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Thursday 11 Apr 2024 | Actualizado a 14:17 PM

Golpe de Estado, según Foucault

/ 6 de junio de 2022 / 01:32

Michel Foucault, ese prolífico pensador francés, no deja de sorprender cuando uno se sumerge en su vasta bibliografía. En esa fuente inagotable de reflexiones filosóficas, él desentraña problematizaciones socio/políticas que tienen inclusive vigencia contemporánea. Su capacidad argumentativa filosófica consiste en un entrecruzamiento disciplinario, que es su camino metodológico para adentrarse a cuestiones claves y luego teorizar. Es el caso del golpe de Estado.

Efectivamente, en uno de los acápites de su libro intitulado Seguridad, territorio, población —una compilación de disertaciones en Collége de France en la que Foucault examina los mecanismos que intervinieron en el siglo XVIII, cuando la especie humana ingresó en una estrategia general del poder a lo cual prefiere llamarlos como la “historia de las tecnologías de seguridad”—, él inserta la problematización del golpe de Estado.

Según la argumentación de Foucault, la expresión “golpe de Estado”, a principios del siglo XVII, no “significa para nada la confiscación del Estado por unos a expensas de otros”. Entonces, se pregunta: ¿Qué es un golpe de Estado en el pensamiento político de inicios del siglo XVII? Para responder acude a Gabriel Nuade, quien en 1639 dirá que el golpe de Estado excede el derecho común. Foucault traduce como “una suspensión, una cesación de las leyes y de la legalidad”. Además, añade, es “una acción extraordinaria contra el derecho común, una acción que no guarda ningún orden ni forma alguna de justicia”. Aquí radica la naturaleza de un golpe de Estado.

Asimismo, Foucault hace una conexión constitutiva entre el golpe de Estado y la razón de Estado. Ciertamente, la razón de Estado se orienta no esencialmente según las leyes, sino de ser necesario “las leyes deben acomodarse al estado presente de la República”. O sea, las leyes son soslayadas o simplemente se las excede.

En el momento que la razón del Estado ya no puede servirse de las leyes acudirá algún acontecimiento extralegal. Pero para ese salto al vacío necesita legitimarse y acude a la teatralización. ¿En nombre de qué?, Foucault se responde por la “salvación del Estado”. En esa escenificación surge la argumentación discursiva: “Es la afirmación de la razón de Estado (…) que afirma que el Estado debe ser indefectiblemente salvado, cualesquiera sean los medios que se utilicen para lograrlo”, diría Foucault. Es allí, donde el golpe de Estado opera como una automanifestación del Estado.

Si bien la razón de Estado es un ejercicio ordinario, no es violenta, pero si las circunstancias lo exigen deviene en un golpe de Estado, y, en consecuencia, se convierte en violencia. El golpe de Estado no obedece a la “justicia natural, universal, noble y filosófica”. La violencia es la naturaleza constitutiva del golpe de Estado, ya que al “ser violenta está obligada a sacrificar, emputar, engañar, le es imperioso ser injusta o letal” (dixit Foucault). Desde el inicio, un golpe de Estado es violencia que se expresa luego en masacres, represiones, tortura y/o persecución política.

Con el propósito de ocultar estos actos execrables queda la teatralización o representación del golpe de Estado. Foucault recuerda: “una parte del teatro histórico de Shakespeare es el teatro del golpe de Estado”. Hoy, esa teatralización del golpe de Estado se apoya en la posverdad y los fake news que construyen un discurso de “salvar la democracia”, pero, irónicamente justifican un golpe de Estado. Entonces, estas disquisiciones foucaultianas son imprescindibles para entender la ruptura constitucional de 2019 en Bolivia.

Yuri F. Tórrez es sociólogo.

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‘Fake news’: el ‘fraude’

La fase para desconocer el resultado electoral se dio los primeros días de octubre

César Navarro

/ 11 de abril de 2024 / 06:52

Las fake news o noticias falsas se han constituido en fuentes decisivas para imponer como verdad fáctica percepciones negativas en la opinión pública e inicios de procesos penales sobre hechos y liderazgos políticos, más conocidos como lawfare.  

