Cuando una noche, en el Palacio de Gobierno, se decidió encarar la explotación del litio, era una marcha a lo desconocido. Lo que valía era la determinación. Lo único que se tenía como referencia era el informe francés de la exploración del salar de Uyuni del siglo pasado, su conclusión de reservas de 19 millones de toneladas de litio había despertado ambiciones. El Comité Cívico Potosinista y los habitantes de la región, con la experiencia del saqueo del departamento, dijeron alto. Desde entonces el sueño estaba en vela, con la intención de superar la explotación primaria hacia la industrialización y el beneficio mayor para el Estado, lo que fue recogido por la Constitución del Estado Plurinacional; el empuje vino desde la misma región a través de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS), ellos fueron los que plantearon esta decisión trascendental.
El desafío era grande y tenía que comenzar con lo esencial, sentar presencia en el terreno. A 3.700 metros de altura, en una inmensa planicie expuesta a los vientos, la radiación solar en el día y las bajas temperaturas en la noche, la tarea no fue fácil: había que construir un campamento donde era inexistente la vida orgánica. Para permanecer había que tener, más allá de los requerimientos de sobrevivencia, una gran dosis de convicción de lo que se hacía para soportar semejantes penurias; algún día se escribirá la historia de esos pioneros del litio.
La tarea siguió las normas establecidas: identificación del yacimiento, cuantificación de las reservas, pruebas de laboratorio, para conocer el material y experimentar procesos de la recuperación del litio, pilotaje para verificar el proceso elegido, determinación de los parámetros económicos para ver su rentabilidad. Los resultados eran optimistas, a pesar de la complejidad del material y la baja concentración del litio (0,04%). Se encontró un procedimiento con una recuperación del 30%, una tasa de retorno positivo, lo que lo hacía viable en las condiciones del mercado de ese entonces. En los metales tradicionales estaño y zinc, con leyes de 2%, la recuperación llega al 50%.
La inscripción en el presupuesto de 2011 salvó todos los vericuetos de la administración, donde a veces el celo burocrático se impone a las necesidades del país; así se salvaron de los “exámenes” en el Viceministerio de Inversión Pública, en UDAPE, en el CONAPES, finalmente la norma fue aprobada por el gabinete con el financiamiento del BCB, donde sus supervisores de riesgos hicieron nuevas evaluaciones. Luego en mayo 2011 se firmó un convenio de financiamiento entre el BCB y la Comibol por más de Bs 800 millones.
El proyecto avanzó con las dificultades propias de un emprendimiento de esta magnitud, particularmente con un Estado fiscalizador y una estatal que no acaba de poner sus normas para la producción autónoma y responsable. Estas dificultades llevaron a la creación de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), dependiente del Ministerio de Energía: en el periodo de transición solo ejecutó el 40% de su presupuesto. Así y todo, el proyecto marchó: en 2018 se inauguró la planta industrial de cloruro de potasio y se preveía que la del carbonato de litio funcionaría en 2020.
El golpe de Estado de noviembre de 2019 lo paralizó y se abandonó el mantenimiento de lo avanzado, dedicándose a disfrutar de los cargos burocráticos y vendiendo los saldos de la producción acumulada. Con el advenimiento del gobierno del presidente Luis Arce, YLB pasó a depender del Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Casi inmediatamente vinieron —desde el norte— las voces que descalificaban el proyecto, señalando la baja recuperación y lo prolongado del proceso de evaporación, proponiendo la Extracción Directa del Litio, palabras dulzonas para encandilar a incautos. Así el proyecto aprobado por ley se paralizó; hoy se pretende reiniciarlo con la contratación para la dotación de agua a la planta industrial, que avanza en su construcción, desfasada de los otros componentes necesarios para su marcha.
Desde la oposición política se agita el regionalismo para exigir mayores regalías, cuando el emprendimiento en sí contempla una cadena productiva de 30 emprendimientos paralelos, los que mayoritariamente se ubicarán en Potosí. No es raro que a este coro se sumen connotados traidores a la patria y eternos ganapanes del erario nacional.
Últimamente se habla de las ventas del carbonato de litio; hasta el presente se han comercializado más de $us 200 millones, se calla que esta producción proviene de la planta piloto construida por Comibol, la que gastó en el proyecto $us 19 millones. La comparación de los resultados nos muestra la rentabilidad y desmiente las falsedades con que pretenden enterrarlo. Urge concentrar esfuerzos para poner en marcha la planta industrial de carbonato de litio y continuar con la fabricación de baterías, el otro componente de la cadena productiva igualmente abandonada, olvidándose que esa es la esencia de la defensa de los recursos naturales, explotarlos para su industrialización.
José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.