Estamos en los días de Carnaval y la diversión surge en su máxima expresión, convirtiéndose las fiestas de toda índole en el pan de cada día a nivel nacional; no obstante, es indudable que en el país los motivos para festejar no tienen fechas definidas en el año, por lo cual no es de sorprenderse la llegada de artistas y bandas internacionales de importante prestigio que realzan un evento y denotan la importante capacidad contributiva de los organizadores, quienes de manera intencional o “por desconocimiento” omiten el cumplimiento de las obligaciones fiscales normadas por la Ley 843 y sus decretos reglamentarios, así como modificaciones establecidas en la Ley 1448 del 25 de julio de 2022 y su Decreto Supremo 4850, del 28 de diciembre de 2022.

Pues bien, es menester recordar algo básico, cuando el comprador (una empresa unipersonal, persona jurídica, sea pública o privada, e instituciones y organismos del Estado) adquiere bienes muebles o servicios de personas naturales que no emiten facturas que respalden el gasto realizado, debe retener un porcentaje por concepto de impuestos, es decir la compra de bienes implica una retención del 5% por Impuesto sobre las Utilidades y 3% por Impuesto a las Transacciones, y la adquisición de servicios genera una retención del 13% por el Régimen Complementario al IVA y 3% por el Impuesto a las Transacciones.

Pero qué sucede si esa persona se encuentra en otro país y solo llega a territorio nacional para una presentación en una fiesta privada, preste, concierto o la conocida “Nonstop The Madness 2023” por la que los jóvenes cambiaron los tradicionales festejos de Carnaval. Pues muy simple, el organizador (persona natural, empresa unipersonal o jurídica), en su calidad de sustituto de la obligación, por el servicio realizado con presencia física en el territorio nacional de la persona natural no domiciliada en el país (sea Ana Bárbara, Miriam Hernández, o Bizarrap, por nombrar algunos), procede a retener el 13% del RC-IVA del pago o acreditación realizada y empozar al fisco, ya sea de acuerdo a la terminación de su NIT o dentro de los cinco días de efectuado el pago o la conclusión del servicio, lo que ocurra primero.

Este tratamiento se sustenta en la base imponible del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), que grava los ingresos provenientes de la inversión de capital, del trabajo o de su aplicación conjunta, abarcando la totalidad de los ingresos de fuente boliviana cualquiera fuera el domicilio o residencia de los sujetos pasivos, independientemente del periodo de permanencia de los mismos en el país, por lo cual se considera que la percepción de cualquiera de los ingresos referidos genera obligaciones tributarias en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Esta modificación prevista en la Ley 1448 y el Decreto Supremo 4850 viene a completar el perfeccionamiento del hecho generador para la determinación y pago del RC-IVA por parte de personas naturales no domiciliadas en el país (profesionales, técnicos, artistas, etc.) y que desarrollan actividades laborales de forma dependiente o independiente en Bolivia, con lo cual se da cumplimiento a los principios constitucionales de igualdad y capacidad contributiva a fin de generar recursos que son coparticipados para brindar servicios adecuados a la población en general.

Ana Karina Auza es auditora financiera.

Desde hace algunos días está siendo noticia internacional el desplome de la moneda argentina, devaluándose al punto que al momento 100 pesos argentinos equivalen a Bs 2,70, esta situación está ocasionando que la población de las ciudades fronterizas opte por ahorrar en moneda boliviana en reemplazo de los pesos argentinos a fin de asegurar su valor adquisitivo, inclusive en sustitución del dólar que por costumbre la sociedad argentina consideraba como una “moneda fuerte”. Esta es una realidad que no se hubiera imaginado si es que en su momento el exministro de Economía y Finanzas Públicas, actual Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, no hubiera asumido con determinación las medidas certeras para bolivianizar la economía.

En 2005 ya se había identificado que el sistema financiero reflejaba una profunda desconfianza en la moneda nacional, hecho demostrado por el nivel de los ahorros en bolivianos, los cuales alcanzaban solo al 15% del total y para el caso de los créditos no llegaban ni al 7% de la cartera, estos números demostraban que la sociedad no valoraba nuestro dinero y prefería mantener sus cuentas en moneda extranjera. Hoy en día ese escenario se ha revertido completamente, en la actualidad el 99% de los ahorros y el 86% de los créditos se encuentran en bolivianos.

La fortaleza de nuestra moneda es un referente de la estabilidad económica y confianza que hoy por hoy vive Bolivia, el crecimiento alcanzó el 6,1% en 2021; la tasa de desempleo se ha reducido al 4,2% a mayo; la estabilidad de precios, tal como sucede con el precio de la gasolina y los productos de la canasta básica, que se explica por la política de que lo que se produzca sea primero para los bolivianos. Estos indicadores son producto de un adecuado modelo económico, que otorga mayor relevancia al mercado interno y por ende al bienestar de sus habitantes, empuja la inversión pública y que motiva la producción nacional. Este escenario que en definitiva responde a una buena gestión y manejo de la cosa pública y no al contexto internacional favorable, como indican reiteradamente algunos economistas para desmerecer los resultados alcanzados, despropósito que queda en evidencia ante la situación internacional adversa por los efectos de la pandemia, la guerra entre Ucrania y Rusia, y de otros factores externos como las cadenas de suministro ralentizadas.

Las medidas económicas establecidas por el Gobierno democrático estimularon la demanda interna, dando como resultado una recuperación paulatina y constante de la actividad económica, casada con la implementación de medidas determinantes, entre las cuales deben destacarse el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), que generó en 2021 recursos para el Estado por Bs 241 millones; el Régimen de Reintegro al IVA que ha beneficiado a 67.755 personas, reintegrándose aproximadamente Bs 34 millones en el mismo año; incentivos tributarios orientados a la importación y comercialización de bienes de capital y plantas industriales de los sectores agropecuario, industrial, construcción y minería, logrando que en 2021 se importe por un valor aproximado de Bs 815 millones.

Diversos organismos y la prensa internacional opinaron favorablemente respecto a la estabilidad económica existente en Bolivia, con una inflación controlada que otorga certidumbre a la población en cuanto a su poder adquisitivo, más cuando en diversos países de la región la población de ingresos medios y bajos sufre constantemente por la inflación y la continua inestabilidad de lo que pasará en los siguientes meses con los precios de los combustibles y alimentos.

Entonces, ante lo señalado, ¿usted no cree que, si le va bien al país, nos irá bien a todas y todos como bolivianos?

Ana Karina Auza es auditora financiera.