Voces

martes 21 jun 2022 | Actualizado a 00:36

Esa sentencia de m…

/ 21 de junio de 2022 / 00:35

La sentencia dictada contra Áñez hace un par de semanas solo comprueba una cosa: no hubo nada legal acerca de su presidencia. Para que la misma fuera legal, la senadora beniana debía ganar elecciones o cumplir con los requisitos establecidos por ley que, en el caso boliviano, la obligaban a ser elegida como presidenta del Senado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, que en aquel entonces estaba conformada por una mayoría masista que difícilmente se lo hubiera permitido. Realizar dicho nombramiento en ausencia de la bancada oficialista constituye sin duda alguna un acto de violación a la institucionalidad de aquel poder del Estado, y una forma algo sutil de golpe de Estado.

Pero lo que resulta curioso no es tanto que los verdaderos masistas estemos indisimuladamente descontentos con la pena impuesta sobre ella y algunos mandos jerárquicos de las FFAA y la Policía, pues obviamente sus castigos no son proporcionales al daño que ocasionaron tanto en términos institucionales, económicos y, sobre todo, humanos, sino porque los verdaderos instigadores de tal hecho, el secuestro del Ejecutivo a manos de una élite no electa, siguen todavía sin ser juzgados, e incluso se dan el lujo de hacer declaraciones ante los medios lamentando (aunque con lágrimas de cocodrilo) el veredicto contra Áñez.

Nota aparte, qué frustrante es que la única mujer que llegó a la presidencia del país en lo que va del siglo lo haya hecho como una simple marioneta de lo más conservador y machista que tiene por ofrecer la sociedad boliviana. Terminó pagando por pecadores, pero con una convicción (¿debería decir fe?) que no la hace menos culpable que los autores intelectuales del delito.

¿Y de quiénes estoy hablando? Pues de Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa y Tuto Quiroga, por supuesto, contra quienes se debería entablar un juicio por haber usurpado la presidencia de nuestro Estado al más puro estilo de camarilla aristocrática del siglo XIX, consumando su crimen ni siquiera desde los espacios propiamente institucionales, sino desde una universidad privada. ¿Qué les otorgaba ese derecho? Tal afrenta contra la democracia no debería indignarnos solo a los masistas, sino a todo ciudadano autoproclamado como demócrata o, por lo menos, como liberal.

Si a esas clases altas les molesta tanto que las elecciones las gane un partido de vocación popular y mayoritaria, pues les tengo una solución… ¡Funden el suyo, señores! ¡Nosotros tampoco los queremos acá! Sería un alivio.

Pero esa sentencia se queda corta no solo porque la pena es insuficiente y los acusados no son todos los perpetradores de aquella violación contra la Constitución, delito grave, sin duda, sino porque se los castiga por otras faltas de menor importancia en comparación con la vulneración del derecho a la vida y la violación sistemática en contra de los derechos humanos e incluso contra la libertad de expresión.

La sentencia es insuficiente porque no juzga los 38 muertos en las masacres de Sacaba y Senkata, y las otras muertes producidas en las ejecuciones extrajudiciales de la zona Sur de la ciudad de La Paz. Y por esas muertes también deben ser juzgados los ministros que fueron parte de ese gobierno (sí, tú también Arias, tú también tienes sangre en tus manos) y los paramilitares de la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista.

La sentencia es insuficiente también porque no juzga los más de 20 casos de corrupción que se dieron durante ese corto gobierno, donde se desfalcó el Estado como si no hubiera un mañana, y de paso criticando “los 14 años de corrupción del gobierno del MAS”… el cinismo de algunas personas no tiene límites. Pero eso, como dije, se queda corto con las masacres, asesinatos, arrestos y torturas que se dieron aquellos días…. Imagino que los columnistas de Página Siete no dirán una palabra al respecto, como siempre. ¿Y si los muertos hubieran sido blanquitos y choquitos?

Yo estaba en la vigilia en las afueras del tribunal que juzgó a Áñez cuando salió la sentencia. Eran más de las 21.30 y nadie sonrió, créanme. Nadie saltó, nadie estaba feliz. Nos miramos entre nosotros, todos desconcertados.

Yo y mi pareja nos fuimos, sin saber qué decir, callados. Una vez en casa grité: “pero qué sentencia de m…”

Yo tampoco estoy feliz.

