El Censo de Población y Vivienda previsto para noviembre se realizará en un contexto inédito de problemas políticos y administrativos, que no facilitan ciertamente su preparación y ejecución en forma cabal. El principal problema consiste en la falta de información verdadera sobre la situación del levantamiento cartográfico, habida cuenta de que la cartografía completa es la base imprescindible para llevar a cabo un censo confiable, sobre todo porque el Censo de 2012 utilizó la misma cartografía del Censo de 2001. En esos 21 años han ocurrido enormes trasformaciones en todos los órdenes imaginables: la migración interna del campo a la ciudad, los desplazamientos poblacionales entre departamentos, la emigración de trabajadores al exterior, así como los cambios en las condiciones habitacionales a partir de las dinámicas de la construcción de viviendas en las cuatro ciudades del eje: La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, entre otros aspectos.
Un segundo problema se deriva de los impactos desiguales que ha provocado la pandemia del COVID-19 en los ámbitos de la salud, la educación y el empleo, cuya medición precisa tendría que proporcionar los elementos primordiales para un nuevo enfoque de políticas públicas en los tres ámbitos mencionados.
Tercero: los censos proporcionan una gran cantidad de datos demográficos desagregados sobre la distribución espacial de la población, incluyendo su estructura por edades, sexo y grados de instrucción, así como sus condiciones de vida y empleo. Toda esta información debe ser adecuadamente tabulada y difundida por diversos medios para el autoconocimiento de la sociedad respecto de su situación demográfica, su nivel de desarrollo económico y social y las brechas de bienestar entre los diferentes estratos ocupacionales, grupos étnico-culturales y clases sociales, que requieren tratamientos diferenciados de políticas públicas.
Cuarto: en países, como Bolivia, donde existe una gran debilidad institucional en términos de registros estadísticos y administrativos completos y confiables, los censos constituyen la única fuente de información para identificar las diversas manifestaciones de la exclusión social y las desigualdades atribuibles al lugar de residencia, la identidad étnico-cultural y el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, como se ha puesto en evidencia durante los confinamientos ocasionados por el COVID-19. Los censos son asimismo el requisito imprescindible para la elaboración de proyecciones y estimaciones demográficas para períodos intercensales, cuya validez depende de la calidad de la información sobre la población en el año de partida.
Quinto: la información demográfica le pertenece a la sociedad en cuanto son sus datos los que recopila y procesa el sistema estadístico nacional, que no puede excluir por tanto la participación de la sociedad organizada en la formulación de los principios y criterios que deben regir todo el diseño del contenido de la boleta censal.
Sexto: el derecho de acceso a la información pública constituye uno de los fundamentos de la democracia, lo que trae aparejado el derecho de la sociedad civil al acompañamiento y control de todas las etapas preparatorias del Censo, así como a la veeduría durante los días de su ejecución y obviamente también al control poscensal y la oportuna divulgación de los correspondientes agregados estadísticos en formatos accesibles para la población.
Por último, el tratamiento de la autoidentificación sobre pertenencia a un determinado grupo étnico-cultural constituye un asunto pendiente debido a la confusión normativa incorporada en el artículo 3 de la Constitución Política del Estado. Se requieren consultas legislativas para resolver dicho problema, que no debe quedar librado a la discrecionalidad de una instancia administrativa del Órgano Ejecutivo.
Horst Grebe es economista.