Desde 1985, la política económica respondía a un programa dirigido a frenar la inflación, por cuanto se implementaron reformas estructurales de significativa magnitud, diseñadas a la par del Consenso de Washington para abrir discriminadamente los mercados. El gobierno neoliberal debía derrotar a la opositora organización de los trabajadores, utilizando todos los medios represivos a su alcance, sometiendo a la clase obrera a un programa económico que tuvo, como objetivo inicial, una drástica caída de los ingresos de los trabajadores y la liquidación de los recursos de defensa del poder del sindicalismo nacional.

Con el nefasto Decreto Supremo 21060, la política salarial neoliberal consistió en la contención a la mejora de los ingresos de los trabajadores, destapando la incapacidad para reactivar la economía y mejorar las rentas de los sectores populares, logrando el creciente desempleo y marginalidad de éstos. La política de congelamiento de los salarios estaba justificada por el temor a que los incrementos desatarían nuevamente procesos de inflación, los míseros incrementos al salario no tenían ninguna relación con la pérdida permanente del poder adquisitivo. Asimismo, para pagar salarios de maestros y médicos, se necesitaba del apoyo de organismos internacionales (pidiendo limosnas).

En 2006, las finanzas públicas de Bolivia padecían una gran enfermedad económica que se traducía en continuos déficits fiscales, niveles de recaudación tributaria e inversión pública bajos, dolarización de la deuda interna, además de una dependencia de recursos externos. Se heredó un país con una pobreza que afectaba a la mayoría de la población, y una brecha de desigualdad de ingresos entre los más ricos y los más pobres. De ahí que cuando se presentaban crisis económicas, recaían sobre la población trabajadora.

A partir de la implementación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), el principal objetivo fue asumir firmemente el compromiso de reducir esas asimetrías y brechas, a partir de la recuperación de los recursos naturales para la generación de más ingresos y su redistribución entre los bolivianos, por supuesto, favoreciendo a los que tienen menos. Asimismo, en el marco de la austeridad, una de las primeras decisiones fue reducir el salario del Presidente del Estado a la mitad, al igual que la del Vicepresidente, de los ministros y viceministros, además de los gastos de representación que recibían los mandatarios de entonces, independientemente de su remuneración, aclarando que con esos recursos ahorrados se crearon ítems en los sectores de salud y educación.

La política salarial del gobierno, de acuerdo al MESCP, se dirigió a favorecer a los sectores tradicionalmente excluidos y cerrar las enormes brechas que había dejado el neoliberalismo. Los incrementos salariales estuvieron basados en dos pilares fundamentales: primero, incrementos sostenidos por encima de la tasa de inflación, medida adoptada como una forma que, además de reponer el poder adquisitivo, está enfocada en aumentar en términos reales los ingresos de los trabajadores y generar una demanda interna; segundo, beneficiar principalmente a los sectores de salud y educación con la creación de nuevos ítems.

En este sentido, en 2005, el salario mínimo nacional (SMN) alcanzaba a Bs 440, la tasa de desempleo anual ascendía al 8,1%, la pobreza moderada al 60,6% y la pobreza extrema al 38,2%, no obstante, y como resultado de la aplicación de la política salarial del MESCP, en 2021 el SMN registró Bs 2.164, es decir un aumento sustancial del 333%; asimismo, las otras variables presentaron una disminución considerable, 5,2%, 36,3% y 11,1%, respectivamente.

Las políticas públicas implementadas en el marco del MESCP contribuyeron a la reducción de la pobreza y generaron una distribución más equitativa del ingreso, por ejemplo, el Índice de Gini en 2005 tuvo un valor de 0,60, el cual disminuyó a 0,42 en 2021. Asimismo, el ingreso del 10% de la población más rica era de 128 veces el ingreso del 10% de la población más pobre en 2005; en 2021, esta variable mostró una reducción considerable llegando solo a 20 veces. Finalmente, la política salarial en el nuevo modelo económico garantiza a la población un salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna.

Fernando Chuquimia es especialista financiero.

La desigualdad y la pobreza son dos caras de la misma moneda, se trata de problemas que frenan el desarrollo económico, está demostrado que países con altos niveles de desigualdad crecen menos que sociedades más equitativas, y en consecuencia, tienen más dificultades para desarrollar políticas públicas efectivas de reducción de la pobreza.

La historia de los países tiene raíces profundas sobre la desigualdad y es el resultado de factores culturales, sociales y políticos que interactúan con mecanismos económicos. Desde una perspectiva económica, tiene que ver con la distribución del ingreso, la riqueza y las oportunidades, aspecto que implica el bienestar de pocos, a costa de la gran mayoría de la población.