Se volvió a recurrir a la narrativa del fraude con la acusación de la Fiscalía al ingeniero Villegas, los medios titulan y los políticos corean: “persecución judicial al que descubrió el fraude”. 

También lea: Censo y el acarreo de prejuicios coloniales

El fraude, como fake new, fue construido en los laboratorios políticos con mucha anticipación a las elecciones de 2019. El tiempo apropiado para la enunciación del fraude como eje discursivo fue noviembre de 2017, cuando el Tribunal Constitucional emitió la SC 084/2017 que habilita la “reelección indefinida”, articularon “reelección y fraude” como factores interdependientes.

Como hecho político consumado, el fraude fue a partir de las renuncias del vicepresidente y la presidenta del Tribunal Supremo Electoral en octubre de 2018; las derechas entre políticos y analistas; medios de comunicación entre titulares, noticias, artículos, entrevistas, etc.; opiniones de autoridades católicas y evangélicas; los comités cívicos “denunciaron” que el TSE y el gobierno estaban organizando el fraude; fue la campaña sistemática para imponer una fake new como verdad. La encuesta presentada por el periódico Página Siete el 1 de octubre de 2019 sentenciaba que el 68% de los “bolivianos” creía que existiría fraude en las elecciones. Se cumplió con el objetivo.

La fase para desconocer el resultado electoral se dio los primeros días de octubre, semanas antes de los comicios los comités cívicos de Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca —presidida por un militante trotskista— determinaron no reconocer el triunfo electoral del MAS porque sería producto del fraude y convocaron a la resistencia civil.

La violación de nuestra soberanía: los veedores internacionales la materializaron con la primera acción de la Misión de Observación Electoral de la OEA; al día siguiente de las elecciones, sin esperar la conclusión del cómputo electoral oficial del cual eran partícipes como veedores, “recomendaron segunda vuelta”, violaron el Código de Ética de observadores electorales de la OEA, que prohíbe que “emitan opinión política pública, anticipada y parcializada”.

El 23 de octubre, Camacho y el Comité pro Santa Cruz decidieron desconocer el resultado por fraude y exigieron que se convoque a nuevas elecciones.

La crisis política se instaló, la fake new era la realidad irrebatible que movilizó a miles de ciudadanos en las nueve capitales de departamento; en ese contexto, el ingeniero informático Édgar Villegas, en una entrevista el 24 de octubre en Televisión Universitaria, en el programa Jaque Mate, utilizando la comparación de las imágenes de las actas del TREP y del cómputo electoral, expresó que existía alteración de resultados, es decir, fraude electoral.

Esta opinión dejó de ser política, él fue presentado como “reconocido analista e ingeniero de sistemas que ha participado en una serie de equipos nacionales e internacionales relacionados con la información pública y la transparencia”, por la ONG Amnistía Internacional, en una carta del 28 de octubre dirigida al ministro de Gobierno Romero, exigiendo garantías porque su vida corría peligro.

En el informe final del equipo internacional de la OEA sobre el proceso electoral 2019, se presentó el “Anexo 7 Registro de Denuncias sobre Irregularidades”, con un total de 217, y en el punto 46 está el “informe del Ing. Villegas publicado en redes sociales”.

La valoración de las denuncias está consignada en las páginas 80 y 81 del informe final: “Al digitar las actas (que realizó el equipo auditor de la OEA) y al tener en cuenta las observaciones que estas incluyen (Anexo 7), se tomó nota de que la cantidad de votos asignados a cada partido político en el cómputo oficial (TSE) coincidió en 34,495 imágenes de actas (TREP), en 99,8%”. Es decir que existió coincidencia absoluta de tres fuentes: las actas escaneadas por la OEA, las del TSE y las imágenes de las actas del TREP, o sea, las denuncias de alteración de actas que modificaron el resultado electoral no son validadas por los auditores.