Carlos Moldiz Castillo es politólogo.

Comparte y opina:

Lo informal y lo ilícito

/ 7 de junio de 2022 / 03:10

A finales del año pasado, un proyecto de ley destinado a combatir la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo despertó la resistencia activa de amplios sectores de la población boliviana, atemorizados de que dicha norma los privara de sus fuentes de sustento cotidiano. La medida estaba lejos de significar una amenaza real para sus intereses, y sin duda se puede acusar la incitación al conflicto promovida por la influencia opositora en varios medios de comunicación. No obstante, el recelo provocado era una reacción cuando menos comprensible, en un país donde siete de cada 10 trabajadores pertenecían al sector informal de la economía (y esto, si partimos de datos publicados antes de la llegada de la pandemia del COVID-19)

La distinción entre economía informal y la actividad económica ilegal es, entonces, necesaria, dado que la primera constituye la principal fuente de empleo para millones de personas a nivel nacional, mientras que la segunda comprende a grupos de emprendedores ilícitos cuyas actividades van en directa contravención del ordenamiento jurídico de nuestro Estado. Todo lo ilegal es de alguna manera informal, pero no todo lo informal es necesariamente ilícito, en otras palabras. Obviar esto nos puede llevar a criminalizar formas de actividad económica cuya única falta consiste en estar fuera del ámbito de control del Estado, que nunca podrá ser absoluto, salvo en los peores sueños neoliberales, dadas las limitaciones de todo aparato burocrático en términos prácticos.

No obstante, esto no debe llevarnos a creer que toda actividad económica informal es necesariamente marginal y de sobrevivencia, como seguramente nos advertiría Nico Tassi. Verdaderas fortunas se amasan en este tipo de economías, mundializadas gracias al advenimiento del posfordismo. No se trata de una excepcionalidad boliviana (aunque el caso boliviano ciertamente tiene sus particularidades), o siquiera tercermundista, pues se puede hablar de una economía informal a nivel global, que conecta lugares tan distintos como la ciudad de El Alto con Beijing.

Pero está también el mercado ilegal, ya no solo informal, de bienes tanto legales como ilegales, donde podemos situar el contrabando de oro que tanto daño le hace a nuestro Estado, como de estupefacientes penalizados a nivel internacional (aunque podamos cuestionar tal clasificación como arbitraria o incluso injusta) o la trata y tráfico de personas. En este tipo de casos, a mi juicio, restituir el control del Estado es necesario, sobre todo para países como Bolivia, toda vez que esto puede contribuir a ampliar la recaudación impositiva de nuestro Estado o fortalecer su capacidad de control sobre sus fronteras, territorio y población en general. O, lo que es lo mismo, fortalecer su institucionalidad, que no es otra cosa que su capacidad de ejercer poder.

Siempre trato de no perder de vista una máxima fundamental de la teoría política, que dicta que donde manda capitán no manda marinero, o, lo que es lo mismo, la primacía del principio de autoridad del Estado sobre su territorio. Obviar ello es ir para atrás, hacia ese pasado feudal donde señores de la guerra establecían su poder sobre pequeñas parcelas de territorio, a lo Pablo Escobar, o como los muchos cárteles que hoy en día han tomado como rehenes a poblaciones enteras en países como México, con quienes, sobra decirlo, no se puede convivir pacíficamente.

Carlos Moldiz es politólogo.

Comparte y opina:

El imperio del contrabando

/ 24 de mayo de 2022 / 01:00

¿Y si les dijera que la independencia de los EEUU fue inspirada por una patriótica defensa del contrabando de molasa, materia prima para la elaboración de ron, que el yugo británico sobre las Trece Colonias hacía cada día más difícil? ¿Que su revolución industrial fue impulsada por el contrabando de patentes, tecnologías y el robo de cerebros, a costillas de Inglaterra? ¿Que sus propios ejércitos independentistas financiaban sus campañas militares con los ingresos provenientes del contrabando de esclavos y cigarrillos desde el Sur? Es decir, ¿si les dijera que el contrabando es tanto acerca de construir estatalidad, como de subvertirla?

