Voces

Saturday 1 Oct 2022 | Actualizado a 13:05 PM

Borradores

/ 19 de septiembre de 2022 / 01:32

Una parte de los escritos de autores como Karl Marx, Walter Benjamin o Michel Foucault son borradores y muchos de ellos son inéditos. Por ejemplo, una parte generosa de la obra de Marx es considerada borrador, incluso los especialistas tratan como un borrador a su obra más importante El Capital, pues Marx solo alcanzó a publicar en vida el tomo I y aún tenía muchas observaciones al texto y la intención de reformularlo. Los demás tomos de El Capital fueron armados y re-escritos por Engels bajo indicaciones hechas por Marx; sin embargo, los especialistas han encontrado más de 5.000 cambios que habría realizado Engels al texto original de Marx, por ello en el proyecto de la MEGA (Obras completas de Marx y Engels) tomaron la decisión de publicar los borradores de Marx sin las intervenciones de Engels, es decir, recuperar los borradores por la importancia que tienen para comprender una obra.

Entre los borradores y textos preparatorios más interesantes están los de Walter Benjamin, en particular los realizados para dar forma a las “tesis sobre la historia”. En uno de estos borradores Benjamin anota lo siguiente: “Marx dice que las revoluciones son las locomotoras de la historia mundial. Pero quizás es totalmente diverso. Quizá las revoluciones son la maniobra por la cual la especie humana que viaja en ese tren aferra el freno de emergencia”. Esta afirmación resume su idea del curso catastrófico de la historia y que nuestra mayor acción política es negativa: detener el curso de la historia.

Hace algunos años se publicó un inédito de Foucault, el tomo IV de la historia de la sexualidad titulado Las confesiones de la carne. El texto estaba listo antes de su muerte y Foucault solo quería realizar una última revisión antes de su publicación. Entonces, se trataba de un inédito que todo estudioso de Foucault sabía que existía. Sin embargo, en la introducción de los editores de este libro inédito de Foucault se revela un dato insospechado y curioso.

El plan de publicaciones de la historia de la sexualidad dado a conocer en 1976 incluía cinco libros: La carne y el cuerpo; La cruzada infantil; La mujer, la madre y la histérica; Los perversos; Población y razas. Se creía que Foucault habría abandonado este plan. Sin embargo, a través de los Archivos Foucault (40.000 folios repartidos en más de 100 cajas) depositados en el Departamento de Manuscritos de la Biblioteca Nacional de Francia, se anuncia que por lo menos dos títulos (La carne y el cuerpo y La cruzada infantil) ya habían sido parcialmente redactados, y parece que hay muchas páginas dedicadas al último libro del plan (Poblaciones y razas).

Una vez más, ya sea con Marx, Benjamin o Foucault, hay un guiño que nos dice que toda obra es en sí un borrador de una obra por-venir.

Farit Rojas T. es abogado y filósofo.

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Principios

/ 5 de septiembre de 2022 / 03:22

En la teoría del derecho contemporánea es un lugar común señalar que el sistema jurídico está compuesto por reglas y principios.

Si bien, toda norma jurídica es entendida como comunicaciones lingüísticas prescriptivas generales y abstractas, el criterio de distinción entre normas principio y normas regla consiste en asignar a las primeras un grado de generalidad relativamente alto y a las segundas un grado de generalidad relativamente bajo. El jurista alemán Robert Alexy da el siguiente ejemplo: un grado relativamente alto de generalidad es la norma que todos gozan de libertad de creencias. En cambio, un grado relativamente bajo de generalidad es la norma que dice que todo recluso tiene el derecho de apartar a otros reclusos de sus creencias.

Se considera a Ronald Dworkin, profesor de la universidad de Oxford, quien ha fundamentado esta distinción. Para Dworkin las reglas son normas que se aplican en la forma todo-o-nada (all-or-nothing-fashion), en cambio los principios son normas que solo proporcionan razones que hablan a favor de una u otra solución. Los principios, en el argumento de Dworkin, tienen una dimensión de peso (dimension of weight) que las reglas no poseen. Bajo este razonamiento, las dimensiones de peso se muestran cuando los principios colisionan. Por ejemplo, en un determinado caso, dos principios pueden colisionar (libertad de prensa vs. seguridad exterior del Estado), entonces un principio puede tener un mayor peso y hacer retroceder al otro principio (mayor peso a la libertad de prensa). Pero puede darse otro caso en el que el peso pueda estar repartido de manera opuesta (mayor peso a la protección de la seguridad exterior). Todo depende del caso y de las situaciones fácticas y jurídicas que lo acompañan.

En búsqueda de otorgar una mejor comprensión a los principios, Alexy señala que el punto decisivo para la distinción entre reglas y principios es que los principios son normas que ordenan que algo se realice en la mayor medida posible y son por consiguiente mandatos de optimización, en cambio las reglas exigen un cumplimiento pleno.

