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Tuesday 27 Sep 2022 | Actualizado a 18:47 PM

Memorias de una hiperinflación

/ 9 de agosto de 2022 / 00:43

En la década de los 70, como consecuencia de los petrodólares, el Gobierno accedió fácilmente a créditos de entidades internacionales; no obstante, debido, entre otros, a la caída de los precios internacionales de los bienes primarios, alza de las tasas de interés de los créditos internacionales y políticas inadecuadas, la deuda externa se convirtió en impagable. Bolivia y otros países de la región se vieron en la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones de pago, por lo que se inició un periodo de crisis económica marcada por un proceso inflacionario que derivó en una hiperinflación.

Entre 1982 y 1985, nuestro país atravesó un periodo de inestabilidad económica con un permanente incremento de precios y sus consecuentes efectos devastadores que afectaron a toda la población, que día a día veía cómo el costo de los productos aumentaba, la escasez, el agio y la especulación apremiaban impactando el bolsillo de la población, en particular de los más vulnerables.

Los precios de los productos de primera necesidad se incrementaban permanentemente, inclusive en horas, mientras el gobierno de turno adoptaba medidas para tratar de controlar esto mediante un “listado de precios” que establecía un precio fijo para cada producto de la canasta familiar, controlado por las autoridades respectivas. Sin embargo, en los centros de abasto no se aplicaba dicha medida, creando desequilibrios en el mercado.

La tasa de inflación promedio se incrementó de 124% en 1982, 276% en 1983, 1.281% en 1984 hasta llegar a 11.750% en 1985, pasando rápidamente de una inflación a una inflación galopante para llegar a una hiperinflación, en términos económicos.

Debido a la incertidumbre y las expectativas, el exceso de demanda de productos de la canasta familiar aumentaba permanentemente en los mercados, las filas para comprar productos de primera necesidad generaban la escasez y subida de los mismos. Era recurrente observar en las panaderías, desde la madrugada, largas colas para conseguir unidades de “pan de batalla” que inclusive se vendía con un límite de compra para evitar el acaparamiento y la especulación, siendo que, en muchos casos, este bien representaba el alimento principal de la familia.

La moneda de refugio era el dólar, que continuamente se apreciaba con relación al peso boliviano con un tipo de cambio paralelo promedio que pasó de 144 a 718.486 pesos bolivianos por dólar entre 1982 y 1985, mientras que el tipo de cambio oficial promedio pasó de 69 a 451.057 pesos bolivianos por dólar en el mismo periodo de tiempo, marcada diferencia que se reflejaba en el centro financiero de la época, avenida Camacho.

El costo para detener la hiperinflación fue muy alto, en 1985, a través de una serie de medidas entre las que se incluía la vigencia de una nueva moneda nacional, el boliviano, en reemplazo del devaluado peso boliviano, la creación del bolsín para controlar el tipo de cambio y finalmente la “relocalización” de los trabajadores principalmente mineros; representó el establecimiento de un nuevo modelo económico bajo lineamientos internacionales.

La memoria colectiva de una generación que vivió las vicisitudes de la hiperinflación es consciente de las consecuencias y repercusiones que tiene una crisis económica y la subida permanente de precios. El hecho de encontrar los artículos de primera necesidad en un supermercado, ferias zonales y hasta en la tienda de barrio, al parecer es un hecho normal en la actualidad, no obstante, la generación que vivió los años 80 recuerda la crisis vivida, aspecto que esperemos no se vuelva a repetir.

En un contexto de inflación externa que está afectando al mundo y a países vecinos, es importante destacar las medidas económicas responsables adoptadas por parte del Gobierno, que están permitiendo mantener la estabilidad de los precios en el mercado nacional y de esta manera evitar las desavenencias de un proceso inflacionario.

Gustavo Gómez es economista.

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El camino de la Gestora

/ 17 de septiembre de 2022 / 02:01

Con la promulgación de la Ley 065 de Pensiones de 10 de diciembre de 2010, se creó la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, constituyéndose en una Empresa Pública Nacional Estratégica (EPNE), de derecho público, de duración indefinida, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, con jurisdicción, competencia y estructura de alcance nacional.

Durante los últimos años, diseñó y estableció su funcionamiento a objeto de que inicie sus operaciones para la administración de los Fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP), gestión de prestaciones, beneficios y otros pagos correspondientes a dicho sistema, etapa que atravesó con algunas dificultades, principalmente técnicas, debido al proceso de migración de información entre las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y la Gestora, aspecto que ha provocado que no pueda cumplir con los plazos establecidos para el inicio de sus actividades en los regímenes contributivo y semicontributivo del SIP.

