Voces

Sunday 2 Oct 2022 | Actualizado a 21:09 PM

¿Qué es vivir sabroso?

/ 7 de agosto de 2022 / 00:53

Francia Márquez estuvo de visita en Bolivia la semana pasada y hoy es investida como vicepresidenta. Una madre soltera de 40 años que dejó su comunidad por amenazas de muerte y salió adelante como trabajadora del hogar, llegó a Bolivia para decirnos que el vivir sabroso no es más que vivir en dignidad, vivir en armonía con la Madre Tierra, vivir en paz. Vivir sabroso es vivir con amor, alegría y con derechos.

Si hay alguien que encarna el profundo viraje de una Colombia conservadora y solemne hacia un nuevo progresismo es Francia Márquez. Con un perfil, una historia de vida y un lenguaje inesperado para el campo político colombiano, la activista irrumpe desde abajo en el poder de esa Colombia centralista y excluyente.

La potente voz con la que llega al escenario Francia Márquez es un discurso feminista y antirracista. De hecho, Márquez espera estar a la cabeza del nuevo Ministerio de la Igualdad desde donde se plantean tres objetivos inmediatos: lograr igualdad salarial entre hombres y mujeres, reconocer el tiempo de trabajo en el hogar para la jubilación, y medio salario mínimo a las madres cabeza de familia. Su discurso por la igualdad de géneros es combinado con un fuerte compromiso con el medio ambiente. Al recibir el Goldman Environmental Prize, la virtual vicepresidenta sostuvo: “Soy parte de quienes alzan la voz para parar la destrucción de los ríos, bosques y páramos. De aquellos que sueñan en que un día los seres humanos vamos a cambiar el modelo económico de muerte, para darnos paso a construir un modelo que garantice vida”.

Y es que esta mujer de origen humilde encarna las ilusiones de un nuevo pensamiento progresista en América Latina que finalmente deje de considerar el ecologismo, el feminismo y el antirracismo como cuestiones periféricas de la izquierda. Francia Márquez trae en su historia la marca de todas esas luchas. Nacida en el Cauca, una región del sur occidente colombiano marcado por la pobreza y el conflicto armado, fue madre a los 16 años y se fue a trabajar a las minas de oro locales para mantener a su hijo. Una de sus primeras experiencias como activista fue la lucha por mantener el cauce de un río de su comunidad y en 2014 llamó la atención nacional liderando una marcha desde el Cauca hasta Bogotá, exigiendo que el gobierno detuviera a los mineros ilegales que habían invadido su territorio con retroexcavadoras.

Antes de la ceremonia de su investidura como vicepresidenta, Márquez ha emprendido una gira por Brasil, Argentina, Chile y Bolivia. Se trata, según medios colombianos, de una avanzada diplomática ante gobiernos amigos que serán vitales para la propuesta de liderazgo regional que planteó Gustavo Petro en su discurso como ganador de las elecciones. Y es que Colombia, tradicionalmente muy cercana a Estados Unidos, busca retomar un liderazgo en Sudamérica con una agenda de colaboración que podría considerar temas como el incremento del comercio intrarregional, freno al narcotráfico y una política ambiental que incorpore la transición energética y la protección de la Amazonía.

El cambio de gobierno en Colombia llega cuando se habla de una nueva “marea rosa” latinoamericana en referencia al aumento de fuerzas socialistas moderadas. Las elecciones de los últimos años han dado como resultado que 10 países (entre ellos cuatro de las economías más grandes de la región: México, Colombia, Argentina y Chile) y cerca del 51% de la población latinoamericana se encuentren regidos por gobiernos de izquierda.

Sin duda nos llena de esperanzas el liderazgo de Francia Márquez en la región latinoamericana y hacemos nuestra su frase de campaña: “Vamos de la resistencia al poder hasta que la dignidad se haga costumbre”.

Lourdes Montero es cientista social.

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Ocho razones para legalizar el aborto

/ 2 de octubre de 2022 / 01:39

Como cada año, el 28 de septiembre se celebra el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En nuestro país, el aborto inducido está regulado desde 1973, siendo legal solamente en caso de prevenir daño a la salud de la mujer o en casos de violación.

A pesar de la penalización, los datos sobre la interrupción del embarazo no deseado estiman que en Bolivia se practican 200 abortos cada día y, cada año, alrededor de 44.000 abortos incompletos (hemorragias) son atendidos por establecimientos de salud públicos y privados. A causa de esto, dos mujeres mueren cada día, lo que equivale a 650 muertes por año, que a su vez conlleva a que el aborto sea la tercera causa de muerte de las mujeres en el país.

Frente a esto, comparto ocho razones por las cuales es urgente contar con un sistema de salud que atienda la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura, legal y gratuita.

1) Penalizar no disuade a las mujeres de la práctica del aborto. El altísimo número de abortos que ocurren en Bolivia demuestra que la penalización no es efectiva.

2) Penalizar el aborto induce a las mujeres a recurrir a métodos inseguros y riesgosos para su salud. En el país, más de la mitad de abortos clandestinos son realizados por personas sin la capacidad necesaria, con procedimientos inseguros y en entornos sin higiene. Por lo tanto, la penalización tiene como consecuencia no menos abortos, sino más abortos inseguros.

3) La penalización aumenta las muertes y afecta la salud de las mujeres. El aborto no pone la salud de las mujeres en peligro, lo que la pone en riesgo es la clandestinidad y la inseguridad. Por ejemplo, en Uruguay las muertes de mujeres por causas de abortos mal practicado se redujeron a cero desde la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

4) Penalizar el aborto impacta negativamente en el acceso a los abortos legales. Una gran cantidad de mujeres con derecho a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) no acceden a él por el estigma alrededor de la práctica y los estereotipos sobre la maternidad que se constituye en un mandato obligatorio para las mujeres.

5) La falta de acceso a abortos seguros produce muertes por causas indirectas. La mala práctica en la clandestinidad provoca en las mujeres hemorragias, perforaciones uterinas, lesiones intraabdominales y procesos infecciosos, causantes de secuelas crónicas como la esterilidad, embarazo ectópico, dolor pélvico agudo y, en los peores casos, la muerte.

6) La penalización del aborto tiene un impacto diferenciado en mujeres pobres y jóvenes. Las mujeres con niveles económicos medios o altos acceden a una atención sanitaria adecuada y, en general, no sufren complicaciones posabortos. Las de bajos recursos, en muchos casos adolescentes, se ven obligadas a exponerse a condiciones sanitarias precarias.

7) La penalización del aborto expone a las mujeres a ser víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes por temor a ser denunciadas en su intensión de interrumpir su embarazo. Muchas de ellas incluso acuden al suicidio frente a la sanción social y penal del aborto.

8) La penalización del aborto incentiva un mercado clandestino que lucra con el miedo y necesidad de las mujeres. La provisión de servicios de aborto moviliza cifras millonarias a través de abortos quirúrgicos o la comercialización de pastillas de misoprostol o mifepristona con sobreprecios.

A pesar de que el procedimiento de interrumpir un embarazo es más seguro y está más disponible hoy en día, el aborto todavía está muy estigmatizado y puede ser una experiencia aterradora para muchas mujeres. Por todo esto, la legalización del aborto es un tema de salud pública y de derechos humanos.

Lourdes Montero es cientista social.

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Incendios forestales en la Chiquitanía

/ 18 de septiembre de 2022 / 00:28

De manera sistemática y sostenida, estamos destruyendo el bosque seco tropical más grande de Sudamérica, uno de los pocos que quedan en el mundo; y parece que a nadie le importa. Mirar para otro lado o minimizar el impacto del fuego en el oriente del país es una actitud irresponsable que nos cobrará factura más pronto de lo que esperamos.

Según los datos de Defensa Civil, desde 2019 los incendios en el oriente boliviano arrasaron con 15,5 millones de hectáreas. Para la autoridad nacional competente, este año ha sido benigno pues “solamente” se quemaron 854.724 hectáreas, una cifra baja con relación a los últimos tres años. Pero esta visión nos hace normalizar un hecho que a todas luces debe preocuparnos por los cambios irreversibles de ese ecosistema altamente sensible. Es momento de tomar medidas estructurales y no solo esperar, como cada año, que las lluvias nos salven.

La Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) sostiene que “el fuego es hoy, sin duda, una de las más grandes amenazas y de mayor daño sobre el Bosque Seco Chiquitano y está claramente vinculado a las actividades humanas” (https://www.fcbc.org.bo/9759-2/). Si bien hay años en que el fuego es más crítico debido a los factores climáticos y otros años más benigno, los factores estructurales que potencian la tormenta perfecta (vivida por ejemplo en 2019) cada año se profundizan.

Estos factores sobre los que podemos actuar, según el FCBC, pueden ser claramente identificados. Si bien el incremento de extrema sequía, fuertes vientos y altas temperaturas son impredecibles, también la intervención humana en el cambio de uso del suelo es parte central del problema ya que las tierras de producción forestal permanente son cada vez más invadidas por la ganadería y agricultura, utilizando prácticas de desmonte y “chaqueo” inadecuadas. Para esto, la aplicación de la Ley 741, la cual amplía el desmonte de 5 a 20 hectáreas en tierras con cobertura boscosa, y la aplicación del Decreto Supremo 3973 que autoriza el desmonte y las quemas controladas, han facilitado la fragmentación del bosque, incrementando así las probabilidades de quemas en las áreas abiertas y su potencial traspaso a los bosques.

A esto se suma un modelo de desarrollo cruceño basado en el monocultivo y la producción ganadera, que ha motivado el interés de inversión extranjera, principalmente del Brasil, que en algunos casos han conformado empresas de gran volumen y afectación. La infraestructura desarrollada para la exportación de carne vacuna es un claro reflejo de ello. A esto se debe sumar la expansión de las colonias menonitas y el incremento de asentamientos campesinos que impulsan prácticas de producción agrícola inadecuadas a las condiciones ecológicas de los ecosistemas tropicales secos.

Por último, pero tal vez de mayor importancia, se debe mencionar la insuficiente capacidad de control de parte de las autoridades a todos los niveles para evitar los asentamientos en tierras de producción forestal y los incendios ilegales, así como la deficiente respuesta institucional y la incapacidad de coordinación entre los distintos niveles de gobierno para hacer frente a la magnitud de los incendios.

Parece que poco aprendimos de la pesadilla dantesca que vivimos en 2019, cuando se quemaron más de 5,3 millones de hectáreas. Frente a esto, cada vez se demanda con más fuerza establecer una pausa ecológica en el Bosque Chiquitano, e instituir estrategias de restauración y protección que consideren los medios de vida de las poblaciones que ya viven en el territorio. Solo así seremos fieles a nuestro acuerdo constitucional, que en su artículo 33 establece el derecho de las personas “a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado”, en armonía con otros seres vivos.

Lourdes Montero es cientista social.

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El día en que Ecuador decide sancionar la violencia política

/ 4 de septiembre de 2022 / 00:27

En Latinoamérica, cuando la promesa de no tolerar la violencia de género se cumple, tenemos que celebrarlo. Y hoy tenemos que aplaudir al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador que ha definido, por unanimidad, la destitución del cargo de un alcalde que ha ejercido violencia política contra una mujer. Con esta resolución, la Justicia en Ecuador crea jurisprudencia sobre violencia política de género no solo en el país andino, sino en todo el continente.

Las acciones que juzga el TCE en el (ya histórico) proceso 026 es similar a cualquier caso de violencia política en Bolivia. La denunciante, Yennifer López Córdova, fue electa como la concejala más votada del cantón Paltas, provincia de Loja en Ecuador. Al llegar al municipio, fue electa como vicealcaldesa. Por su actitud fiscalizadora le resultó incómoda al alcalde, el señor Jorge Luis Feijoó, quien procedió a removerla de su cargo de manera ilegal y arbitraria. A través de una acción de protección legal, la vicealcaldesa consiguió ser reincorporada en el cargo, sin embargo, la violencia política no cesó. Impedimento de acceso a información, desalojo de los espacios de trabajo y suspensión de pago de salarios por tres meses consecutivos son las formas concretas con las que el alcalde intentó amedrentar a la vicealcaldesa.

En Bolivia, ninguna de estas formas de ejercicio de violencia nos es ajena. En el informe Paridad más allá de la Paridad se registra que 7 de cada 10 mujeres que ejercen un cargo de representación han vivido violencia por su incursión en la política. Pero lo más preocupante es que el 77% de ellas han decidido no denunciar. Esto tiene relación con la poca confianza que la Ley 243 les genera, ya que un 72% cree que ayudó poco o no influyó en nada para frenar los casos de violencia política.

Entre enero de 2015 y marzo de 2022, la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol) registró 670 casos de acoso y violencia política hacia mujeres electas. Por su parte, y solo en 2021, el Órgano Electoral Plurinacional registró 155 renuncias de mujeres vinculadas a la figura de “gestión compartida” que atenta contra sus derechos.

Hoy mismo tenemos varios casos emblemáticos muy bien documentados por Aleja Cuevas y María Ulo en la revista La Brava (https://revistalabrava.com/).Los casos de Vicencia Apaza, Lourdes Vásquez y Juana Luna, del municipio de San Pedro de Curahuara (La Paz); Eulogia Gonzales y María Ckuno, en el municipio de Ravelo (Potosí) o Juana Choque, exconcejala del municipio de Huarina (La Paz) causan indignación sobre todo por la soledad y desprotección en las que se encuentran las mujeres, puesto que el Estado y los líderes de los partidos políticos hacen oídos sordos frente a las denuncias. Como en muchos casos de leyes nacionales, que implican gran avance normativo, la brecha de implementación es inmensa, persistiendo la impunidad de los agresores.

Por todo esto, el avance del TCE del Ecuador nos llena de esperanza. La sanción para el ahora exalcalde Jorge Luis Feijoó es ejemplificadora: la destitución del cargo de alcalde, la suspensión de los derechos políticos de participación por dos años y una multa económica de 10.000 dólares. A estas sanciones se suman la obligación de participar de talleres de capacitación y disculpas públicas.

Estas sanciones impuestas por el TCE responden a las recientes reformas realizadas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas que, en el artículo 280, se refiere a la Violencia Política de Género. Este tipo de violencia se la califica como una infracción electoral muy grave. Así, el sistema electoral ecuatoriano cumple su deber de garantizar los derechos de participación de las mujeres en política mostrándose intolerante frente a la violencia y con ello genera un hito histórico en favor de la equidad, igualdad y democracia.

Lourdes Montero es cientista social.

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Anteproyecto para fortalecer la Ley 348

/ 24 de julio de 2022 / 00:34

Esta semana, la Alianza de Organizaciones Sociales de Mujeres por la Revolución Democrática Cultural realizó la entrega del Anteproyecto Modificatorio de Fortalecimiento a la Ley 348 al presidente Luis Arce Catacora. Con este acto concluye un proceso de construcción colectiva que ha demorado 19 meses en lugar de los 60 días hábiles que el Decreto Supremo 4399 establecía.

Y es que las consultas públicas, el análisis y los consensos, luego de nueve años de implementación de la ley, no supusieron una tarea fácil pues reunieron cerca de 1.000 propuestas modificatorias que fueron la base para una profunda reflexión de las fallas que actualmente provocan impunidad, e incluso constituyen un incentivo para el incremento de los ciclos de la violencia hasta llegar al feminicidio.

Solo un dato para dimensionar el tamaño del problema: del total de casos que ingresan anualmente, el sistema judicial atiende apenas el 45%; el resto es dejado en rezago para la siguiente gestión. De ese total, el 92% se queda en proceso de investigación y solo un 7% pasa a juicio, dando como resultado que apenas el 1% logra llegar a sentencia.

Analizando esta realidad, el anteproyecto presenta 159 artículos que buscan un abordaje integral de la violencia. Veamos algunos de los principales cambios estructurales que plantea.

Un primer vacío que llena respecto a la 348 y que hay que destacar es que la ley explicita la atención, protección y tutela judicial para todas las mujeres, sin ninguna distinción, incluyendo a las mujeres transexuales y mujeres transgénero, uno de los colectivos que mayores índices de violencia y feminicidio sufre actualmente.

Un segundo vacío importante que aborda es la concurrencia y coordinación de los actores para la implementación de la ley. Para ello, propone la creación de la Red Funcional de Lucha y Erradicación de la violencia contra las mujeres para garantizar la coordinación de las políticas y la ejecución de recursos por las instancias nacional y subnacionales. A destacar el papel de articulador territorial que se otorga a las gobernaciones, así como la participación de la sociedad civil en el marco del control social y la implementación de la ley.

Un tercer factor a destacar es que crea un procedimiento penal especial para sancionar delitos de violencia, eliminando etapas o audiencias innecesarias. También refuerza la aplicación de medidas de protección especial desde el primer momento en que la mujer denuncia.

Se crea el Sistema Administrativo Sancionador de actos o hechos de violencia que no constituyen delitos. Este sistema, a ser aplicado por las entidades territoriales autónomas municipales, requiere de todo un cambio de los actuales Servicios Legales Integrales (SLIM), con una importante transformación de sus atribuciones y el fortalecimiento y jerarquización del equipo humano que lo gestiona.

En el anteproyecto en discusión, todos los tipos de violencia tienen un proceso sancionador administrativo y/o penal. Un vacío importante de la 348 es que, si bien reconoce 17 tipos de violencia, muchos de ellos son enunciados, pero no se establece sanción. A este avance se agrega el reconocimiento y sanción de la violencia obstétrica, violencia digital, violencia sindical y acoso callejero.

Sin duda el anteproyecto es un esfuerzo ambicioso en el reconocimiento de los problemas y posibles soluciones. Ahora, la discusión pasa a la Asamblea Legislativa y seguramente el desafío mayor estará en la implementación, donde se espera un liderazgo decidido del ente rector: el Ministerio de Justicia.

Desde la sociedad seguiremos con mucha atención todo este proceso por la responsabilidad compartida que tenemos todas y todos los bolivianos por garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Lourdes Montero es cientista social.

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Las paradojas del modelo brasileño

/ 10 de julio de 2022 / 01:09

Según las proyecciones oficiales, en 2022, Brasil alcanzará un nuevo récord en el volumen de granos de soya, maíz y arroz cosechados. Así, en un contexto de guerra en Ucrania que ha precipitado el incremento de precios, la producción de cereales de Brasil este año será histórica. Sin embargo, este mismo año, el hambre en Brasil se dispara a niveles de hace tres décadas, alcanzando a 33 millones de personas. El país que alimenta al mundo no logra alimentar a su propia gente, ¿cómo puede ocurrir esto?

En los últimos 20 años, Brasil ha pasado a ser el tercer mayor exportador agrícola del mundo. La agroindustria en su conjunto representa el 20% de su PIB. Brasil es hoy el primer exportador mundial de carne de res, de pollo, de café, azúcar y soja, llegando a 150 países y alimentando a más de 1.200 millones de habitantes en todo el mundo. ¿Cómo es que un país tropical se convierte en una superpotencia agropecuaria?

Registran algunos investigadores que todo comenzó en la década del 70, cuando la recién creada Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), el mayor instituto mundial de investigación biotecnológica tropical, logra alcalinizar la acidez del suelo amazónico con cal para adaptarlo al cultivo de la soja, y así logran duplicar la productividad del campo brasileño. De allí en adelante la frontera agrícola de Brasil no ha parado de ampliarse año tras año.

Sin embargo, esa enorme riqueza productiva no evitó que, como lo registra de manera detallada un informe de la Red Penssan sobre soberanía y seguridad alimentaria, actualmente “el 16% de la población no tiene qué comer”. Y es que, explican los investigadores, en el gobierno de Bolsonaro, “la negligencia del Estado ha pasado a ser determinante”. Así, sostiene el informe, el hambre es un proceso. Los 33 millones de ciudadanos hambrientos son parte de un grupo mucho mayor, el de los 125 millones de brasileños que viven de manera cotidiana en la pobreza producto de la desigualdad.

A este desastre social hoy se suma el desastre ambiental. El periódico El País registra que los incendios intencionales baten récords ante el temor de que un triunfo de Lula da Silva traiga leyes de control más duras. La denuncia de los especialistas es que, en año electoral, siempre hay un aumento de la deforestación porque nadie presta atención a lo que ocurre en la selva. Pero en estas elecciones es mucho más evidente, pues las personas saben que Bolsonaro no tiene ninguna intención de castigar a los infractores y, como no saben lo que pasará el año que viene, la actitud es “vamos a hacer todo lo posible para deforestar y quemar ahora”. Esto incluye a los invasores de tierras públicas y los mineros informales, pues sienten que tienen que correr para consolidar sus delitos.

Literalmente, la ley de la selva. Y justo hoy se cumplen 35 días de ese símbolo: la desaparición y muerte del activista brasileño Bruno Pereira y del periodista inglés Dom Phillips en la Amazonía, el hecho que marca la visibilidad internacional de la impunidad de los asesinatos de defensores ambientales, ante la pasividad del Gobierno, al tiempo que el crimen organizado y el narcotráfico toman posesión del territorio amazónico.

La Amazonía es una sola, y hablar de la amazonía brasileña es también hablar de la amazonía boliviana. Por ello el modelo agroindustrial y minero (legal e ilegal) no puede ser un horizonte que nos deslumbre. En la Amazonía, los incendios están directamente ligados a la deforestación y a la desertificación; no es normal que la selva tropical arda, pero el cambio climático está dejando la Amazonía más seca de lo normal, lo que facilita la combustión. Otra forma de convivencia y productividad con los bosques es posible.

Lourdes Montero es cientista social.

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