Cuando cerramos con todo y el día sábado, antes de que renuncie Evo Morales, dice el tipo ‘júntame a toda la gente, a todos los cívicos en la puerta del hotel, voy a dar la cara’. Hasta ese momento solo había hablado conmigo. Ya tenía 6.000 mineros llenos de dinamita para entrar y sacar a Evo Morales”. Son las palabras de Luis Fernando Camacho en relación a su acuerdo con un minero para “tumbar” a Morales, conocidas en un video grabado en diciembre de 2019 en una reunión con su fraternidad.
Es solo un pasaje de su papel en la crisis poselectoral de 2019. Resta decir que ese año invocó a las Fuerzas Armadas (que sugirieron luego la renuncia de Morales), acordó un pliego con la Policía Boliviana (que propició un motín) y hasta su padre “cerró” con ellos para sumarse a la conspiración (¿hay otra manera de llamar a sus acciones?), o propuso la “sucesión” presidencial de la decana del Tribunal Supremo de Justicia o la institución en el gobierno de una “junta de notables”. Y también irrumpió en el Palacio de Gobierno antes de la renuncia.
¿Quién era el minero? Días antes de la renuncia de Morales, Camacho se jactaba de decir que había cerrado un acuerdo con alguien clave. No se supo quién, pero la estocada final contra Morales la dio el propio aliado del entonces presidente, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, que también pidió la renuncia del mandatario.
Entonces, políticos de oposición y medios de comunicación romantizaron la actuación de Camacho, como quien lideraba la “recuperación de la democracia”. Hasta Carlos Mesa y Jorge Quiroga (acuérdense de su intento fallido de reunirse con él en el aeropuerto de El Alto), entre otros, hicieron del entonces presidente del Comité pro Santa Cruz el adalid de la democracia.
A Camacho se le permitió todo, desde la convocatoria a la toma de instituciones, los ataques a los oficialistas o la invocatoria a los militares. Sus acciones, socapadas de esa manera, violentaron la democracia, más allá de los cuestionamientos al gobierno derrocado.
Camacho no actuó dentro de los márgenes de la Constitución y la democracia. Su carácter autoritario y bravucón fue aplaudido por quienes querían verlo hundir a Morales y a su gobierno. Fue el principal factor de la ruptura constitucional de 2019.
Así como ocurrió con Hugo Banzer, del que su condición de dictador fue escondida por una elección democrática, Camacho lavó su rol antidemocrático con su elección como gobernador de Santa Cruz en marzo de 2021. Por eso, precisamente, se ha convertido en alguien intocable, que de ser el principal acusado del caso “Luis Fernando Camacho y otros”, como estuvo foliado el caso Golpe de Estado I, hasta ahora no es convocado a declarar, menos a explicar su papel en la crisis poselectoral de 2019.
Ahora gobernador, hasta burla la autoridad constituida y propicia acciones de desestabilización del gobierno de Luis Arce. No fue casual su inasistencia a más de un par de convocatorias a reuniones con el Gobierno para coordinar acciones durante la emergencia sanitaria. Ni tampoco su ausencia en el último Consejo Nacional de Autonomías, que sugirió la postergación del Censo de Población y Vivienda.
Se cree por encima de todo, de los ocho gobernadores, de los alcaldes de las nueve capitales y El Alto, y de los rectores de las universidades públicas, que abordaron con Arce los problemas de la organización del Censo y la necesidad de postergarlo. Solo él parece tener la razón de esto y por eso esgrime cualquier argumento para desahuciar los criterios de los actores directos del Censo. ¿Hay interlocutores más directos que los gobernadores, alcaldes o rectores? Quizás, pero tienen otros intereses.
Camacho no ha dejado su carácter al ser elegido gobernador. Está despilfarrando una oportunidad política enorme al pretender imponer su carácter autoritario y bravucón. Así, su proyección nacional es nula, en desmedro de quienes, desde Santa Cruz, habían logrado posicionarse en otros ámbitos de la geografía nacional; a no ser que quiera ser solo factor antidemocrático.
Tanto que habla de democracia, no es demócrata. El diálogo no está entre sus opciones, así lo ha demostrado con sus ausencias y el desconocimiento de las decisiones de sus colegas, al menos. Y eso está comenzando a socavar su gestión.
Rubén Atahuichi es periodista.