Voces

Tuesday 9 Aug 2022 | Actualizado a 12:12 PM

El (re)giro al progresismo

/ 4 de julio de 2022 / 00:18

Con la reafirmación del retorno de la vuelta del progresismo al poder en América Latina, volvió el debate sobre la viabilidad del progresismo —tipología más amplia que del clivaje izquierda/derecha— en el campo político latinoamericano. Desde una mirada analítica, el progresismo se plasma en dos acontecimientos políticos: la movilización del bloque nacional-popular y las urnas, ambos complementarios.

Últimamente se dieron dos acontecimientos de una gran envergadura política: la movilización indígena en Ecuador que está poniendo en vilo al gobierno conservador de Guillermo Lasso y el performance electoral del progresismo en Colombia con el triunfo del binomio Gustavo Petro-Francia Márquez que marca un histórico giro político.

Estos acontecimientos políticos en la región andina dan cuenta de la vigorosidad del progresismo. Las movilizaciones del bloque nacional-popular, muchas veces lideradas por el movimiento indígena como ocurre actualmente en Ecuador, interpela a gobiernos conservadores y evidencia que este tipo de gobiernos por su naturaleza ideológica son incapaces de satisfacer las demandas de los sectores populares provocando estallidos sociales.

Entonces, frente a la incapacidad de procesar las demandas populares, los gobiernos conservadores, es el caso del ecuatoriano presidido por Lasso, sacan su rostro más infame: la represión o las masacres. En esa obcecada forma de administrar los conflictos adoptada por estos gobiernos conservadores, generan, a la vez, el incremento del malestar social y, como consecuencia de este fenómeno, la deslegitimación no solamente de este gobierno, sino del bloque conservador.

Un rasgo, además, de estas movilizaciones del bloque nacional- popular, a pesar de que muchas son insurreccionales, es su horizonte democrático, es decir, son movilizaciones que apuntan a la institucionalidad para el procesamiento de sus demandas; por lo tanto, no tienen afanes rupturistas como ocurrió, por ejemplo, con las acciones colectivas de los sectores conservadores que, luego, desembocaron en una salida golpista (vrg. las movilizaciones de noviembre de 2019 en Bolivia).

Obviamente, las movilizaciones del bloque nacional-popular perforan la legitimidad de los gobiernos conservadores que, luego, abonan las condiciones necesarias para que las propuestas de las corrientes progresistas se encaminen hacia victorias electorales. Entonces, estas movilizaciones son una variable explicativa para comprender la presencia del progresismo en los diferentes gobiernos latinoamericanos.

Desde ya, la presencia de muchos de los gobernantes de cuño progresista es resultado de las convulsiones sociales que están conmoviendo a la región. Esta agitación social permanente del bloque nacional-popular en la región es parte constitutiva de este fenómeno que varios analistas políticos han denominado el “progresismo latinoamericano”.

Aquí estriba la relevancia política de las acciones colectivas que consolida el progresismo en la región. Efectivamente, el progresismo encarna las aspiraciones de los sectores populares, mientras los sectores conservadores responden a intereses de los sectores oligárquicos. Entonces, el mejor espacio democrático para dirimir esta tensión entre lo nacional-popular y los sectores conservadores —dicho sea, al pasar polarizan no solamente el campo político, sino a toda la sociedad— es el espacio electoral. Allí, la hegemonía del progresismo —a pesar de que los boletajes tienden a polarizar— es el corolario democrático de la fuerza movilizadora del bloque nacional-popular.

Yuri Tórrez es sociólogo.

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Bolivia, superando desventajas geográficas

/ 9 de agosto de 2022 / 00:55

La economía mundial vive una alterada ola de precios altos que han azotado a muchos países en el mundo; en este contexto, los países sin litoral, aquellos que no tienen acceso directo a un océano o a un mar, deben soportar una carga mucho más pesada. La problemática en la cadena de suministro, la guerra Ucrania-Rusia, la subida en los precios de materias primas, combustibles y cereales como el trigo y maíz, además de sus alimentos derivados, entre las más relevantes, han erosionado los precios de los demás productos de primera necesidad a niveles que solo se veían hace décadas.

