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Thursday 29 Sep 2022 | Actualizado a 21:49 PM

La Estructura sigue a la Estrategia

/ 20 de septiembre de 2022 / 01:28

Uno de los últimos paradigmas relacionados a la gestión organizacional, iniciado en los años 60, concluye que, para lograr una organización altamente eficiente, lo primero que se debe definir es su Estrategia, en términos simples, esto significa establecer su mirada o su visión de largo o mediano plazo, a través de metas y objetivos cuantificables y obviamente alcanzables; a partir de ello viene el esfuerzo organizacional de evaluar y alinear su Estructura hacia el logro de dicha estrategia. El enfoque aparentemente lógico, no necesariamente es aplicado en su real dimensión, pues significa entre otros retos, desprenderse de concepciones organizacionales apuntaladas durante varios años, o de romper obstáculos culturales y de poder dentro de la organización.

Una aproximación de este principio se dio en febrero de 2009, con la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado (macro estrategia) y el Decreto Supremo 29894 que establecía un nuevo ordenamiento a nivel de organización estatal (estructura).

Años más tarde, bajo este nuevo ordenamiento y en el marco del nuevo Sistema de Planificación Integral del Estado, en 2015, Bolivia establece por primera vez en su historia su visión de desarrollo integral, a través de un plan de desarrollo de largo plazo (Agenda Patriótica al 2025) y dos planes de desarrollo de mediano plazo (Plan de Desarrollo Económico y Social, PDES) en los periodos 2016-2020 y el reciente 2021-2025.

La Agenda Patriótica establece los 13 pilares de desarrollo para el “vivir bien”, la erradicación de la extrema pobreza; la universalización de los servicios; la salud, educación y el deporte; la soberanía científica tecnológica; la soberanía comunitaria financiera; la soberanía productiva; la soberanía sobre nuestros recursos naturales; la soberanía alimentaria; la soberanía ambiental, entre los más relevantes.

Por otro lado, el PDES 2021-2025, que surge como respuesta de un escenario de pandemia, establece como línea estratégica de acción la reconstrucción de la economía, y la industrialización con sustitución de las importaciones, priorizando los 13 pilares del largo plazo, en 10 ejes del mediano plazo: Eje de reconstrucción de la economía, Eje de industrialización con sustitución de importaciones, Eje de seguridad alimentaria, Eje de industrialización de los recursos naturales, Eje de educación, investigación, ciencia y tecnología, Eje de salud y deporte, Eje de reforma judicial y gestión pública, Eje de medio ambiente, Eje de integración y el Eje de culturas y descolonización.

Si bien estos documentos establecen de manera perfecta la estrategia por alcanzar, la duda razonable es si la estructura del conjunto de actores que conforman el aparato estatal contribuye de la mejor manera a alcanzar dicho cometido.

La mejor práctica significaría que una vez generado el documento estratégico (PDES), venga acompañado de la definición de una estructura a nivel Estado que posibilite los compromisos establecidos. Inclusive, dicha práctica debería ser irradiada en los gobiernos autónomos departamentales y municipales y por qué no, dar la línea estratégica para los sectores privados.

La Estructura sigue a la Estrategia, no debe entenderse como un proceso administrativo complejo, ni debe representar la idea de incrementar la partida de gastos de personal; al contrario, debe entenderse como una focalización de esfuerzos institucionales para alcanzar las prioridades nacionales definidas, una priorización de recursos financieros hacia productos de impacto y con valor agregado para aportar a las políticas nacionales, más que a la agenda institucional. Esto solo se logrará si la Estructura sigue a la Estrategia.

Christiam Cordero Rocha es ingeniero industrial.

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Por un Censo con consenso

/ 29 de agosto de 2022 / 00:32

El último Censo de Población y Vivienda, realizado el 21 de noviembre de 2012 establece que nuestro país tenía una población de 10.059.856 habitantes, 21,5% más respecto al Censo de 2001 (nótese que dicho porcentaje de crecimiento podría mantenerse en la actualidad). Por otro lado, con 2.719.344 habitantes, La Paz se convertía en el departamento más poblado de nuestro país, seguido de Santa Cruz con 2.657.762; en el otro extremo menos poblado se encontraba Pando, con 110.436.

