La viabilidad política del litio
Los tiempos se están acelerando, estamos ad portas de un momento de rápida expansión del mercado del litio y de grandes inversiones para satisfacer una demanda mundial de ese mineral que podría quintuplicarse en el horizonte de 2030. Hay pues una ventana de oportunidad para el país. Los retos tecnológicos, financieros y ambientales para lograr ese objetivo son enormes, pero lo esencial se jugará en el ámbito de la política.
Quizás no suene muy virtuoso, pero siempre será preferible el escenario económico en el que contemos con alguna renta de recursos naturales que nos permita financiar nuestro desarrollo o al menos evitar la crisis. De hecho, las orientaciones del actual Gobierno son transparentes: la ecuación de superación de la coyuntura económica actual tiene que ver con sostener la estabilidad por un par de años a la espera de un nuevo boom de exportaciones, ingresos fiscales y redistribución impulsadas por esa industria extractiva en la segunda mitad de esta década.
Para aclararnos aún más el escenario, la decisión esta semana del Parlamento Europeo de prohibir la venta de vehículos con motores térmicos en la Unión Europea a partir de 2035 acelera la histórica transición que emprenderán la industria automovilística y energética mundial en los próximos años. Y uno de sus cuellos de botella, según los especialistas, es la disponibilidad de baterías que, por lo pronto, precisan de litio para su fabricación.
Con esas perspectivas, las grandes maniobras políticas y económicas ya se están desplegando en todo el planeta para asegurar aprovisionamientos y esquemas de producción estables de esos dispositivos y sus componentes. Mientras tanto, los mercados financieros se emocionan, apostando al crecimiento futuro del sector, aumentando el precio de los bonos y acciones de las empresas que ya tienen operaciones o que las están desarrollando.
Pero, la cuestión no escapa a la política. Por eso, Biden declara a esa actividad como estratégica para Estados Unidos otorgándole facilidades e incentivos, China sigue haciendo lo posible para consolidarse como el primer productor global de baterías y los europeos se apuran en definir una estrategia para recuperar su retraso.
Hasta ahí todo bien: ésta es obviamente una gran oportunidad para un país, como Bolivia, que cuenta con importantes reservas de ese mineral. Pero, no hay que perder de vista que ese recurso sin inversiones, mercados estables y tecnologías competitivas podría quedarse en eso, en una reserva, es decir en una ilusión sobre un potencial beneficio que se concretará solo si se toman decisiones inteligentes, concretas y oportunas. Y esa es la tarea esencial de la política, por supuesto bien orientada por criterios económicos y técnicos.
Por otra parte, la dimensión del negocio y de sus múltiples implicaciones sugiere que cualquiera sea la decisión que se tome, ésta no podrá eludir definiciones acerca de nuestro posicionamiento en los escenarios geopolíticos que se están configurando en torno a esta cuestión y menos aún sobre las articulaciones y consensos sociales, políticos y territoriales que tendrán que sostener su despliegue y crecimiento interno.
Nuestra historia reciente es elocuente sobre las cien maneras en que nuestros conflictos políticos nacionales y hasta locales pueden sabotear o postergar las mejores decisiones tecno-económicas. Por tanto, las autoridades tendrían que ya darle algo de atención a esos riesgos internos desde ahora.
Dicho todo lo anterior, sería, no obstante, un grosero error pensar que el voluntarismo político es suficiente para avanzar. Por la naturaleza de la transición energética-tecnológica que está en la base, la expansión de la industria del litio, su desarrollo parece que tendrá inevitablemente interacciones fuertes con los mercados financieros, con la evolución de ciertas cadenas globales de producción tecnológica y con la disponibilidad de montos apreciables de inversión privada extranjera.
Es decir, se trata de una actividad influenciada por factores exógenos potentes y en la que operan actores privados y estatales diversos, y, en consecuencia, en la cual habrá que construir interdependencias inteligentes, flexibles, pragmáticas y beneficiosas para el país y sus ciudadanos.
Armando Ortuño Yáñez es investigador social.