Alexy formula de esta manera la llamada ley de ponderación: cuanto más alto sea el grado de incumplimiento o de menoscabo de un principio, tanto mayor debe ser la importancia de cumplimiento del otro.

Una variación sumamente interesante ha sido introducida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, el cual viene ponderando desde hace mucho tiempo las normas constitucionales para la resolución de casos concretos. Nos referimos al test del paradigma del vivir bien (Sentencia STC 1422/2012), mediante el cual presenta el método jurídico de la ponderación intercultural, en el que pone en juego principios de los derechos de pueblos indígenas para la resolución de casos de pluralismo jurídico.

Farit Rojas T. es abogado y filósofo

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Chile y el Nuevo Constitucionalismo

Hoy Chile decidirá si ingresa o no a la narrativa del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano.

/ 4 de septiembre de 2022 / 17:33

SALA DE PRENSA

Hoy, domingo 4 de septiembre, el pueblo chileno participa, de manera inédita, a través de un referendo, en la aprobación o rechazo de su proyecto de Constitución. Se trata de un texto elaborado por la Convención Constituyente chilena conformada por 155 convencionales elegidos por voto popular en mayo de 2021. La nueva Constitución chilena podría caracterizarse, en caso de aprobarse, como parte del llamado nuevo constitucionalismo latinoamericano.

Los profesores españoles Roberto Viciano Pastor y Rubén Martínez Dalmau caracterizan al Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano (NCL) como el fenómeno en el que se ha dado una radical aplicación de la teoría democrática de la Constitución. Las constituciones del NCL son producto de procesos políticos complejos, en los que se recupera la preocupación por la legitimidad democrática de la Constitución. Se trata de textos constitucionales que surgen en el extrarradio de la academia, producto más de las reivindicaciones de movimientos sociales que de los profesores de Derecho Constitucional. Para los profesores españoles el NCL comenzó con el proceso constituyente colombiano (1990-1991), maduró en el venezolano (1999) y alcanzó su madurez con la Constitución ecuatoriana (2008) y con la Constitución boliviana (2009). Sería de esperar que la Constitución chilena constituya un estadio más en el desarrollo y construcción del NCL.

Las constituciones del NCL se caracterizan por ser largas. La Constitución ecuatoriana, por ejemplo, consta de 444 artículos y 30 disposiciones transitorias, y la de Bolivia, de 411 artículos y 10 disposiciones transitorias (además de una disposición abrogatoria). El proyecto de Constitución chileno posee 388 artículos y 57 disposiciones transitorias. Es un texto constitucional extenso, con un derecho transitorio destinado a amoldar la situación jurídica precedente a las nuevas normas de la nueva Constitución.

Generalmente esta extensión se debe a que las constituciones del NCL se caracterizan por largos catálogos de derechos; por ejemplo, la Constitución boliviana extiende su catálogo de derechos fundamentales del artículo 13 al 107, es decir, casi un centenar de artículos dedicados a los derechos fundamentales. Algo similar sucede con el proyecto chileno: la parte dedicada a los derechos y sus garantías alcanza a casi un centenar de artículos (del 17 al 113), aunque, como sucede con la Constitución boliviana, existen, fuera de ese catálogo de derechos estructurado, el reconocimiento de otros derechos que podríamos llamar derechos constitucionales. En el caso de Bolivia, por ejemplo, la declaración del agua como un derecho fundamentalísimo se encuentra en el artículo 371. El proyecto de Constitución chilena también considera al agua un derecho humano y lo desarrolla en un apartado especial denominado Estatuto de las aguas (artículos 140 al 144).

Estos extensos catálogos de derechos constituyen, en el entendimiento de profesores como Rodrigo Uprimny y Boaventura de Sousa Santos, rasgos de un constitucionalismo transformador, y es que, en el estilo de la Constitución ecuatoriana, la chilena aborda una serie de nuevas caracterizaciones de los derechos, en particular al señalar que la naturaleza es sujeto de derechos. El artículo 103 del proyecto de Constitución chilena señala: la naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia. Asimismo, dice en el artículo 1, el que abre el proyecto de Constitución: la igualdad sustantiva de los seres humanos es indisoluble de su relación con la naturaleza; ello permite asumir, en el artículo 8, la categoría del buen vivir, entendida como la interdependencia entre personas, pueblos y naturaleza como un conjunto inseparable.

Otra de las características del NCL, en particular respecto a las constituciones ecuatoriana y boliviana, es la declaración del Estado como plurinacional. La Constitución ecuatoriana lo establece en su artículo 1: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional, y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada”. La Constitución boliviana señala algo similar, también en su primer artículo: “Bolivia se constituye en Un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías”. Y el proyecto de Constitución chilena en su artículo 1 afirma que “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Se constituye como una república solidaria. Su democracia es inclusiva y paritaria. Reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza”.

Cabe señalar que Ecuador, Bolivia y, en caso de aprobarse su proyecto, también Chile, son estados plurinacionales además repúblicas, pues desarrollan de manera clara la separación entre Estado, por un lado, y forma de gobierno, por otro. La Constitución boliviana señala la forma republicana de gobierno en su artículo 11.

Entonces, junto con los extensos catálogos de derechos, se encuentra la declaración constitucional de Estado Plurinacional; esto va de la mano con el reconocimiento del derecho a la libre determinación de pueblos indígenas, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Cabe recordar que es la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de pueblos indígenas, adoptada el 13 de septiembre de 2007, la que reconoce el derecho a la libre determinación (selfdetermination) de los pueblos indígenas (artículo 4 de la Declaración), lo que permite el derecho a que los pueblos indígenas puedan ser considerados naciones indígenas (artículo 9 de la Declaración).

Esta relación entre los derechos fundamentales que encontramos en los textos constitucionales con los instrumentos internacionales de derechos humanos, es también una característica del NCL. La Constitución boliviana lo señala expresamente en la categoría de bloque de constitucionalidad (artículo 410), que dice que este bloque está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. En una idea similar, el proyecto de Constitución chilena en su artículo 15 afirma que los derechos y las obligaciones establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile, los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario en la misma materia forman parte integral de esta Constitución y gozan de rango constitucional.

En consecuencia, es muy difícil cuestionar a las constituciones del NCL como textos que restringen derechos, aunque es lógico que la garantía de los mismos depende de la puesta en práctica institucional.

Este domingo 4 de septiembre Chile decidirá si aprueba o no su nuevo texto constitucional e ingresa o no a la narrativa del NCL.

(*)Farit Rojas T. es abogado, docente de la carrera de Derecho de la UMSA

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La política de los nombres

/ 22 de agosto de 2022 / 00:43

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), mediante la sentencia SCP- 0007/2019 de 13 de febrero de 2019, realizó la siguiente aclaración: “De acuerdo a los datos otorgados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), sobre el Censo de Población y Vivienda del 2012, dio como resultado del ejercicio del derecho a la autoidentificación cultural, del total de declaraciones de pertenencia a Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinas (NPIOC), se tiene un número de ciento veintidós pertenencias culturales declaradas, datos que todavía no fueron analizados cualitativamente por las instituciones competentes a fin de determinar el número de identidades culturales existentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; sin embargo, la cifra nos da una idea de la gran diversidad cultural que existe, más allá de las treinta y seis naciones o culturas que se asumen de una errada lectura del art. 5 de la CPE, puesto que, la citada disposición constitucional refiere a los idiomas oficiales y no así al número de naciones en el Estado” (sic).

¿Entonces la Constitución boliviana no reconoce 36 naciones y pueblos indígena originario campesinos? La respuesta es no, solo reconoce, como expresamente lo señala el artículo 5, “los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”. Según el TCP existirían posiblemente 122 pertenencias culturales, aunque se aclara que este número aún no fue analizado cualitativamente como para determinar un número, llamemosló, exacto de pueblos y naciones indígenas. Y es que una respuesta de este tipo no es sencilla. Por ejemplo, la antropóloga Isabelle Combès en su reciente libro titulado Historia de nombres. El laberinto etnonímico en las tierras bajas en Bolivia, nos recuerda que, por ejemplo, el artículo 5 de la CPE nombra al idioma “leco”, sin embargo, este idioma ha desaparecido y los habitantes del pueblo leco actualmente hablan quechua, y lógicamente porque hablen quechua no dejan de ser lecos.

Posiblemente, sea la concretización de las autonomías indígena originaria campesinas la que determine, en sus estatutos autonómicos, la política de los nombres adecuados para cada pueblo y nación indígena, ya que como señala el artículo 9 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de pueblos indígenas, son los pueblos y las personas indígenas los que tienen el derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena, de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o nación de que se trate, lógicamente en los márgenes del derecho a la libre determinación reconocido en el artículo 2 y en el numeral 4 del parágrafo II del artículo 30 de la CPE boliviana, concordante con el artículo 4 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de pueblos indígenas.

Farit Rojas T. es abogado y filósofo.

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República

/ 8 de agosto de 2022 / 00:25

Según Maquiavelo, en su breve texto El Príncipe (1532), “todos los estados, todos los dominios que han tenido y tienen soberanía entre los hombres, han sido y son repúblicas o principados”. Obviamente Maquiavelo se concentra en esta obra en los principados, pues se dedicó al estudio de la república en otro texto llamado Discursos sobre la primera década de Tito Livio. Como vemos, Maquiavelo opone la república a los principados. Dicho de otro modo, lo contrario a la república serían las autocracias (monarquías o principados).

Doscientos años después, Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes (1735), señala que hay tres formas de gobiernos: el republicano, el monárquico y el despótico. El gobierno republicano es aquel en el que todo el pueblo, o una parte mayoritaria de él, tiene el poder supremo, en contraste con las otras dos formas autocráticas: la monarquía y el despotismo. En consecuencia, lo opuesto a la república es la monarquía.

La idea de la república se encuentra en la etimología de la palabra, res (cosa) publicus (del pueblo), es la forma de gobierno orientada hacia el bien común, basada en la participación de los ciudadanos, bajo una ciudadanía extendida y protegida por derechos fundamentales. La república, como forma de gobierno, se encuentra en la división y separación de poderes, por ello Montesquieu encontrará la forma republicana en la Constitución. El pensamiento de Montesquieu influirá a los revolucionarios franceses que señalarán, en el artículo 16 de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1879, que “una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución”. La tensión es siempre la misma, evitar que el poder se concentre en pocas manos y garantizar la soberanía del pueblo.

Se ha dicho erróneamente que Bolivia ha dejado de ser república desde 2009, sin embargo, la sola idea de Constitución debería hacernos pensar lo contrario, Bolivia no abandonó su forma republicana desde el 11 de agosto de 1825, cuando mediante un decreto adquiere la misma. Desde 1825 existe separación de poderes, reconocimiento de derechos, y elección popular de gobernantes. En la CPE boliviana de 2009, el artículo 11 señala expresamente a la república de Bolivia.

Entonces, los elementos básicos de una república se encuentran en la CPE, y lógicamente el Estado Plurinacional no es lo opuesto a la república.

¿A qué se opone el Estado Plurinacional? Pues al Estado-nación, pero, como ya decía el canadiense Will Kymlicka, en su libro Ciudadanía Multicultural (1995), de todos los Estados a nivel mundial son muy pocos los Estados-nación, en tanto la pluralidad de culturas, de pueblos y naciones, hacen muy difícil retornar al proyecto del Estado-nación.

Farit Rojas T. es docente investigador de la UMSA.

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Gubernamentalidad

/ 24 de julio de 2022 / 23:59

En 1978, el francés Michel Foucault dictó el curso titulado Seguridad, territorio, población. Comenzó señalando: Este año querría comenzar el estudio de algo que hace un tiempo llamé biopoder.

Según Foucault, el biopoder no toma como objeto a la sociedad o al individuo, sino a la población. Podemos decir que Foucault identifica el momento en el que el fin último del gobierno deja de ser el territorio o la permanencia del gobernante en el poder y empieza a ser el gobierno sobre las poblaciones.

El gobierno va a actuar sobre las poblaciones, muchas veces sin que la gente se dé cuenta. Habrá políticas que estimulen la tasa de natalidad, dirijan los flujos de población hacia alguna región, dirija el incremento de alguna actividad, de algún consumo. La población aparece así, como sujeto y objeto de gobierno.

Nace así la gubernamentalidad entendida como el arte del gobierno de las poblaciones. Este arte supone estrategias de intervención en la vida de la población, tanto desde el punto de vista de la vida biológica como de la vida anímica y psicológica. Es decir, políticas sobre la vida y la muerte de la población, así como políticas respecto a la información con la cual generan sus opiniones, sus prejuicios, sus temores, sus hábitos, en fin, sus comportamientos.

Foucault precisó esta tarea de la gubernamentalidad en una conferencia en la universidad de Vincennes, también en 1978, titulada Nuevo orden interior y control social. Allí habló de que en el futuro se desarrollará información sobre el individuo, pero no con el objetivo de vigilarlo, sino para intervenir en él, pero no como individuo sino como población. Esa intervención serviría para la constitución de consensos formados por una serie de controles, incitaciones y coerciones, y lo más curioso es que esa tarea no la llevaría a cabo el Estado, sino una gubernamentalidad, podríamos decir, para-estatal, neoliberal u ordoliberal.

Para muchos estudiosos de la obra de Foucault, éste se adelantó a describir el big data de información sobre cada uno de nosotros que Google, YouTube, Netflix, Facebook, Alexa, Instagram, Spotify, WhatsApp o Tinder generan. Y no lo hacen solo con el fin de vigilarnos, sino con la finalidad de influir en nuestros comportamientos, nuestros gustos y consumos tanto comerciales, amorosos, sociales como políticos. Y en el plano de la vida biológica, el big data sería el generado sobre información genética, transgénicos, bacterias, virus, vacunas y tratamientos, que influyen sobre la población. Foucault los trata como información sobre la especie e información sobre los públicos. Así el ejercicio del poder no es otro que información sobre y para las poblaciones para una efectiva gubernamentalidad. El neoliberalismo construye, así, un gobierno más allá del Estado.

Farit Rojas T. es docente investigador de la UMSA.

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