También ofrecía datos interesantes referidos a tres sectores fundamentales para la generación de política pública: educación, salud y empleo. En el primero, resaltaba la tasa de alfabetismo, con 97,3% en el área urbana y 89,7% en el área rural. En empleo, de la Población Económicamente Activa (PEA) Ocupada, el 29% se dedicaba a agricultura, ganadería, selvicultura y pesca, el 18,4% al comercio, el 9,7% a la industria manufacturera, el 8,8% a la construcción, el 7,5% al transporte, y el resto a otras categorías. Finalmente, en salud, con referencia al acceso a centros y establecimientos de salud, cerca de 2 millones de personas acudían a una caja de salud (como la CNS, Cossmil, entre otros), cerca de 2 millones recurrían a un médico tradicional y cerca de 4 millones enfrentaban sus malestares con soluciones caseras.

El dato poblacional tiene un impacto trascendental para cualquier región del país, pues genera un recálculo en la distribución de los recursos por coparticipación tributaria, y la representación parlamentaria. El Censo 2012 puso al departamento de La Paz con 29 escaños, seguido de cerca por Santa Cruz con 28, Cochabamba más lejos con 19, y al final, Pando con 5. El siguiente Censo podría determinar que el liderazgo político en Cámara Baja tome una posta hacia tierras orientales, pues las proyecciones apuntan a alcanzar una población de 13 a 14 millones de habitantes, donde 28% pertenecería al departamento de Santa Cruz y el 26%, al departamento de La Paz.

En educación, el Censo 2024 debe permitir además evaluar los impactos generados por la aplicación del nuevo modelo educativo sociocomunitario productivo, plasmado en la Ley 070 “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”, promulgada hace 12 años y que ya cuenta con una primera promoción formada íntegramente bajo dicho modelo educativo.

En salud, el golpe estacional y distractivo de la pandemia nos ha alejado de la evaluación de las políticas públicas asociadas, siendo importante retomar la agenda establecida en estos temas.

Bajo el contexto de un nuevo proceso censal, el pasado 12 de julio, el Consejo Nacional de Autonomías, en su duodécima sesión ordinaria, solicitó al Gobierno la reprogramación del Censo. Los principales factores giran en torno al COVID- 19, la socialización de la boleta censal y una cartografía estadística coordinada con las ETA. Está demás decir que dicha decisión ha desatado un conjunto de colaterales políticos en determinados sectores sociales.

Siendo una atribución privativa del nivel central, el Gobierno busca concretar los consensos respectivos con los principales actores involucrados, concluyendo a la fecha en cada una de las regiones un calendario de socialización del proceso, convirtiendo a estos eventos en instancias ideales para el establecimiento de un diálogo despolitizado y de mutuo acuerdo técnico.

El Censo 2024 debe permitir generar las condiciones necesarias para abrir un nuevo ciclo de planificación del desarrollo de largo y mediano plazo, focalizando de mejor manera las intervenciones del Estado y del nivel subnacional. Permitir generar indicadores claros de medición e impacto de las políticas aplicadas en los últimos 15 años, y con ello el debate de una nueva configuración económica política nacional.

El Censo 2024 debe ser un proceso legítimo, responsable y sistemático basado en información consistente y sobre todo creíble para toda la población.

Christiam Cordero Rocha es ingeniero industrial.

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¿Y cómo va la sustitución de importaciones?

/ 22 de julio de 2022 / 02:02

Con la aprobación del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), en noviembre del año pasado, se establece una nueva ruta país para el desarrollo e implementación de las políticas públicas: “Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien. Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones”, título por demás justificado a partir de la coyuntura dejada por la pandemia y la desastrosa administración pasada.

