En el palacio de Trianón, todo el año era fiesta. La reina hizo construir, para ella y su pandilla, los más lindos jardines. Tenía un riachuelo, una montaña y un lago, todo lo que lógicamente tenía un costo elevadísimo para las arcas del Estado.

Desde que había sido coronada, las tres principales preocupaciones de María Antonieta eran, en este orden: sus vestidos, su peinado y sus joyas. Su hermano José II le amonestó por el tren de vida que llevaba y le escribió una carta diciéndole proféticamente: “Tiemblo por ti, pues no se puede seguir de este modo. ¡La revolución será cruel!”.

La ostentación en que María Antonieta vivía era ofensiva para el pueblo que padecía hambre, y que con justa razón la comenzó a llamar “madame déficit”. Solo cuando la encarcelaron se puso a trabajar, pero ya era demasiado tarde.

Se dice que cuando no se conoce la historia, ésta se repite. La noche del 12 de noviembre de 2019, Jeanine Áñez leyó su autonombramiento ante una Asamblea Legislativa sin quórum y luego se dirigió al Palacio Quemado, seguida por un puñado de acólitos, sus hijos y los cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari. Un general del Ejército le colocó la banda presidencial.

Desde entonces hizo nombramientos arbitrarios. Su hija se encargó de Gestión Social, estando a cargo de aviones, choferes y maquilladores. Además, fue una de sus principales asesoras de imagen: “El blanco le queda bien”, declaró a la revista del espectáculo internacional Vanity Fair.

Entre tanto, el pueblo boliviano vivía un momento trágico con cientos de detenidos, miles de perseguidos por “sedición y terrorismo” y al menos 38 asesinados en las masacres de El Pedregal, Sacaba y Senkata.

Con su intento de retornar el neoliberalismo, la economía cayó en picada. Se firmaron contratos lesivos para el Estado, y con el silencio cómplice de varios medios de comunicación, se saquearon los recursos públicos.

Entre los casos de corrupción de su gestión figuran Entel, BoA, ANH, INRA, Banco Central, YPFB, EBA, UPRE, AJAM, Impuestos Nacionales y Aduana.

Cuando el pueblo salió a protestar a las calles, ella les llamó “canallas” y obnubilada por las adulaciones de sus cortesanos, hasta quiso postularse como candidata presidencial.

Se negó a convocar a elecciones hasta que el pueblo se las arrancó con masivas movilizaciones en agosto de 2020.

Hoy asegura que es “perseguida política”. Si en los 14 años en que fue senadora hubiera leído la Constitución Política del Estado, tal vez nada de esto hubiera pasado. Pero ya es demasiado tarde, y solo queda recordar la famosa frase de Isaac Newton que atribuyó a Einstein: “Y voy a terminar con una frase de Albert Einstein para ustedes: lo que sube, baja”, dijo.

Patricia Montaño Durán es licenciada en Historia.

El aniversario de Santa Cruz encontró a este hermoso departamento oriental con una Gobernación sumida en el descrédito por los escándalos de corrupción y un ejecutivo incapaz, que no ha cumplido sus promesas electorales y que, hasta ahora, ni siquiera ha ejecutado la quinta parte de todo su presupuesto anual.

A esto se suma la soberbia del gobernador Luis Fernando Camacho, que, con su actitud beligerante contra el Gobierno y su insólita postura de no invitar a las autoridades nacionales a su festejo, lo único que ha conseguido es autoaislarse y deteriorar aún más su imagen ante las y los cruceños, que no ven obras en su departamento de parte de la Gobernación, aunque afortunadamente sí del Gobierno nacional.

El aplazo del gobernador Camacho contrasta con el dinamismo del gobierno del presidente Luis Arce Catacora, quien este mes ha recorrido Santa Cruz entregando obras importantes. Entre ellas, cabe destacar el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, que da esperanza a miles de personas que requieren tratamiento médico contra el cáncer y otros padecimientos.

La agenda del gobierno del presidente Arce para Santa Cruz es amplia, y está referida a la infraestructura energética y vial, a la producción, la industrialización, el desarrollo humano, salud, educación y equipamiento. Igualmente, Arce Catacora tiene una política de diálogo abierto no solo con los productores, sino también con el empresariado cruceño, para trabajar coordinadamente por el desarrollo global del departamento.

Entretanto, en el lado opuesto, el gobernador Camacho, sin tener obras que ofrecer a Santa Cruz, se aferra a su única bandera de lucha que es pretender apurar el Censo Nacional de Población y Vivienda. Entonces, nos preguntamos ¿si Camacho no ha podido siquiera ejecutar el presupuesto departamental, por qué quiere apresurar el Censo?

Obviamente, la razón de la confrontación de Camacho es la de no perder vigencia política ante su ineficiente gestión, en una Gobernación que, además, está manchada por actos de corrupción y un exsecretario de Salud y hombre de confianza prófugo.

