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Thursday 28 Mar 2024 | Actualizado a 19:07 PM

Inversión pública en gobernaciones

/ 16 de agosto de 2022 / 00:56

Cuando hablamos de gestión pública nos referimos a la implementación de políticas públicas por parte de los que nos gobiernan, es decir, a la aplicación y ejecución de los recursos del Estado con el objetivo de fomentar el desarrollo y el estado de bienestar en la población.

Las políticas públicas son las acciones de un determinado gobierno, que busca atender y dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad, mediante el uso estratégico de recursos (Chandler y Plano, citados por Alcántara, 1995).

Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2001 y catedrático de la Universidad de Columbia (EEUU), señala que para que un gobierno tenga crecimiento económico y que las generaciones futuras resulten beneficiadas, los gobiernos deben efectuar grandes inversiones públicas en infraestructura, educación y tecnología.

Asimismo, los economistas Barro y Sala-i- Martin (1995) nos dicen que una expansión del gasto y la inversión pública puede aumentar la tasa de crecimiento de la economía, el cual tiene un efecto positivo sobre la productividad de las empresas privadas.

Ahora veamos lo que sucede en nuestros gobiernos subnacionales, específicamente en los nueve gobiernos autónomos departamentales (GAD) del país.

Según datos extraídos de la página del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al 31 de julio de la presente gestión, las transferencias del nivel central del Estado hacia los GAD por concepto de Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), Fondo de Compensación Departamental (FCD), Impuesto Especial a los Hidrocarburos (IEHD) y regalías (mineras, hidrocarburíferas y forestales), ascienden a Bs 2.790 millones, de los cuales el que recibe mayores recursos es el GAD de Santa Cruz por Bs 654 millones (23%), seguido de Potosí Bs 591 millones (21%) y Tarija Bs 384 millones (14%), entre los más representativos.

Por otro lado, en cuanto a la ejecución presupuestaria en inversión pública por parte de los gobernadores, de acuerdo con datos del Sistema de Gestión Pública (Sigep) a julio de 2022, el último lugar lo ocupa el GAD de Santa Cruz con un 13% de ejecución, seguido de Beni con 15% y Oruro con 17%, entre los más importantes.

De los datos anteriormente señalados, se puede evidenciar que el GAD de Santa Cruz es la Gobernación que recibe mayores recursos, sin embargo, es la peor de todas en cuanto a la ejecución de recursos en inversión pública, es decir, existe ausencia de gestión pública por parte del Gobernador de Santa Cruz y su equipo que lo acompaña. Es paradójico el caso de Santa Cruz, porque se les asigna más recursos y ejecutan menos.

Por el contrario, el nivel central del Estado hace todos los esfuerzos para cumplir con la población, por ejemplo, a mayo, Bolivia logró un superávit corriente de 3,6% respecto al Producto Interno Bruto (PIB) y 1,5% en el balance global; a julio, la recaudación tributaria del mercado interno creció 22,3%, respecto al mismo periodo de 2021, llegando a Bs 21.326 millones, y conforme a la normativa vigente, estos recursos que se recaudan son distribuidos o transferidos a los diferentes niveles de gobierno (gobernaciones, municipios) y universidades públicas autónomas.

Finalmente, puedo decir que no es una medida acertada paralizar las actividades económicas de la población, como se hizo en Santa Cruz, sabiendo que varios viven del día. Por tanto, es necesario que nuestros gobernadores trabajen en beneficio de la gente y no perjudicándola con paros, bloqueos, etc. La mejor noticia que esperamos como ciudadanos es la entrega de obras, carreteras, puentes, equipamiento de hospitales, generación de empleo, electrificación, proyectos para el apoyo a la producción, entre otros establecidos en la Constitución Política.

Rómer Bello Bernal es economista.

