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Monday 3 Oct 2022 | Actualizado a 23:20 PM

Inversión pública en gobernaciones

/ 16 de agosto de 2022 / 00:56

Cuando hablamos de gestión pública nos referimos a la implementación de políticas públicas por parte de los que nos gobiernan, es decir, a la aplicación y ejecución de los recursos del Estado con el objetivo de fomentar el desarrollo y el estado de bienestar en la población.

Las políticas públicas son las acciones de un determinado gobierno, que busca atender y dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad, mediante el uso estratégico de recursos (Chandler y Plano, citados por Alcántara, 1995).

Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2001 y catedrático de la Universidad de Columbia (EEUU), señala que para que un gobierno tenga crecimiento económico y que las generaciones futuras resulten beneficiadas, los gobiernos deben efectuar grandes inversiones públicas en infraestructura, educación y tecnología.

Asimismo, los economistas Barro y Sala-i- Martin (1995) nos dicen que una expansión del gasto y la inversión pública puede aumentar la tasa de crecimiento de la economía, el cual tiene un efecto positivo sobre la productividad de las empresas privadas.

Ahora veamos lo que sucede en nuestros gobiernos subnacionales, específicamente en los nueve gobiernos autónomos departamentales (GAD) del país.

Según datos extraídos de la página del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al 31 de julio de la presente gestión, las transferencias del nivel central del Estado hacia los GAD por concepto de Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), Fondo de Compensación Departamental (FCD), Impuesto Especial a los Hidrocarburos (IEHD) y regalías (mineras, hidrocarburíferas y forestales), ascienden a Bs 2.790 millones, de los cuales el que recibe mayores recursos es el GAD de Santa Cruz por Bs 654 millones (23%), seguido de Potosí Bs 591 millones (21%) y Tarija Bs 384 millones (14%), entre los más representativos.

Por otro lado, en cuanto a la ejecución presupuestaria en inversión pública por parte de los gobernadores, de acuerdo con datos del Sistema de Gestión Pública (Sigep) a julio de 2022, el último lugar lo ocupa el GAD de Santa Cruz con un 13% de ejecución, seguido de Beni con 15% y Oruro con 17%, entre los más importantes.

De los datos anteriormente señalados, se puede evidenciar que el GAD de Santa Cruz es la Gobernación que recibe mayores recursos, sin embargo, es la peor de todas en cuanto a la ejecución de recursos en inversión pública, es decir, existe ausencia de gestión pública por parte del Gobernador de Santa Cruz y su equipo que lo acompaña. Es paradójico el caso de Santa Cruz, porque se les asigna más recursos y ejecutan menos.

Por el contrario, el nivel central del Estado hace todos los esfuerzos para cumplir con la población, por ejemplo, a mayo, Bolivia logró un superávit corriente de 3,6% respecto al Producto Interno Bruto (PIB) y 1,5% en el balance global; a julio, la recaudación tributaria del mercado interno creció 22,3%, respecto al mismo periodo de 2021, llegando a Bs 21.326 millones, y conforme a la normativa vigente, estos recursos que se recaudan son distribuidos o transferidos a los diferentes niveles de gobierno (gobernaciones, municipios) y universidades públicas autónomas.

Finalmente, puedo decir que no es una medida acertada paralizar las actividades económicas de la población, como se hizo en Santa Cruz, sabiendo que varios viven del día. Por tanto, es necesario que nuestros gobernadores trabajen en beneficio de la gente y no perjudicándola con paros, bloqueos, etc. La mejor noticia que esperamos como ciudadanos es la entrega de obras, carreteras, puentes, equipamiento de hospitales, generación de empleo, electrificación, proyectos para el apoyo a la producción, entre otros establecidos en la Constitución Política.

Rómer Bello Bernal es economista.

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‘Deudas por aquí y por allá’

/ 10 de septiembre de 2022 / 01:42

Hace días, mientras almorzaba veía en titulares, redes sociales, medios de comunicación, etcétera, al senador de Comunidad Ciudadana (CC) Rodrigo Paz Pereira; señalaba que el país ya no está en condiciones de asumir más deudas y que el dinero se estaría utilizando para otros fines. Me llamó la atención cómo se expresaba sobre la deuda pública nacional, hacía ver que el endeudamiento es malo; es por esa razón que decidí indagar un poco sobre la gestión de quien era alcalde del municipio de Tarija en el periodo de 2015 a 2020, me refiero al senador Paz.

