Nacida con la invención de la máquina de vapor y la mecanización de la producción, la denominada Revolución Industrial se convirtió en un fenómeno que ha logrado transformaciones profundas en la historia de la humanidad, tanto en el ámbito económico, comercial, social como cultural, promoviendo la transformación de las materias primas en productos terminados con alto valor agregado, abriendo las fronteras y la comercialización de productos competitivos, requiriendo las mejoras en el transporte y las comunicaciones, aportando a la investigación, la innovación y la tecnología, entre otros.   

En Bolivia, los avances en industrialización tienen su génesis allá por la segunda mitad del siglo XIX, con el auge minero y la productividad de la plata; posteriormente resaltan aquellas ligadas a la Guerra del Chaco y la aplicación del Plan Bohan, como elementos centrales de la historia de la industrialización. En la actualidad, bajo un escenario pospandemia, guerras y crisis económica internacional y regional, es importante mantener y consolidar medidas que dinamicen la economía de la población, mantener niveles de crecimiento, las inversiones y los programas sociales, incluyendo los subsidios.

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La política de industrialización con sustitución de las importaciones incluye, entre otras estrategias nacionales, la puesta en marcha de más de 150 plantas de industrialización en el territorio nacional, resaltan la planta de carbonato de litio (entregada recientemente), las plantas de biodiésel y HVO, de fertilizantes, de refinado de zinc, la planta laminadora de acero; todas ellas, dentro del “sector estratégico” generador de excedentes. En aquellos “sectores generadores de empleo e ingresos” destacan las ligadas a la transformación de tubérculos, lácteos, semillas, granos, cereales, entre otras.

La industrialización tiene el firme objetivo de impulsar el potencial productivo local, permitiendo la consolidación de su base económica e impactando de manera directa en la seguridad alimentaria y, claro está, en la sustitución de importaciones.

El efecto transformador y dinamizador de la industrialización tiene un alcance en toda la cadena de valor de un producto, tanto a nivel local como nacional. Por ejemplo, si por el ordenamiento territorial de una determinada comunidad se decide estratégicamente la construcción y funcionamiento de una planta de industrialización de piña, dicho efecto transformador y dinamizador será percibido en: la generación de inversiones a nivel local desde su construcción, generando adicionalmente empleos directos e indirectos; la consolidación de asociaciones de productores de piña, a fin de garantizar mercado para su producción; el crecimiento de la demanda de fertilizantes y otros insumos; la necesidad de mejorar o de contar con servicios básicos como el agua potable, la electricidad, gas, internet, etc. y en el transporte asociado; el desarrollo y promoción del potencial turístico del lugar; la generación de ingresos reinvertidos a nivel local.

Con solo estos ejemplos, podemos concluir que Bolivia está encaminada hacia una nueva era de industrialización, con una mirada inicial hacia la sustitución de importaciones, sin perder de vista las rutas internacionales para su exportación. Sin duda alguna, el Modelo Económico Social Comunitario Productivo sigue vigente y sigue siendo el hilo conductor del desarrollo nacional.

(*) Christiam Cordero Rocha es ingeniero industrial

En agosto y septiembre de cada año, cuando se habla de “planificación” se habla del Programa de Operaciones Anual (POA), proceso necesario para establecer las metas de la gestión siguiente, así como el presupuesto anual de la misma.

No obstante, la formulación del POA es también visto como un proceso burocrático, sin generación de valor, formulado una vez al año, con seguimientos trimestrales, llevada a cabo por una persona denominada “poísta”. El “poísta” es ese profesional que espera la información de las áreas sustantivas, la consolida, la revisa (a veces), y la remite a quien la requiere; su enfoque es obtener un documento. El “poísta” formula el documento, cual paradigma de la planificación, vive y se mueve en el corto plazo sin levantar la cabeza, ni mirar adelante.

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Del otro lado de la moneda, existe un profesional que impulsa la planificación del corto plazo, esto a partir del mediano plazo, las líneas sectoriales y sobre todo las líneas nacionales. Es gestor de la información institucional, entiende la planificación como un proceso de generación de valor y no como un documento anual, impulsa las decisiones de su autoridad y la acompaña en su gestión, dominando las metas anuales y conociendo el presupuesto tanto como la planificación, a este extraño personaje lo llamaremos “planificador”.

Además, entiende que la “estructura sigue a estrategia” y con ello propone cambios organizacionales, el fin para alcanzar de manera eficiente las metas establecidas en la institución, impulsando el desarrollo y gestión de sus programas y proyectos; esto a través de sus competencias consolidadas en planificación estratégica, liderazgo, gestión del cambio y comunicación estratégica.