Esa es la provocadora tesis del no tan reciente libro del politólogo estadounidense Peter Andreas, Smuglers Nation: How Illicit Trade Made America (que puede traducirse como Nación de contrabandistas: Cómo el comercio ilícito construyó América), publicado en 2013, donde hace una exhaustiva revisión de la historia del imperio del norte a través de los lentes del contrabando, explicando gran parte de su éxito por su capacidad para borrar las líneas imaginarias del comercio internacional, pero a su favor. El contrabando, nos recuerda el autor, no es más que el libre comercio llevado hasta sus últimas consecuencias, razón por la cual Adam Smith les derrochaba a los agentes de esta actividad no pocos halagos.

No es, pues, una anomalía en el sistema, sino algo intrínseco a él, debido a que las mercancías que lo componen corren por las mismas vías que las de carácter legal, muchas veces movilizadas por los mismos agentes que forman parte de la economía formal. Andreas nota, en el prefacio de su libro, cómo la producción de cocaína en Latinoamérica no sería posible sin la materia prima legalmente importada desde los EEUU, como los precursores o papel higiénico.

Es de notarse cómo en el ámbito de las economías informales se repite el patrón de la división internacional del trabajo, que separa a Estados productores de materias primas de Estados que producen bienes con valor agregado o que se benefician de su comercialización. Las millonarias ganancias del narcotráfico las reportan cárteles brasileños y colombianos, no los productores campesinos bolivianos. El contrabando, huelga decirlo, puede actuar a favor de un Estado mientras lo hace en contra de otro.

¿Cuál es la diferencia entre una forma y otra de contrabando? Siguiendo a Andreas, es de notar que, de la misma forma en cómo sucede con el narcotráfico, la priorización de algunas formas de contrabando sobre otras refleja las asimetrías de poder que pueden darse en las relaciones internacionales.

Así, advierte el autor en otro artículo académico, que mientras el desecho de desperdicios del norte al sur (veamos el caso de la ropa usada en Atacama, Chile) o de antigüedades del sur al norte no reciben mucha atención en las agendas bilaterales entre dichos Estados, el narcotráfico y la migración ilegal copan sus agendas, siguiendo los intereses de los polos dominantes de estas relaciones entre países. Nuevamente, y al igual que sucede con las drogas, se trata de determinaciones políticas antes que técnicas.

¿Y si México condicionara su cooperación en la lucha contra el narcotráfico a una respuesta proporcional desde los EEUU respecto al contrabando de armas?

Este enfoque no es aplicable a todos los casos, por supuesto. El problema del contrabando de vehículos desde Chile o de alimentos desde Perú seguramente tendrá que seguir otro tipo de enfoques, pero me atrevo a suponer que la solución a estos problemas, como casi todo en la vida, es política. Para corroborar esto solo hace falta revisar la siempre polémica historia de los EEUU, el imperio del contrabando.

Carlos Moldiz Castillo es politólogo.

Comparte y opina:

La globalización clandestina

/ 10 de mayo de 2022 / 01:22

Nuestra última reflexión llegó a la conclusión de que la guerra contra las drogas parte de un enfoque punitivo tan inefectivo como arbitrario, dada su forma de clasificar ciertas sustancias como legales o ilegales. Ahora pasemos a abordar cómo dicha cruzada mundial en contra del vicio revela algo más que hipocresía por parte de uno de sus principales impulsores, los Estados Unidos, hasta convertirse en un soporte estratégico de su política exterior, sin el cual seguramente tendrían menos argumentos para justificar su “liderazgo” sobre el resto del mundo.

Desde el Plan Colombia hasta el Plan Mérida, es interesante notar cómo los programas de asistencia militar de los EEUU en la región han fracasado en su objetivo de reducir la producción de narcóticos en el sur global, sirviendo, por otro lado, como verdaderos caldos de cultivo para la emergencia de organizaciones criminales y ejércitos paramilitares poco inclinados a la promoción de la democracia, pero sí muy exitosos en el sostenimiento de élites políticas poco representativas como sucedió con las Fuerzas de Autodefensas Unidas de Colombia, muy atadas al uribismo.

Si sumamos a dicha experiencia los ejemplos del general Noriega en Panamá, los Contras en Nicaragua y los gobiernos de Banzer y García Meza en Bolivia, no es difícil notar que existe una relación casi directa entre el narcotráfico y la extrema derecha en toda Latinoamérica. Con esto no queremos negar, por supuesto, que algunos grupos de insurgencia comunista no hayan recurrido a este tipo de actividades para financiar su lucha, pero es de notar que la guerrilla de las FARC, por ejemplo, precedió por mucho al boom de este negocio, llegando a él muchos años después de su fundación.

