Se dice que en 2006 Clive Humby, uno de los primeros científicos de datos de la historia dijo: “Los datos son el nuevo petróleo”. Humby se refería al valor del análisis de datos en gran escala para la toma de decisiones de gestión empresarial y gestión pública. Evidentemente, el análisis de datos y la gestión del big data han cobrado una enorme importancia en un mundo interconectado e informatizado.
Pero las computadoras, centros de datos, centros de transmisión y todos los aparatos que se necesitan para el análisis de datos siguen funcionando con energía proveniente de hidrocarburos —50% de la oferta mundial— y carbón —20% de la oferta mundial—. Básicamente el 70% de nuestra energía la proveen fuentes fósiles, algunas menos limpias (como el carbón) y otras más limpias (como el gas natural).
El petróleo y los energéticos en general son indispensables para prácticamente cualquier proceso de producción y consumo, de ahí que su rentabilidad ha sido alta y estable desde que humanos y humanas masificamos su uso.
El precio del petróleo ha tocado su punto más bajo de la historia durante la primera ola de la pandemia, en 2020, cuando llegó a cotizarse en valores negativos. Ahora nos enfrentamos con la perspectiva de que el barril de petróleo se cotice entre los $us 110 y 90 en el futuro previsible.
La invasión de Rusia a Ucrania ha generado una crisis alimentaria y energética que ha tocado inicialmente a Europa, pero se ha propagado inmediatamente al resto del planeta, mediante los mecanismos de las bolsas de commodities mundiales.
La combinación de crisis de combustibles y crisis energética, que se refleja inmediatamente en los índices de inflación no solo es un problema que afecta a las cifras macro; primero que nada, afecta a la gente. Cualquier gobernante entiende que una caída del nivel de bienestar se traduce —claramente— en un incremento del malestar social y esto deriva en conflictividad.
Sri Lanka es el ejemplo extremo, fruto de un combo de políticas desacertadas en materia económica y agrícola. El resultado final fue que la gente terminó sin alimentos y sin combustible, echando a sus gobernantes de sus palacios y esperando una solución. Mi hipótesis es que esa solución no debería tardar mucho, pues hoy en día Sri Lanka es un problema de seguridad nacional para India y China.
Acá en el vecindario las protestas no se dejaron esperar; Ecuador, Perú y Panamá sufrieron largas olas de conflictos y sus gobiernos —no importa si populistas o no— terminaron apagando los conflictos regulando los precios de los combustibles.
El Salvador ha congelado los precios hasta agosto, Colombia tiene su fondo de estabilización para controlar los precios de la gasolina (además del establecimiento de precios diferenciados por región).
Europa, por su lado, tiene sus propias medidas: dado que el espectacular incremento del petróleo ha dejado beneficios extraordinarios a las energéticas, la tendencia en el viejo continente es la de aplicarles impuestos extraordinarios a las empresas que se han visto beneficiadas de los súbitos incrementos de precios, que se han trasladado a los consumidores —hogares y negocios— y a quienes les ha afectado en sus gastos cotidianos. El consenso europeo es el de compartir entre todos el impacto de la subida de los hidrocarburos.
Era obvio que los impactos de la pandemia exigirían políticas divergentes del consenso de las primeras décadas del siglo XXI; el mundo está en un periodo de transición hacia lo desconocido. Esa transición implica cambios y modificaciones que seguramente tendrán ajustes más o menos significativos. El FMI, al inicio de la pandemia, bajó la línea de aceptar instrumentos nuevos e imaginativos.
Incluso un medio tan poco sospechoso de simpatías con cualquier tipo de populismo como The Economist advierte en un artículo reciente (https://www.economist.com/international/ 2022/06/23/costly-food-and-energy-arefostering- global-unrest) que la inflación en combustibles y alimentos tiene el potencial de encender conflictos sociales en todo el mundo. No hay recetas, estamos ante una época de heterodoxias.
Pablo Rossell Arce es economista.