El extravío de la corporación opinadora, principalmente atrincherada en Página Miente, ha conducido a sus articulistas a redactar textos sobre la crisis de 2019 con prescindencia de los hechos objetivos. Han optado por convertir su antimasismo en un asunto de diván colectivo, en una obsesión que pone en absoluta evidencia su disonancia cognitiva.
Entre otros, Carlos Toranzo, otrora mandamás del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), ha contraído la obligación de demostrarles a sus lectores en qué consistió exactamente el fraude con el que él y sus amiguetes de la que fuera “Izquierda de Sopocachi” se llenan las bocas para justificar la llegada de Jeanine Áñez a la presidencia.
A la señora Áñez se la ha sentenciado con 10 años de privación de libertad por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes con casi una centena de pruebas a la mano, producto de la convergencia acusatoria del Ministerio de Gobierno, el Senado y la Procuraduría General.
¿Creían Toranzo y Cía. que la retardación de justicia y la chicanería llevarían este proceso judicial hasta las calendas griegas? Parece que se les pasó por la cabeza que en lugar de resolverse judicialmente este grave asunto del quebrantamiento del Estado de derecho producido en Bolivia en noviembre de 2019, acabaría en nada y así, parte de los culpables intocados alcanzaban esa hipócrita y frívola reconciliación con la que buscan salir del paso, para tratar de quitarse la chapa de golpistas.
Carlos Toranzo era un académico sensato y reflexivo hasta que llegó el día en que sus ínfulas intelectuales no encajaban en las coordenadas de la renovación de lo nacional popular a partir de lo indígena y campesino, de la izquierda que venía acompañando técnicamente desde algunas oenegés a ese sujeto histórico ahora inscrito en el Estado Plurinacional. Ni Toranzo, ni sus círculos de arrogantes todólogos tenían cabida en el nuevo escenario boliviano con la irrupción del Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (IPSP) y el Movimiento Al Socialismo (MAS), que desde 2005 no se cansa de propinar palizas electorales a sus adversarios reciclados con otras siglas provenientes del neoliberalismo y la democracia pactada.
“Infamia consumada” le ha llamado Toranzo a la sentencia dictada contra Áñez en esa característica actitud de subestimación de la inteligencia y la claridad política de los de abajo. Infamia es haber fulminado el artículo 169 de la Constitución, vulnerando la línea de sucesión presidencial. Infamia es haber emitido el Decreto 4078 que les otorgó licencia para matar a los militares, cosa que hicieron en Sacaba-Huayllani, Senkata y El Pedregal: Esa es la “pacificación” que nos regalaron Áñez y sus secuaces, con los aplausos de sus “intelectuales”, y por lo tanto, jugando al colaboracionismo con el que actuaron para socapar acciones violatorias de los derechos humanos que tenían destino de olvido e impunidad.
Toranzo, y todo el resto de la corporación opinadora de la derecha, debería pedirle cuentas a la señora Áñez por haber malversado su excluyente misión transitoria hacia nuevas elecciones. Fue ella, por su ambición como candidata, atosigada por la voracidad y el revanchismo fascistoide de Arturo Murillo, la que escribió involuntariamente un manual para el retorno triunfante del MAS al poder. Traicionó las ilusiones de los clasemedieros conservadores que creyeron que con su acoso callejero con policías y militares como guardaespaldas, el acabose del partido azul quedaba a la vuelta de la esquina.
El juicio por la vía ordinaria contra Áñez y miembros del mando militar está plenamente sustentado por el hecho de que su procesamiento se produjo en función de los delitos perpetrados antes de que asaltara la presidencia del Estado, momento a partir del cual, efectivamente, le corresponde ser sometida a un juicio de responsabilidades, por ejemplo, para responder por los casi 40 muertos que cayeron entre el 10 y el 19 de noviembre de 2019.
“Su condena llena de orgullo al poder, pero llena de vergüenza a nuestra historia”, dice Toranzo en su panegírico en favor de Áñez que, por supuesto, no será juzgado por deshonestidad intelectual, figura inexistente en cualquier ordenamiento jurídico, pero sí quedará registrado como el defensor de lo indefendible, como el abogado de causas perdidas de una presidenta que para llegar al cargo pulverizó la Constitución Política del Estado.
Ese antimasismo ya enfermizo debería intentar sanar, convirtiéndose en propuesta política alternativa. Es lo que estos asesores del antiguo establishment no quieren comprender desde el día en que se hicieron actores secundones de la historia. Hay que lamentarlo por Toranzo y Cía., que han dejado carcomer su inteligencia por el odio.
Julio Peñaloza Bretel es periodista.