En defensa de la Defensoría del Pueblo
Mientras la ciudadanía observa horrorizada el incremento desmedido de casos de violación a niños, niñas y adolescentes, nuestro sistema político y judicial parece concentrar su energía en el desprestigio de una institucionalidad que nos costó construir y tiene como único fin intentar poner límites al poder.
La pregunta que hoy propongo es ¿quién gana con el desgaste, desprestigio y potencial desaparición de la Defensoría del Pueblo?, ¿a quién molesta esta institución?, ¿quién se sentiría más cómodo sin su existencia? Plantearnos estas preguntas puede llevarnos a entender mejor esta mala voluntad que el sistema político y judicial, en inesperado contubernio, parecen tener contra la Defensoría del Pueblo.
En primer lugar, revisemos el bochornoso proceso al que fue sometida recientemente esta institución para la designación de su principal autoridad. La Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Asamblea Legislativa llevó adelante durante dos meses un trabajo desordenado y poco confiable que concluyó en la falta de consenso y paralización del proceso. A nadie pareció importarle la falta de acuciosidad y objetividad en los parámetros de evaluación, puesto que parecía que todo estaba preparado para que quien saliera elegido debía ser producto de favores de alguna fuerza política y, por tanto, no era necesario mayores esfuerzos. Finalmente, el Legislativo definió aplazar, sin fecha prevista, la elección de la autoridad. Por supuesto a nadie le molestaba tener una defensoría debilitada por un par de años más.
Pero el menosprecio de la institucionalidad estatal llega a extremos cuando escuchamos la declaración de la señora Grace Mercado, coordinadora del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), quien al ser interpelada por las deficiencias de su gestión no tiene mejor defensa que desconocer el mandato de la actual Defensora y acusarla de “prorrogarse en un cargo”. La señora Mercado, en lugar de responder a las recomendaciones defensoriales realizadas en 2020, prefiere desconocer la autoridad de Nadia Cruz, intentando con ello resolver los serios problemas que su institución enfrenta, y que repercuten en el acceso a la justicia por parte de las víctimas.
En un reciente informe de la Defensoría, basado en la visita de 20 institutos forenses, se constató que, además de la falta de equipos, insumos e infraestructura adecuada, la deficiencia que más preocupa está relacionada al personal especializado. En 18 oficinas no cuentan con personal especializado; 11 señalaron la ausencia de especialistas en toxicología forense; 8 carecen de biólogos forenses y en 8 les faltan médicos forenses. Tal vez por ello, la Defensoría del Pueblo tiene registradas 46 denuncias en contra del IDIF, referidas a violencia física hacia mujeres, restricción al acceso a la justicia, incumplimiento de plazos en procesos judiciales, administrativos, disciplinarios y debido proceso.
Leyendo el informe se me agolpan en la mente la serie de historias que he leído, me han contado y he escuchado en primera persona de víctimas de violencia sexual que han acudido al IDIF buscando reunir pruebas en contra de la impunidad y es por ello que puedo decirle a la señora Mercado que no es la voz de la Defensoría del Pueblo la que “enloda” su institución, sino su penoso desempeño en la búsqueda de justicia.
Por todo esto, seguramente quien estaría más tranquilo si la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo se extinguiera sería el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, pues ya no tendría esa molesta voz reclamando una y otra vez que desempeñe el trabajo por el cual todos los bolivianos y bolivianas le pagamos.
Lourdes Montero es cientista social.