Voces

Tuesday 9 Aug 2022 | Actualizado a 00:04 AM

Se refuerzan las tensiones internacionales

/ 3 de julio de 2022 / 01:44

En las semanas pasadas, Estados Unidos ha logrado fortalecer sus alianzas políticas y militares con Europa. En efecto, en la Cumbre del G7 llevada a cabo en Baviera (Alemania) se ha decidido por unanimidad incrementar sustancialmente el apoyo a Ucrania, al tiempo que se modifica el tipo de relaciones de cooperación que se establecieron en el pasado con Rusia. En dicho evento se ha buscado además atraer a dicha órbita a países como la India e Indonesia (Asia), Senegal y Sudáfrica (África) y Argentina, en representación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC).

Por otra parte, en la Cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) realizada en Madrid se ha adoptado el Concepto Estratégico para los próximos 10 años, donde se señala a Rusia como una amenaza significativa y directa, y a China como un desafío sistémico que utiliza herramientas híbridas y cibernéticas maliciosas. También se inició el proceso de adhesión de Finlandia y Suecia, que tras la invasión a Ucrania rompieron con su tradicional neutralidad. En el evento también participaron Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur, no solo debido su apoyo a Ucrania contra Rusia, sino también en cuanto claro mensaje a China respecto de la situación en la región del Indo-Pacífico.

De esta manera, la OTAN ha incorporado nuevos miembros y ha aumentado asimismo su presupuesto operativo con el propósito de ampliar significativamente su presencia en las fronteras de Europa del Este y del Báltico, incluyendo el estacionamiento de nuevos contingentes de tropas y armamentos en países fronterizos con Rusia.

Aunque es evidente que la guerra en Ucrania ha marcado los resultados centrales de ambos eventos, el contraste es notorio con la Cumbre de las Américas en Los Ángeles.

Lo que me interesa destacar una vez más, sin embargo, es la parálisis latinoamericana ante los riesgos que significan para la seguridad y el desarrollo de la región los conflictos militares en curso y la consiguiente perspectiva de bloques de poder y zonas de influencia.

El contexto internacional contiene desafíos que hay que enfrentar con respuestas apropiadas y oportunas, con visión de largo plazo. Las medidas adoptadas por la OTAN en las fronteras con Rusia traen inevitablemente una reacción simétrica del otro lado, con los consiguientes resultados de una escalada del gasto armamentista en el mundo, al mismo tiempo que las sanciones aplicadas contra Rusia tienen repercusiones internacionales, ilustradas con el aumento de las cotizaciones de los hidrocarburos y los fertilizantes, y la escasez de alimentos que ya se siente en la región.

Por consiguiente, es imprescindible que América Latina adopte posiciones conjuntas y establezca mecanismos para asegurar su seguridad geopolítica, comercial, financiera y de acceso a recursos que le permitan atender sus emergencias inmediatas en materia de financiamiento y recuperación económica, creación de empleos y reorganización de sus sistemas de educación y salud. También se requiere proporcionar respuestas concertadas a las modificaciones y desplazamientos en curso de las cadenas internacionales de suministros, aprovechando algunos componentes de los mecanismos de integración existentes, que podrían funcionar a geometría variable para comenzar, y luego sentar las bases para la transformación productiva de más largo aliento, que responda regionalmente a la fragmentación del orden internacional y la perspectiva de una proliferación de sistemas proteccionistas y guerras comerciales estratégicas.

Para concluir, conviene recordar que América Latina es Zona de Paz y que las armas nucleares están proscritas en la región a partir del Tratado de Tlatelolco de 1967. Ambos aspectos deberían servir de fundamento de la posición latinoamericana en el contexto de las peligrosas tensiones que debilitan la seguridad internacional.

Horst Grebe es economista.

Comparte y opina:

Consideraciones sobre la postergación del Censo

/ 31 de julio de 2022 / 00:36

Es justo reconocer que las recientes reuniones convocadas por el presidente Arce a gobernadores, alcaldes y otras autoridades, constituyen un paso promisorio hacia la preparación del Censo de Población y Vivienda en términos que aseguren su calidad técnica y su equilibrio político.