Numerosos representantes del pueblo cruceño y de sus instituciones, incluida la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), han manifestado su rechazo a los nuevos actos de confrontación y paros que impulsa la Gobernación, así como la realización de otro cabildo, señalando que el único objetivo que persigue Camacho es disimular su mala gestión.

Si Camacho y el Comité Cívico siguen sin mirar y entender a Santa Cruz y menos al país, propiciando solo paros, huelgas y violencia, como única propuesta, seguirán perjudicando a este hermoso departamento oriental, que indudablemente merece una gobernación que trabaje por y para las cruceñas y cruceños.

Patricia Montaño Durán es licenciada en Historia.

Las recientes victorias electorales del MAS en los municipios cruceños de San Javier y La Guardia coinciden con el fin de ciclo del gobernador Luis Fernando Camacho, como consecuencia no solo de sus malas decisiones, sino de su falta de capacidad y liderazgo. En 2019, punto más alto de su popularidad, su comparación con el narcotraficante Pablo Escobar para “elaborar listas y meter presos a los traidores”, sumada a la confesión pública de que “su papá había cerrado con los militares para el golpe de Estado”, alarmaron y llamaron la atención sobre sus limitados alcances intelectuales.

En 2020, fracasada su aspiración presidencial, emprendió una campaña para la Gobernación cruceña con promesas esperanzadoras como la compra de tres millones de vacunas, generación de empleo, industrialización y equipamiento contra los incendios forestales y demás. Ninguna se cumplió hasta la fecha.

Por si fuera poco, se conoció que, al primer semestre de 2022, la ejecución presupuestaria de la Gobernación de Santa Cruz alcanzaba apenas al 9,2%, siendo la más baja en todo el país y haciendo comprensible el reclamo por la falta de proyectos y obras en municipios y provincias. Sin gestión, la popularidad del Gobernador ha ido en picada. En junio pasado, fue abucheado y expulsado a empujones por los comerciantes del mercado Mutualista, que veían impotentes cómo ardían las casetas con sus productos.

Así llegó septiembre, mes de Santa Cruz, encontrando, además de ausencia de gestión en la Gobernación, la denuncia, apoyada por un audio, de que el hombre de confianza de Camacho, su hasta hace muy poco secretario de Salud, Fernando Pacheco, habría estado cobrando coimas por la compra de insumos médicos. Pese al triste panorama, Camacho está decidido a continuar con la única estrategia que conoce para mantener a flote su vigencia política: la realización de un cabildo el 30 de septiembre, con la amenaza de realizar un nuevo paro contra la realización del Censo en 2024.

En su gestión como Gobernador, ya convocó a dos movilizaciones similares. En octubre de 2021, para oponerse al proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, y, en agosto de 2022, exigiendo la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023.

Sin embargo, la movilización regional ya muestra un elevado desgaste. Muchos aseguran que los paros que promueve son hechos cumplir por la fuerza, “obligados con palos y piedras”.

Pero lo más preocupante es la ausencia de argumentos técnicos que sustenten la posibilidad de llevar adelante el Censo antes de 2024. Y, su exigencia de realizar el Censo en 2023, tampoco se ve acompañada por acciones. No ha hecho nada, por ejemplo, para esclarecer los límites entre los municipios cruceños, ya que de los 54 territorios autónomos y 2 territorios indígena originario campesinos, solo 6 tienen sus límites definidos.

Pretendiendo tapar sus falencias, la última idea del Gobernador fue no invitar a las autoridades nacionales al aniversario cruceño, como nuevo gesto confrontador, medida que no tuvo acompañamiento de las demás instancias cruceñas como las alcaldías o la Expocruz 2022. Pequeños y grandes industriales tampoco ven resultados de la gestión y Camacho está siendo calificado como el “peor gobernador de la historia”, creciendo el clamor colectivo de que se ponga a trabajar en lugar de seguir impulsando nuevos paros y confrontaciones.

Patricia Montaño Durán es licenciada en Historia.

Queso por queso y bolsa de leche por bolsa de leche, cada producto de los subsidios fue sacudido ante las cámaras y los ojos estupefactos de los internautas. Cada paquete era acusado de “tener sobreprecio” y ser “un robo” a las madres.

A gritos y empujones, clamando “corrupción” a voz en cuello, la mujer que grita difundió en sendos videos que paquetes de 40 pañales habían sido reetiquetados, indicando “50 unidades”.

De nada valió que las madres beneficiarias expliquen que en el paquete había efectivamente 50 pañales. Ya era tarde, el objetivo político de marcar agenda y agitar la opinión pública, había sido logrado.