Por tanto, la transformación de un “poísta” a un “planificador” debe ser un desafío del Estado y de las autoridades de cada una de las entidades públicas, tanto del nivel central como del nivel territorial, tanto de oposición como de oficialismo, con el fin de catalizar el desarrollo integral del país y reconstruir desde abajo los conceptos de planificación, una planificación renovada con visión de largo y mediano plazos, una planificación con aporte real a nuestro modelo económico, la Agenda Patriótica 2025 y el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025.

(*) Christiam Cordero Rocha es ingeniero industrial

Dentro de la tabla periódica de los elementos, en el tercer lugar de la misma, después del hidrógeno (H) y el helio (He) se encuentra el litio (Li), elemento alcalino de color blanco plateado con alto potencial electroquímico que lo hacen fundamental para la fabricación de baterías de almacenamiento eléctrico, tales como las baterías de celular, las baterías de computadora, las baterías de los vehículos, inclusive las baterías de aviones de última generación, asimismo, también es utilizado en la industria farmacéutica, en la industria del vidrio, entre otros, lo que hace que en la actualidad se lo nombre como el nuevo “oro blanco”.

A nivel mundial la lista de países con recursos de litio está encabezada por Bolivia con 21 millones de toneladas, muy cerca se encuentra Argentina con 20 millones, Estados Unidos con 12 millones, Chile con 11 millones, y un poco más alejados se encuentran Australia con 7,9 millones, China con 6,8 millones, Alemania con 3,2 millones, Congo con 3 millones, Canadá con 2,9 millones y finalmente México, con 1,7 millones de toneladas. Lo relevante de esta información es que, del total de recursos identificados (89,5 millones de toneladas), más del 50% (51 millones de toneladas) se encuentran en nuestra región, ahora denominada bajo este contexto como el “triángulo el litio” (Bolivia, Argentina y Chile). Otro dato por demás interesante es que los 21 millones de toneladas corresponden a la cuantificación hecha solo en el salar de Uyuni, contando adicionalmente con más de una decena de salares que con seguridad aportarán a consolidar este liderazgo para Bolivia en el mediano y largo plazo.

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Actualmente, el precio de la tonelada de carbonato de litio se encuentra bordeando los $us 19.000, si bien dicho precio ha sufrido una caída con respecto a años anteriores, algunos expertos apuntan a un escenario futuro donde alcanzaría un precio de $us 35.000 por cada tonelada.

Ahora bien, según el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025 aprobado en noviembre de 2021, en su eje 4, sobre “Profundizar el Proceso de Industrialización de los Recursos Naturales”, se establece la acción de “incrementar la producción de recursos evaporíticos, derivados de litio y baterías de litio a través de la aplicación de nuevas tecnologías”, cuya meta para 2025 es llegar a producir 80.959 toneladas de carbonato de litio, esto significa que anualmente representa cerca de 16.000 toneladas producidas, que multiplicando por un precio de $us 25.000 por tonelada (promedio entre los $us 19.000 actuales y los 35.000 futuros), hacen más de $us 400 millones de ingresos al año para nuestro país. Aclarando que no se ha considerado la producción de óxido e hidróxido de litio, baterías y otros derivados considerados en dicho plan, que podrían incrementar los ingresos de manera proporcional al cálculo realizado. Por otro lado, los mercados donde se importan estos productos son China, Japón, Corea, Bélgica, Alemania, entre otros.

De esta manera, la exploración, la explotación y la industrialización del oro blanco tienen nuevamente a la región y al mundo con la mirada puesta en Bolivia, y definitivamente su éxito contribuirá a fortalecer y consolidar el modelo económico social comunitario productivo, hacia la Industrialización con sustitución de importaciones.

(*) Christiam Cordero Rocha es ingeniero industrial

Durante estas últimas semanas, como si hubieran repartido un mismo libreto, venimos escuchando comentarios referidos a que… el Modelo Económico Social Comunitario Productivo ha llegado a su fin… se ha agotado… no funciona bajo condiciones económicas desfavorables, entre otros.

Recordemos que antes de 2006, bajo un esquema solo regulador y fiscalizador, el Estado miraba de palco los desafíos y las brechas de desarrollo existentes y latentes en nuestro país, con sectores prácticamente privatizados; después de 2006, con el fin de acortar dichas brechas y beneficiar a toda la población con énfasis en los más necesitados, se establece un nuevo esquema de Estado, productor y propietario de sus recursos, bajo un modelo de gestión estratégico creado por Luis Alberto Arce Catacora, llamado: Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP).

Sabemos que el MESCP tiene sus cimientos en los sectores estratégicos de hidrocarburos, electricidad y minería, nacionalizados y, por ende, generadores de excedentes económicos, reinvertidos en sectores generadores de ingresos y de empleo, como industria, comercio, vivienda, entre otros; y para apoyar a la población vulnerable de nuestro país, con la aplicación de programas sociales, tales como el bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad, el bono Juana Azurduy, entre otros.