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Presupuesto de las ETA

El presupuesto 2024 aprobado por las ETA tuvo una participación muy importante de la sociedad civil organizada

Romer Bello Bernal

/ 11 de diciembre de 2023 / 07:13

El Presupuesto General del Estado (PGE) es la herramienta de gestión que tienen los gobernantes de turno para proyectar los ingresos y programar los gastos públicos (un año), esto les permite cumplir con la prestación de los bienes y servicios y cumplir sus políticas, planes, programas y proyectos que son indispensables para la satisfacción de las necesidades de la población.

En esta oportunidad quiero referirme al PGE de la gestión 2024, principalmente al presupuesto de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA), qué está conformada por los Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD), regionales (GAR), municipales (GAIOC) e indígena originario campesinos (GAIOC).

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Los artículos 241 y 242 de la Constitución Política del Estado (CPE) establecen que el pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas públicas.

El parágrafo IV del artículo 114 de la Ley 031 de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomía y Descentralización “Andrés Ibáñez”, señala que las ETA elaborarán el presupuesto institucional considerando la integralidad y articulación de los procesos de planificación, programación, inversión y presupuesto, incorporando los mecanismos de participación y control social, en el marco de la transparencia fiscal y equidad de género.

De la normativa anteriormente señalada, se puede deducir que el presupuesto 2024 aprobado por las ETA tuvo una participación muy importante de la sociedad civil organizada, que como representación del pueblo boliviano y en coordinación con los órganos ejecutivo y deliberativo de las ETA, incorporaron sus demandas a dicho presupuesto, sea para programas o proyectos de inversión pública en temas de salud, educación, caminos, sector productivo, saneamiento básico, empleo, infraestructura u otros.

De acuerdo con información obtenida del proyecto del PGE 2024, presentado por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento y aprobación, se puede señalar que el presupuesto de las ETA de 2024, con relación a 2023, presenta un incremento del 4,1%, es decir, de Bs 30.257,1 millones a 31.510,1 millones, este aumento se debe principalmente a la fuente de financiamiento de la coparticipación tributaria que reciben los municipios, y según la normativa vigente, el nivel central del Estado recauda estos recursos para distribuir a cada municipio a través del sistema bancario.

Ahora bien, respecto al destino del presupuesto 2024 de los GAD y GAR (sin considerar recursos del TGN), principalmente va dirigido a los sectores de salud (19,9%), transportes (18,3%) administración general (16,5%), agropecuario (6,5%), multisectorial (6,8%) y deuda pública (5,7%), es decir que se prioriza el gasto en el sector salud. De igual manera en los GAM y GAIOC, el presupuesto es destinado a la administración general (20,9%), salud (17,4%), urbanismo y vivienda (14,7), educación (9,8%), saneamiento básico (8,1%) y multisectorial (7,5%), entre los más representativos.

A través de mecanismos de participación para la sociedad civil organizada y el control social, los órganos ejecutivo y deliberativo de las ETA aprobaron ese presupuesto, para que sea tratado y aprobado por los diputados y senadores que se encuentran en la Asamblea, quienes en realidad son los representantes y la voz de cada región del país.

Se espera que los asambleístas se pongan las manos sobre el corazón, reflexionen y aprueben el PGE 2024, y no actúen políticamente como lo hicieron con la ley de modificaciones al PGE 2023, la cual fue dilatada y boicoteada, perjudicando únicamente a la población en general, puesto que dichos recursos eran para ser ejecutados oportunamente por las gobernaciones y municipios, en programas, actividades y proyectos.

(*) Romer Bello Bernal es economista

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La Gobernación cruceña minimiza la inversión

Las actuales autoridades de la Gobernación de Santa Cruz se están aplazando en la gestión pública

Romer Bello Bernal

/ 30 de mayo de 2023 / 08:08

Se dice que la inversión pública tiene el potencial de generar empleo, al poner a las personas en movimiento y darles un salario; al requerir equipos y materiales que, si se producen localmente, crean otro círculo virtuoso de generar trabajos indirectos; y al motivar el gasto que se destina a proveedores de servicios.