El PDES 2021-2025 incorpora en su diseño 10 “ejes” que son los articuladores de la política pública entre la planificación de largo plazo (Agenda Patriótica) y la planificación de mediano plazo (PDES), entre estos ejes haremos un repaso al estado de los elementos más relevantes del eje 2, “Industrialización con Sustitución de Importaciones”, en las tres metas que la componen.

La primera meta: “Impulsar nuevas industrias de productos estratégicos…”, tiene en su principal intervención a la industrialización del diésel renovable, biodiésel y diésel sintético, cuyo objetivo es el establecimiento de al menos dos plantas, logrando con ello un 42% de sustitución de la importación de este hidrocarburo. A la fecha, este controversial proyecto cuenta con una inversión de $us 327 millones, distribuido en cuatro plantas de biodiésel, las dos primeras bajo la tecnología FAME (éster metílico de ácido graso, por sus siglas en inglés), con una capacidad de 1.500 barriles diarios cada una (una de ellas, ya entró en construcción); la tercera bajo la tecnología HVO (aceite vegetal hidrotratado, por sus siglas en inglés), consistente en reciclar aceite de cocina como principal materia prima; y la cuarta a partir de la pirólisis de llantas usadas para la generación de este combustible.

La segunda meta: “Incrementar volúmenes de producción de bienes de consumo importados y de insumos, bienes y servicios sustitutos de importación”, tiene, entre otras intervenciones, la industria de los fertilizantes, cuya meta es establecer una planta con una producción de 60.000 Tm/año, logrando con ello un 38% de sustitución de las importaciones para este producto. A la fecha, la planta de fertilizantes de NPK se encuentra en etapa de estudio, tiene previsto una inversión de Bs 34 millones y a Cochabamba como el lugar del emplazamiento. Utilizará como insumos la urea (N) de la planta de amoniaco de Bulo Bulo, el fósforo (P) de la provincia de Capinota y el potasio (K) de la planta de YLB de Potosí.

Finalmente, la tercera meta: “Promover políticas de transformación de materias primas e insumos para generar cadenas productivas de valor que permitan aumentar los volúmenes de producción nacional”, tiene entre sus principales intervenciones la reactivación de la planta de urea, con la meta de lograr una capacidad de 623.000 Tm, una sustitución de las importaciones del 100% y un excedente para la exportación de 566.575 Tm. Al respecto, la planta fue reactivada en septiembre de 2021 y a la fecha tiene una capacidad de producción del 70%, produciendo 1.600 Tm al día, de las cuales 15% se queda a cubrir la demanda interna y el resto, a mercados internacionales como Perú, Argentina, Brasil y Paraguay. La planta entró en mantenimiento para alcanzar una capacidad cercana al 90%, proyectando una producción de 550.000 Tm hasta finales de este año.

Con referencia al estado y consideraciones de la implementación de la Industria de la Química Básica, le invitamos a leer el artículo El inicio de la Química Básica en Bolivia, publicado en este medio el 12 de abril.

Por último, se encuentra la implementación de la industria de la hoja de coca, con la meta de entrar en operación y generar al menos tres productos fundamentales: crema dental, bebida de coca y harina de coca. Al respecto, hace pocos días, mediante el DS 4746 se creó la empresa pública Kokabol, dedicada al establecimiento de una planta de industrialización y comercialización de productos generados a partir de la hoja de coca, que se encontrará en el municipio de Sacaba (Cochabamba) y contará con una inversión cercana a los Bs 62,3 millones.

Son dos años de la implementación de la sustitución de las importaciones, que avanza de manera prudente, claro está, requiere varias acciones complementarias para su consolidación; por otro lado, las intervenciones revisadas requieren la generación de verdaderas ventajas comparativas en el mercado interno, para desplazar de manera natural a las importaciones; pero sin duda, seguimos saliendo adelante.

Christiam Cordero Rocha es ingeniero industrial.