Las funcionarias que trataban infructuosamente de explicar las bondades de los productos o de justificar los precios fueron olímpicamente ignoradas y, tras preguntarles el monto de sus sueldos, vilipendiadas y recriminadas.

La mujer que grita no quiso escuchar que los alimentos con los que comparaba precios, eran diferentes en calidad y cantidad. Tampoco que los proveedores cumplen normas o que se debe incluir en los costos los envases y la distribución entre otros.

Entregar alimentos a las mamás gestantes de todo el país, es una política dirigida a cuidar la salud y reducir la mortalidad de madres y bebés. Requiere investigación, una importante logística, acuerdos con productores, con empresas procesadoras, personal especializado y sistemas de distribución, entre otros requerimientos. Claro que todo ello, a María Galindo, la tiene sin cuidado.

Su campaña continuó para plantear un dilema. Exigió que, en lugar de alimentos, se entregue a las madres gestantes una billetera móvil. Muchas no están de acuerdo, porque con la billetera sería fácil comprar bebidas alcohólicas en lugar de alimentos, dijeron.

A las marchas, contramarchas y plantones de las “beneficiarias”, se sumaron otras de empresarios nacionales que proveen al Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem). Entre ellos, los productores de miel señalaron que subsisten con sus familias al tener un mercado asegurado para sus productos.

Al contrario de tanta violencia, en la otra cara de la moneda está el grato recuerdo del expresidente de Uruguay José Mujica, quien afirmó, en un video de 2018, que el subsidio universal para madres gestantes era una medida “humana, la más trascendente o de las más trascendentes” implementadas por el Gobierno de Bolivia.

La sabiduría y nobleza de Mujica no solo son balsámicas, sino que demuestran que, cuando se tiene la razón, no es necesario acudir a los gritos.

Patricia Montaño Durán es licenciada en Historia.

Una mujer se encuentra en el avión “casualmente” con el Ministro de Justicia de Bolivia, le increpa —teniendo el cuidado de hacer la grabación correspondiente—, luego hace viral su hazaña en redes sociales y garantiza primeras planas en varios medios de comunicación.

Podría pensarse que actúa sola, pero el golpe de Estado de 2019 está muy fresco en la memoria de los bolivianos.

Como se supo después del golpe, la Autoproclamada fue designada en la Universidad Católica por un conjunto de políticos que no eran parlamentarios, algún embajador extranjero y la bendición de la Iglesia Católica.

El perfil definido en aquella ocasión, para el o la presidenta de facto, era, según María Galindo: “alguien funcional a todos, dispuesto a matar gente por si hubiera alguna revuelta, dispuesto a asumir con los militares en las calles, alguien que se dejara imponer gabinete de asesinos y asaltantes”.

Fue así que se concretó el más grande de los crímenes del siglo XXI contra el pueblo boliviano. La Autoproclamada, con sus cómplices, salió al balcón del Palacio Quemado y blandió una Biblia gigante, pretendiendo justificar con el libro, un acto ilegal e injustificable.

El primer país en reconocer al gobierno de facto fue Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, felicitó a los militares: “Estados Unidos aplaude al pueblo boliviano por exigir libertad y a los militares bolivianos por acatar su juramento de proteger no solo a una sola persona”.

El encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estado de EEUU, Michael Kozak, pretendió dar legitimidad al gobierno de facto diciendo mendazmente que Áñez había sido “presidenta interina del Senado”. “Esperamos con interés trabajar con ella y otras autoridades civiles del país mientras organizan elecciones”, dijo. Siguieron las felicitaciones de los gobiernos de Gran Bretaña y de Brasil.

Directamente desde la Embajada de EEUU en La Paz, el funcionario Érick Foronda ingresó al Palacio con el cargo de Secretario Privado de la Autoproclamada y desde EEUU llegó Mohammed Mostajo como flamante Embajador de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Las redes sociales apoyaron a la Autoproclamada, pero meses después se supo que las miles de cuentas de Facebook no eran de paceños, cochabambinos o cruceños, sino que operaban directamente desde Miami y eran propiedad de la empresa estadounidense CLS Strategies.

Bastó un año para que se paguen sendos beneficios millonarios en Entel, “prescriban” impuestos de ciertos empresarios, se compren gases lacrimógenos con sobreprecio y la estatal petrolera suscriba adendas lesivas al Estado, entre otros delitos. Sin embargo, lo peor de todo, fue el asesinato de decenas de hermanos bolivianos.

Ahora, en junio de 2022, el venezolano “disidente” Leopoldo López y algún trasnochado ultraderechista europeo defienden a la Autoproclamada. Entretanto, la hija, con lágrimas en los ojos, se encuentra casualmente con un ministro de Bolivia para acusarlo de injerencia en la Justicia, mientras prepara su viaje a un foro en Estados Unidos.

Patricia Montaño Durán es licenciada en Historia.