De acuerdo con el artículo 300 de la Constitución, los Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD) tienen 36 competencias exclusivas (exclusivas: aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva), entre las cuales se encuentran: la promoción del empleo; construcción, conservación de carreteras de la red departamental, incluyendo las de la Red Fundamental; proyectos de generación y transporte de energía; proyectos de infraestructura para el apoyo a la producción; desarrollo productivo y agropecuario.

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En el artículo 104 de la Ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, del 19 de julio de 2010, se establecen los recursos de las Entidades Territoriales Autónomas Departamentales y entre los principales se tiene a las transferencias del nivel central del Estado (NCE) por los impuestos Directo a los Hidrocarburos (IDH), Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD) y las regalías departamentales.

Asimismo, el artículo 123 del Estatuto Autonómico de Santa Cruz señala que el presupuesto departamental es el instrumento financiero para la ejecución anual de las políticas, programas y proyectos del GAD de Santa Cruz y el artículo 127 de dicho estatuto, manda a que las regalías departamentales deben financiar proyectos de inversión pública.

Ahora bien, traduciendo en cifras la normativa anteriormente señalada y tomando en cuenta el periodo de las nuevas autoridades subnacionales, se tiene lo siguiente:

De acuerdo con los datos de la página del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, las transferencias de recursos del NCE, por concepto del IDH, IEHD y las regalías alcanzaron en 2021 a Bs 882,4 millones; en 2022 a Bs 1.199,9 millones y para este año el techo presupuestario es de Bs 1.056,5 millones; sin embargo, el presupuesto aprobado y asignado por el GAD de Santa Cruz para inversión pública en 2021 fue de Bs 315 millones; Bs 256,7 millones en 2022 y para 2023 presupuestaron Bs 230,5 millones. Se puede concluir que existe una reducción de asignación de recursos para la inversión pública por parte de la Gobernación de Santa Cruz, a pesar de que el Gobierno central hizo y hace todos los esfuerzos para generar mayores recursos y reciban más ingresos las gobernaciones.

Por otro lado, para 2023, el presupuesto total del GAD de Santa Cruz asciende a Bs 1.628,1 millones (sin considerar recursos 41-111 TGN), de los cuales en primer lugar se encuentran los recursos destinados a Sueldos y Salarios de la institución por Bs 420,5 millones, seguido de Construcciones con Bs 246,9 millones y Servicios No Personales, por Bs 196 millones, entre los más representativos. Nuevamente me atrevo a afirmar que la inversión pública no es prioridad para las autoridades de la Gobernación de Santa Cruz, incluso incumplen su propio Estatuto Autonómico.

En el caso del GAD de Santa Cruz, no sería un justificativo señalar que por falta de recursos no se hacen obras o no se ejecuta lo planificado conforme a las 36 competencias que tiene, cuando en realidad los recursos transferidos fueron mayores y se mostró que para este año la gobernación prioriza recursos para sueldos y salarios.

Adicionalmente se encuentran los saldos no ejecutados de cada gestión; por ejemplo, de acuerdo con datos del Sistema de Gestión Pública (Sigep), en 2022 el GAD de Santa Cruz no ejecutó recursos por Bs 414,6 millones y a la fecha tiene en efectivo en su cuenta corriente fiscal más de Bs 500 millones, los cuales pueden ser utilizados para el cumplimiento de sus competencias y beneficiar a la población cruceña.

Las actuales autoridades de la Gobernación de Santa Cruz se están aplazando en la gestión pública, más aún en inversión pública, es necesario recordarles que tienen la obligación de trabajar en beneficio de la población, puesto que fueron elegidas por voto popular para atender las demandas de esa misma población.

Quiero culminar con unas líneas de nuestros amigos Izquierdo de Bartolomé y Vassallo Magro (2010), quienes afirmaban que “la inversión pública promueve el crecimiento económico, a través de la construcción de infraestructura, entre otros; eleva la productividad y la eficiencia de diferentes sectores y regiones; además, ayuda a la vertebración del territorio y mejora la cohesión social”.

(*) Romer Bello Bernal es economista

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Programas y proyectos estancados

/ 13 de abril de 2023 / 01:58

Hace un par de años, cuando visité un municipio de nuestro país, poco poblado y desarrollado, observé que tenía varias necesidades insatisfechas, toda vez que no contaba con servicios básicos, puentes, caminos asfaltados, internet, unidades educativas de secundaria, entre otros.

En el transcurso del día, mientras caminaba para comer algo, me pregunté: ¿por qué sucedía eso? —aunque la respuesta era obvia—, necesitaba saber la razón por alguien que vivía en el lugar, y bueno, en el momento del almuerzo una persona me comentaba que el problema era la falta de recursos económicos y, ante esa situación, el alcalde del municipio hizo los esfuerzos y gestionó recursos ante el Gobierno y organismos externos para ejecutarlos y beneficiar a la población; sin embargo, un grupo de personas del Concejo rechazó esos recursos, simplemente porque ellos no lo gestionaron y porque el alcalde era de otra línea política.

La pregunta que debemos hacernos es: ¿quiénes son los principales perjudicados por el rechazo de esos recursos?

Casi la misma situación está sucediendo a nivel macro, a nivel país. Lastimosamente, nuestros queridísimos diputados y senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que supuestamente nos representan, estarían entorpeciendo u obstaculizando la aprobación de leyes que son financiamientos gestionados por el Órgano Ejecutivo a través de sus ministerios para programas y proyectos que beneficiarán a la población.

Según el artículo 145 de la Constitución Política del Estado (CPE), la Asamblea está compuesta por dos cámaras, la de Diputados y la de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para el territorio boliviano.

El numeral 8, parágrafo I, artículo 158 de la CPE establece que es atribución de la Asamblea aprobar leyes en materia de presupuestos, endeudamiento, control y fiscalización de recursos estatales de crédito público y subvenciones, para la realización de obras públicas y de necesidad social.

El numeral 24, artículo 172 de la CPE señala que es atribución del Presidente del Estado presentar proyectos de ley de urgencia económica, para su consideración por la Asamblea, que deberá tratarlos con prioridad.

De acuerdo con los datos del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo, a la fecha se tienen leyes de financiamiento externo para programas y proyectos estancados en la Asamblea, que ascienden a más de $us 779 millones, entre los cuales se encuentran:

a) Programa de conectividad territorial y desarrollo para Bolivia-Construcción del tramo carretero Botijilaca-Caquiaviri ($us 58 millones); b) Programa de Apoyo a la Preinversión para el Desarrollo II ($us 52 millones); c) Programa Multisectorial de Preinversión II ($us 30 millones); d) Proyecto de apoyo a poblaciones vulnerables afectadas por el coronavirus II ($us 500 millones); e) Proyecto construcción y asfaltado tramo 2 La Joya-Chuquichambi, Huayllamarca- Totora y los puentes vehiculares la Joya, el Crucero en la Red Vial Fundamental ($us 101,2 millones); f) Proyecto construcción carretera doble vía Oruro-Challapata tramo I: Oruro-Cruce Vinto- Cruce Huanuni ($us 73 millones); y g) Construcción y ampliación del hospital de tercer nivel de la ciudad de Oruro ($us 75 millones).

La otra pregunta que debemos hacernos es ¿para frenar estos programas y proyectos se los eligieron senadores y diputados?, ¿acaso no nos representan?, ¿no quieren ver el desarrollo de nuestro país?, ¿no quieren hospitales para nuestros enfermos?; ¿no quieren carreteras y puentes vehiculares?, ¿no quieren que se atienda las necesidades de la población?; al contrario, ya deberían estar aprobadas estas leyes y ejecutándose, se debe dejar de lado el color o intereses políticos que no le hacen nada bien al país.

Se tiene que entender que, en el marco de las competencias establecidas en la CPE, el Gobierno está implementando políticas públicas para beneficiar a todos los departamentos y como señala el profesor Manuel Tamayo Saez (1997): “Las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios”.

Romer Bello Bernal es economista.

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Presupuesto para los gobiernos departamentales

/ 19 de diciembre de 2022 / 02:46

Hace un par de días escuchaba a personajes del departamento de Tarija decir que el presupuesto 2023 para dicho departamento era insuficiente e incluso discriminatorio y señalaban que no es la primera vez, que siempre fue así; es por esa razón que me tomé un tiempo para averiguar si esas aseveraciones eran correctas o no.

Según varios economistas, la Economía la definen como la ciencia que se ocupa de la manera en que se administran los recursos que son escasos, con objeto de producir bienes y servicios y distribuirlos para su consumo entre los miembros de una sociedad.

El Presupuesto General del Estado (PGE) es un documento que recoge las estimaciones de ingresos y gastos del sector público para una gestión fiscal (un año). El mismo representa los objetivos que deben cumplir las distintas entidades públicas para satisfacer las múltiples necesidades de la población (como salud, educación, carreteras, seguridad ciudadana, medio ambiente, gestión de riesgos, etc.).

Para esta oportunidad tomaré en cuenta el presupuesto de las prefecturas departamentales (actuales gobiernos autónomos departamentales).

En la Ley Financial del PGE 2004 de 30 de diciembre de 2003, cuando en ese momento era presidente de Bolivia el señor Carlos D. Mesa Gisbert, de acuerdo a la página del Ministerio de Hacienda (actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas), las transferencias por concepto de Regalías, Fondo de Compensación y del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD) a las prefecturas departamentales, ascendían a Bs 1.569,7 millones, correspondiendo a la Prefectura de Tarija Bs 543,2 millones, seguido de Cochabamba Bs 278,8 millones y Santa Cruz con Bs 276,8 millones, entre los más representativos.

En el PGE 2023, gracias a la nacionalización de los hidrocarburos y a las políticas económicas y sociales implementadas por el gobierno del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Luis A. Arce Catacora, se está proyectando transferir recursos a los gobiernos autónomos departamentales (GAD) Bs 4.662,4 millones (casi tres veces más que el 2004), representando un incremento de 197%. Del PGE 2023 para los GAD, Bs 1.081,5 millones corresponden a Tarija (incluye la provincia Gran Chaco), Bs 1.056,5 millones a Santa Cruz y Bs 693,2 millones a Potosí.

Se puede evidenciar que Tarija es el departamento que más recursos recibirá por concepto de las transferencias del nivel central del Estado y regalías.

Ahora bien, ingresando específicamente al destino del gasto del Presupuesto total 2023 del GAD de Tarija, el 21% (Bs 154,5 millones) son destinados para cubrir el personal de dicha institución (de planta, eventuales y consultores), 9% (Bs 69 millones) para proyectos de inversión, 9% (Bs 65 millones) para el Programa Solidario Comunal (Prosol), 1% (Bs 10 millones) para beneficios sociales, 1% (Bs 8,2 millones) para pasajes y refrigerios y el restante 58% para programas y actividades de acuerdo a las competencias y atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado y la Ley 031, de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”.

Entre los proyectos de inversión más representativos que se pretenden ejecutar el 2023, se encuentran: el equipamiento complementario hospital San Juan de Dios, construcción de asfaltado del tramo Bermejo San Antonio, Saladito – Timboy – Tabasai, la construcción de obras de conclusión piscina olímpica y la rehabilitación del puente San Telmo sobre la Ruta D621.

Es necesario mencionar que conforme a Ley 031 es responsabilidad del GAD de Tarija (órgano ejecutivo y deliberativo) la planificación, programación y ejecución de la gestión política, administrativa, técnica, económica, financiera, cultural y social. Asimismo, conforme el Artículo 62 del Estatuto Autonómico Departamental de Tarija, es atribución del Gobernador elaborar la programación operativa anual y el presupuesto anual del departamento y sus modificaciones y remitirlas a la Asamblea Legislativa Departamental para su respectiva aprobación.

Con todo lo expuesto, no es correcto afirmar que el departamento de Tarija es discriminado respecto al presupuesto, cuando se evidenció que es el departamento que más recursos percibe. El tema pasa por la gestión de las autoridades subnacionales, las cuales deben programar y ejecutar obras, programas sociales y políticas que coadyuven al crecimiento económico del departamento, beneficiando a la población en general y dejar de lado los intereses políticos.

Romer Bello Bernal es economista.

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‘Deudas por aquí y por allá’

/ 10 de septiembre de 2022 / 01:42

Hace días, mientras almorzaba veía en titulares, redes sociales, medios de comunicación, etcétera, al senador de Comunidad Ciudadana (CC) Rodrigo Paz Pereira; señalaba que el país ya no está en condiciones de asumir más deudas y que el dinero se estaría utilizando para otros fines. Me llamó la atención cómo se expresaba sobre la deuda pública nacional, hacía ver que el endeudamiento es malo; es por esa razón que decidí indagar un poco sobre la gestión de quien era alcalde del municipio de Tarija en el periodo de 2015 a 2020, me refiero al senador Paz.

El Servicio de la Deuda (SD) es entendida como el pago que debe hacer la persona o institución que haya adquirido una o más deudas a una institución financiera, en un periodo de tiempo determinado.

Según la página web del Ministerio de Economía, antes que ingrese Paz a la Alcaldía de Tarija, en 2015, el presupuesto para el SD llegaba a Bs 1,9 millones; en 2016 y 2017 se incrementó a Bs 2,5 millones; en 2018 a Bs 4,3 millones; en 2019 a Bs 12 millones y finalmente, en 2020 alcanzó a Bs 30,2 millones, es decir que de 2015 a 2020 el exalcalde incrementó la deuda exponencialmente, en un 1.489%, de Bs 1,9 millones a Bs 30,2 millones. Ahora bien, haciendo un ejercicio aritmético como lo hace el senador Paz y sus colegas que critican la deuda pública, según el Censo de Población y Vivienda 2012, el municipio de Tarija (Cercado) cuenta con 205.375 habitantes y dividiendo el SD de 2020, de Bs 30,2 millones entre la población, se tiene que cada tarijeño debe pagar un monto de Bs 147, es decir que dejó endeudados a los tarijeños durante varios años, puesto que estos recursos serán cubiertos con los impuestos que pagan los ciudadanos de ese municipio.

Por otro lado, respecto al pago de sueldos y salarios al personal de planta, eventual y consultores en el municipio de Tarija, se tiene que en 2015 el presupuesto para este fin ascendía a Bs 69,3 millones; sin embargo, para 2020 llegó a Bs 82,9 millones, es decir un aumento del 20%, equivalente a Bs 13,6 millones adicionales. Se puede deducir que, a medida que crecía el SD, también crecían los gastos en sueldos y salarios. De los datos expuestos, el municipio de Tarija, al frente del senador Paz, incurrió en créditos, es decir se prestó platita para financiar sus gastos y no solamente sobrevivía de las transferencias que realiza el nivel central del Estado por concepto de coparticipación tributaria y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos; por tanto, uno se pregunta ¿con qué moral uno critica?, lo más sano es tomar conciencia de lo que se hizo cuando era autoridad a la hora de criticar alguna medida y no es correcto satanizar una deuda pública, y menos si el destino final es para financiar proyectos de inversión, que benefician directamente a la población.

Gran parte de la deuda pública interna y externa que contrae el Gobierno es principalmente para ejecutar proyectos de inversión pública (en infraestructura, caminos, sector productivo, viviendas, etc.), con el fin de contribuir a dinamizar la economía del país y como consecuencia de esas medidas y otras, se tiene el nivel de pobreza más bajo que se haya registrado en la historia del país, el nivel de desigualdad más bajo que se ha logrado, el nivel de empleo más alto que se haya conseguido con 4,6 millones de personas ocupadas, la tasa de inflación más baja de la región, entre otros resultados positivos.

Rómer Bello Bernal es economista.

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