Desde enero de 2018, la Gestora se hizo cargo del pago de la Renta Dignidad, régimen no contributivo, siendo que a la fecha este beneficio llega a más de 1,1 millones de personas de 60 años o más, erogando de las arcas del Estado más de Bs 4.700 millones anualmente, servicio que lo realiza mediante agencias autorizadas que están distribuidas a lo largo del país y a través de unidades móviles para llegar a los lugares más alejados.

Mediante el Decreto Supremo 4585, del 15 de septiembre de 2021, se estableció los plazos para el inicio de las actividades de la Gestora en los regímenes contributivo y semicontributivo del SIP, de forma parcial hasta septiembre de la presente gestión y de manera total durante el primer semestre de 2023, a objeto de administrar los fondos del SIP, conformados con los aportes de los trabajadores y empleadores, por separado y fuera del patrimonio de dicha empresa por considerarse autónomo.

Para su financiamiento, como empresa, la Gestora recibe una comisión por cada operación de pago de la Renta Dignidad (RD) y Gastos Funerales (GF), que cubre el servicio de administración del Fondo de la Renta Universal de Vejez, la administración de la base de datos de beneficiarios, la gestión y pago de la RD y GF. A su vez, percibirá, desde su inicio parcial, una comisión por la administración de los aportes de cada nuevo asegurado que alcanzará a 0,5% del total ganado.

El inicio parcial de operaciones de la Gestora, registro y administración de los nuevos aportantes al SIP, se produce a partir del 9 de septiembre de la presente gestión, y hasta mayo de 2023 se encargará de administrar los aportes de todos los asegurados, sustituyendo de esta manera a las AFP que operan en el país desde 1997, cuando se cambió del sistema de reparto a la capitalización individual. En esta etapa inicial, los nuevos trabajadores dependientes, consultores, independientes y empresas deberán registrarse al SIP, a través de la plataforma informática de la Gestora, así también, en sus oficinas de atención a la ciudadanía distribuidas en el país.

Como toda empresa, en este caso pública nacional estratégica, tiene la oportunidad de destacarse, demostrando un manejo eficiente y responsable de los aportes y los servicios que brinda, denotando a su vez calidad y calidez a los asegurados y beneficiarios.

Es importante ver en el “retrovisor” el complejo camino que atravesó la Gestora en estos últimos años, pero resulta trascendental que, en el inicio parcial y total de sus operaciones, se pueda prospectar en el “parabrisas” del camino que se avizora, una oportunidad sin igual para demostrar el transparente y eficiente manejo de los aportes de todos los asegurados, dejando en el pasado el mito que cuestiona la administración de los recursos por parte de las empresas públicas y el Estado.

Gustavo Gómez es economista.

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Beneficios para los adultos mayores

/ 15 de julio de 2022 / 01:46

Las políticas públicas adoptadas en beneficio de los adultos mayores reconocen la importancia de este sector para la sociedad y el núcleo familiar del cual son parte, así como las diferentes necesidades que tienen debido a los efectos del paso de los años.

En el actual contexto, es necesario analizar algunos de los aspectos que favorecen a los adultos mayores, entre los cuales se mencionan: la actualización de sus pensiones por la variación porcentual de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), incrementos adicionales a los establecidos por normativa, Pensión Solidaria de Vejez, prestaciones de protección a las personas de la tercera edad y la devolución del Re-IVA.

En el marco de la Ley 065 de Pensiones, se establece que la compensación de cotizaciones mensual, en curso de pago, que es un componente de una pensión en el Sistema Integral de Pensiones (SIP), será actualizada anualmente en función a la variación anual de la UFV. Aplicando esta disposición normativa se tiene que, de acuerdo con datos del Banco Central de Bolivia, a diciembre de 2020 la UFV fue de Bs 2,35851, siendo que en el mismo periodo de 2021 alcanzó a Bs 2,37376, por cuanto la variación porcentual de la UFV para 2022 es de 0,64659%. Dicha actualización ya está siendo cobrada por los jubilados del SIP desde enero de la presente gestión, lo cual representa un incremento en su pensión.

Otro aspecto a considerar es que, desde 2011 hasta 2021, se otorgaron incrementos adicionales a la mencionada actualización de la UFV que alcanzan a 14,9%, el mencionado aumento fue concedido por parte del Gobierno, considerando el contexto económico y el principio distributivo. A su vez, el total de ajuste adicional que elevó la pensión de los jubilados entre 2019 y 2022 alcanzó el 9,53%, que corresponde a la suma entre la actualización de la UFV para 2022 (0,64659%) y la sumatoria del total de los ajustes adicionales entre 2019 y 2021 (8,88%).

