Voces

Sunday 25 Sep 2022 | Actualizado a 17:50 PM

El calvario de las fundiciones

/ 9 de agosto de 2022 / 00:53

Como es conocido, nuestra dependencia se debe al rol que nos ha asignado el orden mundial como proveedores de materias primas, para el avance de la industria de los países desarrollados, cuyas mercancías luego se distribuyen a nivel mundial.

Este dogal lo sintió nuestro país cuando, luego de nacionalizar las minas, nos vimos obligados a seguir vendiendo los concentrados de estaño a Patiño por cerca de 20 años. La lucha no fue fácil, se argüían razones técnicas, suministros, transporte, financieras, etc.; se sufrieron presiones diplomáticas, económicas y finalmente se recurrió al crimen. Los ingenieros Núñez Rosales y Zalesky son los héroes de la fundición de estaño. Para aprobar el decreto de creación de la Empresa Nacional de Fundiciones, Ovando tuvo que poner candado al salón donde deliberaba el gabinete.

Similar proceso vivimos hoy. En agosto de 2010, el gobierno de Evo Morales comprometió la construcción de dos refinerías de zinc. En 2011 se autorizó a la Comibol la construcción de las refinerías hidrometalúrgicas con financiamiento del proponente; se efectuó la primera licitación ese mismo año, utilizando el crédito chino, adjudicándose a una empresa, la que no pudo presentar los documentos exigidos en la convocatoria.

Para cumplir con el compromiso, la Comibol lanzó otra licitación. La nueva dirección de la empresa hizo previamente una consulta a técnicos y universidades, sobre el proceso más adecuado para la obtención del zinc y sus acompañantes: la misma ratificó que era la hidrometalúrgica. Así se lanzó la segunda licitación (2014), teniendo como condicionante la presentación de una boleta de seriedad de propuesta por $us 800.000, siendo el ganador la empresa Hunan Yuan. En la negociación surgieron problemas sobre las garantías, la empresa consideraba que no se las podían pedir, pues ella había conseguido el dinero y sus financiadores eran sus garantes; como nuestro sistema de contrataciones no contempla excepciones, nuevamente se anuló la licitación, ejecutándose la boleta de garantía.

El crédito chino tiene algunas condiciones: las obras tienen que realizarlas una empresa china, mientras que el Gobierno boliviano debe financiar la obra con el 15% y contratar la supervisión de la ejecución de la misma. Estos costos significaban para la Comibol financiar $us 187 millones, que estaba fuera de su alcance, por lo que se buscó otra vía. Este mismo criterio fue asumido por el ministro del sector que pidió a la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) y Empresa Metalúrgica Karachipampa (EMK) que presenten proyectos con el mismo fin.

En junio de 2018 se efectuó la reunión técnica para definir el proyecto a ser implementado. La Comibol presentó el proyecto Metalox, con capacidad de tratamiento de 50.000 TMF; tiene como base reacciones químicas de los minerales, con elementos como el ácido sulfúrico y amoniaco, en un ambiente con altas presiones y temperaturas. El resultado de este proceso es la obtención de óxido de zinc, plata, estaño, plomo, indio, cobre, cadmio, nitrato de amonio y sulfato de amonio. Su costo sería de $us 40 millones y los ingresos que generaría anualmente, $us 72 millones; sería construido en menos de dos años y pagado en el mismo plazo. La EMV presentó un proyecto pirometalúrgico Ausmelt para la fundición de zinc, con una capacidad de 150.000 TMF de concentrados de zinc y un costo de $us 350 millones. Las observaciones que nos permitimos hacer en esa reunión a la propuesta Ausmelt se referían a la producción de ácido sulfúrico, 300 TM/día, que no se podría almacenar ni mucho menos comercializar; por otro lado no daban datos sobre la recuperación de los otros componentes. A pesar de las obvias ventajas del proyecto Metalox, la propuesta de la Comibol fue rechazada.