El Servicio de la Deuda (SD) es entendida como el pago que debe hacer la persona o institución que haya adquirido una o más deudas a una institución financiera, en un periodo de tiempo determinado.

Según la página web del Ministerio de Economía, antes que ingrese Paz a la Alcaldía de Tarija, en 2015, el presupuesto para el SD llegaba a Bs 1,9 millones; en 2016 y 2017 se incrementó a Bs 2,5 millones; en 2018 a Bs 4,3 millones; en 2019 a Bs 12 millones y finalmente, en 2020 alcanzó a Bs 30,2 millones, es decir que de 2015 a 2020 el exalcalde incrementó la deuda exponencialmente, en un 1.489%, de Bs 1,9 millones a Bs 30,2 millones. Ahora bien, haciendo un ejercicio aritmético como lo hace el senador Paz y sus colegas que critican la deuda pública, según el Censo de Población y Vivienda 2012, el municipio de Tarija (Cercado) cuenta con 205.375 habitantes y dividiendo el SD de 2020, de Bs 30,2 millones entre la población, se tiene que cada tarijeño debe pagar un monto de Bs 147, es decir que dejó endeudados a los tarijeños durante varios años, puesto que estos recursos serán cubiertos con los impuestos que pagan los ciudadanos de ese municipio.

Por otro lado, respecto al pago de sueldos y salarios al personal de planta, eventual y consultores en el municipio de Tarija, se tiene que en 2015 el presupuesto para este fin ascendía a Bs 69,3 millones; sin embargo, para 2020 llegó a Bs 82,9 millones, es decir un aumento del 20%, equivalente a Bs 13,6 millones adicionales. Se puede deducir que, a medida que crecía el SD, también crecían los gastos en sueldos y salarios. De los datos expuestos, el municipio de Tarija, al frente del senador Paz, incurrió en créditos, es decir se prestó platita para financiar sus gastos y no solamente sobrevivía de las transferencias que realiza el nivel central del Estado por concepto de coparticipación tributaria y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos; por tanto, uno se pregunta ¿con qué moral uno critica?, lo más sano es tomar conciencia de lo que se hizo cuando era autoridad a la hora de criticar alguna medida y no es correcto satanizar una deuda pública, y menos si el destino final es para financiar proyectos de inversión, que benefician directamente a la población.

Gran parte de la deuda pública interna y externa que contrae el Gobierno es principalmente para ejecutar proyectos de inversión pública (en infraestructura, caminos, sector productivo, viviendas, etc.), con el fin de contribuir a dinamizar la economía del país y como consecuencia de esas medidas y otras, se tiene el nivel de pobreza más bajo que se haya registrado en la historia del país, el nivel de desigualdad más bajo que se ha logrado, el nivel de empleo más alto que se haya conseguido con 4,6 millones de personas ocupadas, la tasa de inflación más baja de la región, entre otros resultados positivos.

Rómer Bello Bernal es economista.

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El pago de impuestos en municipios y universidades

/ 2 de junio de 2022 / 01:14

El sistema tributario en nuestro país ha sufrido muchos cambios, de manera particular, quizás, cobró mayor relevancia con la crisis de los años 80 y la posterior implementación de la Ley 843 de Reforma Tributaria (1986), la cual tenía como objetivos: crear una base tributaria amplia y una estructura de tributos que sea de fácil administración.

Con la Ley de Participación Popular (1994) se inició el proceso de descentralización de los recursos fiscales, donde se establecía que la distribución es por habitante y que, de la recaudación efectiva por el cobro de Impuestos al Valor Agregado (IVA), al Régimen Complementario del IVA (RE-IVA), a las Transacciones (IT), a las Utilidades de las Empresas (IUE), entre otros, el 20% es destinado a los gobiernos municipales y 5%, a las universidades públicas; a esta distribución la denominamos coparticipación tributaria.