Las fake news no solo son noticias falsas, son la construcción ideológica política sistemática sobre hechos y líderes, el objetivo estratégico es imponer sentimientos negativos: el y la ciudadana se sienten agredidos.

La violencia es la reacción inmediata, emerge como legítima, la fake new es la “verdad” que moldea las reacciones y delinea indefinidamente las opiniones políticas y mediáticas, como sucede hoy.

(*) César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda

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Relaciones familiares

Es pues una familia común y corriente, aunque con una trayectoria paceña de varias generaciones

Drina Ergueta

/ 11 de abril de 2024 / 06:46

Este fin de semana se produjo en la ciudad de La Paz un hecho de carácter privado pero que tiene cierto interés público por ser inusual: 60 personas pertenecientes a una familia, correspondientes a cinco generaciones vivas, se reunieron bajo el paraguas de una pareja antecesora que vivió en la segunda parte del siglo XIX y generó siete prolíficas ramas familiares, con más de 300 integrantes, extendidas en diversas partes del planeta.

Que forme parte de esa familia es muy secundario; sin embargo, vale la pena analizar —aunque con la superficialidad que permite una columna de opinión— y compartir las características de una familia paceña que, como muchas otras, generación tras generación refleja los rasgos y los cambios histórico sociales que se observan desde los estudios de parentesco y, también, desde la mirada feminista.

También consulte: Un censo sabor a poco

La antropología en un inicio observaba y valoraba las relaciones familiares desde una mirada del mundo occidental colonizador y masculina, hasta que en los años 70 todo cambió y se hizo evidente que lo familiar es diverso, según el tipo de cultura y pueblos, y también con el transcurrir de los tiempos. Hoy, en gran parte del mundo, las familias tienen características variadas, son ampliadas, mono-paren-marentales, con padres o madres del mismo sexo, con inclusiones no consanguíneas puntuales o grupales.  

Datos del INE de 2017, a la espera de los resultados del Censo de 2024 y otras encuestas, señalan que en Bolivia hay tres millones de familias, de las cuales el 45% son “hogar nuclear completo” (padre-madre-hijos/as), remarcando así, con “completo”, esa triple relación como imprescindibles en una familia, cuando actualmente para la percepción de quienes integran un núcleo familiar no siempre es necesario ese tipo de pareja o que haya descendencia. Las estadísticas también mencionan un 11% de familias “monoparentales”, invisibilizando a las madres que en gran parte de los casos son las jefas de hogar, por lo que debería llamarse “monomarentales”. Las estadísticas siguen siendo patriarcales.

Dado el momento del inicio o raíz del árbol familiar de la pareja paceña (Manuel Ergueta y Salomé Tamayo) en cuyo nombre se convocó a la reunión, es evidente la presencia del patriarca y de la descendencia patrilineal, donde el apellido masculino es el que cuenta. Es así que las ramas familiares generadas por las hijas adoptaron el apellido del marido (Antezana, Peñaranda, Nardín…). Hoy, de la prolífica descendencia, son pocos los varones que llevan el apellido original y eso “es de lamentar”. Por este tipo de sentimientos que tienen que ver con la identidad, hace un año y sin que se sepa más al respecto, se propuso en el Legislativo una normativa legal que permitiría elegir qué apellido irá primero, considerándosela como una “justicia de género”.

Además, está el hecho muy actual de la disminución, en algunos casos a cero, del número de descendientes. De ese árbol frondoso de las primeras generaciones se pasa a unas despobladas ramas. Es que de las esposas-amas de casa-madres prolíficas originales se ha pasado cada vez más a las mujeres, liberadas, que priorizaron su profesión y tienen pocos hijos o ninguno.