En el escenario mundial, 44 países no tienen acceso soberano al mar, de los cuales 32 tienen altos niveles de pobreza y pagan altos costos de transporte para exportar e importar productos, según estimaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), los países sin litoral tienen un costo promedio de entre 30% y 40% en su comercio internacional, más que el resto de los países.

Los 12 restantes países sin litoral destacan por su mayor desarrollo económico, Suiza, Austria, República Checa, Hungría o Luxemburgo muestran que su enclaustramiento territorial no les ha impedido generar riqueza.

Bolivia avizora superar también este desafío, optimizar sus capacidades productivas y diversificar sus exportaciones resulta de gran importancia y relevancia, de hecho, a mayo de 2014 registró el pico histórico más alto de las últimas tres décadas en exportaciones acumuladas, $us 5.479,4 millones; sin embargo, este registro fue superado a mayo de la presente gestión, las exportaciones acumuladas llegaron a $us 5.715,5 millones, indicadores que se van incrementando con el aprovechamiento de las facilidades y beneficios de transportar carga a través del Canal Tamengo en la frontera con el Brasil y Paraguay, que resulta ser la plataforma idónea para llegar a fronteras más distantes, con la firme visión de vincularse con el océano Atlántico, y así consolidar relaciones logísticas con puertos adicionales a los del océano Pacífico; otro aspecto importante a considerar es la implementación de centros multipropósitos en frontera, que tienen la finalidad de modernizar la infraestructura donde se realizan operaciones de comercio exterior, de forma ágil y oportuna.

La industrialización energética no es un verso, el procesamiento de especies oleíferas permitirá una transformación estructural con la jatropha, macororó y palma aceitera, como materia prima para la elaboración de aceites crudos destinados a la obtención de diésel ecológico, se proyecta sustituir la importación de hidrocarburos, para ello fue fundamental la creación del Programa de Fomento a la Producción de Especies Oleíferas, esto con el fin de generar energía limpia que sea amigable con el medioambiente, este proyecto de diésel ecológico y renovable reducirá los costos de subvención del Tesoro General del Estado.

Pese a que los costos del petróleo y sus derivados siguen disparados en los mercados internacionales, Bolivia tiene la fortaleza de absorber ese impacto al no alterar el precio subsidiado, en consecuencia, la producción nacional no se ha visto obligada a trasladar a los consumidores finales el aumento de sus costos de producción procedente de una subida del precio de los combustibles, como sí lo han tenido que hacer en otros países, es así que el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo ratifica proyectando un promedio de inflación del 10% para toda la región hasta fin de año; los indicadores de Venezuela (284,4%), Argentina (55%), Brasil (11,3%), Chile (9,4%), Uruguay (9,4%), Colombia (8,5%), México (7,4%), Perú (6,8%) quedan muy lejos de los de Bolivia (3,2%).

El modelo económico social comunitario productivo boliviano promueve, entre otros aspectos importantes, la diversificación de la matriz productiva y exportadora del país, de tal manera que podamos aprovechar efectivamente nuestra posición geográfica, con la misión de ser el eje integrador entre las economías de la región y lograr un mayor nivel de desarrollo económico. Esto se va reflejando en la creciente tendencia de las ciudades de San Salvador de Jujuy y Salta… ¡atesoran la moneda boliviana!… las casas de cambio ya incorporaron su venta, ya no es una previsión de las zonas fronterizas, ahora también de las ciudades del norte argentino.

Grover Chuquimia M. es ingeniero comercial.

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El calvario de las fundiciones

/ 9 de agosto de 2022 / 00:53

Como es conocido, nuestra dependencia se debe al rol que nos ha asignado el orden mundial como proveedores de materias primas, para el avance de la industria de los países desarrollados, cuyas mercancías luego se distribuyen a nivel mundial.

