La novedad de esta crisis bancaria radica en que la política económica convencional está restringida por el peligro de una crisis financiera sistémica; por esto, el nuevo dilema de los EEUU es ¿inflación o quiebras bancarias?

La crisis financiera de 2008 se produjo por los préstamos de alto riesgo vinculados a las hipotecas que realizaron los bancos, generando una burbuja que, eclosionando, no solo determinó una crisis financiera sino, también, una recesión profunda en los EEUU y el mercado mundial. La respuesta de la autoridad monetaria de los EEUU fue implementar una política monetaria expansiva para sortear la crisis, es decir, redujeron la tasa de interés e inyectaron grandes cantidades de dinero. La pandemia COVID-19 recrudeció la recesión de los EEUU, procurando la intensificación de las políticas monetaria y fiscal expansivas.

En consecuencia, sin haber superado del todo esta larga recesión, se sumó un problema más para los EEUU: la inflación. El conflicto entre Rusia y Ucrania (y sus aliados de la OTAN) precipitó la inflación de EEUU y de la mayoría de las economías del mundo, principalmente por la súbita escasez de energía y de granos a raíz de las sanciones económicas que impusieron los bandos.

En este contexto, la autoridad monetaria de EEUU desempolvó el manual de economía de los años 90, y decidió mitigar la inflación con una política monetaria contractiva; subiendo las tasas de interés de 0,9% en junio de 2022 a 4,65% en febrero de 2023. Pero, la autoridad monetaria no tomó en cuenta que después de la crisis financiera de 2008, se impulsó a los bancos a invertir en la compra de bonos del tesoro. El incremento de la tasa de interés produjo la caída del valor de los bonos de tesoro porque, antes de esta política, se vendían a bajas tasas de interés y eran rentables solo a ese nivel.

Como resultado, el Silicon Valley Bank (SVB) presentó problemas de liquidez que quiso mitigar con la venta de sus bonos del tesoro, pero generando con una pérdida de $us 1.800 millones. Esta situación desató el pánico de sus ahorristas generando una corrida bancaria de $us 42.000 millones el 9 de marzo. El mayor colapso de un banco después de la crisis financiera de 2008. A la crisis de SVB, le siguieron Signature Bank, First Republic Bank (rescatado) y Credit Suisse (rescatado); número que podría aumentar en los siguientes días.

Por tanto, la tasa de interés como instrumento de política económica en los EEUU se ha agotado. En efecto, la revista The Economist sugiere no solo la inamovilidad, sino un recorte de la tasa de interés para disipar el miedo que ha desatado la crisis bancaria.

Finalmente, tomando las palabras del profesor Krugman: “SVB no es Lehman, y 2023 no es 2008”, existe una nueva disyuntiva en los EEUU entre inflación o crisis financiera; disyuntiva que supera por mucho el clásico manual de la economía ortodoxa. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos no convencionales o heterodoxos para el control de la inflación? ¿Es posible una política económica no recesiva con una inflación controlada? En un interesante giro del tiempo histórico, Bolivia está adelantada a estos debates. El modelo económico implementado hace más de una década ha desarrollado instrumentos de política económica no convencional que tiene a nuestro país con una de las inflaciones más bajas del mundo con crecimiento económico y reducción de la pobreza.

Bolivia es la potencia de un nuevo paradigma.

Ariel Ibáñez Choque es economista.

“La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose”, escribió Cortázar como contraargumento al pesimismo existencial de Oliveira —protagonista de La Rayuela— frente a la vida. En efecto, la esperanza es la fuerza que hoy moviliza a la humanidad en defensa de la vida. La esperanza colectiva no es una emergencia espontánea o un maná divino, es el horizonte que resulta de la movilización social. Efectivamente, ante la crisis general y la pandemia, la defensa de la vida está inmersa en los movimientos globales de lucha contra la desigualdad y la pobreza, el racismo y la discriminación, la privatización de los bienes públicos y comunes, el deterioro de los ecosistemas y el calentamiento global, la explotación, el patriarcado, etc.

La esperanza ha vuelto a ser patrimonio de las bolivianas y los bolivianos. Tras grandes movilizaciones sociales en 2020 para la recuperación de la democracia, las energías colectivas están enfocadas en la lucha contra el COVID-19 y la reconstrucción económica. La tasa de crecimiento económico estimada para Bolivia en 2021 asciende a al menos 5%, lo que expresa la energía colectiva y la movilización social que alimentan un horizonte esperanzador. La sociedad boliviana ha reencontrado el entusiasmo por el futuro con justicia social.