También, en el origen de la familia que da pie a este artículo está el hecho de que es una familia urbana con relevancia cultural del mundo occidental europeo, vale decir con rasgos coloniales marcados —además del énfasis en señalar que el apellido proviene de una región vasca ibérica— y poco relacionado consanguínea y culturalmente con el mundo indígena del país, revelando esa separación por razones de clase y raza que se producía en las ciudades, en especial, en las generaciones más antiguas, ya que en las nuevas sí se da una mayor diversidad en ambos aspectos, aunque la mezcla no siempre es puesta en valor. Parte de la diversidad incluye la orientación sexual, donde lo gay o lo lesbiano o bisexual queda oculto y se resguarda en los espacios más íntimos familiares.

Es pues una familia común y corriente, aunque con una trayectoria paceña de varias generaciones y con ciertos aportes a la ciudad y al país en momentos y personajes concretos. Para terminar, algo paradójico: se temió porque el comunismo destruyera a la familia y hoy se observa que es el liberalismo, con su marcado individualismo y la pérdida de ciertos valores lo que está haciendo que las familias tradicionales sean cada vez más escasas.

(*) Drina Ergueta es periodista y antropóloga

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Lo que más me preocupa de Trump

caroline_fredrickson

/ 11 de abril de 2024 / 06:42

Hay titulares casi a diario que describen lo que haría Donald Trump si fuera elegido. Pero por muy preocupantes que sean estas perspectivas, están lejos de ser las mayores amenazas que plantea. Lo que más deberíamos temer es que Trump transforme nuestro gobierno en un moderno Tammany Hall, instalando un liderazgo cleptocrático que será difícil, si no imposible, desalojar.

No descarto la posibilidad de violencia patrocinada por el Estado y me preocupa profundamente la politización de la función pública. Pero esas son, en su mayor parte, amenazas y teorías, y si bien es necesario tomarlas en serio, la gente debería prestar más atención a una realidad mucho más probable: que Trump pasaría gran parte de su mandato enriqueciéndose. Si su rencor continúa en un segundo mandato, no solo contribuirá a la pérdida de confianza que los estadounidenses tienen en sus instituciones, sino que también perjudicará nuestra capacidad de liderar al mundo a través de una serie de crisis en aumento.

Lea también: No le crean a Trump sobre el aborto

Recordemos cómo actuó Trump durante su primer mandato. No solo mantuvo su participación en más de 100 negocios, sino que adoptó la costumbre de visitar sus propiedades en todo el país, lo que obligó a los contribuyentes a pagar habitaciones y comodidades en los hoteles Trump para el Servicio Secreto y otros miembros del personal que lo acompañaron, dinero que iba directamente a sus cuentas bancarias y a las de sus socios comerciales.

En un segundo mandato, Trump tendrá más libertad y poder para realizar estafas. Ya ha prometido utilizar los indultos para proteger a sus seguidores y posiblemente incluso a sí mismo. Naturalmente, también me preocupan otras cosas, en particular la posibilidad de violencia política.

En una cleptocracia, la corrupción es una característica, no un error, donde los políticos aplican la ley de manera inconsistente, favoreciendo a los amigos y castigando a los enemigos. Ahora enfrentamos ese peligro en casa. Si Trump gana, Estados Unidos tendrá un líder invertido en su propio poder personal, tanto financiero como punitivo, y apoyado por un equipo mucho más capaz. Cuando se otorgan contratos lucrativos a leales a Trump sin importar sus méritos y se atacan y silencian las voces disidentes, el liderazgo de EEUU en el escenario global se disolverá cuando más se necesita.

Las consecuencias se harán eco durante generaciones si carecemos de la capacidad y la voluntad de atacar problemas como el cambio climático, la migración masiva, una nueva carrera espacial y múltiples guerras. No se hará nada sustancial, los compinches de Trump seguirán actuando con impunidad, y millones de estadounidenses (ya preocupados de que las élites sean sometidas a estándares diferentes a los de la gente común) perderán aún más confianza en su gobierno, convencidos de que todo en Washington está decidido a sí mismo. Esta combinación de pasividad por un lado e impunidad por el otro podría ser fatal para nuestra democracia. Éste es el verdadero peligro que plantea Trump.