La pobreza está definida como un escenario donde las personas en situación de carencia no son capaces de lograr niveles de bienestar mínimos según criterios estandarizados, siendo el más estricto el alimentario. Uno de los criterios para la medición de la pobreza consiste en establecer si los hogares pueden o no satisfacer sus necesidades, por medio de la compra de bienes y servicios a partir de sus ingresos.

En el caso boliviano, la Constitución establece que, para eliminar la pobreza, así como la exclusión social y económica, la organización del país tiene como propósitos: la producción, distribución y redistribución justa de la riqueza y de los excedentes económicos; la reducción de las desigualdades de acceso a los recursos productivos; y la reducción de las desigualdades regionales, entre otras.

En este contexto, el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) se basa en cuatro pilares: crecimiento y desarrollo con base en el aprovechamiento de los recursos naturales para beneficio de los bolivianos; el Estado se apropia y redistribuye el excedente económico que generan los sectores estratégicos; modelo redistribuidor del ingreso, cuyo excedente económico se reasigna a otros sectores de la economía y a la población con escasos recursos; y la reducción de la desigualdad social y la pobreza, aclarando que estos últimos aspectos fueron heredados del viejo modelo neoliberal.

A partir de 2006, el Gobierno desarrolló políticas socioeconómicas, como las transferencias condicionadas en efectivo, las subvenciones cruzadas y los incrementos salariales por encima de la tasa de inflación. Se implementaron programas y proyectos de inversión pública que permitieron el acceso a la salud y educación, dotación de servicios básicos, vivienda, democratización de los servicios financieros, protección social, así como la generación de empleo.

En 2005, la tasa de desempleo anual ascendía al 8,1%, la pobreza moderada al 60,6% y la pobreza extrema al 38,2%, y como resultado de la aplicación del MESCP en los últimos años (exceptuando el periodo del gobierno de facto), en 2021 dichas variables disminuyeron a 5,2%, 36,3% y 11,1%, respectivamente.

Es necesario resaltar que las políticas sociales llevadas a cabo no solo contribuyeron a la reducción de la pobreza, sino que generaron una distribución más equitativa del ingreso. Uno de los indicadores que mide la desigualdad en la distribución de los ingresos es el Índice de Gini (IG), que asume valores cercanos a la unidad si en la economía existe concentración de los ingresos y toma valores cercanos a cero cuando el ingreso es distribuido de forma más equitativa. En 2005, el IG tuvo un valor de 0,60 y en 2021 disminuyó a 0,42.

Aparte, la relación de ingresos entre la población más rica y la población más pobre es otro indicador para analizar la distribución del ingreso. En 2005, a nivel nacional el ingreso del 10% de la población más rica era de 128 veces el ingreso del 10% de la población más pobre. En 2021, esta variable llegó solo a 20 veces. Estos resultados alentadores son producto del significativo incremento en el ingreso de la población más pobre, reflejando el crecimiento económico de Bolivia con menos desigualdad entre ricos y pobres; sin embargo, aún quedan retos para gozar de esa sociedad de iguales en el país.

Fernando Chuquimia es especialista financiero.

La orientación de la política financiera boliviana hace hincapié en la igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa, dando relevancia a los sectores de la micro y pequeña empresa, artesanía, comercio, servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción.

Es así que, a partir de la Ley 393 de 21 de agosto de 2013 y con base en pilares del Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo (MESCP), se marcó un nuevo hito en la historia financiera de Bolivia, apostando por su desarrollo a través del apoyo financiero a la producción y la mejora de las condiciones para la población, mediante la canalización de recursos en condiciones más accesibles para la vivienda, la transparencia de los servicios, el fortalecimiento de las medidas prudenciales, la solvencia de las entidades financieras y la protección del consumidor financiero.

Dicha norma señala también que los servicios financieros deben cumplir la función social de contribuir al logro de los objetivos de desarrollo integral para el vivir bien, la eliminación de la pobreza y la exclusión socioeconómica de la población, permitiendo una mayor democratización del crédito, para lo cual, las entidades de intermediación financiera (EIF) destinan anualmente un porcentaje de sus utilidades, sin perjuicio de los programas que las propias instituciones ejecutan.

Desde la gestión 2014 se constituyeron los Fondos de Garantía de Créditos para el Sector Productivo (Fogacp) y de Vivienda de Interés Social (Fogavis), donde las EIF destinaron el 6% del monto de sus utilidades netas. El Fogacp tiene por objeto garantizar operaciones de microcrédito y crédito a las pequeñas y medianas empresas (Pyme), destinando recursos a capital de operaciones y/o capital de inversión, cuyo importe al 31 de diciembre de 2021, alcanzó a $us 261 millones.