Con estos antecedentes, una vez instalado el gobierno del presidente Arce, a impulso de las organizaciones sociales, se replanteó la necesidad de las refinerías de zinc. En la cumbre productiva llevada a cabo a fines de 2021, el Ministerio de Minería planteó de nuevo el proyecto Ausmelt, mereciendo las observaciones anotadas; en la rendición final de cuentas el mismo ministerio afirmó que el proceso sería hidrometalúrgico y financiado por China; sin embargo, en la rendición de cuentas inicial de este año señaló que sería el TGN que la financiaría. La semana pasada, afirmó que las negociaciones con China marchan para el financiamiento de las refinerías de zinc.

Mientras tanto, la mesa productiva Gobierno- COB firmó un acuerdo en abril, para la realización del proyecto Metalox, a construirse en la provincia Aroma del departamento de La Paz: la Comibol deberá buscar el financiamiento.

En este vaivén, el tiempo pasa y el saqueo continúa.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Litio, realidad y fantasía

/ 20 de septiembre de 2022 / 01:38

Cuando una noche, en el Palacio de Gobierno, se decidió encarar la explotación del litio, era una marcha a lo desconocido. Lo que valía era la determinación. Lo único que se tenía como referencia era el informe francés de la exploración del salar de Uyuni del siglo pasado, su conclusión de reservas de 19 millones de toneladas de litio había despertado ambiciones. El Comité Cívico Potosinista y los habitantes de la región, con la experiencia del saqueo del departamento, dijeron alto. Desde entonces el sueño estaba en vela, con la intención de superar la explotación primaria hacia la industrialización y el beneficio mayor para el Estado, lo que fue recogido por la Constitución del Estado Plurinacional; el empuje vino desde la misma región a través de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS), ellos fueron los que plantearon esta decisión trascendental.

El desafío era grande y tenía que comenzar con lo esencial, sentar presencia en el terreno. A 3.700 metros de altura, en una inmensa planicie expuesta a los vientos, la radiación solar en el día y las bajas temperaturas en la noche, la tarea no fue fácil: había que construir un campamento donde era inexistente la vida orgánica. Para permanecer había que tener, más allá de los requerimientos de sobrevivencia, una gran dosis de convicción de lo que se hacía para soportar semejantes penurias; algún día se escribirá la historia de esos pioneros del litio.

La tarea siguió las normas establecidas: identificación del yacimiento, cuantificación de las reservas, pruebas de laboratorio, para conocer el material y experimentar procesos de la recuperación del litio, pilotaje para verificar el proceso elegido, determinación de los parámetros económicos para ver su rentabilidad. Los resultados eran optimistas, a pesar de la complejidad del material y la baja concentración del litio (0,04%). Se encontró un procedimiento con una recuperación del 30%, una tasa de retorno positivo, lo que lo hacía viable en las condiciones del mercado de ese entonces. En los metales tradicionales estaño y zinc, con leyes de 2%, la recuperación llega al 50%.

La inscripción en el presupuesto de 2011 salvó todos los vericuetos de la administración, donde a veces el celo burocrático se impone a las necesidades del país; así se salvaron de los “exámenes” en el Viceministerio de Inversión Pública, en UDAPE, en el CONAPES, finalmente la norma fue aprobada por el gabinete con el financiamiento del BCB, donde sus supervisores de riesgos hicieron nuevas evaluaciones. Luego en mayo 2011 se firmó un convenio de financiamiento entre el BCB y la Comibol por más de Bs 800 millones.

El proyecto avanzó con las dificultades propias de un emprendimiento de esta magnitud, particularmente con un Estado fiscalizador y una estatal que no acaba de poner sus normas para la producción autónoma y responsable. Estas dificultades llevaron a la creación de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), dependiente del Ministerio de Energía: en el periodo de transición solo ejecutó el 40% de su presupuesto. Así y todo, el proyecto marchó: en 2018 se inauguró la planta industrial de cloruro de potasio y se preveía que la del carbonato de litio funcionaría en 2020.