(*) Caroline Fredrickson es columnista de The New York Times

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Trabajar en la prevención

Aún tenemos muy enraizada la cultura ‘respondedora’ (reactiva ante la emergencia)

/ 10 de abril de 2024 / 06:43

Me pregunto: ¿por qué es tan difícil trabajar en la prevención si está comprobado que los costos son mucho menores a los asociados con las tareas de respuesta y la fase de recuperación posincendios forestales? Y es que estamos a medio camino para llegar a la temporada de incendios forestales, nos queda menos de cuatro meses para buscar que se reduzcan los riesgos de desastres y mitigar sus efectos.

Aún tenemos muy enraizada la cultura “respondedora” (reactiva ante la emergencia). Si echamos una mirada a nuestros presupuestos para la gestión de riesgos, casi en su totalidad están programados para la respuesta, es decir equipamiento y capacitación para bomberos, alquiler de vehículos, maquinaria, alimentación y otros. Y no es que ello esté mal, es más, en los últimos años hay una mejora sustancial sobre los dispositivos de primera respuesta (tenemos más y mejores bomberos), pero las experiencias a nivel mundial nos indican que la solución no va por ese camino.

Consulte también: Incendios complejos y habilidades específicas

Lo poco que trabajamos en prevención de incendios forestales está enfocado a los talleres de capacitación, educación, sensibilización mediante medios de comunicación, redes sociales y otros medios. Sin embargo, estas acciones, muy necesarias, abordan incompletamente los aspectos culturales de la prevención, desde hace décadas atrás hemos venido pasando por alto cómo son las prácticas de prevención propias de las comunidades locales y el conocimiento tradicional para gestionar sus territorios.

Otro pilar fundamental es la prevención legal, la cual debería implementarse, por ejemplo, a partir de la planificación territorial en cumplimiento estricto de los planes de uso de suelo e instrumentos de ordenamiento del territorio, la calendarización de quemas para determinar los periodos críticos con anticipación y paralizar las quemas según el riesgo y los niveles de alerta. Incluir incentivos para las buenas prácticas y adecuación de normativas, contemplando los conocimientos y el uso cultural del fuego. Así también, realizar mayores controles sobre el cumplimiento de las normativas, la investigación de causas y origen de incendios que permitan de manera objetiva determinar quiénes son responsables, y aplicar sin titubeos las leyes contra los que provocan incendios forestales.

Por último, la que a mi parecer y desde la experiencia en terreno ha demostrado ser muy efectiva, es la prevención física, mediante la cual se planifican e implementan obras de ingeniería como la apertura de brechas cortafuegos en lugares estratégicos, la limpieza y el mantenimiento de deslindes y derechos de vías, previos a la temporada crítica de incendios, infraestructuras que puedan detener o ralentizar la propagación de incendios forestales, y evitando que éstos se conviertan en desastres. Asimismo, la gestión del territorio mediante quemas prescritas, para reducir el riesgo de la ocurrencia de grandes incendios forestales, a partir de la regulación de las cantidades de combustibles forestales disponibles y promoviendo los aspectos ecológicos del fuego, han demostrado ser una medida exitosa en la gestión de los incendios forestales.

Necesitamos que la prevención se base en la anticipación, la planificación y la implementación de medidas preventivas, cumpliendo así la ley de gestión de riesgo vigente en Bolivia, la cual nos conmina a trabajar en el proceso completo de gestión de riesgos, del cual percibo que la prevención es la “cenicienta”.

(*) Pedro Pablo Ribera es gerente de fortalecimiento en capacidades de combate y manejo de fuego de la FAN

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El MAS, la papa caliente del TSE

El TSE intentó poner orden —con el llamado al cumplimiento de las normas— en la crisis del MAS

Rubén Atahuichi

Por Rubén Atahuichi

/ 10 de abril de 2024 / 06:39

Irreconciliable, el Movimiento Al Socialismo (MAS) está, ahora, a merced de los designios del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Luego de más de un año y medio de disputa fratricida entre sus dirigentes, sus militantes y sus organizaciones sociales, el partido más grande del país se expone a la decisión más importante sobre su continuidad política.