Sin embargo, dichas implementaciones y procesos de distribución no pudieron cumplir con el objetivo fundamental de incrementar las recaudaciones tributarias de manera sustancial para una mayor redistribución de los ingresos.

A partir de 2006, con la implementación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) y a través del actual Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la política tributaria, aduanera y arancelaria ha resultado ser eficaz en cuanto a la ampliación del universo contribuyente para generar mayores recursos, desde el punto de vista de generar una nueva cultura y conciencia tributaria y la eficiencia administrativa con medidas de lucha contra la evasión fiscal.

Para este caso, tomaré como periodos de análisis 12 años, antes y después de la aplicación del MESCP.

Según datos del SIN y del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), entre 1994 y 2005, los gobiernos autónomos municipales (GAM) recibieron transferencias del nivel central del Estado por coparticipación tributaria de Bs 12.914,5 millones, mientras que entre 2006 y 2017 percibieron Bs 66.163,5 millones, es decir 412% más que el periodo anterior.

Asimismo, en el caso de las universidades públicas autónomas (UPA), entre 1994 y 2005 las transferencias por coparticipación tributaria llegaron a Bs 3.233,1 millones; sin embargo, de 2006 a 2017 recibieron Bs 17.356,6 millones, 437% más que el periodo anterior.

De los datos señalados, se evidencia que las transferencias por coparticipación tributaria crecieron abismalmente; sin ir muy lejos, para la gestión 2021, el presupuesto aprobado (techo presupuestario) para los gobiernos autónomos municipales por concepto de coparticipación tributaria ascendía a Bs 5.956,4 millones y para las universidades públicas autónomas, a Bs 1.601,4 millones; sin embargo, ambos niveles percibieron Bs 7.159,3 millones y Bs 1.929,5 millones, respectivamente, es decir un incremento del 20%, equivalente a Bs 1.531 millones adicionales al presupuesto aprobado.

Aterrizando un poco más, en el caso específico del departamento de La Paz, el techo presupuestario de 2021 para el GAM de La Paz fue de Bs 455,7 millones, pero recibió Bs 548,8 millones; la Alcaldía de El Alto, Bs 504,4 millones, pero recibió Bs 607,5 millones; el techo para la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) fue de Bs 404,2 millones y percibió Bs 486,8 millones; la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Bs 106,2 millones y Bs 128,7 millones, respectivamente.

En términos generales, los indicadores de gestión tributaria, además del incremento de la recaudación tributaria, muestran un sistema fortalecido, sostenible y con perspectivas estables en el mediano plazo, lo que permitirá al país contar con más recursos para ser redistribuidos a municipios y universidades, y éstos, en el marco de sus competencias, destinarlos a inversión pública, generación de empleo, servicios de salud, educación, entre otros, para satisfacer y atender a la población en general, puesto que somos el principal contribuyente que cumple con el pago de sus impuestos.

Romer Bello Bernal es economista.

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Incremento salarial y desempleo

/ 5 de mayo de 2022 / 01:21

Se dice que un incremento al salario mínimo repercute negativamente en una economía, principalmente por el hecho de despedir trabajadores en empresas, generando desempleo, pero esta afirmación no pareciera ser tan cierta en nuestro país.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) expresó su preocupación por la demanda y pidió que se “congele el ajuste salarial” para precautelar la reactivación económica y la generación de empleo. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) alertó que el incremento se evidenciará en pérdida de fuentes de trabajo, informalización y precarización laboral, insostenibilidad económica y financiera, y la imposibilidad de realizar nuevas contrataciones e inversiones, “lo que derivará en problemas sociales, ocasionados por la desocupación y sus secuelas”.

Para 2022, con el Decreto Supremo 4711 del 1 de mayo, se aprobó el alza salarial del 3% al haber básico (sector salud y educación) y del 4% al salario mínimo nacional.

Para esta oportunidad, tomaré en cuenta cinco años en los que se pudo evidenciar que no es tan cierto lo que señalan la CNI y la CEPB sobre el desempleo, más al contrario, en nuestro país, un incremento al salario mínimo no hizo aumentar el desempleo. Asimismo, en el periodo de 2015 a 2019 (años con incrementos salariales), la tasa de desempleo abierto urbana disminuyó de 4,6% en 2015 a 4,3% al tercer trimestre de 2019.