Hasta este punto, parecería que la cooperación estadounidense no solo fracasa al momento de combatir la producción de narcóticos en la región, sino que, de alguna manera, la fomenta. ¿Por qué sucede esto? Creo que una posible explicación para esta aparente paradoja reside en el hecho de que la industria de las drogas es hoy tan necesaria para la economía global como lo es la industria de los combustibles fósiles.

¿Qué sería del capitalismo sin el contrabando de armas, el narcotráfico y la trata y tráfico de personas? Mucho movimiento económico global sería imposible de explicar. Y de la misma forma en que muchos países desarrollados piensan en cocaína o marihuana cuando se habla de Latinoamérica, creo que el éxito de Suiza se debe a algo más que relojes y chocolates. Por cada actividad legal que produce empleos en el mundo, hay otras tres que se constituyen en fuentes alternativas de sustento para millones de personas. Me cuesta imaginar el éxito de los EEUU sin el tráfico de armas al resto del mundo.

Un enfoque de aproximación interesante para este fenómeno, aunque desde una perspectiva muy diferente, es el que el politólogo Peter Andreas ha llamado Economía Política Internacional Ilícita, que ayuda a explicar el lado clandestino de la globalización, y al que estaré dedicando mis subsecuentes análisis en este espacio.

Carlos Moldiz Castillo es politólogo.

Comparte y opina:

Drogas

/ 26 de abril de 2022 / 01:56

A veces me pregunto cómo sería la eucaristía si la sangre de Jesús fuera limonada. Seguramente habría tantos católicos en el mundo como mormones en Bolivia, y eso si en serio creemos que ninguno de ellos tuvo alguna vez una resaca.

Ahora imaginen la vida sin café, té, chocolate o cigarrillos. Sería posible, sí, pero no muy placentera. Hay algo muy humano acerca de estar ebrio, y eso es porque el consumo de drogas es casi consustancial a la condición de nuestra especie, sea recreativo, ritual o medicinal.

Y, sin embargo, no son pocos los que han tratado de suprimir aquello que hasta las cabras de monte hacen. A principios del siglo XX, círculos conservadores en los Estados Unidos lograron lo imposible y decretaron que las palomas no vuelen y los peces no naden con el Acta Volstead, que hizo ilegal el consumo de alcohol.

La prohibición no logró reducir el número de borrachos en las calles, pero sí multiplicó las ganancias de matones callejeros, que lograron levantar imperios sobre el comercio ilegal de ron y otras bebidas fuertes, que eran más lucrativas justamente por ser ilegales.

El contrabando etílico era, al mismo tiempo, un negocio híper competitivo, como lo es hoy el narcotráfico, donde solo triunfaban los más fuertes. Las calles se inundaron de sangre, con pocos ganadores como los gángsters Enoch Thomson o Al Capone…, HBO tiene una serie.

La lección acá es la siguiente: la clasificación de una sustancia psicoactiva como legal o ilegal no responde a parámetros científicos sino a criterios muy arbitrarios.

Tan arbitrarios que la cocaína era totalmente legal hasta bien entrada la Segunda Guerra Mundial, al punto que Alemania tenía cultivos de hoja de coca en el sudeste asiático. La derrota de los países del eje selló también el destino de sus drogas predilectas y no fue hasta finales de la década de los 50 que la cocaína volvió a emerger con fuerza en el mundo.

¿Y a quiénes benefició su comercialización? La Revolución Cubana provocó un éxodo de mafiosos hacia los EEUU, que incursionaron rápidamente en este negocio, cuyo epicentro estaba justamente en las calles de California. Luego fueron desplazados por cárteles colombianos y mexicanos, impulsados por el éxito de Pablo Escobar, el héroe de Luis Fernando Camacho.

Y a medida que el gobierno estadounidense intensificaba su política antinarcóticos, más cara se hacía la cocaína y más violento se tornaba su mercado. A inicios de los años 80, Reagan declara la Guerra contra las Drogas, al mismo tiempo que financia su lucha contra el comunismo internacional con las ganancias de la venta de crack y cocaína en los barrios negros y pobres del noreste. ¿Necesito subrayar la hipocresía?