El Fogavis otorga coberturas de riesgo crediticio hasta el 20% del crédito, cuando el prestatario no cuente con aporte propio y el financiamiento cubra el valor total de compra de la vivienda objeto de la operación crediticia, u otro propósito comprendido en el concepto de Vivienda de Interés Social (VIS), cuyo monto llegó a $us 378 millones hasta final de la gestión pasada, beneficiando a 89.933 familias.

Asimismo, en 2016 se constituyó el Fondo Capital Semilla (Focase), el cual otorga créditos a personas que están iniciando su carrera profesional o técnica y aquellas con espíritu emprendedor que necesitan capital para empezar su negocio propio en el sector productivo o de servicios. El Focase también se dirige a pequeños emprendimientos de reciente creación, con una antigüedad menor a 18 meses de vida, que necesiten capital de operación o inversión para consolidar su arranque.

Por otra parte, los economistas Sarwat Jahan y Brad McDonald publicaron un artículo que muestra la evidencia empírica a nivel internacional, demostrando que el desarrollo financiero promueve el desarrollo económico y a su vez se refuerza en él. Una mayor capacidad física y tecnológica para captar depósitos del público y colocarlos en forma de cartera de créditos, así como un mayor acceso y uso de servicios financieros permite movilizar eficientemente los ahorros, canalizarlos hacia inversiones y gastos productivos, además de efectuar un conjunto importante de transacciones de pagos.

En este contexto, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, al frente del presidente Luis Arce Catacora, da continuidad a las medidas económicas y sociales con pilares basados en el restablecimiento del MESCP, mismas que coadyuvan a la reconstrucción y la reactivación de la economía boliviana; razón por la cual, para la presente gestión, la Banca Múltiple y la Banca Pyme destinarán el 6% de sus utilidades netas obtenidas en 2021 para la conformación de fondos de garantía, resaltando que dicho aspecto facilitará a las EIF en la colocación de créditos y los usuarios podrán acceder a los préstamos para cubrir su necesidad de financiamiento, priorizando al sector productivo del país y el acceso a créditos de VIS.

Fernando Chuquimia es especialista financiero.

Tras la ruptura del orden constitucional y la toma de mando del Gobierno de Facto (GF) debido a los conflictos sociales y políticos de octubre y noviembre de 2019, Bolivia inició un periodo de incertidumbre con terribles impactos negativos en su economía y en la calidad de vida de la población, sumado a este escenario el arribo del COVID-19 y la pésima administración pública del GF, llevando a la economía nacional a una profunda crisis con un acentuado decrecimiento económico.

Con el retorno de un gobierno elegido democráticamente, liderado por el presidente Luis Arce Catacora, desde noviembre de 2020 el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia implementó medidas económicas y sociales para la reconstrucción y la reactivación de la economía boliviana, con pilares basados en el restablecimiento del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), sin descuidar la salud de las bolivianas y bolivianos mediante la ejecución del plan estratégico de lucha contra el COVID-19.

Se aplicaron las siguientes medidas por el lado de la demanda: Reactivación de la Inversión Pública con un presupuesto de $us 4.011 millones; Bono contra el Hambre de Bs 1.000, con más de 4 millones de beneficiarios, desembolsando $us 588 millones al 31 de mayo de 2021; aumento adicional y extraordinario de 1,5% a las rentas de 219.963 los jubilados; reintegro al Impuesto al Valor Agregado con un importe devuelto de Bs 25,1 millones al 31 de diciembre de 2021, beneficiando a 67.755 personas naturales; Impuesto a las Grandes Fortunas cuya recaudación asciende a Bs 240,1 millones; incremento del 2% del salario mínimo nacional a Bs 2.164; creación de 2.500 ítems para salud y 1.700 destinados a educación; y la devolución total o parcial de los Aportes de Pensiones.

Por el lado de la oferta: fortalecimiento y reactivación de empresas públicas; restablecimiento de límites de cartera para apoyar al sector productivo; refinanciamiento y/o reprogramación de créditos y periodo de gracia; apoyo al sector productivo y promoción de la Política de Sustitución de Importaciones mediante el Crédito SIBOLIVIA con más de Bs 911 millones; Fondo de Garantía para el Desarrollo de la Industria Nacional por Bs 150 millones para cubrir el 50% de la garantía de créditos SIBOLIVIA; Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva, que destina hasta Bs 1.500 millones a los gobiernos subnacionales para proyectos de inversión; fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública con un importe de hasta Bs 2.000 millones; Ley de incentivos tributarios para el sector agropecuario e industrial; entre otras.