Hoy, la esperanza colectiva en Bolivia es resultado de políticas económicas en defensa de la vida mediante vacunas gratuitas de acceso universal contra el COVID- 19, el apoyo a la reconstrucción productiva como fuente de trabajo y sustento de las familias, y la asistencia con bonos sociales de las personas más vulnerables. La esperanza ha vuelto con la reconstitución del modelo económico de crecimiento y redistribución de la riqueza que, además, en su segunda fase está orientado a la Industrialización con Sustitución de Importaciones (ISI). La ISI ofrece la tasa de interés más baja de la historia —0,5% anual— para que pequeños, medianos y grandes productores industriales y agropecuarios reactiven sus actividades industrializando Bolivia.

La justicia social es otra dimensión importante de la esperanza colectiva. La política económica en 2021 no ha descuidado esta dimensión. De hecho, Bolivia ha reforzado la progresividad del sistema tributario con la devolución de impuestos a los ingresos bajos y la aplicación de impuestos a las grandes fortunas. Ante la crisis actual, el viejo mundo está discutiendo profundamente la desigualdad y, por ejemplo, el impuesto a los megamillonarios; en ese sentido, Bolivia se ha adelantado a los debates mundiales, y hoy es paradigma del cambio. Así, la esperanza colectiva de las bolivianas y bolivianos es que la recuperación económica será justa y los beneficios serán redistribuidos progresivamente.

El 2022 es una gestión de muchos retos para la humanidad, aún está pendiente el acceso masivo a las vacunas contra el COVID-19 en los países más pobres. Asimismo, el mercado mundial no es más el espacio de certidumbre institucional de las sociedades, es decir, es un momento liminal de búsqueda de alternativas críticas y heterodoxas, locales y/o nacionales. Por lo mismo, 2022 continuará movilizando las energías colectivas de los movimientos globales por la defensa de la vida. Bolivia ha hecho una lectura correcta de la situación, y ha encaminado una política económica enfocada a enfrentar ambos problemas cruciales. Por tanto, este año presenta un panorama positivo para Bolivia en la construcción de una “nueva normalidad” de recuperación, crecimiento y justicia social.

Ariel Ibáñez Choque es economista.

El Presupuesto General del Estado 2022 (PGE) está orientado hacia los retos pospandemia de todas las economías del mundo: la reconstrucción económica y el combate a la desigualdad en la distribución del ingreso. En efecto, la pandemia COVID-19 ha contraído las economías y ha profundizado los problemas de desigualdad y pobreza en el mundo.

El modelo económico boliviano se adelantó a la crisis actual porque, desde hace más de una década, se ha propuesto el crecimiento económico con justicia social. Asimismo, el modelo reconoce la necesidad de la redistribución de los excedentes generados por la explotación de materias primas enfocados a la industrialización para el crecimiento sostenible. Simultáneamente, para corregir la injusticia social, busca la redistribución de excedentes enfocados a la atención de la población vulnerable e históricamente marginada. Este modelo procuró un proceso inédito de más de una década de crecimiento económico con reducción de la pobreza y desigualdad en Bolivia.

De hecho, las distintas dimensiones del modelo económico boliviano se discuten en la actualidad entre los principales economistas del mundo. Por ejemplo, el economista francés Piketty que, habiendo estudiado los determinantes históricos de la desigualdad, propone un nuevo modelo económico con justicia social. Sin embargo, es de lamentar que existen economistas en Bolivia como Gonzalo Chávez que no han terminado de entender la novedad del modelo boliviano. Su novedad es que ha roto el circuito de fuga de excedentes hacia el capital transnacional que caracterizaba al modelo neoliberal primario-exportador.

El PGE es resultado del modelo económico boliviano, y busca retomar la senda del crecimiento sostenible con justicia social. Además, ante la crisis del mercado mundial como factor de estabilidad que ocasionó la pandemia, el PGE propone una nueva dimensión al modelo: “la industrialización por sustitución de importaciones (ISI)”. La ISI busca atender al mercado interno para dinamizar la demanda efectiva, el empleo y la producción mediante el cambio estructural. En ese sentido, el PGE prevé $us 5.015 millones para inversión pública; 42,5% para el sector productivo y 29,9% para infraestructura. Entre estos proyectos se encuentran, por ejemplo, la implementación de las industrias farmacéuticas y de química básica, y las plantas de biodiésel. Asimismo, esta inversión pública alienta a la inversión e iniciativa privadas creando un círculo virtuoso de crecimiento, efecto que los economistas denominan crowding in.

La dimensión social es, quizá, la de mayor relevancia del PGE en el contexto de pospandemia. Los bienes comunes representan una cuarta parte del presupuesto total, y salud y educación representan el 80% de estos recursos; esta participación garantiza la igualdad de oportunidades para toda la población. Además, para sostener y profundizar la redistribución de ingresos, el PGE garantiza Bs 6.739 millones para el pago de los bonos a la población más vulnerable e históricamente marginada. Asimismo, el PGE garantiza la subvención de servicios básicos, alimentos e hidrocarburos, velando el acceso de las familias bolivianas a estos bienes de primera necesidad.