La Pensión Solidaria de Vejez, prestación de carácter mensual y vitalicia, es financiada con recursos del asegurado acumulados en su cuenta personal previsional, sumados con los rendimientos que se hubieran generado, más un componente denominado “fracción solidaria”, aspecto que permite mejorar la pensión de los jubilados en función de los años aportados, y la compensación de cotizaciones en caso que corresponda.

Entre otros beneficios, la Ley 1886 de 14 de agosto de 1998 establece descuentos para los ciudadanos bolivianos de 60 o más años de edad en el consumo de energía eléctrica y agua potable, mientras que el Decreto Supremo 264 de 26 de agosto de 2009 instaura beneficios adicionales como el descuento superior o igual al 40% en el costo de los pasajes aéreos en rutas nacionales; asimismo, las prestaciones de protección a la tercera edad benefician a los adultos mayores con el seguro médico gratuito de vejez, complemento nutricional (Carmelo) y el trato preferente en entidades financieras, entre otras medidas que favorecen a las personas de la tercera edad.

Por otra parte, los adultos mayores pueden beneficiarse de la devolución del Re-IVA en el marco de la Ley 1355 de 28 de diciembre de 2020, que identifica como beneficiarios a las personas naturales que tengan un ingreso promedio mensual inferior o igual a Bs 9.000, entre los cuales se pueden beneficiar los jubilados, rentistas y derechohabientes con el reintegro del 5% de sus compras.

Es importante reflexionar con relación al conjunto de medidas adoptadas en favor de los adultos mayores, asimismo la obligación que tienen las autoridades de Estado con relación al manejo responsable de la economía en un contexto de crisis internacional, por lo que un incremento adicional para los jubilados no acompañaría la etapa de recuperación económica que atraviesa nuestro país y contrariamente podría generar periodos de desestabilización, aspecto que afectaría a toda la población.

Gustavo Gómez es economista.

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Los fantasmas de la IED

/ 30 de junio de 2022 / 00:51

Durante los años 90, con la aplicación de las medidas de ajuste estructural que direccionaron la economía boliviana hacia un modelo de mercado en el cual la participación del Estado era reducida, la Inversión Extranjera Directa (IED) se constituyó en el elemento central dentro de la llamada “capitalización” de las empresas públicas, que en el fondo se instituyó en una privatización disfrazada.

En el actual marco, de acuerdo con datos publicados por el Banco Central de Bolivia en el Reporte de Capital Privado Extranjero en Bolivia-Gestión 2021, de junio de 2022, la Inversión Extranjera Directa neta fue de $us 594 millones el pasado año, siendo que en términos brutos alcanzó los $us 1.048 millones en comparación a los $us 165 millones registrados en 2020, denotando una mejora significativa de la IED y la confianza de los inversionistas en sectores de la economía nacional.

Los flujos más importantes de la IED bruta se dirigieron al sector de la industria manufacturera con $us 382 millones (36% de participación), minería con $us 296 millones (28% de participación), hidrocarburos con $us 186 millones (18% de participación), comercio al por mayor y menor con $us 75 millones (7% de participación) e intermediación financiera con $us 68 millones (6% de participación), siendo estos sectores los más beneficiados.

En la gestión 2021, los recursos de la IED bruta provinieron de Suecia con $us 286 millones (27% de participación), Perú con $us 250 millones (24% de participación), España con $us 159 millones (15% de participación), Países Bajos con $us 74 millones (7% de participación), Suiza con $us 69 millones (7% de participación), entre los que más recursos de inversión inyectaron a nuestro país.

Las partes numérica y estadística son muy claras y certeras, reflejando datos concretos, medibles y comparables, que no dan margen a ningún tipo de interpretación y que muestran la realidad de este tipo de inversión en el Estado Plurinacional de Bolivia.

La confianza demostrada por los inversionistas denota el desempeño económico boliviano, considerando que los mismos realizan una evaluación exhaustiva con relación a los riesgos que puedan asumir sus capitales; la aversión o no al riesgo que puedan afrontar, el nivel de rentabilidad que le permita al inversionista la recuperación de su inversión, los flujos de fondos, la tasa de retorno y seguridad jurídica, entre otros aspectos que son considerados por cualquier inversionista, previo a la toma de decisiones para la respectiva transferencia de recursos.