Este dogal lo sintió nuestro país cuando, luego de nacionalizar las minas, nos vimos obligados a seguir vendiendo los concentrados de estaño a Patiño por cerca de 20 años. La lucha no fue fácil, se argüían razones técnicas, suministros, transporte, financieras, etc.; se sufrieron presiones diplomáticas, económicas y finalmente se recurrió al crimen. Los ingenieros Núñez Rosales y Zalesky son los héroes de la fundición de estaño. Para aprobar el decreto de creación de la Empresa Nacional de Fundiciones, Ovando tuvo que poner candado al salón donde deliberaba el gabinete.

Similar proceso vivimos hoy. En agosto de 2010, el gobierno de Evo Morales comprometió la construcción de dos refinerías de zinc. En 2011 se autorizó a la Comibol la construcción de las refinerías hidrometalúrgicas con financiamiento del proponente; se efectuó la primera licitación ese mismo año, utilizando el crédito chino, adjudicándose a una empresa, la que no pudo presentar los documentos exigidos en la convocatoria.

Para cumplir con el compromiso, la Comibol lanzó otra licitación. La nueva dirección de la empresa hizo previamente una consulta a técnicos y universidades, sobre el proceso más adecuado para la obtención del zinc y sus acompañantes: la misma ratificó que era la hidrometalúrgica. Así se lanzó la segunda licitación (2014), teniendo como condicionante la presentación de una boleta de seriedad de propuesta por $us 800.000, siendo el ganador la empresa Hunan Yuan. En la negociación surgieron problemas sobre las garantías, la empresa consideraba que no se las podían pedir, pues ella había conseguido el dinero y sus financiadores eran sus garantes; como nuestro sistema de contrataciones no contempla excepciones, nuevamente se anuló la licitación, ejecutándose la boleta de garantía.

El crédito chino tiene algunas condiciones: las obras tienen que realizarlas una empresa china, mientras que el Gobierno boliviano debe financiar la obra con el 15% y contratar la supervisión de la ejecución de la misma. Estos costos significaban para la Comibol financiar $us 187 millones, que estaba fuera de su alcance, por lo que se buscó otra vía. Este mismo criterio fue asumido por el ministro del sector que pidió a la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) y Empresa Metalúrgica Karachipampa (EMK) que presenten proyectos con el mismo fin.

En junio de 2018 se efectuó la reunión técnica para definir el proyecto a ser implementado. La Comibol presentó el proyecto Metalox, con capacidad de tratamiento de 50.000 TMF; tiene como base reacciones químicas de los minerales, con elementos como el ácido sulfúrico y amoniaco, en un ambiente con altas presiones y temperaturas. El resultado de este proceso es la obtención de óxido de zinc, plata, estaño, plomo, indio, cobre, cadmio, nitrato de amonio y sulfato de amonio. Su costo sería de $us 40 millones y los ingresos que generaría anualmente, $us 72 millones; sería construido en menos de dos años y pagado en el mismo plazo. La EMV presentó un proyecto pirometalúrgico Ausmelt para la fundición de zinc, con una capacidad de 150.000 TMF de concentrados de zinc y un costo de $us 350 millones. Las observaciones que nos permitimos hacer en esa reunión a la propuesta Ausmelt se referían a la producción de ácido sulfúrico, 300 TM/día, que no se podría almacenar ni mucho menos comercializar; por otro lado no daban datos sobre la recuperación de los otros componentes. A pesar de las obvias ventajas del proyecto Metalox, la propuesta de la Comibol fue rechazada.

Con estos antecedentes, una vez instalado el gobierno del presidente Arce, a impulso de las organizaciones sociales, se replanteó la necesidad de las refinerías de zinc. En la cumbre productiva llevada a cabo a fines de 2021, el Ministerio de Minería planteó de nuevo el proyecto Ausmelt, mereciendo las observaciones anotadas; en la rendición final de cuentas el mismo ministerio afirmó que el proceso sería hidrometalúrgico y financiado por China; sin embargo, en la rendición de cuentas inicial de este año señaló que sería el TGN que la financiaría. La semana pasada, afirmó que las negociaciones con China marchan para el financiamiento de las refinerías de zinc.