El golpe de Estado de noviembre de 2019 lo paralizó y se abandonó el mantenimiento de lo avanzado, dedicándose a disfrutar de los cargos burocráticos y vendiendo los saldos de la producción acumulada. Con el advenimiento del gobierno del presidente Luis Arce, YLB pasó a depender del Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Casi inmediatamente vinieron —desde el norte— las voces que descalificaban el proyecto, señalando la baja recuperación y lo prolongado del proceso de evaporación, proponiendo la Extracción Directa del Litio, palabras dulzonas para encandilar a incautos. Así el proyecto aprobado por ley se paralizó; hoy se pretende reiniciarlo con la contratación para la dotación de agua a la planta industrial, que avanza en su construcción, desfasada de los otros componentes necesarios para su marcha.

Desde la oposición política se agita el regionalismo para exigir mayores regalías, cuando el emprendimiento en sí contempla una cadena productiva de 30 emprendimientos paralelos, los que mayoritariamente se ubicarán en Potosí. No es raro que a este coro se sumen connotados traidores a la patria y eternos ganapanes del erario nacional.

Últimamente se habla de las ventas del carbonato de litio; hasta el presente se han comercializado más de $us 200 millones, se calla que esta producción proviene de la planta piloto construida por Comibol, la que gastó en el proyecto $us 19 millones. La comparación de los resultados nos muestra la rentabilidad y desmiente las falsedades con que pretenden enterrarlo. Urge concentrar esfuerzos para poner en marcha la planta industrial de carbonato de litio y continuar con la fabricación de baterías, el otro componente de la cadena productiva igualmente abandonada, olvidándose que esa es la esencia de la defensa de los recursos naturales, explotarlos para su industrialización.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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29 de agosto: la derecha no perdona

/ 6 de septiembre de 2022 / 01:50

El 29 de agosto de 1985 se dictó el DS 21060 y, justo un año después, el 29 de agosto de 1986, la Marcha por la Vida de los mineros arrió sus banderas y comenzó la dispersión de sus filas.

Un año bastó para definir el empate catastrófico de la transición a la democracia. A fuerza de dos estados de sitio, se impuso el modelo neoliberal y se destruyó el movimiento sindical minero, esencia de lo nacional popular.

El gobierno de la UDP, surgido de las luchas antidictatoriales del movimiento popular — obrero y campesino— durante 18 años, cayó en la trampa de la transición pactada: se le entregaba el gobierno mientras la oligarquía se guardaba el poder. Esa transición avaló la impunidad de los crímenes cometidos, cuyo clamor de justicia costó la vida a Marcelo Quiroga Santa Cruz, lección que paralizó cualquier acción futura; es la misma que arrebató el poder del soberano para definir la titularidad del ejecutivo desde el parlamento. La caída de Siles era un hecho previsible ante la falta de definición de la titularidad del poder y la crisis económica puesta en sus manos.

Heredero de la deuda externa, superior al PIB, el presidente Siles cumplió sus compromisos con el Banco Mundial y el Fondo Monetario, honrando la deuda y siguiendo sus recetas; una política monetarista que con sucesivas devaluaciones cargaba el peso sobre el pueblo y no sobre quienes se beneficiaron de los préstamos. Castigó a las empresas estatales exportadoras, imponiéndoles un tipo de cambio oficial, mientras sus transacciones internas las realizaban a tipo de cambio paralelo, 10 veces superior. La crisis económica, con traidores en su coalición, dio como salida el acortamiento de mandato. El fracaso de la UDP, por acción y/u omisión arrastró en su caída a todo el movimiento popular.

Sobre esta derrota se impuso el neoliberalismo. La democracia pactada dejó a un lado sus diferencias, Paz Estenssoro aplicó el plan que ADN había agitado en su campaña electoral: cierre de las empresas estatales, libertad de mercado y libre exportación, blanqueo de capitales y flexibilización laboral. El Estado protector y planificador desapareció. Serían las fuerzas del mercado las que determinarían el destino del país: en esta disputa, el que gana siempre es el que tiene más. Más de 150 empresas estatales fueron transferidas al sector privado, algunas solo para cerrarlas.