La economía boliviana está en pleno tránsito hacia la reactivación, reflejado en la estabilidad de los principales indicadores macroeconómicos, elemento necesario para generar certidumbre entre los inversionistas que decidan transferir sus recursos a los diferentes sectores de la actividad económica nacional o iniciar nuevos emprendimientos estratégicos.

La Inversión Extrajera Directa dejó un sinsabor en el país, en la época donde las empresas bolivianas se transferían al sector privado a precios subvaluados, con diversos argumentos que descalificaban y cuestionaban al Estado como un buen administrador, así como la necesidad de que las grandes empresas inyecten capitales que permitan fortalecer las empresas “capitalizadas”, situación que no ocurrió plenamente.

Las señales de estabilidad que se están generando atraen nuevas inversiones de diferentes países y empresas internacionales, es de esperar que la confianza demostrada por parte de los inversionistas se incremente, desmontando de esta manera los viejos resabios contrarios a los fantasmas que aún rodean a la Inversión Extranjera Directa; controladora y depredadora de las empresas nacionales, faceta mostrada en tiempos de la mal llamada “capitalización”.

Gustavo Gómez es economista.

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Economía sin fábulas

/ 9 de junio de 2022 / 01:32

Es importante recordar que en años pasados el modelo económico social comunitario productivo nos brindó resultados satisfactorios en materia de crecimiento y desarrollo, siendo líderes de la región por varias gestiones consecutivas y reduciendo los niveles de pobreza extrema, pese a las vicisitudes del contexto internacional, entre otros aspectos.

Los resultados de la aplicación del citado modelo, “hecho en Bolivia”, no solamente son consecuencia de los precios internacionales, como se quiere hacer notar por parte de algunos analistas, son principalmente el resultado de las medidas adoptadas al amparo del exitoso modelo económico boliviano, cuyos resultados se vuelven a evidenciar durante la presente gestión, después del irresponsable manejo de la economía por parte del gobierno de transición.

La inversión pública se incrementó en 25% con relación a la gestión 2021, llegando a $us 5.015 millones para 2022, recursos destinados a fortalecer el crecimiento económico y la industrialización, cuya fuente de financiamiento proviene de recursos internos y externos.

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) se incrementaron en aproximadamente $us 300 millones en el último trimestre de la presente gestión. producto del superávit comercial, el flujo de remesas recibidas y las inversiones extranjeras directas. Al 24 de mayo de 2022, el nivel de las reservas internacionales alcanza a $us 4.686 millones, representando meses de importación y cobertura de la deuda externa de corto plazo, siendo que se cuenta con los recursos necesarios para cubrir las obligaciones del Estado.

El saldo comercial registró un superávit de $us 468 millones a marzo de la presente gestión, mayor al registrado a similar periodo de 2021, en el cual se alcanzó un superávit de $us 353 millones.

En tal sentido, las exportaciones alcanzaron a $us 3.068 millones en marzo de 2022, monto mayor en $us 725 millones registrado en el mismo periodo de la gestión 2021, cuando llegó a $us 2.343 millones.

Las medidas también apuntan a potenciar el apoyo a la sustitución de importaciones mediante el Fideicomiso para la Reactivación y Desarrollo de la Industria Nacional (Firedin) que al 27 de mayo de 2022 colocó Bs 1.041 millones, beneficiando principalmente a pequeños productores y representando el 82,5% del monto total que alcanza a Bs 1.261 millones, fortaleciendo de esta manera la producción nacional, y a su vez, prosiguiendo con el impulso a las políticas sociales para sectores como salud, educación y vivienda, entre otros.

Pese a las señales claras del manejo responsable de la economía, existen analistas que emiten pronósticos desde 2006, como el tema del “piloto automático” anunciando que la economía se conducía por sí misma gracias al modelo neoliberal implementado desde 1985, pero que con el tiempo nos llevaría a una crisis económica sin precedentes; los efectos devastadores de la “crisis financiera” para la economía boliviana, debido al presunto mal manejo económico, que nos sumiría en una recesión y el fracaso del modelo boliviano; la teoría del “efecto rebote” con una panacea automática que no depende de ninguna medida económica y que solo actúa por inercia. Los mencionados ejemplos de pronósticos errados son parte de posiciones ortodoxas que no reflejan la realidad de la economía boliviana.

