Durante los últimos días, algunas personas con amplia cobertura en prensa escrita y radial se han dado la libertad de realizar afirmaciones erróneas y sin fundamento metodológico de cálculo, señalando que la deuda pública del país se encuentra en sus niveles más elevados y que en términos del Producto Interno Bruto (PIB) llega al 80% del PIB.

Al respecto, es importante puntualizar y aclarar algunos elementos con relación al cálculo y análisis correcto de la deuda pública total, que debe ser abordada con mucho cuidado y responsabilidad, sin generar desinformación y falsa alarma en la población.

Empecemos señalando que la manera correcta de analizar la deuda pública externa, no solamente es observando el nivel de deuda, que a junio de 2022 alcanzó a $us 12.664 millones; también es importante determinar si este monto es o no sostenible, comparándolo con el tamaño de la economía, a través del ratio deuda/PIB. En ese sentido, la deuda pública externa llegó a 28,9% del PIB a junio de 2022, cifra inferior a 2021 (31,2%) y 2020 (33%) y muy por debajo de las tasas registradas en la época neoliberal (1985-2005), donde en promedio representaba 67% del PIB.

¿Qué significa lo anteriormente señalado? Que en el pasado cerca del 70% de todos nuestros ingresos como país estaban destinados a pagar la deuda externa contraída, empero, actualmente esa proporción disminuyó, como resultado de una administración responsable de las finanzas públicas y del endeudamiento público.

Por otro lado, es importante señalar que, si bien la deuda externa se incrementó en términos absolutos poco más del doble con relación a 2005, el PIB lo hizo en cuatro veces más respecto al mismo año. Ejemplifiquemos el tema para que se entienda mejor. Si un padre de familia tenía, en 2005, una deuda de Bs 6.000 con ingresos cercanos a Bs 9.000, su ratio de deuda era del 67%; si con el paso de los años, digamos en 2021, aumenta su deuda hasta llegar a Bs 12.000, esto daría la impresión de que se endeudó más, pero se olvida que sus ingresos también fueron creciendo con los años, hasta llegar a Bs 40.000, lo que implicaría un ratio del 30%. Ahora bien, cualquier entidad financiera al observar ambos momentos, concluiría que en el primero el peso de la deuda era muy elevado, en cambio en el segundo es mucho más manejable. En la actualidad, esa misma opinión es compartida por los organismos financieros multilaterales y bilaterales que otorgan créditos a Bolivia.

Con relación a la deuda interna, manifiestan que tuvo un fuerte incremento en los últimos años; sin embargo, olvidan señalar intencionalmente que el mayor incremento se registró en el gobierno de Jeanine Áñez, en 60% respecto a 2019, explicado principalmente por la emisión de créditos de liquidez, instrumentos que no habían sido empleados en el país desde 2005, debido a su alto riesgo por los plazos cortos de vencimiento. En 2021, la deuda interna emitida no solamente permitió honrar tales obligaciones de corto plazo, también comprar vacunas y atender la emergencia sanitaria por la pandemia.

Se habla de deuda pública total de alrededor del 78% del PIB, como si ésta fuera una simple suma de deuda interna y deuda externa, omitiendo deliberadamente aspectos metodológicos de cálculo e induciendo al error a propios y extraños. En efecto, siguiendo la metodología y las buenas prácticas internacionales de organismos internacionales, para el cálculo de la deuda pública total es imprescindible “netear o consolidar” la misma, a fin de evitar un error de doble contabilización; toda vez que la deuda interna del MEFP, a través del TGN, es un activo para el Banco Central de Bolivia (BCB) y un pasivo para el TGN, lo mismo sucede con las empresas públicas; es decir, si se hace referencia a la deuda de todo el sector público, las empresas públicas y el BCB forman parte del mismo. En esa línea, en 2021, la deuda pública del país alcanzó a 46% del PIB, según la Memoria del BCB.

Finalmente, endeudarse no es malo siempre y cuando permita mejorar y generar retornos futuros. Es el caso Bolivia, que entre 2006 y 2019 dirigió la deuda a inversión pública, situación totalmente contraria antes de 2005, cuando el país se endeudaba para pagar sueldos y salarios del sector público y para los “gastos reservados”.

Elio Alberto Colque es economista.