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Bolivia, libre de COVID-19

/ 17 de mayo de 2022 / 01:19

El 10 de marzo se cumplieron 730 días de los primeros casos de COVID- 19 registrados en nuestro país; a la fecha, Bolivia ha superado cuatro olas y tiene un promedio de casos inferior a los 100 por día, con una tasa de letalidad menor al 1%, resonando ya hace varias semanas la llegada de una quinta ola, sin claridad sobre sus características y los efectos que podría provocar.

Cada ola se ha caracterizado por sus propios números y un contexto político social económico por demás interesante, cada ola se ha convertido en un hito en la historia de nuestro país.

La primera ola tuvo una duración aproximada de ocho meses (de marzo a octubre de 2020), con un promedio de 1.500 casos por día y una tasa de letalidad del 6,2%, ligada a un régimen establecido en “mesa”, cuyas características son por demás conocidas y no necesarias de ahondar en este artículo: fue un “gobierno” sin mucho que gobernar y encerrado en sus cuarentenas, que se han convertido en “cuarentenas productivas y de la economía”, provocando un retroceso económico que hasta ahora se encuentra en pleno proceso de recuperación, por ejemplo, el PIB cayó en este periodo hasta -8,8%.

La segunda ola tuvo una duración aproximada de cuatro meses (de diciembre de 2020 a marzo de 2021), con un promedio diario de 2.000 casos y una tasa de letalidad del 2,6%, ligada a la posesión de un nuevo gobierno constitucional establecido en las urnas y con ello, las primeras medidas contra la pandemia, un plan de vacunación y un conjunto de políticas de reactivación económica. El proceso de vacunación iniciaba con las primeras inmunizaciones, tocaba el turno de los trabajadores en salud de primera línea para continuar con las personas con enfermedad de base; a la fecha, todavía se viene insistiendo y sensibilizando a la población sobre la importancia de la vacunación, al parecer no con los resultados deseados. Se iniciaron las campañas electorales para alcanzar las sillas de los gobiernos subnacionales, que fueron extendidas por segundas vueltas hasta abril del mismo año. La población comenzaba a perder el miedo a la pandemia y a exigir la recuperación de su economía.

La tercera ola tuvo una duración de aproximadamente cinco meses (de marzo a julio de 2021), con un promedio de 2.500 casos y una tasa de letalidad del 2,2%, ligada a un repunte interesante de la economía, con un incremento de 5,3% en el primer cuatrimestre de esta gestión. Una reducción del desempleo de 5,2% con respecto a los 11,6% registrados en 2020. Un plan de vacunación con cerca de siete millones de dosis aplicadas a nivel nacional.

La cuarta ola tuvo una duración de aproximadamente cinco meses (de octubre de 2021 a febrero de 2022), con un pico de casos cercanos a los 10.000, pero con una tasa de letalidad del 0,7%, una de las tasas más bajas de la región, incluso a nivel internacional. Pudimos sobrellevar fiestas regionales y nacionales como la Alasita, los distintos carnavales, entre otras. Un plan de vacunación con alrededor 12 millones de dosis repartidas en primera, segunda dosis, refuerzos, etc. Una población que va perdiendo totalmente el miedo a la pandemia, o quizá simplemente es el cansancio generalizado después de dos años de pandemia.

Finalmente, la venidera quinta ola con seguridad tendrá un contexto económico y social muy distinto a sus predecesoras; el mundo progresivamente va dejando el uso del barbijo y va levantando las restricciones establecidas a esta pandemia; por otro lado, las nuevas variantes, al parecer, no tienen la misma carga viral que antes, por tanto, generan una percepción de riesgo más bajo en la población, provocando naturalmente con ello, un relajamiento tanto en su prevención como en su atención; esto significa más atenciones caseras, menos pruebas formales y menos estadísticas para la toma de decisión. El plan de vacunación continúa pero avanza lentamente, frente a una población confiada en los impactos minimizados de la pandemia que no acatará con la misma vehemencia las posibles restricciones emergentes del Gobierno central y mucho menos de los gobiernos subnacionales; son tiempos de reactivación económica y el pueblo bien lo sabe, quedaron atrás las “cuarentenas productivas”, por tanto, esta quinta ola no será como sus predecesoras, no tendrá los números anteriores, no tendrá los impactos anteriores, estamos frente a un punto de inflexión que quizá permita decir que es el inicio de una Bolivia libre de COVID-19.