Mientras tanto, la mesa productiva Gobierno- COB firmó un acuerdo en abril, para la realización del proyecto Metalox, a construirse en la provincia Aroma del departamento de La Paz: la Comibol deberá buscar el financiamiento.

En este vaivén, el tiempo pasa y el saqueo continúa.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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El sistema de pensiones no está en crisis

/ 9 de agosto de 2022 / 00:47

En días pasados, organizaciones sociales, analistas y opinadores han cuestionado los beneficios que otorga nuestro actual sistema de pensiones, poniendo en tela de juicio su sostenibilidad financiera, sus logros y alcances que han beneficiado a miles de asegurados desde la puesta en vigencia del Sistema Integral de Pensiones (SIP).

La Ley 065 de Pensiones, de 2010, generó una reforma estructural en el sistema de pensiones, incorporando los principios de universalidad y solidaridad, en beneficio de los trabajadores bolivianos aportantes al SIP. En más de 11 años de vigencia del SIP, a mayo de 2022, la cantidad de jubilados supera las 195.000 personas, lo que representa un crecimiento del 556%, que en comparación con los jubilados de la anterior Ley 1732 del Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo (1997-2010), a diciembre de 2010 solo llegaron a 29.745 asegurados durante 14 años de vigencia. De los jubilados en el SIP, el 69% se encuentra percibiendo una Pensión Solidaria de Vejez (PSV), prestación que fue creada en el marco del principio de solidaridad a través del régimen semicontributivo.

Señalar que el Fondo Solidario fue constituido para que con sus recursos se mejore la jubilación de los asegurados del SIP a través de la Fracción Solidaria, que sumada a la Fracción de Saldo Acumulado (aportes más rendimientos) y la Compensación de Cotizaciones Mensual, cuando corresponda, permite que el trabajador se jubile con una PSV que está entre el 56% (para 16 años de aporte) y el 70% del promedio salarial (para 30 años de aporte o más) de los dos últimos años aportados al SIP, pudiendo llegar a un monto vitalicio de Bs 4.200 con 35 años o más de aportes, considerando el límite superior de la Escala de la Pensión Solidaria.

La Ley 065 redujo de 65 a 58 años la edad de acceso a la jubilación, y con al menos 10 años de aportes poder acceder a una PSV, situación que es contraria a requisitos mínimos de distintos sistemas de pensiones en la región, donde la edad de jubilación es más alta y/o tiene que superar los 15 o 20 años de aportes. El SIP permitió flexibilizar los requisitos para acceder a una jubilación vitalicia y también otorga el acceso a los servicios de un ente gestor de salud para el jubilado titular y sus derechohabientes, y a partir de los 60 años acceder al pago de la Renta Dignidad como beneficio universal para todos los bolivianos residentes en el país.

El Régimen No Contributivo del SIP otorga el pago de la Renta Dignidad a través del Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV), independientemente de que hayan o no aportado a la Seguridad Social de Largo Plazo con Bs 3.900 anuales (Bs 300 mensuales incluido el aguinaldo) para rentistas y pensionados del SIP; y a Bs 4.550 (Bs 350 mensuales incluido el aguinaldo) para no rentistas, y en la gestión 2021 alcanzó un monto total de pagos de Bs 4.752 millones.

Por lo dicho, el SIP, en más de una década, ha demostrado su solidez y no está en crisis, otorgando y cumpliendo los pagos de prestaciones y beneficios, así como los ajustes anuales de las pensiones; los aportantes tienen seguros sus aportes porque la Ley de Pensiones 065 prevé la protección y el destino de los recursos del SIP, por lo que todos los trabajadores dependientes e independientes que cotizan al SIP durante su vida laboral, tienen garantizado el financiamiento de pensiones adecuadas para su futura jubilación.

José Alarcón Pinto es ingeniero comercial.

