opiniones similares sobre la configuración ideal del aparato estatal. Esto podría interpretarse como una coincidencia o como un intento de personas que buscan perjudicar al Gobierno elegido democráticamente y recuperar sus privilegios en contra de los intereses de la mayoría de los bolivianos.

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Los artículos del analista económico se enfocan en ideas liberales en materia económica, donde se defiende la importancia de la propiedad privada, la libre competencia y eliminar la intervención estatal en la economía. Esto incluye la posibilidad de privatizar ciertos sectores y empresas estatales.

Durante el primer gobierno del expresidente en los años 90, se implementó un proceso de privatización a través de la modalidad de capitalización. A diferencia de la privatización convencional, con la capitalización de las empresas públicas, los privados recibieron el 50% de las acciones y la administración con el compromiso de generar mayor inversión y transferencia de tecnología del exterior en las empresas capitalizadas, el otro 50% de las acciones pasó al Fondo de Capitalización Colectiva (FCC), gestionada por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Franz Xavier Barrios Suvelza, en su obra De las privatizaciones a la recuperación del Estado, señala que los defensores de la política de privatización argumentaban que era una estrategia inteligente para atraer capital, mientras que sus críticos la consideraban una entrega irresponsable.

El argentino Pino Solana, autor del documental Memoria del Saqueo, describe la transferencia de varias empresas de su país a capitales transnacionales durante la presidencia de Carlos Saúl Menem en la década de los 90. Menem era amigo de Jaime Paz Zamora, Jorge Tuto Quiroga y Gonzalo Sánchez de Lozada.

Considerando el pasado del expresidente en la historia de Bolivia, no es sorprendente pensar que su propuesta de constitución pueda buscar favorecer a los capitales privados, en perjuicio del Estado. Por ejemplo, el artículo 133 de su propuesta pretende volver a una economía neoliberal, y el numeral 1 del artículo 137 excluye la participación del Estado en la administración de los recursos naturales, permitiendo que el sector privado tenga el control exclusivo de dichos recursos, estas prácticas podrían ir en deterioro de la colectividad de los bolivianos.

¿Y en la actualidad, cuál es el papel del Estado?

El Estado es el articulador de la economía y garantiza los servicios públicos como la educación y la salud, se encarga de disminuir la desigualdad que existe entre clases sociales. Además, el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) que implementa el Estado Plurinacional contribuye a la disminución de la pobreza y la desigualdad en Bolivia.

Algunos ejemplos de las políticas implementadas que han tenido un impacto positivo en la reducción de la desigualdad son:

Redistribución de ingresos: La Renta Dignidad, que beneficia a las personas de la tercera edad y con discapacidad.

Educación: El Bono Juancito Pinto, que otorga incentivos económicos a estudiantes de primaria y secundaria que asisten regularmente a la escuela.

Empresas públicas: Impulso en sectores estratégicos, como la industria energética, ha generado empleo y beneficios económicos para la población.

Estas políticas han permitido una redistribución más equitativa de los recursos y han contribuido a disminuir las desigualdades en nuestro país.

En conclusión, los nuevos liberales y el gonismo comparten una visión económica y política que defiende la libre competencia y eliminar de la intervención del Estado, por lo que pueden considerarse como dos caras de la misma moneda. Por otro lado, se destaca el papel del MESCP en la actualidad como medio para lograr una calidad de vida equitativa para los bolivianos.

(*) Edson Surco Choque es licenciado en Administración de Empresa y Contaduría Pública

En el marco del Modelo Social Económico Comunitario Productivo (MSECP) y el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 “Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones”, en el tercer gabinete ampliado se trataron temas relacionados a la estabilidad y la reconstrucción de la economía, priorizando la industrialización con sustitución de importaciones, entre ellas, los minerales críticos (metales y tierras raras) en Bolivia.

Ante la demanda creciente de energías limpias para el cuidado del medio ambiente, los minerales como el cobalto, el cobre, el litio, el níquel y tierras raras, tienen un potencial para ser usados en tecnológicas verdes (turbinas eólicas, paneles solares, redes eléctricas, vehículos eléctricos, entre otros), situación que crea nuevas oportunidades para el desarrollo y crecimiento del sector minero, que se contrasta con el crecimiento de las exportaciones de carbonato de litio y cloruro de potasio.

El cambio energético hacia una economía con bajas emisiones de carbono está impulsada por el avance de las tecnologías, razón por la cual la demanda de estos minerales críticos aumentará significativamente a medida en que los países procuren cumplir sus objetivos en el marco del Acuerdo de París y la Agenda 2030.