Cabe señalar sin embargo que la información transmitida por algunos participantes en tales eventos ha dejado dudas sobre el carácter vinculante de los acuerdos alcanzados. No conviene, en efecto, que los resultados de las reuniones sean presentados por el vocero presidencial, y que más pronto que tarde algunos participantes consideren necesario explayar sus propias puntualizaciones, aclaraciones y comentarios sobre lo acordado o no. En vista de la importancia y la necesidad de consolidar la confianza inicial que se ha logrado, sería muy recomendable que dichas reuniones culminen con un acta formal que contenga los antecedentes del debate y los acuerdos alcanzados.

El tema que ha quedado aparentemente sin tratamiento en las mencionadas reuniones es el de la postergación del Censo hasta mediados de 2024. La demanda de que el Censo se lleve a cabo a mediados de 2023 está vinculada casi exclusivamente con la expectativa de recursos financieros que aspiran recibir gobernadores, alcaldes y rectores de las universidades públicas. No basta con transmitir en medio de otras materias un mensaje por los medios de comunicación de que el Censo no es para eso. Es preciso, en cambio, dejar claramente establecida la situación al respecto, en vista de que existen normativas vinculantes en la propia Constitución Política del Estado y en la Ley Marco de Autonomías.

Existen también otros argumentos que pueden esgrimirse para llevar a cabo el Censo en 2023 y no en 2024. Sin perjuicio de que algunos países latinoamericanos también hubieran postergado sus respectivos censos por causa de la pandemia u otros motivos, en el caso boliviano se tiene que tomar en cuenta que el segundo semestre de 2025 estará caracterizado por dos eventos de la máxima importancia para nuestra sociedad y sus autoridades políticas.

Se trata, en primer lugar, del Bicentenario de la Independencia que se conmemora el 6 de agosto de 2025. Se requiere para tal efeméride una preparación de documentos alusivos a la situación del país, cuya caracterización estadística tiene que estar apoyada por cifras actualizadas y confiables.

Por otra parte, en octubre de ese año se realizarán probablemente las elecciones generales para presidente, vicepresidente y miembros de la Asamblea Legislativa. También para tal efecto se requieren por supuesto datos demográficos y territoriales actualizados y compatibilizados con el padrón electoral.

Por consiguiente, es probable que ambos eventos no contarían con la información completa y oportuna en caso de que el Censo se lleve a cabo a mediados de 2024.

Tampoco es un problema menor que se tuviera que actualizar la cartografía, con miras a incorporar los datos de los cambios de situación que se presenten en el curso de los próximos dos años.

Por todo esto, el cronograma preciso de actividades constituye uno de los requisitos principales para evitar que sea la presión política y social la que lleve a decisiones que puedan perjudicar la tarea preparatoria, o que el despliegue de las presiones destruya el ambiente de confianza que debe prevalecer a la hora del empadronamiento de todos los hogares del país.

Por último, entre las recomendaciones de los organismos latinoamericanos también se encuentra la conveniencia de conformar un consejo consultivo compuesto por un conjunto plural de personalidades, expertos y representantes sectoriales y territoriales, que contribuya a equilibrar los diversos intereses involucrados en la realización del Censo en todas sus etapas.

Horst Grebe es economista.

Comparte y opina:

Acuerdos para un Censo de calidad

/ 17 de julio de 2022 / 00:35

La decisión de postergar el Censo de Población y Vivienda tiene varias consecuencias y ha provocado diversas reacciones. Entre las principales se tiene que mencionar la demanda de que el Censo se realice a mediados de 2023.

Los argumentos para realizar el Censo en 2024 incluyen causas climatológicas y demoras en la socialización de la boleta. Los problemas más complicados consisten sin embargo en el retraso de la cartografía y en la existencia de numerosos conflictos limítrofes entre municipios vecinos. Ambas cuestiones se sintetizan en las expectativas sobre la distribución de recursos fiscales y el número de escaños en la Cámara de Diputados.

Conviene recordar que ya hubo una modificación de la coparticipación tributaria con la incorporación de indicadores de pobreza en el marco de la condonación de la deuda externa, bajo el amparo de la iniciativa conocida como HIPC. Por lo tanto, no es verdad que una mayor población signifique automáticamente mayores recursos fiscales. Habría que empezar por un debate informado sobre las variables y los indicadores sociales complementarios a las cifras poblacionales para armar la pauta de distribución de los recursos presupuestarios entre los entes territoriales autónomos y las universidades públicas.

