La alimentación y la agricultura han ocupado titulares de medios de comunicación, en un contexto nacional e internacional emergente de la crisis sanitaria, económica y social causada por la pandemia de COVID-19 y el conflicto entre Ucrania y Rusia, que han azotado en gran parte al sistema alimentario mundial; fruto de ello, hay oportunidades de reconstrucción económica y productiva en el sector agropecuario.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indicó que la pobreza y la pobreza extrema alcanzaron en 2020 niveles que no se han observado en la región en los últimos 12 y 20 años, traduciéndose en cambios en los hábitos alimentarios (con reducción en el número de comidas y la compra de alimentos de menor calidad nutricional), llevando a un aumento del hambre. António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), advirtió el 18 de mayo de 2022 que los próximos meses amenazan con “el espectro de una escasez mundial de alimentos” que podría durar años.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) advirtió que los precios de los alimentos y la comida seca para el ganado se elevarían en hasta 20%, por el conflicto en Ucrania, provocando un aumento de la malnutrición en el mundo.

Recordemos que el sector agropecuario está en el eje 3, “Seguridad Alimentaria con Soberanía, Promoción de Exportaciones con Valor Agregado y Desarrollo de Turismo”, del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021- 2025 “Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones”, que tiene como objetivo promover políticas de desarrollo productivo que permitan equilibrios productivos e industriales sostenibles en Bolivia.

En consecuencia, hoy el Estado ha diseñado políticas a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con programas de hortalizas, ganado bovino, piña, banano y plátano, tubérculos y raíces, granos andinos, agricultura urbana y periurbana, pesca y acuicultura, y de apoyo a la producción apícola, que serán ejecutadas hasta 2025, con alcance nacional y con una inversión de más de Bs 2.533 millones.

Dichos programas son parte del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, que contribuye a una alimentación más diversa y sana, con acuerdos comerciales, incremento de la productividad de las tierras, con mejoramiento de semillas, fertilizantes y proyectos de riego, fomentando así negocios más rentables y competitivos, promoviendo nuevas oportunidades socioeconómicas que representarán una importante fuente de ingresos, generación de empleo, abastecimiento de alimentos en los mercados, reduciendo así la dependencia de alimentos provenientes del exterior.

Y no olvidemos que la Constitución establece que el modelo económico se encuentra orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de los bolivianos, señal importante de que el Estado se encuentra enfocado a promover y garantizar la soberanía alimentaria, que dinamiza el comercio, incrementa el empleo y, sobre todo, evita la escasez de productos con alto valor nutricional.

Por lo tanto, ante la crisis y sus efectos, se presentan desafíos que deben traducirse en acciones innovadoras como las que está realizando el Estado en diversos ámbitos, con nuevas relaciones, alianzas y trabajo colaborativo entre actores públicos, privados y la sociedad civil, para hacer una Bolivia productiva, con desarrollo en el sector agropecuario e impulsando la soberanía alimentaria.

Limber Flores Quispe es contador público.