La semana pasada, el tema del litio, más allá de la preocupación del Gobierno, ganó los medios, las calles, las carreteras y la atención de propios y extraños. Los peticionarios son múltiples, desde la jefa del Comando Sur, Laura Richardson; parlamentarios de Potosí, organizaciones sociales rurales, cooperativistas mineros, hasta un reo golpista y el comité cívico potosinista: si bien el tema es único, el litio, las percepciones y los intereses son diversos.

Las expresiones de la oficial del Ejército norteamericano, acostumbrado a considerarnos su patio trasero y disponer de nuestros recursos naturales, reflejan la preocupación del imperio ante los atisbos de soberanía de nuestros pueblos: las expresiones del Gobierno de Chile de crear una empresa estatal del litio, el deseo del Presidente de México para unir a los países latinoamericanos poseedores de litio, la firma de un acuerdo de Bolivia con una empresa china, han provocado sus declaraciones. En realidad, devela la lucha que nos espera y no es que hasta hoy no hayan hecho nada. Recordemos que el magnate de los autos eléctricos Elon Musk respondió a una serie de tuits sobre el golpe de noviembre 2019 que “sin duda golpearíamos para defender nuestros intereses”; de hecho, con el golpe, se paralizó y destruyó el proyecto industrial en desarrollo en Uyuni. ¿Podemos considerar innovadora la idea de la extracción directa del litio cuando la iniciativa viene de una empresa norteamericana que luego desapareció en el momento de la licitación?

A este enemigo lo conocemos, en 1942, en plena II Guerra Mundial, provocó la masacre de Catavi, cuando los mineros hicieron una huelga y el gobierno de Peñaranda usó al ejército para garantizar la provisión de estaño a Estados Unidos; acumuló este metal para causar la baja de su precio cuando se nacionalizó las minas; igualmente fueron múltiples sus maniobras para evitar la fundición de estaño.

Las organizaciones indígena originaria campesinas de las cuatro regiones de Potosí se movilizaron por la marginalidad a que se les ha sometido en la participación del proyecto, cuando han sido ellas las que defendieron el litio en épocas del neoliberalismo, llevaron la iniciativa para que el gobierno de Evo Morales iniciara el proyecto, y coadyuvaron a su implementación; hoy exigen ser tomadas en cuenta y piden la conclusión del proyecto del cual fueron las impulsoras. A la hora nona el gerente de YLB pidió el apoyo del pueblo y se quejó de la pérdida de $us 400.000 día por la paralización de la planta a la cual no deja de denostar como anticuada; las organizaciones sociales no tienen que ser llamadas solo para apoyar, sino deben ser protagonistas del proceso de cambio, son ellas que, elevadas a la conducción del Estado, construirán la nueva Bolivia.

Paralela a la movilización social, el Comité Cívico Potosinista declaró un paro de 72 horas; su principal demanda es la promulgación de la ley del litio, según ellos, elaborada en consenso por los departamentos de Potosí y Oruro. La lectura del proyecto devela su visión ideológica, al pretender que el Estado renuncie al monopolio de la explotación del litio en su fase primaria; la política del Estado Plurinacional dispone que la explotación de los recursos evaporíticos tiene una función estratégica, lo que de por sí la hace indelegable. De hecho, la presencia de un socio privado evitaría la disposición del recurso en función del desarrollo nacional y mucho más si se busca tener una política regional en el continente; los antecedentes de la capitalización, privatización y los contratos de riesgo compartido mostraron que no hay socio digno, dado que se mueven en la lógica de la acumulación a cualquier costo.

Otra aberración es que se pretende crear un ministerio del litio: se aprovecha el error que fue sacar a los evaporíticos del área minera, primero a energía y hoy a hidrocarburos. El litio, el potasio, el magnesio son metales y según la Constitución Política su explotación por el Estado la debe realizar una empresa autárquica; lo otro es crear burocracia, dispersar recursos, inviabilizar los procesos de investigación científica y perder las ventajas de una economía de escala. La fabricación de baterías requiere unos 30 componentes, la mayoría metales y no metales, que los explota la minería. Por otro lado, se pretende una regalía de 20%, cuando el oro debería pagar 7%, según la ley; no se toma en cuenta el costo de refinación en un yacimiento que tiene una concentración de 0,0001% de litio y se olvida que la minería tributa 37,5% de sus utilidades al Estado.

