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Sunday 21 Apr 2024 | Actualizado a 21:15 PM

Santa Cruz, el paro que separa

Rubén Atahuichi

Por Rubén Atahuichi

/ 17 de agosto de 2022 / 01:42

La reciente resolución de la mesa técnica del Censo suscrita por autoridades del Gobierno, funcionarios del Instituto Nacional de Estadística (INE), el gobernador Luis Fernando Camacho, el alcalde Jhonny Fernández, el rector Vicente Cuéllar y los alcaldes del departamento implica la puesta en punto cero del conflicto por el Censo de Población y Vivienda para 2024, que en los últimos días había caracterizado a Santa Cruz.

Es que las conclusiones resultaron sabor a poco, aunque suficientes para Camacho, que se llenó de halagos al decirle a los cruceños que el Gobierno se abrió a una eventual modificación de la fecha del Censo, fijada ahora para mayo o junio de 2024. La Comisión Interinstitucional cruceña porfía en que el empadronamiento sea en 2023.

Mucho consuelo para algo que ya se había dicho antes en la reunión entre el presidente Luis Arce y los alcaldes: una consideración posterior del cronograma será posible con base en argumentos técnicos. Y ayer, en una entrevista con el streaming Piedra, papel y tinta, el alcalde Fernández dijo que la propuesta aprobada en la mesa técnica es la misma que llevó a Santa Cruz luego de su reunión con el mandatario y por la que lo tildaron de ‘traidor’.

Fernández se había desmarcado del último paro, consideró que no había motivos para la protesta luego de escuchar las explicaciones del Gobierno. En una entrevista con La Razón, el Alcalde justificó su decisión señalando que no se sumaba a las logias cruceñas ni al poder político y económico, expresión que lo distanció más del movimiento interinstitucional.

Un punto en contra de la unidad necesaria para una lucha regional.

Sobre llovido, mojado. Cuéllar desautorizó a Camacho en otra conversación con La Razón Radio, cuando dijo que el Gobernador no define nada. Al terminar el último paro, Camacho había adelantado propiciar más paros, más marchas e incluso cabildos.

Es más, el rector reivindicó su papel de coordinador de la Comisión Interinstitucional cuando se le preguntó si Camacho era vocero de la organización: “No, yo soy el coordinador”.

Era visible el quiebre, que se develó aún más con una “cumbre” fallida del jueves. Ante esa situación, Camacho debía buscar una salida honorable de la situación.

Sin haber sido tomado en cuenta en la mesa técnica prevista para el lunes, porque los interlocutores del Gobierno debían ser solo alcaldes, la universidad y el sistema asociativo municipal cruceño, el Gobernador optó por aceptar lo que había desahuciado antes: asistir a la mesa técnica. “Me inviten o no, voy a la reunión”, desafió.

Y asistió a la mesa técnica, el ministro Sergio Cusicanqui le abrió las puertas. Pudo exponer sus puntos de vista, se despojó de su actitud confrontacionista y hasta se expresó satisfecho por los resultados. La mesa técnica no hizo referencia a la fecha, solo mencionó, en el punto 3, que “las instituciones solicitaron compartir la presentación y el nuevo cronograma (…)”.

Mientras no haya una argumentación técnica, no hay posibilidad de modificar la nueva fecha del Censo. La mesa técnica no definió una eventual modificación. Y el Gobierno, por su lado, logró incluir a organismos internacionales en las mesas técnicas, como la CEPAL o la UNFPA, que antes había sugerido la postergación del empadronamiento para octubre de 2024.

Es más, en la reunión, “las instituciones coincidieron en que el desarrollo del Censo es un trabajo netamente técnico”.

Por eso afloraron ayer cuestionamientos radicales contra Camacho, que lo apuntan del fracaso de las protestas e insisten en retomar las movilizaciones. Como el Gobernador asintió las conclusiones, obligado por su incapacidad de mantener un conflicto y justificar las objeciones al Censo de 2024 que no tienen correspondencia en otros gobernadores y alcaldes, salvo Iván Arias, es blanco de las críticas.

No hay otros asuntos a la vista aglutinadores contra el Gobierno. A Camacho se le agotaron los argumentos; ahora tendrá que lidiar con su fracaso en el intento de contagiar descontento en todo el país. Tiene un serio problema que incluso dejó fisuras en la dirigencia cruceña, quizás por el interés de las logias y los grupos de poder.

Lo que antes del primer paro parecía un movimiento unitario, en el segundo de 48 horas se hizo trizas. Le tocará hacer tripas corazón para adherirse a las reglas democráticas que otros cultivan. Menos él.