El principal objetivo del neoliberalismo fue destruir al movimiento minero, cuya acción había impuesto la nacionalización de las minas y el control obrero; los obreros no se cansaron de denunciar al Código Davenport, que entregó el petróleo a la Gulf Oil, la política monetarista de 1956, el Plan Triangular para destruir a la Comibol; se enfrentó a las dictaduras militares defendiendo la libertad e independencia sindical —rechazando coordinadores y relacionadores— luchando contra la presencia militar en los campamentos mineros, defendiendo su salario y su empresa. Esta lucha de resistencia se mantenía con propuestas políticas y económicas, la lucha por asumir responsabilidades con la cogestión administrativa de la Comibol, su lucha por las fundiciones y la industrialización del país o sus propuestas como la Tesis Socialista y la recuperación e implantación de una democracia directa y participativa.

El enfrentamiento de agosto de 1985 mostraba que el pacto MNR-ADN estaba empeñado en destruir el movimiento minero. La imagen que tengo de Lechín, patriarca del nacionalismo revolucionario, confinado en las orillas del Tahuamano, es símbolo de la derrota. Pasadas las primeras escaramuzas la clase obrera se preparó para la batalla definitiva que debía enfrentar con la acumulación de fuerzas nacionales en defensa de la patria. Así pergeñó un plan para salvar a la Comibol, propuso uno de emergencia que demostraba la viabilidad de la empresa estatal, propuesta que, avalada por las universidades, la Pastoral Social y muchas otras, se convertiría en el aglutinante para emprender la Marcha por la Vida, con 12.000 personas en la carretera Oruro-La Paz. El cerco militar, con tres divisiones del ejército, dio fin a la marcha y se inició el desandar de la gloriosa e histórica Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB).

Sus consignas de lucha antiimperialista y anticapitalista siguen siendo tomadas por el pueblo. Sus aspiraciones de libertad, democracia y socialismo perfilan un nuevo horizonte civilizatorio. Falta el sujeto histórico que, a fuerza de debatir y convencer, unifique, organice y luche contra los enemigos de siempre.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Desestabilización y profundización

/ 23 de agosto de 2022 / 01:46

Analistas de toda laya coinciden en que se vive un momento de desinstitucionalización y de alta conflictividad social; más allá de su constatación, está ausente el análisis de su persistencia crónica. Una vez aprobada la Constitución del Estado Plurinacional (CPE-P), el proceso de cambio entró en una etapa de consolidación, se olvidó que ésta no fue sino producto de una transacción en el moribundo Congreso Nacional, se trataba de un avance y un alto que anunciaba nuevas batallas. El triunfo se opaca al dejar intacto el poder real en una sociedad: quien se apropia del excedente económico, concentra el poder. La nacionalización de los hidrocarburos fue un gran triunfo y era el camino para recuperar la totalidad de los recursos naturales, cuya explotación primaria es el nexo con la dominación imperialista y el núcleo de la oligarquía conservadora en el país. Es este poder fáctico que lucha por mantener privilegios y por tanto retrotraernos a los tiempos neoliberales.

La lucha inmemorial de nuestro pueblo fue acuñando un sentimiento del “vivir bien”, de soberanía, de dignidad, sin explotados ni explotadores, solidaridad, equidad en la distribución del producto social, en la reinversión de las ganancias de la explotación de los recursos naturales, en su industrialización. Estos anhelos, expresados en la primera página de la CPE-P, se inviabilizan con la letra pequeña impuesta en la negociación, así podemos señalar algunas cuñas introducidas por la vieja partidocracia.

1) Una Asamblea Legislativa Plurinacional partida en dos: senadores y diputados.