Tampoco hay una relación directa entre el número de la población y su representación en la Cámara de Diputados. Basta mencionar que el artículo 146 de la Constitución Política del Estado establece que el Órgano Electoral determinará la distribución total de escaños entre los departamentos en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último censo, pero por equidad la ley asignará un número de escaños mínimo a los departamentos con menor población y menor desarrollo económico.

Recursos fiscales y escaños activan en consecuencia los intereses y las pasiones, anticipando expectativas a partir de supuestos sobre los flujos migratorios identificados grosso modo en el país. Cabe plantear la convocatoria a un gran acuerdo de solidaridad nacional respecto del origen y destino de los recursos fiscales, tomando en cuenta las perspectivas económicas en los próximos años, lo que podría proporcionar elementos de juicio para acordar por anticipado los parámetros para el pacto fiscal y la reforma tributaria que debe acompañarlo.

En cuanto a la distribución de escaños en la Cámara de Diputados se puede proponer otro gran acuerdo político a partir de una deliberación amplia sobre el artículo 146 de la Constitución Política del Estado, cuyo objetivo primordial debería ser la representación proporcional de las organizaciones políticas surgida de elecciones limpias y competitivas. Entre los criterios de equidad, el más relevante es el que alude a menor población.

Si hubiera la voluntad política de resolver de esa manera democrática las tensiones que provoca la preparación del Censo, se podría avanzar en la identificación del catálogo de indicadores demográficos, sociales y económicos que debe proporcionar el Censo con miras a la planificación del desarrollo, la identificación de las brechas en los ámbitos de la salud, la educación, la vivienda y el empleo, toda vez que en estos aspectos se han registrado los mayores impactos del COVID-19.

Una información verídica sobre el avance actual de las tareas preparatorias podría abrir la posibilidad de considerar la realización del Censo a mediados de 2023. Caso contrario la información completa del Censo no estaría disponible para el Bicentenario ni para las elecciones generales de 2025.

En cualquier caso, resulta imprescindible el fortalecimiento institucional y la independencia del INE. Es obvio que la mejor garantía de un Censo de calidad consiste en un sistema transparente de diálogos y acuerdos en diversas geometrías institucionales, políticas y sociales, destinados a fortalecer la cohesión social.

Horst Grebe es economista.

Comparte y opina:

Reflexiones sobre el Censo

/ 19 de junio de 2022 / 00:24

El Censo de Población y Vivienda previsto para noviembre se realizará en un contexto inédito de problemas políticos y administrativos, que no facilitan ciertamente su preparación y ejecución en forma cabal. El principal problema consiste en la falta de información verdadera sobre la situación del levantamiento cartográfico, habida cuenta de que la cartografía completa es la base imprescindible para llevar a cabo un censo confiable, sobre todo porque el Censo de 2012 utilizó la misma cartografía del Censo de 2001. En esos 21 años han ocurrido enormes trasformaciones en todos los órdenes imaginables: la migración interna del campo a la ciudad, los desplazamientos poblacionales entre departamentos, la emigración de trabajadores al exterior, así como los cambios en las condiciones habitacionales a partir de las dinámicas de la construcción de viviendas en las cuatro ciudades del eje: La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, entre otros aspectos.

Un segundo problema se deriva de los impactos desiguales que ha provocado la pandemia del COVID-19 en los ámbitos de la salud, la educación y el empleo, cuya medición precisa tendría que proporcionar los elementos primordiales para un nuevo enfoque de políticas públicas en los tres ámbitos mencionados.

Tercero: los censos proporcionan una gran cantidad de datos demográficos desagregados sobre la distribución espacial de la población, incluyendo su estructura por edades, sexo y grados de instrucción, así como sus condiciones de vida y empleo. Toda esta información debe ser adecuadamente tabulada y difundida por diversos medios para el autoconocimiento de la sociedad respecto de su situación demográfica, su nivel de desarrollo económico y social y las brechas de bienestar entre los diferentes estratos ocupacionales, grupos étnico-culturales y clases sociales, que requieren tratamientos diferenciados de políticas públicas.

Cuarto: en países, como Bolivia, donde existe una gran debilidad institucional en términos de registros estadísticos y administrativos completos y confiables, los censos constituyen la única fuente de información para identificar las diversas manifestaciones de la exclusión social y las desigualdades atribuibles al lugar de residencia, la identidad étnico-cultural y el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, como se ha puesto en evidencia durante los confinamientos ocasionados por el COVID-19. Los censos son asimismo el requisito imprescindible para la elaboración de proyecciones y estimaciones demográficas para períodos intercensales, cuya validez depende de la calidad de la información sobre la población en el año de partida.

