El 9 de septiembre, se promulgó la Ley 1462, de modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE), en la que se establecieron dos disposiciones adicionales: la primera que hace referencia a la ampliación del plazo de vigencia de la Ley 1391 de 31 de agosto de 2021, que otorga incentivos tributarios a la importación y comercialización en el mercado interno de bienes de capital, y la segunda, que modifica el parágrafo II del artículo 79 de la Ley 843.

Pero, vayamos por partes. La primera medida ha sido de gran beneficio para los sectores agrícola e industrial, desde el punto de vista que se otorga la exención del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), tanto a las importaciones como a la comercialización en el mercado interno de bienes de capital, plantas industriales y vehículos de alta capacidad en volumen y tonelaje.

Esta medida no es otra cosa que brindar protección a la industria nacional, llegar al sector productivo íntegramente, desde el productor más pequeño hasta el que industrializa sus productos. Pero ¿cuál es el argumento para brindar este beneficio?, pues, el Estado en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025, en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, ha propuesto la industrialización por sustitución de importaciones, esto lleva a tomar medidas de esta naturaleza, que buscan que nuestro país deje la dependencia de los productos importados en una gran proporción para comenzar a consumir la propia producción nacional.

Asimismo, la política ha permitido una importación liberada del IVA de aproximadamente Bs 3.150 millones de bienes de capital, lo que supone un sacrificio fiscal para el Estado de Bs 470,65 millones. Asimismo, se han comercializado estas mercancías en el mercado interno por Bs 1.415 millones, que implican Bs 184 millones de sacrificio fiscal, siendo esta política aceptada por gran parte de nuestra población, en razón a que ayuda a la modernización y tecnificación del aparato productivo.

Por otro lado, no es para nada una noticia que asombre a propios y extraños el tener que lidiar con críticas poco propositivas hacia las normas que intenta implementar el Gobierno, pues como era de esperarse, al conocer el proyecto de norma se alarmó a los productores nacionales con un supuesto incremento a las alícuotas del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) para las bebidas.

Sin embargo, lo que se ha hecho con la Ley 1462 es establecer bandas (rangos) a las alícuotas de las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, a fin de contar con una política fiscal activa que permita al Ejecutivo tomar decisiones de apoyo a la producción nacional, lo cual no significa generar un encarecimiento al consumo final del producto.

Finalmente, como se puede advertir, la protección a la industria nacional no es algo con lo que actualmente pueda darse paso a que solo unos cuantos privilegiados grupos de poder puedan acumular mayor riqueza en desmedro de los intereses del Estado, sino que va mas allá y busca el apoyo hacia toda persona natural o jurídica, desde el más pequeño hasta el más grande productor, sin perjudicar el horizonte trazado, “bienestar común”.

Adolfo Áñez Vidal es contador público autorizado.

En este primer año de gestión, el Gobierno ha implementado medidas que benefician al país, podemos citar la aprobación de fideicomisos por Bs 1.261,10 millones, medidas de apoyo e incentivo a la producción nacional para la sustitución de importaciones de productos elaborados en el país, liberación del Gravamen Arancelario (GA) a la importación de vehículos y maquinaria eléctrica e híbrida. No obstante, estas han sido cuestionadas por opinadores que tuvieron el poder por un año, y sin saber qué hacer con los recursos de los bolivianos decidieron que era mejor buscar sus propios beneficios, dejando olvidado al ciudadano que más los necesitaba debido a la enorme crisis sanitaria que azotaba a la población.

Bajo estos antecedentes, se ha llevado a cabo, por parte de las autoridades nacionales, políticas de austeridad y reconstrucción de la economía, propugnando preceptos tales como la sustitución de importaciones y el apoyo a la industria nacional.

En este sentido, la Ley 1391 del 31 de agosto de 2021 establece incentivos tributarios para la importación y comercialización de bienes de capital, plantas industriales, vehículos de alta capacidad en volumen y tonelaje para el sector agrícola e industrial, además de maquinaria pesada para la construcción y minería, lo que va acorde con las necesidades principalmente de los pequeños y medianos emprendedores que han sufrido un gran impacto económico, cerrando en muchos casos sus únicas fuentes de ingreso, tales como fábricas, empresas, pequeños negocios y otros, lo que desencadenó también un incremento en el nivel de desempleo.

Es por esta razón que los incentivos que ofrecen la citada ley y su decreto reglamentario (4579) están enfocados en otorgar la desgravación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a todas las importaciones y a la venta en el mercado nacional de los bienes mencionados, que implican 504 subpartidas arancelarias del Arancel Aduanero de Importaciones de Bolivia.