2) El no haber cambiado una coma en el título Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, las dejaron intactas en su rol de protección del Estado colonial. El “mando y ordeno” suprime la democracia y concentra el poder en un individuo, proclive al servilismo a las grandes potencias o al dios del dinero. Paralizó la acción para lograr un pueblo armado para defender la soberanía nacional y/o lograr la seguridad ciudadana como labor de todos y no de una élite con el monopolio de la fuerza.

3) La limitación de la extensión máxima del predio rural en cinco mil hectáreas se anula cuando se limita a predios a ser concedidos con posterioridad de la vigencia de la Constitución, consolidando de esta manera los latifundios creados en la época de las dictaduras militares y la democracia controlada. En estos días la prensa señala que esta tierra productiva está en manos extranjeras en un 70%.

4) El respeto a las concesiones y los derechos preconstituidos en la minería, otorgados antes de la Constitución, buscando su migración a contratos mineros, es un dogal que prolonga las concesiones simplemente con el pago de una patente, sistema viabilizado con sucesivas ampliaciones del plazo de adecuación.

Así se hicieron más de cien modificaciones al texto original de la Asamblea Constituyente, que tenían como propósito prolongar la vida de un sistema político y social decadente; su sobrevivencia naturalmente dependía de futuras batallas en torno a las transformaciones básicas del Estado: justicia, fuerzas del orden, ministerio público, educación, universidades, etc.

El pacto o acuerdo logrado significa una tregua en la lucha por la apropiación del excedente económico, la equivalencia de fuerzas impide la proclamación de un ganador. En el momento de la transición democrática, esta situación se caracterizó como empate catastrófico, la lid esperando el encuentro definitivo; la derecha ganó, apoderándose de la democracia que conquistó el pueblo e impuso su sistema neoliberal y la democracia pactada.

En el nuevo contexto, la situación parecía definirse con tres victorias electorales con más del 50% más uno, sin embargo los temas cruciales fueron dejados de lado y se abocaron a la gestión gubernamental del Estado decadente, postergando la construcción del deseado. La indefinición dio paso a la desestabilización, la conspiración y el golpe; recursos y agentes no le faltaban a la derecha, cipayo del imperialismo, el poder que mantiene le da para todo.

La historia nos enseña que las grandes transformaciones solo se concretan con el empuje desde la consciencia y la movilización de las grandes masas de explotados, así ocurrió en abril del 52, cuando las masas armadas y movilizadas impusieron la nacionalización de las minas y la reforma agraria. Son esas masas que derrotaron a las dictaduras, son las que dieron la puñalada final al neoliberalismo. Son esas masas que deben retomar los ideales que nos obliga la Constitución, son las que debatieron y aprobaron documentos como la Tesis de Pulacayo, la Tesis Socialista, la Ley Agraria Fundamental y la Declaración de 500 años de coloniaje. El pueblo boliviano espera de su voz orientadora y su espíritu de lucha.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Empresa productiva o de beneficencia

/ 26 de julio de 2022 / 01:34

La creación de una empresa se justifica en función de los fines que persigue y las capacidades que se le dota. La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) fue creada como una empresa para administrar las minas nacionalizadas y dar réditos económicos al Estado. La tergiversación de estos fines al final la ha inviabilizado.

El tema viene a colación por las movilizaciones de los trabajadores de la empresa Andacaba, que corean frente al Ministerio de Minería solución a sus problemas. La empresa se ha cerrado hace dos años y el propietario no ha cumplido con sus obligaciones sociales: beneficios sociales, sueldos, aportes a la AFP, etc. Este problema que tiene rasgos delincuenciales no halla solución en los ámbitos judiciales y la dilación provoca un problema social, a punto de convertirse en político, es decir se obliga a la intervención estatal en un problema de particulares.