David Card, Nobel de Economía 2021, con su investigación Salarios mínimos y empleo estudió las consecuencias de la subida del salario y contradijo la teoría de que ésta acababa expulsando a los trabajadores, y demostró que un aumento del salario mínimo no incrementa el desempleo.

Según el INE, en 2015 hubo un incremento al salario mínimo nacional (SMN) de 15% con relación a la gestión anterior y la tasa de desempleo alcanzó a 4,6%; en 2016 el aumento fue del 9% y la tasa se redujo a 4,4%; en 2017 las cifras fueron 11% y 4,5%, respectivamente; en 2018, de 3% y 4,3%; a octubre de 2019, de 3% y 4,3%. Es decir, dichos incrementos no subieron la tasa de desempleo en el país, en promedio el aumento al SMN fue de 8% y la tasa de desempleo se redujo en 2%.

En 2020, la tasa de desempleo alcanzó a 8,4%; sin embargo, al primer trimestre de 2022, según las Oficinas Nacionales de Estadística (ONE), la tasa de desocupación en el área urbana alcanzó a 5,9%, siendo con la de Ecuador (5,5%) de las más bajas de la región. La tasa más alta es de Colombia con 13%, seguido por Brasil, con 11,2%.

La teoría económica nos dice que el aumento de la producción ofrecida eleva el nivel de empleo; en ese sentido, el Gobierno ha puesto a disposición de las empresas una serie de políticas económicas para mejorar su productividad, entre las cuales están el Fondo de Garantía para el Desarrollo de la Industria Nacional (Bs 150 millones), para garantizar hasta el 50% para nuevos créditos productivos en el sistema financiero nacional; el Fideicomiso para la Reactivación y Desarrollo de la Industria Nacional (Firedin-SIBOLIVIA, con Bs 1.261 millones), destinado a otorgar créditos a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas a una tasa de interés del 0,5%; los Fondos de Garantía de Créditos para el Sector Gremial y el fortalecimiento del Fondo de Garantía de Créditos de Vivienda de Interés Social, entre otros.

Las condiciones para mejorar la productividad de las empresas, industrias, están dadas, dependerá del interés de cada una de ellas hacerlo; por otro lado, se ha observado y evidenciado con datos que el incremento al salario mínimo durante los periodos de análisis, no generaron desempleo como señalan la CNI, la CEPB, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), etcétera.

Romer Bello Bernal es economista.

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Más recursos a universidades, menos resultados

/ 27 de febrero de 2022 / 00:26

El Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana establece que la “misión de las universidades públicas es formar profesionales idóneos de reconocida calidad y excelencia académica, con conciencia crítica y capacidad de crear, adaptar, transformar la ciencia y la tecnología universal para el desarrollo y progreso nacional…”, para lo cual, se requiere recursos económicos.

Actualmente, el Sistema de la Universidad Pública Boliviana está compuesto por 11 universidades, las cuales son: San Francisco Xavier de Chuquisaca, San Andrés de La Paz, Universidad Pública de El Alto, San Simón de Cochabamba, Tomás Frías y Nacional Siglo XX de Potosí, Técnica de Oruro, Juan Misael Saracho de Tarija, Gabriel René Moreno de Santa Cruz, José Ballivián del Beni y Amazónica de Pando.

Ahora bien, durante los últimos años, mientras las transferencias de recursos del Nivel Central del Estado (NCE) al Sistema Universitario se incrementaban, el número de estudiantes titulados disminuían con relación a los matriculados.

Según la página del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la demanda del Sistema de la Universidad Boliviana 2021, en la gestión 2016, las 11 universidades matricularon a 79.847 estudiantes nuevos, y considerando que la duración promedio de estudios en nuestro país es de cinco años (10 semestres), en 2020 apenas se titularon 14.830 estudiantes, representando un 18,6%; sin embargo, en el mismo periodo, las transferencias del NCE se incrementaron en un 10%, de Bs 3.501,4 millones a Bs 3.851,8 millones.

Cada año, las universidades públicas a través del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) envían su demanda al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas solicitando recursos adicionales (subvención) para cumplir y cerrar sus actividades académicas.