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Memorias de una hiperinflación

/ 9 de agosto de 2022 / 00:43

En la década de los 70, como consecuencia de los petrodólares, el Gobierno accedió fácilmente a créditos de entidades internacionales; no obstante, debido, entre otros, a la caída de los precios internacionales de los bienes primarios, alza de las tasas de interés de los créditos internacionales y políticas inadecuadas, la deuda externa se convirtió en impagable. Bolivia y otros países de la región se vieron en la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones de pago, por lo que se inició un periodo de crisis económica marcada por un proceso inflacionario que derivó en una hiperinflación.

Entre 1982 y 1985, nuestro país atravesó un periodo de inestabilidad económica con un permanente incremento de precios y sus consecuentes efectos devastadores que afectaron a toda la población, que día a día veía cómo el costo de los productos aumentaba, la escasez, el agio y la especulación apremiaban impactando el bolsillo de la población, en particular de los más vulnerables.

Los precios de los productos de primera necesidad se incrementaban permanentemente, inclusive en horas, mientras el gobierno de turno adoptaba medidas para tratar de controlar esto mediante un “listado de precios” que establecía un precio fijo para cada producto de la canasta familiar, controlado por las autoridades respectivas. Sin embargo, en los centros de abasto no se aplicaba dicha medida, creando desequilibrios en el mercado.

La tasa de inflación promedio se incrementó de 124% en 1982, 276% en 1983, 1.281% en 1984 hasta llegar a 11.750% en 1985, pasando rápidamente de una inflación a una inflación galopante para llegar a una hiperinflación, en términos económicos.

Debido a la incertidumbre y las expectativas, el exceso de demanda de productos de la canasta familiar aumentaba permanentemente en los mercados, las filas para comprar productos de primera necesidad generaban la escasez y subida de los mismos. Era recurrente observar en las panaderías, desde la madrugada, largas colas para conseguir unidades de “pan de batalla” que inclusive se vendía con un límite de compra para evitar el acaparamiento y la especulación, siendo que, en muchos casos, este bien representaba el alimento principal de la familia.

La moneda de refugio era el dólar, que continuamente se apreciaba con relación al peso boliviano con un tipo de cambio paralelo promedio que pasó de 144 a 718.486 pesos bolivianos por dólar entre 1982 y 1985, mientras que el tipo de cambio oficial promedio pasó de 69 a 451.057 pesos bolivianos por dólar en el mismo periodo de tiempo, marcada diferencia que se reflejaba en el centro financiero de la época, avenida Camacho.

El costo para detener la hiperinflación fue muy alto, en 1985, a través de una serie de medidas entre las que se incluía la vigencia de una nueva moneda nacional, el boliviano, en reemplazo del devaluado peso boliviano, la creación del bolsín para controlar el tipo de cambio y finalmente la “relocalización” de los trabajadores principalmente mineros; representó el establecimiento de un nuevo modelo económico bajo lineamientos internacionales.

La memoria colectiva de una generación que vivió las vicisitudes de la hiperinflación es consciente de las consecuencias y repercusiones que tiene una crisis económica y la subida permanente de precios. El hecho de encontrar los artículos de primera necesidad en un supermercado, ferias zonales y hasta en la tienda de barrio, al parecer es un hecho normal en la actualidad, no obstante, la generación que vivió los años 80 recuerda la crisis vivida, aspecto que esperemos no se vuelva a repetir.

En un contexto de inflación externa que está afectando al mundo y a países vecinos, es importante destacar las medidas económicas responsables adoptadas por parte del Gobierno, que están permitiendo mantener la estabilidad de los precios en el mercado nacional y de esta manera evitar las desavenencias de un proceso inflacionario.

Gustavo Gómez es economista.

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Pedagogía sobre el arbitraje de inversiones

/ 8 de agosto de 2022 / 00:39

Tras la emisión del laudo del caso de arbitraje sobre el fondo de pensiones, medios de prensa nacionales han sido inundados de panfletos propagandísticos sobre la “derrota” y “pérdida de millones de dólares” en este y otros casos del proceso de nacionalización en Bolivia. Lo cierto es que no es ni uno ni lo otro; el arbitraje internacional de inversiones posee una lógica perversa y complejidad técnica que debe ser explicada de forma sencilla para evitar su instrumentalización política contra la defensa legal del Estado.