Quinto: la información demográfica le pertenece a la sociedad en cuanto son sus datos los que recopila y procesa el sistema estadístico nacional, que no puede excluir por tanto la participación de la sociedad organizada en la formulación de los principios y criterios que deben regir todo el diseño del contenido de la boleta censal.

Sexto: el derecho de acceso a la información pública constituye uno de los fundamentos de la democracia, lo que trae aparejado el derecho de la sociedad civil al acompañamiento y control de todas las etapas preparatorias del Censo, así como a la veeduría durante los días de su ejecución y obviamente también al control poscensal y la oportuna divulgación de los correspondientes agregados estadísticos en formatos accesibles para la población.

Por último, el tratamiento de la autoidentificación sobre pertenencia a un determinado grupo étnico-cultural constituye un asunto pendiente debido a la confusión normativa incorporada en el artículo 3 de la Constitución Política del Estado. Se requieren consultas legislativas para resolver dicho problema, que no debe quedar librado a la discrecionalidad de una instancia administrativa del Órgano Ejecutivo.

Horst Grebe es economista.

Comparte y opina:

Magras perspectivas para la Cumbre

/ 5 de junio de 2022 / 00:43

La IX Cumbre de las Américas “Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo” que se llevará a cabo en la ciudad de Los Ángeles (California) ocurrirá en el complejo contexto de la crisis global y las inciertas perspectivas del orden mundial que empezará a perfilarse cuando se inicien las negociaciones diplomáticas que pongan fin a la guerra de Ucrania. Por de pronto no hay señales de que Rusia y Ucrania acepten pasar a la etapa de negociaciones diplomáticas, pero tampoco existen los respectivos aprestos por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN, por un lado, o de China y Turquía, por otro.

El apoyo militar y financiero en gran escala a Ucrania y las repercusiones de los seis paquetes de sanciones aplicadas a Rusia tienen enormes repercusiones en el ámbito global, tales como la inflación; el desabastecimiento de trigo, maíz y fertilizantes; la paralización de los compromisos en materia de descarbonización, y la incertidumbre sobre el desempeño económico de los países de la OCDE en los próximos años. Tal contexto es ciertamente poco favorable para alcanzar logros sustantivos en materia de las relaciones económicas, financieras y políticas entre Estados Unidos y Canadá y los países de América y el Caribe.

En cuanto a la situación en Estados Unidos, cabe mencionar: (i) la polarización del sistema político, que impone importantes restricciones a las iniciativas que puede adoptar Biden en su política hacia América Latina; (ii) el cálculo político respecto a las elecciones de medio término en noviembre en los Estados Unidos, con probables cambios desfavorables para los demócratas en el Congreso; (iii) la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que resulta irritante para Argentina, México, Bolivia y varios países del Caribe; (iv) la falta de consultas para armar una agenda verdaderamente consensuada sobre los intereses reales de los países latinoamericanos y caribeños en su relación con Estados Unidos; (v) la enorme discrepancia entre los recursos comprometidos para el apoyo a Ucrania, en comparación con los exiguos compromisos con América Latina y el Caribe para el desarrollo sostenible de la región, y (vi) la prioridad que tiene en términos estratégicos la confrontación con China.

Dicho todo eso, se puede afirmar que la agenda de la Cumbre es ciertamente limitada en sus alcances y ambiciones, y la convocatoria no resulta atractiva para los países sudamericanos que buscan consolidar una autonomía estratégica respecto de las grandes potencias en conflicto.

Ocurre también que existen circunstancias que impiden que la región latinoamericana y caribeña establezca consensos para su negociación con los Estados Unidos. Al respecto se pueden mencionar los siguientes aspectos: (i) la evidente polarización política de la región; (ii) las fuerzas centrífugas surgidas desde hace unos 15 años que han impedido que los países latinoamericanos y caribeños adopten un enfoque común sobre su relacionamiento con las otras zonas y regiones del mundo; (iii) las expectativas sobre los próximos cambios políticos en Colombia y Brasil; (iv) las asimetrías negociadoras atribuibles a que varios países latinoamericanos tienen acuerdos de libre comercio vigentes con Estados Unidos, como es el caso de México, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Centroamérica y la República Dominicana; (v) la falta de una evaluación profunda de los beneficios efectivos que trajeron consigo dichos tratados de libre comercio resultantes del descarrilamiento del ALCA en la Cumbre de Mar del Plata en 2005, y (vi) la dimensión de las relaciones comerciales que han alcanzado varios países suramericanos con China.