La preocupación de las regiones por su futuro es legítima, no debe preocuparnos que indaguen o protesten; al contrario, hay que alentar su participación; lo que no podemos permitir es que se mate la guagua antes de que nazca.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

La prensa anuncia la publicación de la “obra reunida” de Juan Carlos Pinto Quintanilla, al cumplirse dos años de su muerte: qué mejor homenaje que poner a disposición de las nuevas generaciones las visiones, aportes y dudas que tenía Juan Carlos, para entender el proceso de cambio e insistir en su profundización.

JC Pinto es de la generación que estuvo dispuesta a entregar su vida para destruir un sistema que aniquila a los hombres y la naturaleza con el fin de acumular riqueza; fiel a su formación, no podía permitir la profanación del templo por mercaderes que explotaban al hombre; su rebeldía le llevó a empuñar la escoba para barrer tanto oprobio. En la cárcel siguió proclamando su verdad, su acción le llevó a denunciar y mejorar las condiciones del cautiverio, para que el hombre enjaulado no perdiera su dignidad.

En el apogeo del neoliberalismo cuando se notaba el debilitamiento de la clase obrera a tal grado que estaba ausente de las batallas que se desarrollaban al iniciarse el siglo XXI, Juan Carlos buscó fortalecer el movimiento sindical, a través de la Mesa de Reflexión Sindical. La historia siguió su curso, el pueblo encauzó su energía y llegamos a la victoria del 18 de diciembre de 2005.

Las tareas inmediatas planteadas fueron la nacionalización de los hidrocarburos y la Asamblea Constituyente. Juan Carlos estuvo presente en la organización y desarrollo de la Asamblea —la reunión de todos y todas— en la diversidad y los antagonismos propios de la misma, vibró con las batallas desarrolladas y aceptó que la acción moribunda de la República tenía en el Congreso colonial su último baluarte, logrando hasta 144 modificaciones al texto aprobado por la Asamblea. Era una victoria coyuntural la nueva Constitución, entendiendo que debiera restituirse lo recortado en una nueva acumulación de fuerzas: no duda de calificarla como una Constitución de transición. Surge la interrogante: ¿qué de lo esencial se quitó del diseño plurinacional para prolongar la agonía de la vieja República? Igualmente se planteó el dilema: ¿utilizar la vieja estructura estatal para avanzar o pugnar para destruirlo?

No basta el diseño: desmontar y, aún más, destruir las bases de la discriminación y la explotación requieren de mil batallas y de cada día, pero a la vez se trata de construir una nueva sociedad en base a nuevos paradigmas de sociedad, contrarios al sentido común inculcado durante siglos: el acumular riqueza para ser alguien, el triunfo personal sobre la desgracia de otros, la viveza de unos cuantos sobre la ignorancia de otros; se trata de hacer una revolución para cambiar el mundo, y la lógica impuesta por las leyes ciegas del mercado hoy requiere una acción consciente de todos los hombres y las mujeres; entonces la tarea principal es cambiar a la persona, crear al hombre nuevo.

Las reflexiones de JC Pinto en ese sentido nos ilustran los errores en que se caen por la inercia del viejo Estado: no entender la diferencia de hacer obras para el pueblo que con el pueblo; la primera es una visión paternal y de beneficencia, la segunda se constituye en una escuela de formación político-ideológica donde el pueblo aprueba la pertinencia de la obra, sabe de los costos y la forma como se financia, la racionalidad de los gastos o la desviación de ellos, el origen de los materiales y la conciencia de lo que nos falta. Por otro lado, no entender la diferencia entre funcionario y servidor público: en las empresas productivas del Estado, el obrero deja de ser un asalariado para ser un servidor del pueblo y no corresponde pelear contra el patrón —que es el pueblo— si éste le garantiza estabilidad laboral y un ingreso digno; su función más bien es cuidar la propiedad del pueblo y asegurar que su empresa sea eficiente; el quemeimportismo hace que la conducción de la empresa caiga en manos de una burocracia que la considera su propia hacienda, llevando a que sea una empresa ineficiente, que justifica la condena de propios y extraños.

JC Pinto coincide con el vicepresidente de entonces, Álvaro García Linera, que el movimiento social entró en un momento de reflujo conservador convirtiéndose en “beneficiarios y no en proponentes o interpeladoras”; el desafío actual está en determinar si esta actitud se romperá en una nueva oleada de rebeldía o se canalizará en propuestas que incentiven la participación en la toma de decisiones en la gestión gubernamental, con más democracia.

Poner en vigencia el ‘vivir bien’ es una tarea enorme, por lo cual la reflexión sobre cada paso que demos debe ser valorada críticamente, se trata de marchar conscientemente y eso requiere la meditación reflexiva sobre lo que hacemos; como dice Juan Carlos, “el proceso no solo necesita de una militancia activa, requiere con la misma fuerza que se lo critique y se delibere para construir colectivamente nuestro país”.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

Casi simultáneamente han entrado al debate tres medidas que buscan aumentar la disponibilidad de divisas en manos del Estado. La primera es el bono de remesas, por el que se vende bonos en dólares con una tasa de interés de 3 % anual, siendo una manera de captar divisas y ahorrar sin la necesidad de cambiarlos a bolivianos. La segunda medida es la compra de dólares a los exportadores a una tasa unos puntos más que en el rango oficial (entre Bs 6,86 y 6,96). Y la tercera es la compra de oro por parte del Banco Central a los productores auríferos. Estas medidas han sido tomadas por algunos como señales de una crisis económica, cuando no es cierto, sin embargo, desnudan la orfandad del Estado para cubrir sus necesidades en el comercio exterior. Las medidas no dejan de ser incentivos con tratamientos diferenciales que pueden distorsionarse o ser mal usados. Lo real es que el Estado no controla las divisas que el pueblo trabajador genera con las exportaciones, lo que puede llevar peligrosamente a que se pierda el control de la estabilidad de la moneda, principal objetivo del Banco Central de Bolivia (BCB); por ello se debe volver a la entrega obligatoria de divisas por los exportadores al BCB.

La obligatoriedad de la entrega de divisas como una necesidad de soberanía económica se internalizó en la conciencia nacional después de la Guerra del Chaco; la promulgación de esta norma por el tcnl. Germán Busch le llevó al suicidio/asesinato. Su heredero, el cnl. Gualberto Villarroel, corrió la misma suerte en el farol de la plaza Murillo. Al triunfo de la revolución de abril de 1952, con una enorme fuerza social, se tomó la medida para que el Estado disponga de divisas para emprender las tareas de diversificación e integración económica. En ese entonces, el mayor exportador era la Comibol, con el 70 %. En las postrimerías del modelo del nacionalismo revolucionario, el “célebre” DS 21060 en su artículo 5 expresa: “Se mantiene el régimen de venta obligatoria al Estado, del cien por ciento (l00%) de las divisas provenientes de la exportación de bienes y servicios, de los sectores público y privado, con la única deducción de los gastos de realización o tratamiento efectuados en moneda extranjera”; otros tres artículos se refieren al procedimiento y pone un límite a los “gastos de realización y tratamiento”.

Luego de la conclusión de los procesos de capitalización y privatización, el modelo neoliberal levantó la obligatoriedad de la entrega de divisas: era la condición para que los “socios estratégicos” sacaran los réditos económicos del país. Al presente subsiste la norma por la cual los exportadores no ingresan al país la totalidad de divisas que reciben y lo hacen por intermedio de la banca privada. Quienes entregan las divisas de sus exportaciones al BCB solo son YPFB y la fundidora de estaño; el resto (agroindustriales, empresas mineras etc.), no lo hace. El aparato productor estatal está estancado y no se vislumbra un mayor aporte de divisas al corto plazo, mientras la urgencia del Estado de satisfacer las necesidades nacionales como la compra de combustibles, el equipamiento en salud, el desarrollo de la infraestructura caminera, los procesos de industrialización, etc., van en aumento.

La situación es paradójica: a principios de año se confirmó el récord en exportaciones ($us 13.600 millones), pero nuestras reservas caen. ¿Vale la pena seguir aumentando las exportaciones? Claro que sí; sin embargo, esta operación debe ser no solo de salida de divisas, sino también de entrada de ellas al país, lo otro es fuga de capitales, creándose un poder económico superior al Estado, el que tiene que ser combatido.

El Gobierno ha tomado medidas que han ayudado a aumentar la productividad: estabilidad económica, liberación de impuestos a la importación de bienes de capital, subvención a los combustibles, apertura de mercados en el exterior, créditos de fomento, etc.; los resultados son claros, con el crecimiento del PIB en 4 %. Este esfuerzo nacional tiene que beneficiar a todos y no solo a una nueva oligarquía que anida en la debilidad del Estado.

El modelo económico social comunitario es antagónico al neoliberal de libre mercado, por eso le da al Estado un rol de planificador del desarrollo, para articular la pluralidad de la economía en un Estado soberano, “buscando la distribución equitativa de la riqueza, y de los recursos económicos del país, con el objeto de evitar la desigualdad, la exclusión social y económica y erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones”, como reza la Constitución Política del Estado.

La obligatoriedad de entrega de divisas al Estado no es una expropiación, la devolución de su valor en bolivianos permite dinamizar el mercado interno y emprender proyectos de sustitución de importaciones; en este sentido es una bandera nacional que debe unir a todo el pueblo deseoso de una patria para todos.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

El informe de cierre de gestión del Ministerio de Minería y Metalurgia dado a conocer a fines de enero ratificó la tendencia que se veía a mediados de año: la minería es el principal sector exportador, con un monto de $us 6.134 millones hasta noviembre; los principales metales son el oro, la plata, el zinc, el plomo y en un cuarto lugar, el estaño. Hemos dejado de ser monoproductores, como lo fuimos hasta la década de los 80 con el estaño, pero no dejamos de exportar metales en su condición primaria como concentrados.

Sin embargo, lo que ganó los titulares fue la afirmación del ministro de que “regalamos 1.200 millones de dólares en los concentrados de zinc”, por el no pago de metales valiosos como el indio, el cadmio, el galio; no mencionó otros metales no menos valiosos como el estaño, el azufre, hierro, plomo, antimonio que también acompañan a estos concentrados en un volumen de las 490.083 TMF. Esta generosidad anunciada terminará con la construcción de una refinería de zinc para procesar 150.000 TMF de estos concentrados.

Esta es una realidad de viejo cuño, pero, con otros términos, Marcelo Quiroga Santa Cruz lo llamaba “saqueo”. En 1967, cuando se firmaba el contrato de explotación de la mina Matilde con Phillip Brothers, él mismo logró introducir una cláusula para la instalación de una refinería de zinc: el contrato se firmó, pero la cláusula quedó en el olvido.

El último intento de dar curso a una refinería de zinc se realizó en 2018, cuando en el Ministerio de Minería se discutía su viabilidad, viendo rasgos técnicos al buscar elegir entre la vía piro (fundición) o hidro (procesos químico-físicos). La primera opción la apoyaba la empresa Vinto y la segunda, Comibol. La reunión concluyó con una tajante afirmación de un meritorio catedrático de la universidad de Oruro: “Cualquiera, pero hagan”, es decir la decisión era política. Se prohibió a la Comibol continuar con su proyecto, cerrando un nuevo capítulo de nuestras frustraciones. Hoy las razones parecen ser financieras, al haberse optado por un proceso que combina condiciones físicas (presión- temperatura) y reacciones químicas (es decir, la opción hidro), que lo realizará Vinto.

Como antes, la decisión es política y se enmarca en el proceso de la industrialización del gobierno del presidente Arce, pero también se trata de una racionalidad financiera. Si el costo de una planta es de $us 350 millones para el tratamiento de 150.000 TM, para tratar el resto se necesitaría otras dos más, haciendo un total de $us 1.050 millones, inversión que se puede recuperar en un año de operaciones; por ser estratégico y de carácter nacional, no puede condicionarse a la voluntad de un financiador externo. Así las exportaciones mineras superarán los $us 9.000 millones, pudiendo duplicar su valor con procesos de industrialización; pero además, refinar en el país significa ahorrar casi el 50% de los costos de operación que se debitan en el exterior por gastos de la misma refinación, el transporte, seguro, estiaje, etc.

En la misma línea, el segundo producto en volumen que exportamos son los concentrados de plomo: 112.139 TMF en 2018, con un valor de $us 263.054 millones. Estos concentrados tienen como agregados estaño, bismuto, antimonio, cobre, oro, arsénico, indio, de los que tampoco nos pagan ni reportan nada. En San Cristóbal, el costo de tratamiento en el exterior significa el 44% del valor bruto de los concentrados de plomo, por lo cual no reportan utilidades; en Karachipampa, el valor calculado por la recuperación de estos elementos es de $us 20 millones, tratando 50.000 TM de concentrados de plomo-plata; al requerirse $us 40 millones para su adecuación, éstos podrían cubrirse en dos años.

El ministro, nostálgicamente, determina que la ejecución del proyecto de zinc sea por la Empresa Metalúrgica Vinto, cuando ésta es subsidiaria de la Comibol (trabaja con su NIT) como reza la Constitución Política del Estado y las leyes de Minería y de Empresas Públicas; este cuestionamiento se amplía a sus resultados económicos cuando declara utilidades, mientras no tiene capacidad de pago a las empresas y cooperativas que le proveen la materia prima.

La soberanía peligra cuando no hay independencia económica, ésta depende del desarrollo que alcancemos. La naturaleza nos ha dado una riqueza minera codiciada por extranjeros, los que sistemáticamente se han opuesto a la instalación de las fundiciones en el país, arguyendo toda clase de problemas: económicos, técnicos, institucionales, regionales, políticos, etc. Detrás de estos argumentos está la mano que nos condena a un eterno saqueo de nuestros recursos naturales. ¿Será que esta vez el Estado Plurinacional logrará cumplir con este objetivo?

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

La semana pasada, víspera del 14 aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, se han hecho anuncios transcendentes sobre la existencia de un yacimiento de plata, supuestamente, el más grande de nuestra historia, y la firma de un convenio para la explotación del litio y la producción de baterías, lo que nos llevaría a ser un principal productor del mundo.

Las reacciones han sido diversas. Desde los cálculos acelerados de ingresos, de pronósticos, de situarnos a nivel mundial, la oportunidad de sacar una mayor tajada para cada uno de los actores. La verdad, de lo dicho, hay muy poca claridad.

El proyecto “Arenas de plata” comenzó en 2016, cuando la empresa New Pacific compró Alcira S.A. y vio la necesidad de ampliar su área de trabajo con pertenencias de la Comibol; en 2018 firmó un contrato de producción minera con la empresa estatal, que no fue aceptado por el Ejecutivo, ni mucho menos puesto a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional, encargada de autorizar todo contrato referido a recursos naturales. De esa fecha hasta el presente no se ha tenido mayores informes; la misma Comibol ignora lo que ha sucedido, mientras el Gobierno señala que hay que ser prudentes y conocer el proyecto de factibilidad. Sea como sea es una esperanza que, ojalá, sea una realidad.

El anuncio de la suscripción de un convenio por el presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, con el consorcio chino CBC para la explotación del litio y la fabricación de baterías le da una seriedad enorme, aunque no se conozca los detalles de dicho convenio; en su discurso reiteró que lo importante es la industrialización, es de esperar que este anuncio se amplíe con la publicación del convenio.

La riqueza que atesora el país inmortalizó la frase de Miguel de Cervantes “vale un Potosí”, llegó a la península ibérica e irradió el desarrollo a toda Europa. La abundancia de La Salvadora dio al estaño boliviano la capacidad de determinar el precio internacional del metal; San Cristóbal es catalogada, actualmente, como la mina más importante de zinc en el mundo; sin embargo, la fama no deja de ser un halago, cuando el patrimonio se escurre de nuestras manos y su fulgor ilumina otros lares.

Así Potosí no dejó de ser una villa, Siglo XX desapareció al comenzar el nuevo siglo, el viento, al igual que la pobreza, se pasea por Colquechaca, Porco, San José, Huanchaca, Portugalete y tantas otras minas que tuvieron renombre mundial. La fortuna, al decir de algunos, solo trajo maldición a las regiones, condenadas a vivir de los minerales: no se tuvo la capacidad de impulsar otras actividades productivas, más perecederas en el tiempo, al margen del agotamiento del mineral y la fluctuación de los precios de las materias primas. Los minerales tienen en sí un valor intrínseco, capaz de ser el origen del capital para nuevos emprendimientos. Patiño nunca recurrió a los bancos, él creó bancos (con la plata de La Salvadora).

Es esta lección que recoge la Constitución del Estado Plurinacional para señalar el camino del crecimiento para nuestro país. A 14 años de su promulgación son muchas las dificultades y frustraciones que se ha tenido: el estancamiento de la cadena del estaño Huanuni- Vinto, la frustración de Karachipampa, las caídas de las licitaciones de la refinería de zinc, el golpe de Estado que frustró el proyecto del litio; la ausencia del Estado en la explotación del oro, son realidades que hay que asumirlas autocríticamente. Había la decisión política, pero no basta para romper con una serie de valores y conductas que dan como un hecho nuestra condición de productores primarios; las mismas universidades no pasan de este nivel de formación, se hace necesaria una revolución cultural y moral del conjunto de la sociedad.

No basta con definir un horizonte claro, hay que crear la institucionalidad para cumplir estos objetivos, precisando su rol, teniendo un equipo de dirección estratégica y de dirección ejecutiva, con una administración ágil y oportuna al ritmo de la función productiva, asumiendo responsabilidad individual en la toma de decisiones, pero también creando un conglomerado social que participe y contribuya a la eficiencia y racionalidad de la empresa. Aún falta tomar estas decisiones básicas, condiciones sine qua non para lograr avanzar.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.