Hay normas para este tipo de problemas. El contrato minero tiene como condición la presentación de un plan de trabajo, incluido el financiamiento; el no cumplimiento se sanciona con la nulidad, de igual modo una unidad productiva que se halla ociosa es inmediatamente revertida al Estado. Por otro lado, la Justicia establece que los beneficios sociales son irrenunciables e inembargables y son de atención preferente en caso de existir otros acreedores del patrón. Estos antecedentes han llevado a que se creen las empresas sociales cuando una empresa quiebra, y su capital inicial se compone de los beneficios sociales adeudados por el patrón.

El problema lo hacemos resaltar porque en pasillos se comenta de la intención de hacer un contrato con la Comibol para continuar las operaciones, esto sin establecer el cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores ni otros acreedores, ni determinar cláusulas de seguridad por los gastos que vaya a realizar la empresa estatal. No sería la primera vez que se actúa de este modo, escudándose en el problema de la desocupación de los trabajadores; en el pasado la Comibol ha asumido responsabilidades que no le competían, y hoy resultan ser una carga pesada que se agrava por la falta de decisión para emprender las tareas de una empresa productiva, donde la responsabilidad de ejecutivos y trabajadores sea compartida.

En 2015, la empresa Lion Gold, concesionaria de la mina de Amayapampa, de la noche a la mañana desapareció del escenario nacional, dejando a los trabajadores desamparados y sin cumplir con sus obligaciones sociales. La solución fue el traspaso del derecho minero a la Comibol, la que con beneplácito aceptó la obligación, sin prever que no era una actividad de su Plan Operativo Anual, por lo tanto cualquier movimiento económico era imposible. Así se fueron asumiendo responsabilidades con una planilla de 280 trabajadores, mientras, al no existir un plan industrial de producción, ni los recursos para encararlos, se ensayaban métodos de producción artesanal; esta situación se mantuvo hasta el presente año, cuando se transfirió el contrato minero a una empresa privada. Mientras tanto, no se cuantifica el daño económico para la empresa estatal. Lo propio ocurrió en 2012, cuando en una acción de fuerza trabajadores cooperativistas tomaron el ingenio de Molinos de la Empresa de Caracoles, echando a la calle a más de 100 trabajadores, los que hasta el presente siguen dependiendo de la Comibol sin labores productivas específicas, al no definirse un plan de trabajo sostenido ni apoyarlo con los recursos económicos suficientes, algo que no ocurrirá dada la estructura de la actual Comibol.

Otro caso es el de mina Capurata, yacimiento de azufre que la Comibol rehabilitó en 2012 para integrarlo a la cadena productiva del cobre, conjuntamente con la fábrica de ácido sulfúrico y la mina de Corocoro; la cadena productiva hacía rentable las tres unidades productivas, pero la fábrica no era de propiedad de la Comibol, sino de la Corporación de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Cossmil), con la que firmó un contrato de asociación por cinco años; una vez cumplido este tiempo, sacó a la empresa minera del circuito para dar paso a la producción de ácido sulfúrico, importando azufre del exterior y dejando sin trabajo a los 50 mineros de Capurata. Hoy siguen como empleados de la Comibol.

El trabajo es un derecho, pero éste tiene un carácter permanente y digno en la medida que lo proporcione una empresa rentable, no con la explotación del trabajador, sino con la aplicación de técnicas y organización que garanticen su eficiencia. El sobrevivir a costa de rentas provenientes de los alquileres de yacimientos mineros es cómodo, pero no digno; estos recursos debieran utilizarse para crear verdaderas empresas productivas y no un gigante con pies de barro.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Comibol: nuevos desafíos

/ 12 de julio de 2022 / 01:45

En ceremonia realizada en la Casa del Pueblo, el presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, posesionó al nuevo presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). La jerarquía del acto nos retrotraía a las viejas épocas cuando el ejecutivo de la empresa estatal tenía el rango de ministro, porque la economía del país dependía de ella, con el 80% de la generación de divisas; con una tributación al TGN del 37% del valor bruto de sus exportaciones, mantenía al país.