Esto quiere decir que sectores como la industria de metalmecánica, agricultura, textil, minería, entre otros, se encuentran alcanzados para poder ingresar al país y comercializar estos bienes, y lo más importante es que no solo se beneficia a las grandes empresas, sino a todo aquel ciudadano que quiera emprender su fábrica de jugos, que quiera tener su maquinaria para siembra de sus cultivos, entre otras. Esta acción permitirá que los sectores productivos puedan equiparse de la mejor manera para lograr un aparato productivo sólido que coadyuve a la industrialización del país, a la cual se apunta desde hace ya algunos años.

De igual forma son beneficiadas las entidades y empresas públicas o estratégicas donde el Estado tiene la mayoría absoluta del capital accionario, siempre y cuando las mercancías que se adquieran sean totalmente nuevas. Obviamente, esta política adoptada genera un costo fiscal para el Estado, pero se debe tomar en cuenta el apoyo que se está brindando al aparato productivo, además que la medida tiene como vigencia un año.

Es necesario puntualizar que para estos bienes de capital ya se cuenta en muchos casos con una desgravación total del GA, es decir que se encuentran con 0% de aranceles (283 subpartidas), en otros casos solamente con 5% de GA (174 subpartidas), lo que sumado a la liberación del IVA, pues, se convierte en un gran beneficio. Asimismo, todas aquellas mercancías que hayan ingresado al país o hayan sido fabricadas en territorio nacional con anterioridad a la norma están siendo vendidas o comercializadas con IVA tasa cero, por lo que la medida se constituye en un marco legal muy importante para el desarrollo y recuperación de la economía, bajo la premisa de reactivación que lleva a cabo el presidente Luis Arce desde su asunción en noviembre de 2020.

Adolfo Áñez Vidal es contador público.

Hace algunos años, la idea de tener un vehículo eléctrico era solamente un sueño, que hoy se ha transformado en una realidad, siendo que, en muchos países de Europa, Asia e incluso de Sudamérica ya usan este tipo de vehículos y en algunos casos incluso los están fabricando.

En este contexto, el interés por estos vehículos va en aumento, y en Bolivia se trabaja en políticas concretas de promoción de estos coches que no solo contribuyen al cuidado del medio ambiente, sino que también generan un ahorro significativo para el usuario. Es el caso del Decreto Supremo 4539, recientemente promulgado por el Presidente del Estado, el cual va de la mano con la modernización de nuestro parque automotor y coadyuva a la eficiencia en la producción agrícola.

El mencionado decreto tiene por objeto incentivar de manera integral el uso de la energía eléctrica para contribuir a la mejora del medio ambiente, el ahorro y eficiencia energética a través de incentivos tributarios y financieros para la fabricación, compra, ensamblaje e importación de vehículos automotores eléctricos, híbridos y maquinaria agrícola eléctrica e híbrida; asimismo, para equipos y/o accesorios de sistemas de energía y generación distribuida.

Esta norma establece la reducción a 0% de la alícuota del Gravamen Arancelario (GA) para la importación de vehículos híbridos y eléctricos; además, una alícuota de 0% del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) para éstos, que tendrá una vigencia de cinco años a partir de la publicación del decreto.

Para el acompañamiento de la medida, se modifica a 0% las alícuotas del GA para la importación de estaciones de carga (electrolineras) que actualmente tienen una alícuota del 5%, lo cual muestra que es una norma integral ya que también ofrece incentivos a la importación de partes para el ensamblado y la infraestructura necesaria para la recarga de estos vehículos, dejando en claro que no solo será el Estado el que pueda instalar los centros o puntos de recarga, sino que también personas particulares que se encuentren con posibilidades de realizar inversiones para la instauración de estos espacios.

En 2020, la mayor cantidad de vehículos importados fueron los que utilizan como combustible la gasolina (93%); asimismo, los vehículos a diésel alcanzaron un 7%.

Es evidente que al existir una gran cantidad de vehículos que funcionan con combustibles fósiles (gasolina y diésel), el grado de contaminación del medio ambiente es muy elevado, por lo que la medida adoptada es una excelente decisión por parte de las autoridades que se encuentran comprometidas con el cuidado y preservación de la capa de ozono.

Por otro lado, no hay que dejar pasar por alto una situación fundamental, y es que el Estado se verá beneficiado con el alivio económico que generará la norma respecto a las subvenciones a los hidrocarburos que actualmente asigna, que de un promedio de los últimos tres años alcanzan aproximadamente a Bs 3.200 millones, y estos recursos podrán ser utilizados para otros proyectos de prioridad nacional.

Finalmente, como un factor muy importante para la población, el decreto prevé facilidades en cuanto al acceso a financiamiento para la adquisición de los vehículos y maquinaria agrícola eléctrica e híbrida, que ya es impulsado por algunas entidades financieras, que cuentan con tasas de interés muy atractivas y con periodos de tiempo realmente beneficiosos para los prestatarios.

Adolfo Áñez Vidal es contador público.