Por tanto, el PGE busca el crecimiento económico con justicia social, enmarcado en el modelo económico boliviano que, en el contexto de pospandemia, se ha vuelto en un paradigma adelantado a la crisis mundial y los debates actuales.

Ariel Ibáñez Choque es economista.

Aun día de que el profesor Thomas Piketty publicara Time for social justice exigiendo mayor igualdad en tiempos de crisis en el mundo, el anacronismo provinciano de los neoliberales y anarcocapitalistas no tardó en relucir en Bolivia. Por ejemplo, el señor Mauricio Ríos García, pupilo de la escuela austríaca y de la ideología libertaria, con argumentos desordenados, descalificó la gestión gubernamental de los 100 primeros días del gobierno democrático y popular de Luis Arce. Saquemos a Bolivia de este denigrante provincianismo y con el chronos del sistema-mundo discutamos este cúmulo de argumentos.

En principio, no existe crisis estructural en Bolivia como Ríos quiere hacer creer. El modelo made in Bolivia fue exitoso porque procuró crecimiento económico con redistribución del ingreso. Ahora bien, como todo modelo no está exento del ciclo económico, actualmente estamos en crisis que responde a dos determinantes exógenos: i) la política económica recesiva durante el gobierno de facto y ii) la pandemia COVID-19. Por esto no es una crisis estructural, porque no responde a factores endógenos que impliquen la destrucción creativa de capital y patrimonio social; al contrario, se trata de encender la máquina no de jubilarla.

Entonces, para relanzar el ciclo hacia una nueva fase de expansión se requiere un plan. Ríos, junto con un cúmulo de opinadores, sostiene intransigentemente que no hay un plan en el actual Gobierno. Falso. Se tiene un plan de reconstrucción económica y profundización del modelo boliviano. El éxito del modelo boliviano radica en que emerge de la realidad local, de la forma primordial diría Zavaleta Mercado, para responder a la necesidad de coherencia política, económica e histórica de Bolivia en el mundo. Así, la reinstauración del modelo ya es un buen plan, aún más cuando se pretende relanzar una fase de recuperación del ciclo con la nueva industrialización por sustitución de importaciones.

No obstante, la ceguera de Ríos hacia el modelo económico responde a su migraña ideológica porque, desde su perspectiva, no existe otro plan que no sea el de las reformas estructurales hacia la propiedad privada, el mercado y el achicamiento o extinción del Estado; reformas fallidas. Esta ignorancia de la historia económica boliviana explica el porqué en la fase crítica del ciclo, cuando se requieren políticas expansivas de demanda efectiva, Ríos se pone de cabeza y propugna por políticas económicas contractivas ignorando que la crisis es exógena y no endógena.

Además, existe un plan de corto plazo en sintonía con los debates mundiales, no solo se ha focalizado la atención médica y la inmunización de la población, sino se ha devuelto el rol centrípeto de lo público y lo común para la justicia social. Entre otras medidas, la Ley de Emergencia Sanitaria garantizará el acceso equitativo a los servicios médicos de la población más necesitada, y las leyes de impuesto a las grandes fortunas y de reintegro del IVA refuerzan el carácter progresivo y solidario del modelo económico.

Ríos dice que el pedido del presidente Arce de “aguantar” es no tener un plan. En verdad, este señor no comprende la realidad de nuestro país, las familias necesitan trabajar. Aún existe una gran cantidad de población que vive del día a día, para ellos las medidas de política económica recesiva —que solo beneficiaban a los agroindustriales y banqueros—, y una cuarentena improvisada del gobierno de facto no fueron ni serán solución; ese no es un plan. El mejor plan es otorgar a la población más necesitada las mejores condiciones de acceso a la atención médica, y fomentar la demanda efectiva con medidas de redistribución e incremento de la inversión pública para la recuperación de la producción y el empleo en el corto plazo.

Por tanto, el reclamo de Ríos por nuevos proyectos e ideas no es sino la muestra de la inexistencia de proyectos alternativos al proceso de cambio nacional-popular. La derecha boliviana, llámese neoliberal o su vertiente anarcocapitalista, no ha podido reinventarse y ante la carencia de novedad cae en la demagogia.

Por último, cabe preguntar: ¿Por qué el señor Ríos no apareció en los primeros 100 días del gobierno de facto? ¿Por qué, siendo libertario, no se opuso y luchó contra la vulneración de los derechos individuales ante el terrorismo de Estado y los hechos de corrupción en la primera ola del COVID-19? ¡Qué mal plan!

   Ariel Ibáñez Choque es economista.