Primero, debe recordarse que las demandas internacionales contra el Estado son el producto de la era neoliberal en la cual los gobiernos de turno suscribieron acríticamente 21 Tratados de Bilaterales de Protección de Inversiones, eximiendo a los inversionistas de estar sujetos a las leyes nacionales, en violación al artículo 24 de nuestra anterior Constitución. Acuerdos que, en pocas palabras, ataron las manos del Estado si deseaba recuperar sus recursos naturales, la propiedad sobre sus empresas estratégicas o implementar políticas sociales y, por el contrario, permitieron que las corporaciones puedan demandar sumas astronómicas si éste osaba a hacerlo. Un análisis de este sistema legal nos permite ver que estos tratados son un catálogo de derechos solo para las corporaciones transnacionales, que la mayoría de los tribunales arbitrales privilegia los derechos privados por encima de los Derechos Humanos que el Estado debe proteger con sus medidas soberanas y que incluso si los inversionistas incumplen normas ambientales y sociales, estos puedan escapar del sistema legal nacional y refugiarse en este sistema de privilegios. Bajo este sistema, el único objetivo de estas demandas es encontrar un monto “justo” de compensación (más conocido como “quantum”) que “repare” a las corporaciones por las decisiones soberanas del Estado. Pero, ¿el Estado podría no pagar ningún monto por sus medidas soberanas? La respuesta es sencillamente: No.

Al respecto, el derecho a la nacionalización se encuentra claramente consagrado en el artículo 2 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados de las Naciones Unidas, y como tal, debe efectuarse por razones de utilidad pública y para la protección de derechos humanos (servicios básicos, salud pública, desarrollo, etc.), pero debiendo existir una compensación obligatoria para el inversionista. Por ello, por regla general un arbitraje de inversiones debe resultar inevitablemente en un pago, incluso si el Estado cumplió el derecho internacional al tomar dicha decisión (así es, incluso si cumplió). La lógica maniquea de que pagar per se es una “derrota” no se corresponde con la lógica de estos casos. La única posición objetiva es comparar cuánto demandó la corporación transnacional y cuánto logró reducir el Estado dicha pretensión en su defensa y, sobre todo, cuál es el beneficio económico que esta medida soberana creó para los bolivianos(as).

Para citar ejemplos, en el caso South American Silver, Bolivia pagó $us 25 millones de los 385,7 millones demandados por la multinacional, es decir, solo 6,6% de la pretensión. Por otra parte, en los acuerdos con las empresas del sector de hidrocarburos para recuperar nuestro patrimonio, en promedio se compensó con el 27% de las peticiones, generando luego utilidades netas de $us 35.000 millones solo hasta 2017. Montos que no pueden considerarse como una “pérdida”, sino como el precio por la recuperación de la propiedad de los bolivianos( as), lo que fue esencial para cimentar la era de prosperidad más importante de nuestra historia. Asimismo, en el caso de Entel, los 100 millones pagados por esta empresa (de los 134.000 millones exigidos) lograron generar una utilidad neta de más de $us 1.050 millones solo hasta 2017, es decir, 10 veces más del monto de recuperación, lo que a su vez ayudó a redistribuir la riqueza a través de varios bonos sociales y efectuar inversión pública.

Basados en evidencia, la retórica de la derrota no tiene asidero alguno. Recordemos que Bolivia, en 2009, fue el último país en América Latina en crear su Procuraduría para la defensa legal internacional de sus intereses, ello debido a la mentalidad patrimonial y hereditaria del Estado de quienes ya gobernaron y que hoy se autoproclaman “defensores” de los recursos del Estado. Por el contrario, una reflexión desapasionada nos debería llevar a valorar la labor de los procuradores Montero, Arce, Menacho y hoy Chávez, en la creación del sistema de defensa legal del Estado y por haber contribuido a la recuperación del patrimonio del pueblo boliviano.

Franz Zubieta Mariscal es investigador en Derecho Internacional de la Universidad de Nottingham.

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