El discurso del nuevo presidente de la Comibol, enumerando los viejos proyectos de exploración, palideció ante el nuevo desafío planteado por el Presidente: “No solamente queremos extractivismo en minería, queremos industrialización de nuestros minerales.” “Bolivia tiene un enorme potencial y seguirá siendo por mucho tiempo un país minero.” En efecto, actualmente la minería se muestra como el principal exportador del país, con más de $us 5.000 millones, pero toda esta producción no es sino materia prima, como concentrado de minerales o metálico. No hay agregación de valor por la industria, ni siquiera por la artesanía.

El presidente Arce reafirma el rol de la Comibol, enunciado desde su fundación en 1952 y ratificado en la actual Constitución, como institución a cargo de toda la cadena productiva: prospección, exploración, explotación, concentración, fundición, industrialización y comercialización. Sin embargo, cuando se crearon instituciones como el Servicio Geológico Boliviano y la Empresa Nacional de Fundiciones, y se dio paso a la libre exportación de minerales, este mandato se fue reduciendo hasta hacerla una simple explotadora y vendedora de concentrados; hoy, a pesar de la CPE y la ley minera, el sector estatal minero sigue descuartizado.

El llamado a la fundición e industrialización de los minerales es un gran objetivo y como tal tiene poderosos enemigos: las transnacionales que compran nuestros minerales, ya que la industrialización significa aumentar en 10 veces el valor de la materia prima, eso es lo que vigilan. No hay otra explicación cuando se analiza la frustración por 20 años para tener la fundición de estaño o los traspiés en tratar de implementar las fundiciones de bismuto, antimonio, la de Karachipampa para concentrados de plomo y plata o las licitaciones frustradas para las plantas hidrometalúrgicas de zinc y plata. Son estas manos invisibles que se mueven bajo argumentos, dizque técnicos, con palos blancos que se presentan a las licitaciones para sabotear, funcionarios burocráticos que encuentran cualquier razón para evitar su realización. Se trata de encontrar caminos para sobreponerse a cualquier obstáculo que surja en el camino deseado.

Para lograr esto se requiere cambiar la actual Comibol —resabio del neoliberalismo—, dedicada a firmar contratos leoninos de alquiler y malbaratar los activos de la empresa; pasar a ser una empresa productiva moderna, que controle toda la cadena minera, realice una explotación racional y eficiente, capaz de dar réditos al Estado y enfrentar con solvencia los nuevos retos de la industrialización.

Para ello es necesaria la reorganización de la empresa estatal, partiendo de recuperar su autonomía, para encarar proyectos a largo plazo, ajenos a la coyuntura política, pero no a los objetivos del Estado Plurinacional. Requiere que asuma el control de sus empresas y los encuadre a los objetivos nacionales, integrarlos en términos de racionalidad y eficiencia, superando los enfrentamientos entre productores y fundidores, unificar los institutos de investigación en uno solo para crear un conocimiento científico propio, de acuerdo con nuestra realidad y asumiendo los avances de la ciencia en todo el mundo. En esta tarea está conocer e identificar los elementos valiosos que contienen nuestros minerales como el indio, el cadmio, que hoy los exportamos sin enterarnos y asumir, tal como exhortó el presidente Arce, la explotación de tierras raras cuya identificación y procesamiento hoy nos son desconocidos.

Es necesario que se libere la Comibol de atender el desbarajuste que dejó el proceso de privatización, con juicios sociales, transferencia y titulación de activos, debe dejar de ser el guardián de bienes que no son suyos o que ya no necesita la nueva Comibol; además, hay que sanear sus relaciones con otras instituciones estatales: ENDE, COSSMIL, ES-Mutún, YLB.

Es preciso concluir y poner en marcha los proyectos donde se han hecho enormes inversiones y que requieren cosechar sus réditos, encarar la ejecución del proyecto Metalox, para la recuperación de zinc, plata, indio y cadmio, cuya dimensión y costo son de ejecución a corto plazo y con recursos propios.

La tarea es grandiosa, solo queda dar marcha al desafío, éxitos ingeniero Marcelino Quispe.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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