La economía boliviana cerraría el 2021 con un crecimiento cercano al 6%, con una participación importante de los siguientes sectores: manufactura, construcción, transporte y minería. Al respecto, es necesario aclarar que dicho porcentaje es mayor al crecimiento de la economía de 4,4% establecido en el Programa Fiscal Financiero 2021, así como las cifras proyectadas del 4,7%, 5,1% y 5,5% por el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y el Fondo Monetario Internacional, respectivamente. Las exportaciones incrementarían en más de $us 10.000 millones, a octubre de 2021 se tiene un balance comercial positivo por $us 1.584 millones y una reducción en la tasa de desempleo de 5,2% con más de 1,1 millones de personas reinsertadas en el mercado laboral; asimismo, se tiene una inflación controlada y un menor déficit fiscal al previsto.

Para 2022 se debe dar continuidad a estas medidas en el marco del MESCP, junto al plan de lucha contra el COVID-19, por lo que el Presupuesto General del Estado 2022 contempla cifras alentadoras, con un crecimiento económico del 5,1% y una inversión pública de $us 5.015 millones, que permitirá fortalecer la matriz productiva para la sustitución de importaciones e industrialización a través de los sectores productivo e infraestructura, generando excedentes y fuentes de empleo. Así se garantiza recursos para salud, educación, transferencias condicionadas y la redistribución de ingresos, dando la seguridad a la población que Bolivia está saliendo adelante.

Fernando Chuquimia es especialista financiero.

En la Ley de Seguros, el seguro se define como un contrato donde el asegurador está obligado a indemnizar un daño o a cumplir la prestación convenida al producirse la eventualidad prevista, y el asegurado a pagar la prima.

Mediante la Ley 737 de 21 de septiembre de 2015 se modificó la Ley 1833 de 25 de junio de 1998, estableciéndose como obligatorio que todo propietario de un vehículo en el Estado Plurinacional cuente con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), aclarando que este será indisputable, irreversible y su acción será directa contra la entidad aseguradora.

El SOAT tiene como objetivo otorgar una cobertura de gastos médicos por accidentes y la indemnización por muerte o incapacidad total permanente a cualquier persona que sufra un accidente provocado por un vehículo automotor en el país. Es así que el capital asegurado para gastos médicos asciende hasta Bs 24.000 por persona afectada por cada evento, sin límite de personas cubiertas. Y el capital asegurado para las eventualidades de muerte y/o incapacidad total permanente alcanza a Bs 22.000 por persona afectada por evento, sin que exista límite de personas cubiertas.

Aparte, y según la normativa señalada, el SOAT podrá ser contratado o comercializado a distancia a través de medios electrónicos y teleinformática, utilizando documentos y firmas digitales; en este contexto, el seguro para 2022 incorpora la roseta digital, dando un salto tecnológico al digitalizar la tradicional roseta física. Al tratarse de un documento digital, puede ser portado por los propietarios de los motorizados en sus teléfonos móviles, sin la necesidad de que sea pegado en el parabrisas del vehículo.

Independientemente del medio o canal por el que el dueño del vehículo adquiera el seguro, la Compañía de Seguros y Reaseguros Personales UNIVida SA le entregará la factura y el comprobante, y este último lleva un código QR único e irrepetible que, al ser escaneado por un dispositivo móvil, descargará en formato JPG (imagen fotográfica) la roseta digital con todos los datos del motorizado, exponiendo la placa, tipo, uso y departamento de circulación.

Un aspecto a resaltar y con el objeto de no generar confusión es sobre los precios del SOAT y si estos han subido o no. Al respecto, aclarar que, emergente de la pandemia del COVID-19, la vigencia del seguro de 2020 fue ampliada hasta abril de 2021, es decir que la cobertura normal de 12 meses aumentó a 16, sin incrementar costos. Consiguientemente, el SOAT 2021 comienza en mayo y culmina el 31 de diciembre de 2021, lo cual significa una vigencia de ocho meses y, por ende, su precio se ajustó a dicha periodicidad.

En este contexto, el seguro 2022 contempla una cobertura de 12 meses y su costo corresponde al mismo periodo, sin existir alza en los precios del SOAT, más al contrario, fueron uniformados a nivel nacional, mediante estudios socioeconómicos y de siniestralidad en los 15 tipos de vehículos, entre públicos y privados, resaltando que las personas, independientemente del lugar en el que se encuentren en el territorio nacional, podrán comprar el seguro al mismo precio.

Finalmente, al contar un vehículo con el SOAT y ante un posible accidente de tránsito, el seguro atiende de manera inmediata otorgando un auxilio oportuno a los accidentados, considerando al conductor, pasajeros y peatones, razón por la cual es necesario que los bolivianos protejamos a los bolivianos, actuando con mayor conciencia y responsabilidad, mediante un proceso permanente de instrucción y aprendizaje de educación vial.

Fernando Chuquimia es especialista financiero.