El Estado Plurinacional de Bolivia está en pleno proceso de reactivación económica a través de políticas públicas enmarcadas en el modelo económico social comunitario productivo, reconocido por instituciones extranjeras como The Economist Intelligence Unit y otros organismos internacionales, que destacan la fortaleza del modelo aplicado en Bolivia, lo cual permite avizorar con optimismo el crecimiento y desarrollo nacional.

Las cifras y medidas, mencionadas precedentemente, son el resultado del manejo responsable de la economía y definitivamente no se trata de un cuento ni una fábula.

Gustavo Gómez es economista.

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Renta Dignidad, un beneficio garantizado

/ 26 de mayo de 2022 / 01:19

En el devenir de la vida, las personas permanentemente tienen que tomar decisiones en diferentes escenarios de certidumbre e incertidumbre, una de las cuales está relacionada con el ciclo de vida de cada una de ellas; la vejez forma parte ineludible de ella, un proceso fisiológico en el que se producen cambios físicos, psicológicos y sociales que impiden paulatinamente la generación de recursos económicos, que dificultan solventar las necesidades básicas.

El Estado boliviano garantiza los derechos de las personas adultas mayores a una vejez digna, con calidad y calidez humana, proporcionando la Renta Dignidad, precautelando los recursos necesarios para efectuar el correspondiente pago, en observancia al ordenamiento jurídico emanado por el marco constitutivo y normativas conexas.

La Renta Dignidad es un pago mensual y de carácter universal que provee el Estado Plurinacional de Bolivia a las personas de 60 o más años de edad, residentes en el país, con el objeto de que cuenten con una vejez digna. Desde su creación, en 2007, los beneficiarios alcanzaron a 752.338 personas, a su vez, para diciembre de 2021 el número total alcanzó a 1.140.882, en tanto que en abril de 2022 la cantidad de personas que se beneficiaron fue de 1.053.197. Por otra parte, los montos pagados por dicho beneficio se incrementaron de Bs 1.616 millones en 2008 a Bs 4.743 millones en 2021, siendo que en abril de 2022 este monto alcanzó a Bs 928 millones.

Como se puede evidenciar, la cantidad de beneficiarios se fue incrementando, así como el monto pagado en el lapso de 14 años, denotando una tasa de crecimiento que está alrededor del 52% con relación al número de beneficiarios y 194% referida a los montos pagados. Esta diferencia se debe, entre otros aspectos, a que la población adulta mayor aumenta debido a las mejores condiciones de vida que suben la esperanza de vida de las personas al nacer; al mismo tiempo, se destaca que la Renta Dignidad se incrementó, desde su creación en 2007 a la fecha, en 90% para los rentistas y 117% para los no rentistas.

Es importante mencionar que el Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV) cuenta con los recursos necesarios para pagar la Renta Dignidad, con fuentes de financiamiento establecidas en la Ley 3791 de 28 de noviembre de 2007 y el Decreto Supremo 29400 de 29 de diciembre de 2007, en las que se establece que el 30% de todos los recursos percibidos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (de gobiernos departamentales, municipales, Fondo Indígena y Tesoro General de la Nación) y los dividendos de las empresas públicas capitalizadas/nacionalizadas se destine al mencionado fondo.

Por otra parte, la emisión del Decreto Supremo 4716, de 11 de mayo de 2022, no se constituye en un mecanismo de financiamiento directo para el Fondo de Renta Universal de Vejez, tiene por objeto “coadyuvar al financiamiento” de dicho fondo con recursos de las utilidades que genere la Gestora, que “podrán” ser transferidos al Fondo Solidario y/o al Fondo de la Renta Universal de Vejez; en tal sentido, no se determina la obligatoriedad de transferir recursos al FRUV. Por lo establecido precedentemente, las fuentes de financiamiento para el pago del referido fondo cuentan con el respectivo marco normativo que garantiza su pago.

Finalmente, cabe mencionar que la realidad económica que atraviesa nuestro país, en pleno proceso de reactivación económica con medidas que están siendo adoptadas a través de políticas públicas enmarcadas en el modelo económico social comunitario productivo, reconocido por instituciones extranjeras como Economist Intelligence Unit y otros organismos internacionales, que destacan la fortaleza del modelo aplicado en Bolivia, garantizan el cumplimiento de las obligaciones del Estado.

La Renta Dignidad es parte de las medidas adoptadas al amparo del exitoso modelo económico boliviano, constituyéndose en un beneficio que ha generado un impacto positivo en los adultos mayores. La vejez es una etapa de la vida a la cual en algún momento todos llegaremos y con seguridad, para la mayoría de la población, estos recursos serán importantes para tener una vejez digna.

Gustavo Gómez es economista.

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