Rubén Atahuichi es periodista.

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Rózsa y su plan: ‘No hay ejército todavía, hay que realizarlo’

En una entrevista con András Kepes en 2008, contó sobre su incursión

Eduardo Rózsa Flores en una toma anterior a 2008

Por Rubén Atahuichi

/ 16 de abril de 2024 / 06:45

Un primer registro próximo de ingreso/regreso al país de Eduardo Rózsa Flores data del 6 de noviembre de 2008. Aquel día se hospedó en el hotel Buganvillas de Santa Cruz, en la suite 334.

Luego, el 24 de diciembre de ese año, se trasladó a la habitación 326 del hotel Las Américas, en la misma ciudad. Aquí compartió la pieza con Dudog Gabor.

Volvió al mismo hotel el 12 de enero de 2009 y se quedó hasta el 21 de febrero. Estuvo acompañado, esta vez, por Magyarosi Arpád. Usó el nombre de Jorge Flores.

Consulte: Morales reivindica: La toma del hotel Las Américas fue en ‘defensa de la patria’ y contra el ‘separatismo’

Plan de Rózsa

Entre el 3 de abril y 14 de abril estuvo hospedado el hotel Santa Cruz bajo el nombre de Jorge Hurtado. Ese mismo 14 de abril se trasladó al hotel Las Américas, donde dos días después fue abatido por un comando policial junto con el rumano Magyarosi Arpád y el irlandés Michael Dwyer.

Una investigación de la Comisión Especial Multipartidaria de la Cámara de Diputados, en septiembre de 2009, estableció que quienes pagaron el hospedaje de Rózsa Flores y sus compañeros fueron, a su turno, Luis Alberto Hurtado Vaca, Enrique Vaca Pedraza y Carlos Guillén (+).

Alejandro Melgar compró los pasajes de avión de la célula.

 Mientras Rózsa vivía de forma discreta en el país (había llegado el 4 de octubre, según contó al periodista András Kepes), Bolivia salía de la crisis la Masacre de Porvenir, aquella intervención civil del 11 de septiembre contra manifestantes liderada por el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, que terminó con 13 muertos. Un estado de sitio en ese departamento y el último tramo de discusiones en la Asamblea Constituyente completaban el marco que recibió al ciudadano de origen boliviano y nacionalidad croata y húngara, nacido en Santa Cruz el 31 de marzo de 1960.

Cuando el comando de élite de la Policía Boliviana intervino en el hotel Las Américas, la nueva Constitución Política del Estado había pasado la prueba de un referéndum nacional y el país se encontraba en un nuevo debate: la Ley de Régimen Electoral. El MAS pretende ahogar al Congreso por su ley electoral, titulaba La Razón el martes 7 de abril de 2009.

Y el día D, este mismo diario titulaba una noticia secundaria con No hay pistas del atentado al Cardenal. Era jueves ese fatídico día, hace 15 años como hoy.

El 8 de septiembre de 2008, Kepes, nacido en Budapest, Hungría, entrevistó a Rózsa, cuyo testimonio es crucial para comprender su incursión en Bolivia y la conformación de una célula inicial.

“Hace un año y medio me buscaron de Bolivia, donde yo nací, en Santa Cruz”, develó.

Nunca el hombre supo decir quién lo contactó, aunque habló de que estaba “en contacto, casi siempre por internet”.

Sin embargo, su propósito era mayor. Cuando Kepes le preguntó si le llamaron a la posición del “comandante general del ejército”, Rózsa respondió: “No, no hay ejército todavía, hay que realizarlo”.

Advirtió que la conformación de ese ejército tardaría décadas. Pero apostaba por conformar “urgentemente” un “núcleo”. Será “dentro de la nada el núcleo de lo que en el futuro convertirá en milicia, cuya tarea principal será la autodefensa” y señalar la “fuerza”.

Dato

No obstante, Rózsa aclaró: “Pues no se trata de que los chicos vayan marchando en las calles con banderas y barras de bambú, sino que hacen falta armas”.

“Por ahora ayudo a coordinar la defensa de la ciudad de Santa Cruz, porque piensan que el Gobierno, con la fuerza militar, atacaría esta ciudad”, suponía.

Contó que el “consejo cruceño” estaban planteando un plan de defensa. “Este plan exige que se cuide la propiedad privada, que los ciudadanos puedan vivir en paz y que hay que defender a las autoridades como el prefecto y otros ciudadanos”.

“Y les dije: ‘hermanos cómo se va a llamar el grupo’”, recordó.

Rózsa sabía de sus limitaciones y temía que la incursión termine en caos.

“¿Qué busco yo aquí? Algunas personas piensan que aquí va a haber problemas más grandes. Hay una persona que pidió cooperación, que vuelva a casa y que ayude. Bueno, no soy Rambo, ni Superman”, admitió.

Objetivo

 “Yo tengo un poco de experiencia de guerras”, llamó la atención Rózsa, no obstante.

Pero fue contundente: “Si no hay autonomía y no podemos vivir juntos, vamos a gritar que somos independientes, y haremos un nuevo país. Ésa es la idea, primero están probando razonar para prevenir la matanza de la gente, pero queremos mostrar la fuerza e independizarnos. Mi alma ya está en Santa Cruz”.

Presume el informe de la comisión especial de la Cámara de Diputados que el “consejo” al que aludió Eduardo Rózsa Flores estaba conformado por Rubén Costas Aguilera, Branko Marinkovic, Eduardo Paz, Mauricio roca y Germán Antelo.

(16/04/2024)

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‘Víctimas’ acuden a la CIDH y acusan al Estado

El procurador César Siles informó de otras seis peticiones pendientes

El procurador César Siles, este domingo

Por Rubén Atahuichi

/ 15 de abril de 2024 / 10:16

El procurador general del Estado, César Siles, informó ayer que siete “supuestas víctimas” acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“El Estado es notificado por una petición de Mario Tadic, Elöd Tóásó, Juan Carlos Guedes, Michael Dwyer (+) y Alcides Mendoza”, informó ayer en Bolivia TV.

Según explicó Siles, esas “supuestas víctimas”, como llamó, “persiguen que el Estado sea responsabilizado internacionalmente por vejaciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales” en el caso de la intervención del hotel Las Américas en 2009.

A la primera petición ante la CIDH, del 29 de septiembre de 2009, se han sumado otras seis más, planteadas por Ronald Castedo, Juan Carlos Santiesteban, Alejandro Santiesteban, Branko Marinkovic y Zvonko Matkovic.

Consulte también: Giro del caso Terrorismo: Morales no se presentará, desafía a que lo encarcelen

Estado

En criterio de Siles, la Procuraduría, como “abogado” del Estado, está “pidiendo que se acumulen (las peticiones) porque hay identidades de sujeto, objeto y causa”.

Aclaró que las sindicaciones no son contra una persona en particular, sino contra el Estado.

El caso se encuentra en “un momento procesal” de un informe de fondo que contiene cinco recomendaciones para el Estado: reparación económica, rehabilitación, satisfacción pública, investigación y modificación de currículas en la Fiscalía y la Policía.

Bolivia está en proceso de cumplimiento, afirmó Siles.

Dijo que hay riesgo de que el caso llegue la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

(15/04/2024)

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Arce aboga por la paz en Medio Oriente y pide a la ONU frenar la escalada entre Irán e Israel

“En la guerra no hay ganadores, todos pierden, y la escalada de violencia a nivel mundial pone a la humanidad en riesgo de desaparecer”, afirmó el presidente Luis Arce en sus redes sociales.

El presidente Luis Arce, el sábado en Yacuiba.

Por Rubén Atahuichi

/ 14 de abril de 2024 / 16:48

A través de sus redes sociales, el presidente Luis Arce abogó por la paz en Medio Oriente y reclamó de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una reunión para frenar una escalada bélica entre Irán e Israel.

Así reaccionó el mandatario boliviano a la represalia que Irán tomó sobre Israel al disparar drones y misiles la tarde y noche del sábado contra objetivos militares israelíes. El 1 de abril, un ataque al Consulado de Irán en Damasco, Siria, terminó con 13 fallecidos, siete de los cuales agentes de la Guardia Revolucionaria. Irán atribuyó el hecho a Israel.

“Nos unimos al llamado de otros países del mundo para establecer la paz en Medio Oriente dentro del marco del derecho internacional”, anunció Arce.

Preocupado, el Presidente también apeló al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para que convoque a una reunión del organismo “para evitar que este conflicto escale hacia una tercera guerra mundial”.

Puede leer: Los iraníes, entre temor y orgullo tras el ataque contra Israel

Riesgo mundial

“En la guerra no hay ganadores, todos pierden, y la escalada de violencia a nivel mundial pone a la humanidad en riesgo de desaparecer”, afirmó Arce en sus redes sociales.

Consideró que la guerra “es el peor camino para resolver los conflictos internacionales”. “El respeto por la vida, la paz y la seguridad deben ser los principios rectores en las relaciones entre Estados y pueblos”, exhortó.

Irán comunicó oficialmente que el operativo del sábado, del que es dijo que movilizó al menos 500 drones y misiles, terminó. “El caso puede considerarse cerrado”, reportó su delegación en la ONU.

Su presidente, Ebrahim Raisi, advirtió que cualquier acción “imprudente” de Israel y sus aliados conducirá a una “repuesta más fuerte” de la República Islámica, informó la agencia AFP.

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De Quinteros a Glas, el secuestro armado en una embajada

La detención del político en la legación de México causó repudio total

En mayo de 2021 se inauguró una plaza para Quinteros.

Por Rubén Atahuichi

/ 14 de abril de 2024 / 06:50

A media mañana del 28 de junio de 1976, Elena Cándida Quinteros Almeida burló a sus custodios con una coartada: “entregar” a su compañero buscado también por las fuerzas represivas, militares y policías, de la dictadura de Uruguay.

Su idea era acercarse a la Embajada de Venezuela en Montevideo, entre Bulevar Artigas y Palmar. Pudo convencer a sus captores para su propósito final: asilo en la embajada extranjera.

“Al acercarse al lugar de a pie, comienza a correr y desde un jardín lindero salta hacia el predio de la embajada pidiendo asilo y gritando su nombre”, señala el reporte sobre Detenidos desaparecidos por responsabilidad y/o aquiescencia del Estado, actualizado en 2018 por el Equipo de Investigación Histórica y difundido por la Secretaría de Derechos Humanos del Pasado Reciente, de la presidencia de Uruguay.

Se trata de un caso emblemático de intrusión en una legación extranjera que, entonces, derivó en la ruptura de relaciones entre los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, de Venezuela, y la dictadura entrante de Pedro Alberto Demicheli, de Uruguay.

“Tras ella iban los funcionarios policiales de custodia que invaden la sede diplomática y tomándola de los cabellos la arrastraron hacia el exterior de la embajada”, relata el informe.

Varios uruguayos refugiados en la embajada vieron el incidente. “Oímos gritos y vimos a numerosos funcionarios correr hacia el exterior”, recuerda sobre los hechos Alberto Grille Motta, asilado junto con su esposa, Alba Coronel, y Enrique Baroni, Miguel Millán y Federico Falkner.

Una imagen de Elena Quinteros Almeida.
Una imagen de Elena Quinteros Almeida.

Entonces, el consejero y el secretario de la Embajada de Venezuela, Frank Becerra y Carlos Olivares, respectivamente, intentaron impedir el secuestro armado de Quinteros Almeida, una maestra de 30 años integrante de la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE) y militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVD), que había sido detenida el 24 de junio en su vivienda de la calle Ramón Massini 3044, apartamento 103.

“Al sacarla del predio de la Embajada es conducida a un vehículo (Volkswagen verde) y a unas pocas cuadras la transbordan a una camioneta del Ejército”, detalla el informe.

“De ser violada la Embajada, Policía penetró Sede y sacó violentamente a una dama que solicitaba asilo. Policía maltrató Consejero. Acabo formular protesta ante el Gobierno, reclamando la señora y pidiendo castigo policía. Seguiré informando (sic)”, señala el radiograma que ese día expidió el embajador de Venezuela en Uruguay, Julio Ramos.

También puede leer: Ecuador afirma que detención de exvicepresidente se dio ante ‘riesgo real de fuga inminente’

A 48 años de aquel episodio, otro sacudió a la región y el mundo entre la noche del viernes 5 y la madrugada del sábado 6 de abril en Quito, cuando fuerzas de élite pertrechadas y encapuchadas del gobierno de Ecuador irrumpieron en la Embajada de México para secuestrar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, sentenciado por corrupción y asilado en esa legación.

“México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador”, anunció el sábado la canciller mexicana Alicia Bárcena Ibarra.

Además, adelantó que su país recurrirá a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para buscar una sanción penal contra Ecuador.

“A México se la respeta”, sentención el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el 9 de abril, cuando presentó el video del asalto a la embajada en Quito, que muestra cómo los agentes ecuatorianos irrumpen en el edificio con violencia y reducen a funcionarios, principalmente a Roberto Canseco, jefe de Cancillería y Asuntos Políticos de México en Ecuador.

En otro video publicado el mismo día de la intervención, el funcionario es visto golpeado por policías encapuchados.

La acción ecuatoriana generó repudio internacional, y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó “enérgicamente la intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en el Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la misión”.

SITUACIÓN.

Luego de ser detenido en la Embajada de México, Glas fue hospitalizado debido a un cuadro de sobredosis de ansiolíticos y antidepresivos.

Dado de alta el miércoles 9 de abril, fue devuelto a la cárcel de máxima seguridad La Roca.

Si bien parecida la detención a la de Glas, la suerte de Quinteros fue distinta. El informe del Equipo de Investigación Histórica señala que la maestra rural estuvo detenida en el Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA) “previo a su desaparición”.

El alférez Juan Carlos Larcebeau atestiguó diciendo que, una vez detenida en la embajada, la “plana mayor” dispuso que “del tema Quinteros no se habla más”.

Perfil

Nombre: Elena Cándida Quinteros Almeida

Profesión: Maestra Nació: 09- 09-1945

¿Muerte? Carlos Ramela dijo que Quinteros, alias ‘Claudia’, ‘Blanca, ‘La Parda’, ‘La negra Elena’, “estaba con vida” los días 4, 10 y 25 de agosto. 

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Murillo deberá indemnizar con $us 6,2 millones a Bolivia por el caso Gases lacrimógenos

La Razón accedió al texto de la “sentencia final parcial contra Arturo Carlos Murillo Prijic”, emanada el 9 de abril por el Undécimo Distrito Judicial de Miami, Florida.

Arturo Murillo, cuando, junto a Luis Fernando López, advirtió con detener a Evo Morales en 2020.

/ 10 de abril de 2024 / 13:08

Un tribunal de Estados Unidos dictó una sentencia parcial por la que el exministro de Gobierno Arturo Murillo deberá indemnizar a Bolivia con $us 6.287.525,42 en el caso de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos en 2019.

La Razón accedió al texto de la “sentencia final parcial contra Arturo Carlos Murillo Prijic”, emanada el 9 de abril por el Undécimo Distrito Judicial de Miami, Florida.

En 2019, a la semana de irrumpir en el poder Jeanine Áñez, el entonces ministro de Gobierno, en coordinación con su colega de Defensa, Luis Fernando López, encargó la compra de material antidisturbios a la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS) de parte de la firma Cóndor.

Por el lote de granadas de gas y otros elementos antidisturbios, Bolivia pagó $us 5,6 millones, de los cuales, según las investigaciones, $us 2,3 millones fueron sobreprecio.

Puede leer: Arturo Murillo es condenado a 70 meses de prisión en EEUU y la sentencia es inapelable

Parte de ese dinero fue ingresado a Estados Unidos sin reporte legal. Ante esta acción, Murillo y sus colaboradores fueron detenidos y posteriormente sentenciados en ese país por delitos de soborno y lavado de dinero.

Demanda

Bolivia recurrió a la Justicia de Estados Unidos para recuperar ese dinero. Luego de varios recursos, presentó una tercera enmienda el 17 de febrero de 2023. Los últimos argumentos del Estado fueron presentados el 24 de marzo de 2024, señala la traducción del documento.

Ante esa información, el tribunal de Miami decidió que Murillo pague esa indemnización, que se desglosa así: $us 2.291.402,00 por daños reales; $us 443.319.42 por intereses previos al juicio devengados desde el 8 de abril de 2020 al 27 de marzo de 2024; $us 569,09 de viáticos por día hasta la sentencia definitiva y $us 1.030.000 por otras fuentes relativas al litigio.

Murillo fue acusado en Estados Unidos con delitos de incumplimiento del deber fiduciario, conspiración civil, violación de la Ley RICO de Florida, enriquecimiento injusto, gravamen equitativo y demanda constructiva.

Rebelde

Según la sentencia, el exministro no respondió ni se defendió ante las enmiendas de Bolivia. “En consecuencia, el 10 de marzo de 2024, el tribunal declaró rebeldía contra el demandado Murillo”, señala el fallo.

Así, dicho tribunal consideró que “Bolivia tendrá y recuperará contra el demandado Murillo una indemnización por daños y perjuicios por la cantidad de $us 6.287.525,42”.

La misma sentencia subraya el caso de compra con sobreprecio presentado por Bolivia, que se refiere el “Contrato de Armas” celebrado el 19 de diciembre de 2019 por “$us 5,649,137.00, el cual incluyó un recargo indebido de $us 2.291.402.00”.

Según las consideraciones de la sentencia, “el recargo indebido se utilizó luego para pagar sobornos al demandado Murillo por su papel en la obtención del Contrato de Armas”.

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