Para contrarrestar este catálogo de inconvenientes se requieren por cierto condiciones y liderazgos que no están a la vista. Por de pronto, América Latina tiene tareas internas pendientes.

Horst Grebe es economista.

Comparte y opina:

Nuevas facetas de la crisis global

/ 22 de mayo de 2022 / 00:31

La crisis global adquiere cada vez nuevas dimensiones y abarca un número creciente de damnificados, aumentando de esta manera la inestabilidad del sistema de relaciones internacionales, por una parte, y acrecentando la incertidumbre sobre las condiciones de vida de millones de personas en el mundo, por otra.

En efecto, el aumento de la temperatura media del planeta y la consecuente propagación de sequías severas está afectando a la producción agrícola y a las actividades agropecuarias. El Secretario General de las Naciones Unidas y los directores de otras organizaciones multilaterales como la FAO y el Programa Mundial de Alimentos han venido anunciando que está en marcha una crisis alimentaria en gran escala debido a un conjunto de circunstancias que se refuerzan recíprocamente. Se menciona, en primer lugar, a las consecuencias de la sequía, lo que tiene que ver con el cambio climático; en segundo lugar, está la interrupción de los abastecimientos tradicionales de alimentos y fertilizantes, atribuibles a la guerra en Ucrania; en tercer lugar, se añade el problema de la inflación, que tiene que ver, entre otras causas, con la interrupción de las cadenas de suministros, agravada por el abarrotamiento de los puertos en China y por el confinamiento forzoso de millones de personas en la principal ciudad de ese país, para controlar la propagación del COVID-19.

La inflación ha alcanzado niveles inéditos en varias zonas del mundo, y a título de ejemplo se pueden mencionar cifras preocupantes, como es el caso de España (8,3%), Alemania (7,4%), Reino Unido (9%), Estados Unidos (7%), México (7,7%), Chile (8,9%) y Argentina (58%). En todos los casos, los componentes de combustibles y alimentos registran las mayores alzas de precios.

Frente a la escasez de alimentos que traen consigo las mencionadas circunstancias, algunos países están prohibiendo las exportaciones de dichos productos, con lo cual se restringe aún más la oferta de alimentos en los mercados internacionales.

El alza de las tasas de interés, con miras a combatir la inflación, afecta también negativamente a la recuperación de las actividades económicas y del empleo. Dicha medida repercute además sobre la orientación de los flujos internacionales de capitales, y ocasiona asimismo un aumento del costo del financiamiento externo.

No es de extrañar por todo eso que muchos observadores informados anticipen como posibilidad muy próxima la instalación de un periodo de estanflación a lo largo y ancho de la economía mundial, lo cual configura una de las peores situaciones para encarar colectivamente los grandes problemas que afectan a la economía internacional.

Es conveniente recordar al respecto que se ha criticado hace tiempo los problemas de la desigualdad que ha ocasionado la globalización sin gobernanza y la consiguiente apertura irrestricta a los movimientos internacionales de bienes, servicios y capitales, característicos del periodo comprendido entre el fin de la Guerra Fría y la gran crisis financiera de 2008-2009, lo que se ha traducido en la demanda por un sistema multilateral y multipolar más equilibrado. Lo que pasa en estos momentos consiste en un formidable desorden internacional, y lo que parece más probable a corto plazo consiste en un sistema internacional fragmentado en bloques regionales o de otro alcance, cada uno con valores y normas diferentes, así como con mecanismos de pagos internacionales diferenciados.

A pesar de todo lo anterior, cabría esperar que se logren algunos acuerdos en diferentes geometrías internacionales con miras a atender problemas prioritarios como los del cambio climático, el abastecimiento de alimentos en el mundo, la creación de empleos y el control de la inflación, sin que en algunos países se imponga la tentación de solucionar problemas internos descargándolos sobre sus socios comerciales y vecinos.

Horst Grebe es economista.

Comparte y opina: