La última vez que vi a José Rubén Zamora, fundador y director de elPeriódico, el principal diario de investigación de Guatemala, fue a principios de junio y me dijo que sospechaba que el Gobierno estaba armando un caso en su contra. Sus temores no eran infundados. Siete semanas después, el Gobierno fue por él. La noche del 29 de julio, autoridades guatemaltecas allanaron su casa y la sede del periódico. Algunos miembros del personal fueron detenidos por las autoridades durante más de 16 horas. Zamora fue arrestado y trasladado a la prisión Mariscal Zavala. Después, congelaron las cuentas bancarias del periódico, lo que significa que no puede pagarle a su personal.

La compleja situación de Zamora parece ser parte de una campaña de persecución del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, contra las instituciones y voces anticorrupción en el sistema judicial. Los periodistas o los medios de comunicación que investigan o critican al Gobierno han sido señalados cada vez más por su trabajo periodístico.

Los guatemaltecos han comenzado a advertir que su arresto señala una escalada significativa del embate del Gobierno contra los valores democráticos. Estados Unidos es el aliado más poderoso y el apoyo económico y socio comercial más importante del país más allá de las fronteras de Centroamérica. Muchos guatemaltecos dicen estar frustrados porque el gobierno de Joe Biden no ha respondido de manera más contundente ante la deriva autoritaria del país.

Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, quien también está en la lista de funcionarios corruptos del Departamento de Estado estadounidense, y es señalado específicamente por hacer acusaciones “falsas” contra fiscales y abogados, dijo que la detención de Zamora no tiene relación con “su calidad de periodista” sino que se le acusa de “múltiples delitos”, como lavado de dinero y chantaje.

Zamora, por su parte, advierte que es “un preso político”, víctima de “un montaje diseñado, fabricado y ejecutado con eficacia por el Presidente, la fiscal general y otras personas”. Está claro que su arresto es parte de un patrón más amplio del Gobierno de señalar y atacar a los periodistas por hacer su trabajo. Un informe de la Asociación de Periodistas de Guatemala publicado este año registra que desde que Giammattei asumió el cargo, en 2020, el Gobierno ha llevado a cabo 350 ataques contra la prensa. Hasta julio, al menos cinco periodistas guatemaltecos se han exiliado a consecuencia de cargos penales similares a los presentados contra Zamora, y otros enfrentan acusaciones parecidas.

El gobierno de Biden les debe a los defensores de la democracia guatemalteca más que tuits y listas de funcionarios corruptos. Puede y debe hablar con fuerza y actuar con determinación en defensa de la democracia del país. Estados Unidos podría retener la ayuda económica y militar a menos que el Gobierno guatemalteco demuestre que no está utilizando el sistema de justicia como una herramienta para la persecución política y no que no interfiera en la celebración de elecciones libres y justas.

Desde aquí, en América Latina, puede ser difícil entender qué es en lo que Estados Unidos cree, si es que cree en algo, con la suficiente resolución como para alzar la voz en defensa de aquellos que están siendo silenciados. Nadie debería esperar que los poderes militares y económicos detrás de Giammattei se sientan presionados. Zamora insiste en que el dinero por el que lo acusa el Gobierno de lavado fue un préstamo para mantener a flote a su periódico. Ojalá pudiéramos estar seguros de que la verdad será suficiente para liberarlo.

Francisco Goldman es periodista y columnista de The New York Times.