Cuando hablamos de hidrocarburos, rápidamente lo asociamos con el gas natural y su venta a mercados como Brasil y Argentina, no obstante, olvidamos que como resultado de su industrialización, ahora exportamos urea y GLP a mercados como Brasil, Argentina, Paraguay, Perú y Uruguay, logrando durante la gestión 2022 el mejor comportamiento de ingresos en los últimos años: $us 6.300 millones. 

El MESCP también incluye la generación de energía eléctrica, cuya demanda de la población ya ha sido superada y cuyos excedentes están siendo exportados a la Argentina, generando los ingresos correspondientes.

Pero eso no es todo, en muy corto plazo, por la aplicación del MESCP, también entrará en operación la planta siderúrgica del Mutún, que espera reducir hasta en 50% las importaciones de acero de nuestro país.

Finalmente, el MESCP ofrece la exploración y la explotación de los recursos con mayor proyección internacional en el mediano plazo, como son los recursos evaporíticos, produciendo en la actualidad cloruro de potasio, carbonato de litio, hidróxido de litio, materiales catódicos y las baterías de litio, entre otros, recordando que el país tiene una de las mayores reservas de litio en el mundo.

¿Entonces, el MESCP ha llegado a su fin? No, el MESCP se está perfeccionando y está brindando nuevas líneas estratégicas para las políticas de industrialización de corto y mediano plazo, así como el camino para el funcionamiento de los diferentes ministerios y entidades del nivel central del Estado. ¿El MESCP se ha agotado? No, el MESCP no solo es producción primaria y venta de gas natural, sería una mirada obtusa y limitada, tiene muchos elementos que potenciar en el mediano y largo plazo. ¿El MESCP no funciona bajo condiciones desfavorables? Funciona, está generando y generará los ingresos necesarios para continuar con la senda del crecimiento y la reducción de brechas para los más necesitados.

El 30 de diciembre de 2022, el excívico y gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, fue recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro en La Paz, acusado por el caso Golpe de Estado I.

Con más de 60 días de reclusión preventiva, el 4 de marzo, la Asamblea departamental cruceña, mediante Ley de Ausencia Temporal ratificó a Camacho como gobernador del departamento. Cinco días después, el propio Camacho promulgó dicha norma desde Chonchocoro. Resaltar que existen diferentes interpretaciones legales con respecto a la “ausencia temporal”, prevista en el artículo 25 del Estatuto Autonómico de Santa Cruz. No obstante, más allá de entrar en un análisis estéril de dicha suplencia, es más útil plantear como hipótesis la viabilidad de lograr una buena gestión, gobernando desde un penal a más de 800 kilómetros de distancia de la capital cruceña.

El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, como toda entidad pública, está sometido a los sistemas de gestión previstos en la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental (más conocida como SAFCO), entre las cuales se encuentran aquellos que sirven para programar y organizar la gestión: programación de operaciones, organización administrativa y presupuesto; y aquellos que sirven para su ejecución: administración de personal, administración de bienes y servicios, tesorería y crédito público, y de contabilidad integrada.

En todas ellas existe cierto grado mayor o menor de participación y relevancia de la Máxima Autoridad Ejecutiva, en este caso el Gobernador.

Como uno de los procesos clave, la programación de operaciones o la planificación operativa supone un conjunto de acciones recurrentes para alinear la gestión institucional hacia las metas establecidas en el corto y mediano plazos. Dichas acciones requieren de la coordinación estrecha de sus autoridades, con actores internos, pero sobre todo con externos; dentro de los cuales, el más importante es sin duda la “población cruceña”, principal beneficiaria de la gestión en Santa Cruz. Por otro lado, como parte de las medidas correctivas o preventivas se debe aplicar el seguimiento y evaluación a la planificación como elementos rectificadores o redireccionadores de las políticas públicas locales establecidas, afectadas por el alejamiento físico del gobernador. En conclusión, la limitante de ubicación física es un factor relevante para el avance del desempeño físico de la institución.

Otro proceso crítico que presentará impactos directos negativos para la gestión de la gobernación es el proceso de contratación de bienes y servicios, pues requiere una serie de decisiones y aprobaciones que son de entera responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva, en este caso, del gobernador cruceño. Las limitaciones en las decisiones y aprobaciones repercuten en la eficiencia y el desempeño financiero de la institución, sin incluir el gasto administrativo adicional que resulta de la ejecución de este proceso, desde la ciudad de La Paz.

Por lo tanto, la gestión del Gobernador a ser llevada a cabo desde Chonchocoro, provocará restricciones tanto físicas como financieras, que afectarán la gestión institucional, impactando las crecientes demandas de corto y de mediano plazo de la población cruceña.

Finalmente, es necesario recordar que, en situación normal, existe el antecedente de una ejecución financiera del 30%, registrada en la gestión 2022, incluyendo solo un 9% de ejecución en las inversiones departamentales.

Christiam Cordero Rocha es ingeniero industrial.