El uso del software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO, por parte de gobiernos para espiar las actividades de opositores políticos, periodistas, activistas de derechos humanos y personal de organizaciones de sociedad civil ha sido documentado ampliamente en varios países durante el último lustro, y en América Latina, México y El Salvador son los países donde más operaciones se han verificado.
Es bueno aclarar que cualquier acción de vigilancia estatal en dispositivos de comunicación debe estar respaldada por un marco legal nacional acorde con las normas y estándares internacionales de derechos humanos. Es decir, el uso contra civiles con objetivo de acallar voces disidentes y a opositores está fuera de todo marco legal.
La postura al respecto por parte de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y expertos de Naciones Unidas es exigir una moratoria global sobre la venta, la transferencia y el uso de la tecnología de vigilancia hasta que se instauren regulaciones que garanticen que su uso cumple los estándares de derechos humanos. Esta solicitud de moratoria ya se propuso hace dos años, pero ahora se está reactivando.
Estando este tema en este punto, hace dos semanas el escenario se ha complicado con una alerta de parte de Google y de la empresa Lookout acerca de otro software de espionaje similar a Pegasus, aunque potencialmente más intrusivo, se llama Hermit.
Hermit puede atacar usuarios de Android e iOS y hasta donde se sabe ya ha sido utilizado en Italia y Kazajstán y se ignora si hay otros países más que lo estén usando.
La forma en que este software funciona es que el celular atacado deja de funcionar y luego recibe un mensaje de texto por SMS, WhatsApp o Instagram que solicita la descarga de un archivo para solucionar la supuesta falla interna del celular que, en realidad, es Hermit.
Una vez instalado el software busca y captura todos los archivos del celular e instala el software encargado de acceder a todas las acciones ejecutadas con el celular. Aparentemente, a la fecha hay más de 100.000 dispositivos infectados solo en Europa.
Estos softwares y otras tecnologías de vigilancia violan los derechos a la libertad de expresión, prensa y de privacidad, y minan la democracia, la paz y la seguridad.
A pesar de esos efectos contra los derechos humanos, las empresas y los gobiernos tienen suficientes incentivos para oponerse a la moratoria, sea públicamente o de formas menos evidentes. Quizás este nuevo software logre impulsar algo más la postura de moratoria mientras que, por supuesto, hay que desarrollar una reglamentación general que oriente las acciones de estas empresas y de los gobiernos.
Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana. Word press.com