Con esto no quiero insinuar que el consumo de drogas (cualquier droga) sea bueno o no sea un problema. Lo es, sin duda, como todo exceso, pero la cuestión está en el enfoque con el que se lo aborda.

El punitivo ha demostrado ser excelente para los negocios, pero terrible para la gente. No solo fracasó en reducir el número de drogadictos en el mundo, sino que hizo posible, en gran medida, la violencia extrema que hoy afecta a México y a Colombia, además de la represión criminal que tuvo que enfrentar el movimiento cocalero en Bolivia. El sanitario, por otro lado, ha logrado maravillas en países como Portugal, que han dejado de tratar a los narcodependientes como homicidas, sino como enfermos que necesitan ayuda y no tiros.

La adicción es una enfermedad, no un delito. La guerra contra las drogas es una mentira, una estrategia de negocios.

Carlos Moldiz es politólogo.

Comparte y opina:

La celebración de un fracaso histórico

/ 12 de abril de 2022 / 01:43

La Revolución Nacional de 1952 fue un fracaso. Creo que pocos estarán en desacuerdo con dicha afirmación. Por cada contradicción que resolvía creaba otra, a su vez más compleja, y al final, se puede decir que no cumplió ni con el más básico de sus objetivos, que era el de crear una nación como espacio unificador de una sociedad que corría el peligro de dispersarse en la nada tras su derrota en la Guerra del Chaco. A 70 años del acontecimiento que le dio vida, ninguna reflexión está por demás, mientras contribuya a superar la ambigüedad con la que usualmente se la aborda.

Creo que, como punto de partida, su principal mérito reside en haber desplazado del poder a una clase social que no hacía otra cosa que depredar al resto del país, por muy buenas veladas literarias que hubiera organizado en su momento. Cientos de masacres contra comunidades indígenas y trabajadores de las minas deberían ser suficiente justificativo para aplaudir este primer logro.

El problema es que, a pesar de haber desplazado a los barones del estaño del control del Estado y de haber erradicado a la élite hacendada que cometía atroces abusos contra la población indígena, la Revolución Nacional terminó creando una nueva oligarquía terrateniente en el oriente del país, al mismo tiempo que producía una burguesía estatal no menos racista y colonial que su predecesora. Algunos le llaman a esto la paradoja señorial. Primera falta.

En segundo lugar, a pesar de lo que puede sugerir el término nacionalismo revolucionario, sus principales dirigentes no opusieron mucha resistencia ni mostraron mucho patriotismo para oponerse a las evidentes intenciones del entonces naciente imperio estadounidense, que cosechaba los frutos de haber quedado como la única potencia en pie tras la Segunda Guerra Mundial, de consolidar su hegemonía sobre toda la región.

Las condiciones de su asistencia financiera estaban determinadas por el contexto de la Guerra Fría, que exigía disciplinar a un movimiento obrero sospechoso de inclinaciones comunistas a través del fortalecimiento de los órganos represivos del Estado, lo que al final derivó en la inauguración de un ciclo de dictaduras militares que no deberían resultar difíciles de repudiar.

Pero por encima de todo esto, lo que resulta más frustrante acerca de este episodio de nuestra historia es que no logró resolver la marginalidad de la población indígena, que siguió siendo discriminada a partir de criterios como el apellido, la lengua o el color de la piel. Es decir, por exactamente las mismas razones por las que se la humillaba en el pasado. El mestizaje fue una mentira, tal vez bienintencionada, pero mentira, a fin de cuentas.

Lo paradójico de esta revolución no tiene límites si se toma en cuenta que fueron los mismos dirigentes del MNR los que terminaron por desmontar, uno por uno, los fundamentos del Estado de 1952, privatizando y vendiendo a precio de gallina muerta lo que habían nacionalizado décadas atrás, convirtiéndose en un remedo más grotesco de la oligarquía que contribuyeron a descabezar.

Pero, como dije en otra ocasión, lo trágico y lo cómico siempre irán de la mano. Fue con el Decreto 21060 que el MNR crearía a sus propios enterradores, desplazando a miles de mineros hacia lo que luego sería la ciudad de El Alto y las sofocantes selvas del Chapare, lugares donde culminaría el ciclo de rebeliones que a principios de este siglo pusieron fin a una partidocracia encabezada justamente por el MNR.

Tal vez sí vale la pena celebrar este fracaso histórico.

Carlos Moldiz es politólogo.

Comparte y opina: