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Thursday 29 Sep 2022 | Actualizado a 23:23 PM

Pedagogía sobre el arbitraje de inversiones

/ 8 de agosto de 2022 / 00:39

Tras la emisión del laudo del caso de arbitraje sobre el fondo de pensiones, medios de prensa nacionales han sido inundados de panfletos propagandísticos sobre la “derrota” y “pérdida de millones de dólares” en este y otros casos del proceso de nacionalización en Bolivia. Lo cierto es que no es ni uno ni lo otro; el arbitraje internacional de inversiones posee una lógica perversa y complejidad técnica que debe ser explicada de forma sencilla para evitar su instrumentalización política contra la defensa legal del Estado.

Primero, debe recordarse que las demandas internacionales contra el Estado son el producto de la era neoliberal en la cual los gobiernos de turno suscribieron acríticamente 21 Tratados de Bilaterales de Protección de Inversiones, eximiendo a los inversionistas de estar sujetos a las leyes nacionales, en violación al artículo 24 de nuestra anterior Constitución. Acuerdos que, en pocas palabras, ataron las manos del Estado si deseaba recuperar sus recursos naturales, la propiedad sobre sus empresas estratégicas o implementar políticas sociales y, por el contrario, permitieron que las corporaciones puedan demandar sumas astronómicas si éste osaba a hacerlo. Un análisis de este sistema legal nos permite ver que estos tratados son un catálogo de derechos solo para las corporaciones transnacionales, que la mayoría de los tribunales arbitrales privilegia los derechos privados por encima de los Derechos Humanos que el Estado debe proteger con sus medidas soberanas y que incluso si los inversionistas incumplen normas ambientales y sociales, estos puedan escapar del sistema legal nacional y refugiarse en este sistema de privilegios. Bajo este sistema, el único objetivo de estas demandas es encontrar un monto “justo” de compensación (más conocido como “quantum”) que “repare” a las corporaciones por las decisiones soberanas del Estado. Pero, ¿el Estado podría no pagar ningún monto por sus medidas soberanas? La respuesta es sencillamente: No.

Al respecto, el derecho a la nacionalización se encuentra claramente consagrado en el artículo 2 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados de las Naciones Unidas, y como tal, debe efectuarse por razones de utilidad pública y para la protección de derechos humanos (servicios básicos, salud pública, desarrollo, etc.), pero debiendo existir una compensación obligatoria para el inversionista. Por ello, por regla general un arbitraje de inversiones debe resultar inevitablemente en un pago, incluso si el Estado cumplió el derecho internacional al tomar dicha decisión (así es, incluso si cumplió). La lógica maniquea de que pagar per se es una “derrota” no se corresponde con la lógica de estos casos. La única posición objetiva es comparar cuánto demandó la corporación transnacional y cuánto logró reducir el Estado dicha pretensión en su defensa y, sobre todo, cuál es el beneficio económico que esta medida soberana creó para los bolivianos(as).

Para citar ejemplos, en el caso South American Silver, Bolivia pagó $us 25 millones de los 385,7 millones demandados por la multinacional, es decir, solo 6,6% de la pretensión. Por otra parte, en los acuerdos con las empresas del sector de hidrocarburos para recuperar nuestro patrimonio, en promedio se compensó con el 27% de las peticiones, generando luego utilidades netas de $us 35.000 millones solo hasta 2017. Montos que no pueden considerarse como una “pérdida”, sino como el precio por la recuperación de la propiedad de los bolivianos( as), lo que fue esencial para cimentar la era de prosperidad más importante de nuestra historia. Asimismo, en el caso de Entel, los 100 millones pagados por esta empresa (de los 134.000 millones exigidos) lograron generar una utilidad neta de más de $us 1.050 millones solo hasta 2017, es decir, 10 veces más del monto de recuperación, lo que a su vez ayudó a redistribuir la riqueza a través de varios bonos sociales y efectuar inversión pública.

Basados en evidencia, la retórica de la derrota no tiene asidero alguno. Recordemos que Bolivia, en 2009, fue el último país en América Latina en crear su Procuraduría para la defensa legal internacional de sus intereses, ello debido a la mentalidad patrimonial y hereditaria del Estado de quienes ya gobernaron y que hoy se autoproclaman “defensores” de los recursos del Estado. Por el contrario, una reflexión desapasionada nos debería llevar a valorar la labor de los procuradores Montero, Arce, Menacho y hoy Chávez, en la creación del sistema de defensa legal del Estado y por haber contribuido a la recuperación del patrimonio del pueblo boliviano.

Franz Zubieta Mariscal es investigador en Derecho Internacional de la Universidad de Nottingham.

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¡Pero son solo negocios!

/ 17 de junio de 2022 / 01:05

Muchas corporaciones transnacionales son tan inmensamente poderosas que generan ingresos mayores al Producto Interno Bruto combinado de muchos Estados, logrando operar a escala global para deslocalizar sus procesos productivos, a fin de reducir sus costos y “externalizar” sus riesgos. Gracias a ello, terminan ejerciendo una influencia considerable sobre la política pública interna para perpetuar dicho status quo.

Así, aún existe una política poderosa y de larga data en el sistema internacional de evitar la creación de mecanismos jurídicos directamente vinculantes para extender responsabilidad internacional a las casas matrices por las acciones de sus subsidiarias y vehículos nacionales de inversión de las corporaciones por la violación de derechos humanos (DDHH). Poder económico asimétrico que, a juicio de McCorquodale, tiene como consecuencia la impotencia de muchos Estados soberanos para adoptar medidas y exigir cambios a las corporaciones. La falsa dicotomía es sencilla, “inversión no maniatada o subdesarrollo”, “flexibilización de la normativa nacional o ahuyentar la inversión extranjera directa”.

Sin embargo, este aparente dilema está siendo cuestionado debido al compromiso de muchos países (incluido Bolivia), sociedad civil, academia y diversos organismos internacionales. Sobre esto último, en el seno de las Naciones Unidas 193 países adoptaron por unanimidad reglas internacionales voluntarias denominadas “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos”, en 2011. Lo que está creando una estandarización global de buenas prácticas que en paralelo se están infiltrando gradualmente en los ordenamientos jurídicos internos de todo el mundo como leyes obligatorias. Por ejemplo, leyes de transparencia en la cadena de provisión de materia prima (EEUU), la ley contra la esclavitud moderna (Reino Unido), o la ley de vigilancia de casas matrices sobre sus subsidiarias (Francia). Debe señalarse que los 31 principios de protección de los DDHH en los negocios se apoyan en varios tratados sobre DDHH y cubren todo el espectro de los derechos (sociales, civiles, culturales, ambientales, etc.), son aplicables a empresas de todo tamaño y sector, se exigen en cualquier actividad empresarial que podría afectar DDHH directa o indirectamente, las empresas deben observarlos independientemente de la responsabilidad propia del Estado y son superiores y preferenciales a otras prácticas como la responsabilidad social corporativa o simples certificaciones de calidad.

En esencia, los Principios Rectores se asientan en tres pilares fundamentales: el deber del Estado de proteger, la responsabilidad de las empresas de respetar y el acceso de las víctimas a reparaciones. En primer lugar, el Estado tiene el deber de adoptar medidas suficientes para prevenir, investigar, sancionar y reparar abusos a través de políticas públicas y leyes como las antes mencionadas. Responsabilidad indelegable y primaria.

Por su parte, las empresas deben “saber y hacer saber” que están respetando los DDHH en sus actividades empresariales, para lo cual, los procesos de debida diligencia empresarial en DDHH son cruciales. Dichos procesos deben abordarse de manera continua (proceso de prueba-errorprueba), multidisciplinaria y sistémica (usando diferentes perspectivas y de manera holística) y cíclica (usando la experiencia como fuente de permanente retroalimentación). Gracias a la debida diligencia, las empresas pueden evitar que sus actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los DDHH, y si ello ocurre deben hacer frente a ello. Finalmente, las víctimas deben poder acceder a una reparación eficaz, ya sea a través de mecanismos judiciales o alternativos de solución de controversias. Este derecho implica el acceso a una justicia pronta, gratuita, comprensible y eficaz.

La era de la rendición de cuentas, responsabilidad y transparencia corporativa está en sus albores, y por ende la impunidad en la violación de los DDHH en los negocios debe llegar a su ocaso. Ya no son “solo negocios”, sino derechos humanos y negocios.

Franz Zubieta Mariscal es abogado especialista en Derecho Internacional. Twitter: @MariscalFranz.

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La banalización de la Corte Penal Internacional

/ 4 de marzo de 2022 / 01:41

Durante el siglo XX, la humanidad ha sido testigo de momentos devastadores en los que se ha puesto a prueba el mito de la racionalidad humana. Desde las dantescas trincheras de la Primera Guerra Mundial, pasando por los campos de concentración de Auschwitz, Treblinka y Sorbibór y los genocidios en los Balcanes y África, la humanidad clamó por una panacea universal para las víctimas de esos monstruosos actos. Así, en un contexto de gran esperanza nació la Corte Penal Internacional (CPI). Aunque fue otro de esos momentos históricos en los que la realpolitik chocó con el derecho internacional, sin embargo, se llegó a un acuerdo razonable para lograr su existencia: la CPI únicamente sería un mecanismo complementario de emergencia cuando el sistema de justicia penal interno se encuentre destruido o colapsado para juzgar los crímenes más atroces contra la humanidad.

Así en sus cerca de 20 años de funcionamiento, la CPI solo tuvo 30 casos, emitió 35 órdenes de arresto (17 fueron efectivas), habiendo dictado 10 sentencias condenatorias de las cuales únicamente tres han sido confirmadas. Estos datos demuestran que el accionar de la CPI está reservado para situaciones extremas ocurridas en naciones fallidas e independientemente si dichos delitos existen en su legislación interna. Por ello, la Fiscalía de la CPI determina la admisibilidad de un caso bajo un umbral muy alto de objetividad y ética para evitar que este aparato internacional sea instrumentalizado políticamente.

Debido a esto, recientemente la Fiscalía de la CPI rechazó la denuncia presentada en 2020 por el exprocurador Cabrera y nuestra misión en La Haya contra la COB y el MAS. Denuncia que no solo quedará como un ejemplo sobre la invocación temeraria de este mecanismo internacional, sino cuya remisión voluntaria constituye una anécdota para nuestra historia diplomática, ya que se intentó de poner a Bolivia a la altura de las crisis humanitarias del Congo, Mali, Uganda, Gabón y República Centro Africana. Cuestiones que se sostienen en los hallazgos del informe final de la Fiscalía de la CPI.

Primero, el análisis fáctico señala que los hechos alegados se enmarcan en un contexto de turbulencia política en el cual sectores populares se movilizaron y bloquearon el eje central por la continua suspensión de las elecciones como una estrategia de la autoproclamada presidenta Áñez (como la denomina la CPI) para aferrarse al poder. Así estos agentes argumentaron que los decesos fatales por COVID-19 ocurridos en aquel conflicto fueron causados gracias a un plan del MAS y la COB para cometer deliberada y coordinadamente ataques contra la población civil a efecto de causar la muerte y el sufrimiento mental y físico de la población. Es decir, que se cometieron crímenes contra la humanidad de conformidad con el Estado de Roma. Alegación descalificada al no haberse establecido el elemento esencial de este crimen, es decir que fue “un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Así, según la jurisprudencia de la CPI se requiere la existencia de un plan o política (sistemático) cuya ejecución se da de manera consciente y coordinada (dolo) para un ataque a toda la población civil (generalizado), lo que no existió en esta situación. Asimismo, se concluyó que los bloqueos: (a) no impidieron de forma uniforme ni coherente el paso de suministros de salud, (b) más bien los dirigentes instaron a sus bases dejar pasar ambulancias y convoyes de suministros médicos, (c) que estos bloqueos fueron relativamente cortos, (d) y que no existe el vínculo causal exigido entre las muertes y los actos de los manifestantes, por lo que la Fiscalía rechazó esta denuncia. Sin duda, los decesos circunstanciales son lamentables, pero según el informe de la CPI el sistema de salud ya estaba colapsado en aquel entonces, lo que sumado a la rampante corrupción del sector salud generaron ese escenario fatal.

Esta lección requiere acciones a futuro. Primero, se debe reactivar el debate participativo del proyecto del nuevo Código del Sistema Penal, donde se logró codificar los delitos del Estatuto de Roma, pero que fue abortado por movilizaciones políticas en 2017. Asimismo, la Procuraduría podría considerar emitir un dictamen sobre los altos estándares de derecho internacional que las instituciones del Estado deben observar para evitar este tipo de acciones irresponsables que generan daño al erario nacional y, sobre todo, erosionan la imagen internacional de Bolivia.

Franz Zubieta Mariscal es abogado especialista en Derecho Internacional.

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El liderazgo de las minorías

/ 21 de febrero de 2022 / 02:12

“No me hables de grandes principios. Háblame de vidas ejemplares. Así creeré en los grandes principios”, escribía hace muy poco el profesor Remiro Brótons en sus redes sociales. Palabras que explican perfectamente el origen de la desilusión generalizada en la que vive el mundo, es decir: la insalvable distancia entre lo que se predica y lo que se hace. Así el material feble del que está hecho el carácter y la conducta de quienes —más por fortuna que virtud— ocupan sitiales de liderazgo en nuestra sociedad, quebranta la buena fe que ponemos en ellos. Desafortunadamente, esa desilusión lleva al escepticismo sobre los sistemas de principios (ya sean políticos, religiosos o sociales) y en breve ello se convierte en el cinismo descarado del “todo vale”. Es en ese momento donde nuestras sociedades confunden la virtud con el vicio, y el vicio se entrona como virtud social. Lamentablemente, la crisis del sistema judicial boliviano devela esta decadencia en su más grotesca expresión.

Así, una amistad, 3.500 dólares y un whisky son la fórmula de ganga para transformar a un juez (del latín “iudex” o “aquel que habla lo justo”) en un alquimista capaz de convertir el plomo en oro. Así, el prevaricato del ahora exjuez Rafael Alcón pudo convertir a un violador y asesino serial confeso y condenado en un pobre enfermo terminal que merecía libertad para morir con dignidad en su lecho. Lo cierto es que una vez libre volvió a ese lecho, pero para usarlo como un altar de sacrificio de un número aún desconocido de víctimas. Es así como el juzgador desató las manos del asesino para que su pulsión sexual incontrolable acabe con más vidas, y a su vez, este último le llenó los bolsillos para complacer su fetiche por el dinero. Si se los mira de cerca, son uno y el mismo, el juez se vuelve asesino, y el asesino un juez.

Lo cierto es que esta revelación es tan solo la punta de un iceberg de corrupción que carcome el sistema judicial desde sus entrañas y que no requiere una “reforma” sino la demolición total de la viejas estructuras señoriales y prácticas coloniales que “sus ilustres probidades” reproducen a diario en el mini-reinado en que se han convertido los foros judiciales. Lo curioso es que esos mismos jueces que se adornan de diplomas académicos y se vanaglorian de su actividad docente con una arrogancia propia de un mini “Luis XIV” (“La ley soy yo” dirían); reciben sin rubor alguno dadivas corruptas a cambio de decisiones que definen la libertad, los bienes y los derechos de miles de ciudadanos(as). Así, muchos abogados ya no se preparan para entregar el mejor argumento legal sino para ofrecer la mejor red de nexos con esas “ilustradas señorías”. A su vez, el público litigante —que ya no cree en una Justicia imparcial— se termina de convencer de que lo único posible es comprar el derecho que mejor le beneficie a cualquier costo. De esta manera, jueces, abogados y litigantes se vuelven en una bestia tricéfala de corrupción a cuyo apetito voraz quedan libradas las grandes mayorías.

No obstante, quienes diariamente enfrentamos el sistema judicial a plan de firmas y a lomo de memoriales sabemos que esa podredumbre trasmina el trabajo honesto de esos pocos jueces que viven con actos diáfanos el apostolado que eligieron: servir a la sociedad a través del imperio del derecho y la virtud de la Justicia. Es justamente en esas “minorías creativas” donde aún reside la reserva moral del sistema judicial boliviano y al que debe mirar toda iniciativa de cambio duradero.

Así, el historiador Toynbee señaló que los grandes cambios sociales no se producen gracias a las mayorías sino por el liderazgo genuino de esas minorías que tienen un poder creativo para dar un giro a la historia, y cuyo ejemplo luego es seguido por las mayorías. Por ello, lo cualitativo modifica lo cuantitativo y no al revés.

¿A dónde nos lleva todo esto? Sin duda alguna, hacia cada uno de nosotros(as). Recordemos que esta crisis estructural de principios no es más que la expresión de la sumatoria de nuestros actos personales, y, por lo mismo, el gran cambio es individual. Por ello, nos será imposible construir una sociedad de oro si seguimos siendo ciudadanos de plomo.

Franz Zubieta Mariscal es abogado especialista en Derecho Internacional.

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El feminicidio de las amazonas

/ 30 de diciembre de 2021 / 19:41

Marina fue una reina amazona criada a las orillas del Mar Negro, donde hoy se encuentra Ucrania. Según las tradiciones, debido a sus dotes de guerrera excepcional y ágil jinete, logró conquistar la Atlántida y libró grandes batallas contra el poder patriarcal griego. Según refleja un friso del Partenón que hoy es preservado en el museo británico, Marina encontró la muerte en una batalla defendiendo a sus compañeras de los tracianos. Final inmortalizado en los versos de Homero y en dicho grabado que llega a nosotros como una narración épica de aquel linaje rebelde y guerrero, pero que dista mucho en tiempo, realidad y crueldad de la actual tragedia que viven las miles de “Marinas” que mueren cada minuto en todo el mundo por el solo hecho de ser mujeres. Narremos los hechos y sus batallas.

En el mundo, cerca de 140 mujeres son asesinadas diariamente por un miembro de su familia, de las cuales más de la mitad fallecen en manos de sus ex o actuales parejas. De hecho, esta rampante violencia es prevalente en países y regiones de bajos recursos, donde cerca del 40% de mujeres de entre 15 y 49 años sufrieron violencia física o sexual por parte de su pareja a lo largo de su vida. Como consecuencia de aquello, por ejemplo, hoy se sabe que en la India cada día 61 amas de casa se quitan la vida (22.372 el año pasado). Suicidios que encubren feminicidios y que también demuestran que la muerte se convierte en una vía de escape a la tortura diaria del poder machista y la servidumbre doméstica a la que estas mujeres son sometidas desde tierna edad. Pero quizás sea mejor poner rostro a estas cifras.

En una gélida mañana de diciembre, Margarita Gracheva y su esposo dejaron a sus hijos en la escuela, tras lo cual su pareja la llevó por la fuerza a un bosque a las afueras de Moscú, donde le amputó ambas manos con un machete en un arranque de celos. Acto macabro tras el cual se presentó a la policía con la mano derecha de su esposa en una caja, tras haber olvidado la mano izquierda de Margarita en el bosque. Mano cuyos huesos estaban rotos en ocho partes. Como en todo drama griego, la violencia se desata gradualmente hasta alcanzar la monstruosidad, ya que solo tres días antes ella fue amenazada con un cuchillo por su esposo. Razón por la cual pidió auxilio policial, recibiendo la ingenua como dolosa invitación a la “reconciliación”. Hoy Margarita posee una mano derecha biónica, una mano izquierda reconstruida y un valor inestimable como sobreviviente del holocausto moderno al que se enfrentan día a día las mujeres. Desafortunadamente, la mayor parte de los desenlaces no son tan esperanzadores.

Marina Marzana, una madre cochabambina de la localidad de Sivingani, recibió la llamada de su expareja para acordar la asistencia familiar para su hija. Al día siguiente, fue encontrada sin vida en un lote vacío. Fue ejecutada cobardemente con una piedra que destrozo su cráneo, dejando tras de sí una pequeña niña y su determinación por salir del círculo de violencia en el que su pareja la encerró hace mucho tiempo. Como sucede en estos casos, Marina presintió este trágico final el mismo día en que su expareja le propinó una golpiza que le generó 10 días de impedimento. Tras ello, Marina tuvo el valor de interponer una denuncia de la cual emergieron medidas de protección que nunca fueron aplicadas, rechazándose finalmente su denuncia. Poco tiempo después la muerte puso final a esas esperanzas.

Los datos muestran que al cerrar este año en Bolivia hubo al menos 108 feminicidios. No obstante, tras esta fría estadística criminal hay 108 historias de mujeres que se aferraron a la vida hasta el último instante, hay 108 batallas épicas de estas heroínas modernas que trataron de sobrevivir a la violencia machista y hay 108 razones más para que sigamos luchando por justicia. Quizás sus crónicas no están grabadas en un templo griego, pero de seguro seguiremos narrando sus historias hasta que ello ya no sea necesario. Ya que es bien sabido que uno nunca muere si puede ser recordado.

Franz Zubieta Mariscal es abogado especialista en Derecho Internacional.

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Del cambio climático al cambio interior

/ 18 de noviembre de 2021 / 02:45

Aparentemente las cosas más sencillas y lógicas son a veces las más difíciles de comprender y cambiar. Ello debido a que vivimos sumergidos en una realidad que damos por sentada gracias a nuestros modelos mentales dominantes. Creo que la siguiente fabula es más elocuente al respecto.

Dos peces nadaban en una pecera. “¿Sabes qué?”, preguntó uno de ellos. “No, dime”, respondió el otro. “Estaba conversando con la rana el otro día, y me dijo que estamos rodeados por agua. Aparentemente ¡vivimos en ella!” Su amigo lo miró con gran escepticismo y dijo: “¿Agua? ¿Qué es eso? ¡Muéstrame el agua!”.

Justamente los modelos mentales son como el agua. Nos inundan de manera tal que no nos damos cuenta de que lo que pensamos y hacemos no es más que el reflejo automático de pensamientos y comportamientos naturalizados que no siempre son positivos. Es ese justamente el dilema del cambio climático: no las consecuencias destructivas del calentamiento global en sí mismas, sino las mentalidades y hábitos individuales y colectivos que permiten que éstas sigan ocurriendo.

Hace pocos días, el mundo fue testigo de la realización de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, donde más de 130 jefes de Estado discutieron la principal amenaza que se cierne sobre la humanidad. Desafío que no solo estriba en mantener la temperatura global bajo control y por debajo de los 1,5 ºC, sino evitar la inminente ruptura de los límites naturales esenciales que hacen posible la existencia misma de la vida en nuestro planeta.

Justamente hace muy poco el prestigioso naturalista británico David Attenborough presentó un documental denominado Romper los límites: La ciencia de nuestro planeta, en el que descifra los nueve límites que la humanidad está cruzando hacia un punto sin retorno. Límites identificados por el Centro de Resiliencia de Estocolmo y que incluyen el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el cambio del uso del suelo para agricultura y ganadería masiva, la reducción del ozono, el mal uso de agua dulce, entre otros.

Dado el estado de la cuestión, ¿cuál es el balance de este cónclave internacional? Muchos opinan que nada halagador. Si bien la meta de los 1,5 ºC se mantiene y por primera vez se reconoce que el uso del carbón es nuestro principal enemigo, el lobby realizado por la megadelegación de la industria de energías tradicionales (503 personas) convirtió el evento en un papel mojado. Así, el denominado Pacto Climático de Glasgow no logró que los países del G20 —que son responsables del 80% de las emisiones— se comprometan con metas más ambiciosas en el corto plazo, ni aseguraron el financiamiento climático de los $us 100.000 millones prometidos, tampoco dieron un paso atrás en el subsidio a los combustibles fósiles u ofrecieron planes concretos para eliminar el uso de carbón.

No obstante, el logro más importante de este encuentro es que hoy sabemos que nosotros somos parte de la respuesta al dilema. De espectadores de la catástrofe, la sociedad civil ha pasado a ser parte de la sumatoria de voluntades por el cambio. La gran movilización social que se vio en Glasgow y el mundo nos permite comenzar a escurrir el “agua de la pecera” en la que vivimos y comenzar a entender que la “normalización” de nuestros hábitos de consumo es la peor amenaza del planeta. Si el liderazgo global nos ha fallado, nuestro liderazgo individual puede salvarnos. Acciones individuales y cotidianas como dejar de comprar productos dañinos, cambiar nuestros hábitos alimentarios, reutilizar y reciclar plásticos y/o simplemente comenzar a no usar el transporte público y caminar más, quizás solo pueden agregar algunos “femtosegundos” a la vida del planeta, pero si son actos compartidos darán tiempo y oxígeno al planeta hasta que los gobiernos tengan el valor de cumplir sus obligaciones.

Franz Zubieta Mariscal es abogado especialista en Derecho Internacional.

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