Si bien la Constitución Política del Estado reconoce la autonomía universitaria y establece que el Estado subvencionará a las universidades públicas, al parecer éstas no están mostrando resultados o cumpliendo con su rol o misión como función pública con recursos públicos, lo cual nos debe llamar la atención y preguntarnos cuáles son las causas que provocan este fenómeno.

Romer Bello Bernal es economista.

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La intervención del Estado en la economía

/ 28 de enero de 2022 / 03:01

Se dice que la intervención del Estado en la economía puede solucionar problemas o causarlos, y no hay una receta ideal, puesto que cada país tiene su propia realidad y la política económica siempre está dominada por la ideología política, intereses y objetivos del gobierno de turno.

Varios economistas están de acuerdo en que el Estado debe al menos cumplir los roles que destacaba Adam Smith como: defensa, seguridad y justicia, y excepcionalmente la construcción de las grandes obras públicas. Asimismo, Smith también reconoció que existe fallas en el mercado y falta de competencia y describe a ese aspecto como un problema.

Otro gran economista, John Maynard Keynes, escribió al respecto en medio de la gran depresión de 1929, donde concluye que el Estado no solo debía intervenir para hacer frente a las depresiones económicas sino también que podía hacerlo. Keynes señalaba que los mercados tienen fallas y que, para hacerles frente, debe intervenir el Estado, y la herramienta es la Regulación Económica.

El Nobel de Economía de 2001 Joseph E. Stiglitz defiende la «opción pública», la posibilidad de que el Estado ofrezca una serie de servicios que implique más competencia e innovación, baje precios y haga más fácil la vida a los ciudadanos. Asimismo, asegura que al sector privado le gustan “los monopolios y la explotación” y teme a la competencia, y está convencido de que se puede “domesticar al capitalismo”.

Ahora bien, trasladándonos al caso Boliviano, hasta el 2005, se adoptaba una corriente de libre mercado (economía de mercado), donde el Estado adoptaba un carácter neutro o nulo en la economía y el mercado era el asignador de recursos y el que restablecía en forma automática el equilibrio del mercado de factores y recursos (Ley de la oferta y demanda).

Por otro lado, a partir del 2006, el Gobierno de turno, a través del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) adoptó la otra corriente que establece que la intervención del Estado en la economía (economía plural) es importante y determinante para restablecer el equilibrio y el crecimiento económico cuando la economía de mercado se debate en crisis.

Para medir el nivel de crecimiento de una economía utilizamos el Producto Interno Bruto (PIB) como un indicador —que mide la actividad productiva en unidades monetarias de todos los bienes y servicios finales producidos en un país—, el cual se utiliza desde los años 30 como indicador de crecimiento y bienestar de un país. Se reconoce al premio Nobel de Economía Simon Kutznets como el creador de este indicador.

Según datos de nuestro Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de crecimiento del PIB promedio entre los años 1992 al 2005 (14 años) era del 3,43%, equivalente a 6.724 millones de $us, mientras que entre el 2006 al 2019 (14 años) la tasa de crecimiento del PIB, en promedio fue del 4,67%, equivalente a 27.364 millones de $us, es decir en los últimos 14 años hubo un incremento del 36% en tasa de crecimiento y 307% en el tamaño de la economía boliviana. Para la gestión 2020 se tuvo una tasa decreciente del PIB, llegando a -8,83%.

Sobre los datos anteriormente descritos se puede señalar que la aplicación de una economía plural con intervención del estado a través del MESCP generó resultados positivos en nuestro país, los cuales incluso fueron reconocidos en varias oportunidades por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre otros, y por tanto deberíamos sentirnos orgullosos.

Finalmente, en el análisis macroeconómico de cualquier Estado, la interpretación del valor del PIB es fundamental para conocer el grado de desarrollo económico y sus tendencias. Se puede concluir que entre más y mejores bienes y servicios se generen, más trabajo y riqueza habrá para redistribuir entre la población y por lo general, cuando se habla de un aumento en el nivel de vida, éste viene acompañado de bienestar y crecimiento económico.

Romer Bello Bernal es Economista.

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