La decisión de postergar el Censo de Población y Vivienda tiene varias consecuencias y ha provocado diversas reacciones. Entre las principales se tiene que mencionar la demanda de que el Censo se realice a mediados de 2023.
Los argumentos para realizar el Censo en 2024 incluyen causas climatológicas y demoras en la socialización de la boleta. Los problemas más complicados consisten sin embargo en el retraso de la cartografía y en la existencia de numerosos conflictos limítrofes entre municipios vecinos. Ambas cuestiones se sintetizan en las expectativas sobre la distribución de recursos fiscales y el número de escaños en la Cámara de Diputados.
Conviene recordar que ya hubo una modificación de la coparticipación tributaria con la incorporación de indicadores de pobreza en el marco de la condonación de la deuda externa, bajo el amparo de la iniciativa conocida como HIPC. Por lo tanto, no es verdad que una mayor población signifique automáticamente mayores recursos fiscales. Habría que empezar por un debate informado sobre las variables y los indicadores sociales complementarios a las cifras poblacionales para armar la pauta de distribución de los recursos presupuestarios entre los entes territoriales autónomos y las universidades públicas.
Tampoco hay una relación directa entre el número de la población y su representación en la Cámara de Diputados. Basta mencionar que el artículo 146 de la Constitución Política del Estado establece que el Órgano Electoral determinará la distribución total de escaños entre los departamentos en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último censo, pero por equidad la ley asignará un número de escaños mínimo a los departamentos con menor población y menor desarrollo económico.
Recursos fiscales y escaños activan en consecuencia los intereses y las pasiones, anticipando expectativas a partir de supuestos sobre los flujos migratorios identificados grosso modo en el país. Cabe plantear la convocatoria a un gran acuerdo de solidaridad nacional respecto del origen y destino de los recursos fiscales, tomando en cuenta las perspectivas económicas en los próximos años, lo que podría proporcionar elementos de juicio para acordar por anticipado los parámetros para el pacto fiscal y la reforma tributaria que debe acompañarlo.
En cuanto a la distribución de escaños en la Cámara de Diputados se puede proponer otro gran acuerdo político a partir de una deliberación amplia sobre el artículo 146 de la Constitución Política del Estado, cuyo objetivo primordial debería ser la representación proporcional de las organizaciones políticas surgida de elecciones limpias y competitivas. Entre los criterios de equidad, el más relevante es el que alude a menor población.
Si hubiera la voluntad política de resolver de esa manera democrática las tensiones que provoca la preparación del Censo, se podría avanzar en la identificación del catálogo de indicadores demográficos, sociales y económicos que debe proporcionar el Censo con miras a la planificación del desarrollo, la identificación de las brechas en los ámbitos de la salud, la educación, la vivienda y el empleo, toda vez que en estos aspectos se han registrado los mayores impactos del COVID-19.
Una información verídica sobre el avance actual de las tareas preparatorias podría abrir la posibilidad de considerar la realización del Censo a mediados de 2023. Caso contrario la información completa del Censo no estaría disponible para el Bicentenario ni para las elecciones generales de 2025.
En cualquier caso, resulta imprescindible el fortalecimiento institucional y la independencia del INE. Es obvio que la mejor garantía de un Censo de calidad consiste en un sistema transparente de diálogos y acuerdos en diversas geometrías institucionales, políticas y sociales, destinados a fortalecer la cohesión social.
Horst Grebe es economista.