Impuestos saludables
Es posible que no esté de acuerdo con el titular de este artículo y no lo culpo. Según el Paying Taxes 2020 del Banco Mundial a los latinoamericanos no les gusta pagar impuestos porque requieren trabajar más de 500 horas al año para el Estado. Por otro lado, si bien existe conciencia tributaria a nivel individual, como el beneficio no es individualizable, no existen los suficientes incentivos privados para tributar esperando que alguien más lo haga para luego disfrutar de los bienes producidos por el Estado. Dicho esto, tome asiento y relájese que no voy a poner en discusión su cultura tributaria —aunque existan analistas que traten de influir negativamente sobre ella. En su lugar me referiré a los impuestos correctivos.
Es bien sabido que los impuestos afectan la conducta de los agentes económicos alterando su comportamiento y cambiando el resultado del mercado, empero, existen casos en los cuales la política tributaria podría estar interesada en desviar la conducta de los agentes de manera intencional. La aplicación de impuestos correctivos tiene por objeto desalentar el consumo de aquellos bienes que son considerados nocivos directa o indirectamente en el bienestar de la sociedad, ya sea porque su consumo es malo para la salud o porque su producción genera efectos externos negativos en el bienestar de otros.
En el primer grupo de bienes se encuentra el tabaco, el alcohol, las bebidas azucaradas, la comida con alto contenido de grasas, sal y sodio, y en el segundo grupo, la producción de bienes contaminantes del medioambiente. La imposición fiscal en estos mercados busca corregir la pérdida (al menos en parte) que origina la acción individual sobre el bienestar de la sociedad y del propio individuo.
El sector público también se beneficia de la aplicación de estos impuestos. Por un lado, genera mayor recaudación, aunque este no sea el fin último de la medida. Por otro lado, se mejora la eficiencia del gasto y se liberan recursos del presupuesto al reducirse el costo fiscal vinculado a mitigar los efectos nocivos que producen el consumo y la producción de estos bienes. Por ejemplo, un menor gasto en salud como resultado de la reducción del consumo de cigarrillo lleva a disminuir el número de atenciones médicas por enfermedades respiratorias.
En días recientes surgió una polémica por el aumento de los tipos impositivos del Impuesto al Consumo Específico (ICE) establecido en el proyecto de ley de reformulación del PGE 2022, tildándolo de distorsivo, ineficiente y cuya aplicación estaría motivada por una supuesta hambruna fiscal que atravesaría el sector público.
Para demostrar la falsedad de estas afirmaciones me remito a los datos. A partir de la encuesta de presupuestos familiares de 2015-2016 se puede estimar curvas de demanda para los principales productos alcanzados por este impuesto. Estos resultados se encuentran en el libro La política fiscal en Bolivia: lecciones y desafíos del Modelo Económico Social Comunitario Productivo.
Las estimaciones sugieren que la elasticidad precio de la demanda en estos bienes es baja, lo que implica que cambios en los precios afecten en menor proporción a las cantidades. Siguiendo el criterio de optimalidad impositiva de Ramsey, cuanto menores son las elasticidades, menor es el efecto distorsivo de los impuestos sobre los mercados; empero, se deben considerar también los efectos distributivos. Las familias de mayores ingresos son las que consumen más de estos productos y la participación de su gasto en la renta también tiende a ser más alta a niveles de ingreso mayores, a excepción de los cigarrillos. En resumen, los impuestos correctivos provenientes del ICE tienen un carácter no distorsionador, recaudador y redistributivo.
Más allá de la justificación de tener alícuotas diferenciadas entre productos nacionales y extranjeros como estrategia para internalizar los movimientos cambiarios de las monedas vecinas más devaluadas frente al dólar y no como una política proteccionista como algunos opinadores la han malentendido, la importancia real de subir las alícuotas tiene como propósito desalentar el consumo de bienes que son nocivos a nivel individual y social y cuyos costos intertemporales recaen en el ámbito fiscal, social y medioambiental.
Omar Velasco Portillo es economista.