Christiam Cordero Rocha es ingeniero industrial.

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¿El inicio de la química básica en Bolivia?

/ 12 de abril de 2022 / 01:38

En noviembre del pasado año, con la aprobación del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), se establece nuevas metas quinquenales para cumplir la Agenda Patriótica del Bicentenario. Esta versión del PDES incorpora en su diseño 10 “ejes” que son articuladores de política pública entre la planificación de largo plazo, con la de mediano plazo; entre ellas, el eje 2, relacionado con la industrialización con sustitución de importaciones, que establece, entre otras metas, la implementación de la industria de la química básica para la producción de: ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, carbonato de sodio, hidróxido de sodio e hidróxido de calcio.

La industria de la química básica es una de las más rentables a nivel mundial, con un aporte por demás interesante en el PIB en aquellos países donde fue implementada. En México representa el 2% de su PIB total, generando alrededor de 300.000 empleos y apoyando a más de 5.000 unidades productivas; en el caso de Chile, representa el 2% de su PIB total, con alrededor de 300 empresas dedicadas a esta industria y con 50.000 empleos. El informe del Consejo Internacional de Asociaciones Químicas (The Global Chemical Industry: Catalyzing Growth and Addressing Our World’s Sustainability Challenges) establece que la industria de la química básica aporta con $us 5,7 billones al PIB mundial y genera alrededor de 120 millones de empleos, proyectando un crecimiento aproximado del 4,5% anual hasta 2030.

En Bolivia, la meta de esta industria es lograr una producción de 300.000 toneladas métricas al año, que según el PDES permitirá la sustitución del 100% de las importaciones de productos de química básica, beneficiando a más de 1.000 unidades de productivas a nivel nacional hasta 2025. Asimismo, se sabe que a la fecha el estudio de preinversión está en marcha, para luego iniciar la construcción con un estimado de Bs 1.000 millones hasta 2024. En cuanto a las características de los productos generados por este complejo productivo, se tiene:

Ácido sulfúrico, utilizado como insumo para la generación de productos finales e intermedios de la maderera, textil y de fertilizantes, entre ellos el ácido fosfórico, de amigable absorción y asimilación en los sembradíos.

Ácido clorhídrico, utilizado como reactivo en la agroquímica o en la industria de la construcción. Sus aplicaciones también alcanzan al tratamiento de aguas industriales, decapado de metales en industria metalúrgica, potabilización de agua o la refinación de aceites.

Carbonato y el hidróxido de sodio, utilizado para la fabricación de productos de limpieza, en el sector farmacéutico, en el de tratamiento de agua, en la fabricación de papel, explosivos, tinturas y productos de petróleo.

Hidróxido de calcio, compuesto muy requerido en la industria de la construcción, por sus características de aglomerante; en el sector minero siderúrgico para la extracción de minerales no ferrosos, y en el sector de la agricultura como reductor de la acidez de los suelos.

Entre los países importadores de estos productos se encuentran: Brasil, Chile, Estados Unidos, Alemania, India, Francia, China; entre los exportadores, están Canadá, Alemania, Corea del Sur, Japón, Perú, entre otros.

Es evidente que estos productos, de seguro, dinamizarán varios sectores productivos de nuestro país, generando mayor competitividad en sus productos por la reducción de sus costos de producción traducidos en los precios finales de venta hacia la población, o generando mayor accesibilidad para nuevos negocios o emprendimientos en productos derivados o servicios asociados. No obstante, queda mucho camino por andar y mucha información por evaluar. Sin duda alguna es el inicio de un nuevo ciclo productivo en nuestro país, es el inicio de la química básica en Bolivia.

Christiam Cordero Rocha es ingeniero industrial.

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