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La Agencia Internacional de Energía señala que para mantener el calentamiento global por debajo de 2˚C, se tendrá que cuadriplicar los suministros de minerales para las tecnologías de energías limpias dentro de las próximas dos décadas; según las predicciones, la transición energética generará un nuevo “superciclo” de materias primas, creando una demanda sostenida a largo plazo. Para los países productores, podría representar una ventana oportunidades para atraer inversiones, generar ingresos públicos y generación de empleo.

Ante los nuevos retos económicos a nivel mundial para el desarrollo económico y social, promovidos por la demanda de minerales críticos, Bolivia destinó recursos para la Planta Industrial de Carbonato de Litio, la Planta Siderúrgica de Acero en el Mutún y las plantas de refinación de zinc (Oruro y Potosí), con miras al cambio energético.

Por lo señalado, el Gobierno del Estado Plurinacional se encuentra invirtiendo en proyectos de inversión con una perspectiva de mediano plazo, a objeto mejorar los ingresos y, a su vez, desarrollar la industria para la sustitución de importaciones y para la soberanía productiva.

Asimismo, está enfocado en trabajar en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas mediante el fomento de la industrialización. Como dijo Walt Disney, «la forma de empezar es dejar de hablar y empezar a hacer». Por lo tanto, Bolivia está avanzando gradualmente hacia su objetivo de convertirse en un país más productivo y orientado a la exportación con valor agregado.

(*) Edson Surco Choque es licenciado en Administración

de Empresas. 

La política fiscal se operativiza en el presupuesto público, que es la expresión financiera del plan de gobierno y que considera los fideicomisos públicos, herramienta financiera que contribuye a la distribución del gasto, para generar un efecto multiplicador en la reactivación económica, en beneficio de las familias bolivianas.

En ese sentido, el Estado Plurinacional asume un rol protagónico, a través del Modelo Económico Social Comunitario y Productivo (MESCP) y el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 “Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones”, que van orientados a la maximización de los excedentes y a promover políticas de desarrollo productivo, a partir de la industrialización con sustitución de importaciones, y los fideicomisos contribuyen al cumplimiento de dicho objetivo financiando proyectos de inversión que son ejecutados por diferentes entidades públicas a nivel nacional.

Para una comprensión de qué es un fideicomiso, en términos sencillos, es un contrato jurídico donde una persona (entidad) transfiere recursos (bienes, derechos, entre otros) a otra para que los administre de manera autónoma en beneficio de terceros (entidades públicas). De manera breve se cita fideicomisos públicos que contribuyen al crecimiento económico con el financiamiento de proyectos de inversión.

El Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP) está destinado a financiar proyectos de inversión pública a las Entidades Territoriales Autónomas (ETA), que desde 2021 y 2022 desembolsó Bs 452 millones, beneficiando a gobiernos autónomos departamentales y municipales.

Las Universidades Públicas Autónomas (UPA) también son favorecidas con un fideicomiso que coadyuva al financiamiento de proyectos de inversión ejecutados por UPA, que a la fecha financió a universidades del sistema universitario, como la construcción del edificio de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Técnica de Oruro; la construcción del edificio de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma Tomás Frías; la construcción y equipamiento del edificio académico de la carrera de Bioquímica Farmacia; la construcción y equipamiento del edificio académico de la carrera de Ingeniería Agronómica Kenko de la Universidad Nacional Siglo XX; la construcción del Hospital Universitario en Cobija por la Universidad Amazónica de Pando, entre otros proyectos de inversión; el monto alcanza a Bs 46 millones. Otro importante fideicomiso es el que está destinado a financiar proyectos de infraestructura, adquisición de maquinaria y equipo, entre otros, donde el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) es la entidad pública encargada de facilitar créditos accesibles en beneficio de diferentes ETA; el capital colocado asciende a Bs 777 millones.

Los fideicomisos señalados han financiado proyectos de inversión, permitiendo un efecto multiplicador en la economía, es decir a todos los beneficiarios directos o indirectos en la economía. Un claro ejemplo es la construcción de una carretera, que genera un movimiento económico con la compra de los insumos, crea empleo directo e indirecto, fomenta el turismo y una mejor conectividad entre departamentos, municipios, etc. Por lo expuesto, los fideicomisos son esenciales para la economía y la industrialización con la sustitución de importaciones.

Edson Surco Choque es licenciado en Administración de Empresas.