La IX Cumbre de las Américas “Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo” que se llevará a cabo en la ciudad de Los Ángeles (California) ocurrirá en el complejo contexto de la crisis global y las inciertas perspectivas del orden mundial que empezará a perfilarse cuando se inicien las negociaciones diplomáticas que pongan fin a la guerra de Ucrania. Por de pronto no hay señales de que Rusia y Ucrania acepten pasar a la etapa de negociaciones diplomáticas, pero tampoco existen los respectivos aprestos por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN, por un lado, o de China y Turquía, por otro.
El apoyo militar y financiero en gran escala a Ucrania y las repercusiones de los seis paquetes de sanciones aplicadas a Rusia tienen enormes repercusiones en el ámbito global, tales como la inflación; el desabastecimiento de trigo, maíz y fertilizantes; la paralización de los compromisos en materia de descarbonización, y la incertidumbre sobre el desempeño económico de los países de la OCDE en los próximos años. Tal contexto es ciertamente poco favorable para alcanzar logros sustantivos en materia de las relaciones económicas, financieras y políticas entre Estados Unidos y Canadá y los países de América y el Caribe.
En cuanto a la situación en Estados Unidos, cabe mencionar: (i) la polarización del sistema político, que impone importantes restricciones a las iniciativas que puede adoptar Biden en su política hacia América Latina; (ii) el cálculo político respecto a las elecciones de medio término en noviembre en los Estados Unidos, con probables cambios desfavorables para los demócratas en el Congreso; (iii) la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que resulta irritante para Argentina, México, Bolivia y varios países del Caribe; (iv) la falta de consultas para armar una agenda verdaderamente consensuada sobre los intereses reales de los países latinoamericanos y caribeños en su relación con Estados Unidos; (v) la enorme discrepancia entre los recursos comprometidos para el apoyo a Ucrania, en comparación con los exiguos compromisos con América Latina y el Caribe para el desarrollo sostenible de la región, y (vi) la prioridad que tiene en términos estratégicos la confrontación con China.
Dicho todo eso, se puede afirmar que la agenda de la Cumbre es ciertamente limitada en sus alcances y ambiciones, y la convocatoria no resulta atractiva para los países sudamericanos que buscan consolidar una autonomía estratégica respecto de las grandes potencias en conflicto.
Ocurre también que existen circunstancias que impiden que la región latinoamericana y caribeña establezca consensos para su negociación con los Estados Unidos. Al respecto se pueden mencionar los siguientes aspectos: (i) la evidente polarización política de la región; (ii) las fuerzas centrífugas surgidas desde hace unos 15 años que han impedido que los países latinoamericanos y caribeños adopten un enfoque común sobre su relacionamiento con las otras zonas y regiones del mundo; (iii) las expectativas sobre los próximos cambios políticos en Colombia y Brasil; (iv) las asimetrías negociadoras atribuibles a que varios países latinoamericanos tienen acuerdos de libre comercio vigentes con Estados Unidos, como es el caso de México, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Centroamérica y la República Dominicana; (v) la falta de una evaluación profunda de los beneficios efectivos que trajeron consigo dichos tratados de libre comercio resultantes del descarrilamiento del ALCA en la Cumbre de Mar del Plata en 2005, y (vi) la dimensión de las relaciones comerciales que han alcanzado varios países suramericanos con China.
Para contrarrestar este catálogo de inconvenientes se requieren por cierto condiciones y liderazgos que no están a la vista. Por de pronto, América Latina tiene tareas internas pendientes.
Horst Grebe es economista.