En unos días, el Órgano Electoral dirimirá sobre cuál de los congresos partidarios —convocados para la renovación de la dirección nacional— es apócrifo. Es que ninguno de ellos reúne las condiciones legales para su validación.

Lea también: De boicotear el Censo a lamentar resultados

A saber: el congreso convocado por Evo Morales no cuenta con el respaldo de las tres organizaciones fundadoras del MAS, como dicta el estatuto, y el del Pacto de Unidad no tiene la firma de la dirección nacional, también como señala el estatuto.

Los promotores de esos eventos obligatorios hacen lo que quieren; respectivamente usan el argumento de que el suyo es legal y legítimo: el MAS evista dice contar con el Pacto de Unidad y las confederaciones de campesinos, de Bartolina Sisa y de Interculturales legítimos y el MAS arcista dice contar con la mitad de la dirección nacional y el respaldo del Pacto de Unidad y las mismas tres organizaciones sociales.

Sin embargo, se someten al escrutinio del TSE, que, en estos días —como dijeron los vocales Francisco Vargas y Tahuichi Tahuichi— definirá la legalidad de ambas convocatorias: la del MAS evista para el 10 de junio en Villa Tunari, Cochabamba, y la del Pacto de Unidad para el 3, 4 y 5 de mayo en la ciudad de El Alto.

La semana pasada, el TSE intentó poner orden —con el llamado al cumplimiento de las normas— en el desorden que generó la crisis del MAS.

Hay un detalle no menor que tomar en cuenta. El TSE ya llamó varias veces a los partidos, entre ellos el MAS, a conformar sus nuevas directivas. No tuvo resultado y se vio obligado a disponer una cuarta ampliación de plazos, que vence el 5 de mayo.

El MAS evista desconoció hasta donde pudo la resolución del TSE que no registró el congreso de Lauca Ñ, de octubre del año pasado. De manera recurrente reivindicó las decisiones de esa convocatoria que declaró “único candidato” para las elecciones generales de 2025 a Morales y también eligió una nueva dirección nacional, invalidada por el árbitro electoral.

Ahora que la situación obliga, Morales reculó en su posición de candidato único y desafió al presidente Luis Arce a someterse a elecciones primarias, además se sujetó a la conminatoria del TSE de convocar a un congreso definitivo del MAS. Por eso llamó a esa cita para el 10 de junio.

Echadas las cartas por ambas facciones del MAS, el TSE tiene la última palabra. Se constituirá en el factor dirimidor en el diferendo sobre la legitimidad de los convocantes y la convocatoria a los congresos. Tendrá que decantarse por uno de ellos.

Una segunda decisión crucial que deberá adoptar el TSE, aunque de forma posterior, será la validación eventual de la candidatura de Morales en 2025, desahuciada por el ala arcista del MAS. La convocatoria a elecciones primarias, quizás en agosto o septiembre, tendrá que considerar el caso.

El arcismo considera que Morales no tiene opción de ser candidato otra vez. Reivindica la Sentencia Constitucional 1010/2023, del 28 de diciembre de 2023, que, en sus consideraciones, afirma que no es posible una reelección indefinida, en sujeción a una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos humanos, aunque el fallo corresponde a otra materia.

Al contrario, el evismo defiende la idea de que dicha sentencia no le prohíbe a Morales una nueva candidatura.

Más allá de las interpretaciones jurídicas y políticas de ambas facciones sobre la sentencia, el TSE tendrá que sopesar una salida legal. También deberá decantarse por una de las facciones previa lectura e interpretación de la sentencia.

El MAS es una papa caliente para el TSE, que sufre sus propias desavenencias.

(*) Rubén Atahuichi es periodista

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