Algo, es un adverbio indefinido. ¿Qué significa?: “un poco, no del todo”. Esa es la sensación que hay con la reciente sentencia a la exsenadora Jeanine Áñez, que ilegalmente se autoproclamó presidenta de Bolivia. O sea, con esa sentencia hay algo de justicia. Lo que sucedió, en noviembre de 2019, con el golpe de Estado fue muy grave. Quizás, la expresidenta fue el peldaño más débil de una cadena de hechos conspirativos protagonizados por un conjunto de actores, pero eso no le quita su propia responsabilidad política, pero, sobre todo, penal.
Más allá de la cantidad de años de cárcel a la expresidenta, esa sensación a poco está en proporción a los hechos execrables sucedidos en noviembre de 2019. En una de las declaraciones de la expresidenta, ella confesó que recibió una llamada de un portavoz que a nombre de un grupo de personas reunidos en la Universidad Católica Boliviana resolvieron que Áñez se hiciera cargo de la presidencia obviando los derroteros legales para la sucesión presidencial. Era el plan B: unos señores definieron la sucesión y ella la ejecutó.
Los acontecimientos de noviembre de 2019 fueron promovidos por una cruzada conspirativa, además, contó con la complicidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana para la ruptura constitucional. Este conjunto de actores y acontecimientos da cuenta de toda una maquinaria golpista que amerita ser investigada y ser juzgada. La sentencia de Áñez abre la posibilidad de un juicio para aquellos que directamente e indirectamente intervinieron para la ruptura constitucional. No es casual, muchos de ellos manifestaron su preocupación posterior a la sentencia de Áñez. Así, el expresidente Carlos Mesa, involucrado en estos hechos advirtió: “La sentencia de Áñez es ‘infame’ y no vamos a tolerar ser acusados”. Estas declaraciones revelan el miedo que entraña en aquellos que decidieron la sucesión presidencial ilegal de Áñez.
Muchos opositores piden un juicio de responsabilidades a Áñez. Debería ser el camino para juzgar, sobre todo, las masacres perpetradas al inicio del gobierno transitorio, empero, este camino es tortuoso ya que se necesita de los dos tercios de los votos en el hemiciclo parlamentario. O sea, se amerita de los votos de los parlamentarios tanto de Creemos, de Luis Fernando Camacho, y de Comunidad Ciudadana (CC), de Carlos Mesa. Ambos líderes políticos fueron señalados como parte de la tramoya golpista.
El sentido común dice que es difícil conseguir esos dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Así, el juzgamiento a las masacres se hace difícil, casi imposible. No se debe olvidar, el golpe de Estado y las masacres son parte de una cadena abominable. Se hace difícil que los responsables del golpe del Estado tengan la valentía y la honestidad política de viabilizar un juicio de responsabilidades que se hace imperioso para la esclarecer estos hechos.
De allí, el juicio ordinario y la sentencia a Áñez. Se juzgó el acto cometido por la entonces senadora —y no presidenta boliviana— momentos previos de autonombrarse mandataria ilegalmente. Más allá de la personalización de la sentencia, este hecho jurídico se constituye en un precedente para que en el futuro ningún advenedizo tenga la osadía de arremeter contra la democracia. Allí radica la importancia histórica de la sentencia. Hoy en adelante, cualquier advenedizo va a pensar varias veces para animarse a una aventura golpista. Aunque, con esta sentencia se hizo algo de justicia, se necesita investigar y juzgar las masacres perpetradas en el curso del gobierno de Áñez.
Yuri Tórrez es sociólogo.