Voces

Saturday 1 Oct 2022 | Actualizado a 12:57 PM

Gestora, mitos y realidades

/ 21 de septiembre de 2022 / 01:32

La seguridad social de largo plazo es, sin duda, un derecho humano fundamental que ha llevado a los distintos gobiernos a nivel internacional a tomar decisiones en pro de garantizar la jubilación de su población adulta, nuestro país no ha estado al margen de esta situación, es así que durante la década de los 90, el Sistema de Pensiones en Bolivia sufrió modificaciones cambiando de un modelo de reparto a un modelo de “capitalización individual”, privatizando el Sistema Integral de Pensiones (SIP), dejándolo en manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), quedando sujetos como país al rendimiento que el dinero acumulado en las cuentas individuales puedan obtener como resultado de las inversiones; sin embargo, es bien sabido que la mayor parte de estos rendimientos termina beneficiando a empresas extranjeras dueñas de las AFP, utilidades que son transferidas hacia el exterior, quedando muy poco para el mejoramiento de la pensión por jubilación de nuestros ancianos.

A raíz del inicio de las operaciones de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, el pasado 9 de septiembre, operaciones que están orientadas a la administración de los aportes de las y los trabajadores del país destinados a su jubilación, se han vertido distintas opiniones y comentarios antojadizos con relación al beneficio o perjuicio para los bolivianos tras esta situación.

Existen ideas erróneas sobre la Gestora y su rol, aspectos relacionados a la administración que ejerce, que carece de transparencia en el manejo de los fondos, que éstos no cuentan con autonomía ni fiscalización técnica; que no se tiene la capacidad tecnológica y capital humano para el manejo y administración; aseverando que nuestros aportes serán destinados para gastos de funcionamiento y pago de salarios, entre otros; sin duda todos estos planteamientos son mitos creados por desconocimiento de las normas que definen el accionar de esta empresa.

Para tranquilidad de las y los bolivianos, la realidad es que la Ley 065 establece que cada uno de los fondos del SIP se constituye como un patrimonio autónomo y diverso del patrimonio de la empresa que lo administra, esto quiere decir que la Gestora, como empresa pública nacional estratégica, cuenta con un patrimonio propio y autonomía respecto a los recursos de los fondos del SIP, resultando imposible que se haga uso de dichos fondos para fines diferentes a los constituidos en la normativa; por lo que esto descarta el mito de que nuestros aportes serán destinados para gastos de funcionamiento y pago de salarios.

Evidentemente, la Gestora se encuentra ante el desafío de llevar adelante una buena gestión, para el efecto cuenta con el capital humano idóneo, capacitado no solo para la atención del público, sino también para efectuar inversiones responsables del dinero de los bolivianos, asegurando la generación de utilidades y adecuadas rentabilidades, garantizando la sostenibilidad del SIP; a su vez, existen los mecanismos de control y supervisión, puesto que se encuentra bajo la fiscalización de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), situación que garantiza el manejo responsable de los recursos, además de contar con un sistema informático confiable desarrollado exclusivamente para el cumplimiento de su función; asimismo, tiene como principio la administración transparente; todas estas cualidades en su conjunto nos dan la certeza y garantía del manejo de los fondos del SIP.

También es relevante destacar que dentro de las ventajas de que la Gestora administre los aportes de los trabajadores a diferencia de las AFP, que cobraban cuatro comisiones del total del aporte del asegurado, por la administración de estos recursos (0,5% del total ganado de cada asegurado, 1,31% del total de pensión de cada jubilado, 0,85% del fondo de riesgos, y 0,2285% de los portafolios administrados), la Gestora únicamente cobrará una comisión para los asegurados; de igual forma, resulta beneficioso para el país porque las ganancias generadas por la administración de los recursos irá a financiar el Fondo Solidario de Vejez con el objetivo de mejorar las rentas de los jubilados con menores ingresos, destinando a su vez recursos para el pago de la Renta Dignidad en beneficio de los adultos mayores, ganancias que como ya se mencionó, en manos de las AFP eran destinadas a los privados y enviadas al extranjero.

Finalmente, es importante dejar en claro a la población que el inicio de actividades de la Gestora no es un simple discurso ideológico, se trata de una realidad, que nos permitirá dejar de lado la dependencia de la parte privada en el manejo de los aportes de los trabajadores para su jubilación, teniendo la facultad como país de tomar decisiones que logren generar la rentabilidad adecuada, brindando un servicio eficiente para asegurados y no asegurados, con una administración transparente, en beneficio de todas y todos los bolivianos.

Lilian Loayza es economista.

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Señales de reactivación

/ 16 de diciembre de 2021 / 02:25

Tras la propagación de la pandemia del COVID-19, seguida por el cierre de las economías a nivel mundial, los resultados económicos reflejaron cifras negativas alarmantes; ante dicho escenario, organismos internacionales plantearon distintas alternativas con el objetivo de impulsar la reactivación económica y procurar la mitigación de los efectos negativos de la pandemia, siendo una de las medidas propuestas esenciales la aplicación de una política fiscal expansiva.

Al respecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su informe Panorama Fiscal 2021, señala que la región fue una de las más afectadas por el COVID- 19, intensificándose muchas brechas estructurales, entre ellas las sociales y de salud; es así que para hacer frente a los efectos sociales y económicos, los países adoptaron políticas que en una gran mayoría estuvieron orientadas a fortalecer los sistemas de salud pública, apoyar a las familias y proteger la estructura productiva, a través de la implementación de subsidios y transferencias corrientes, instrumentos empleados para mitigar los impactos sociales y económicos pospandemia.

Un comportamiento bastante común fue la expansión del gasto público a fin de atender la crisis y la caída en la recaudación tributaria, dos temas que condujeron al aumento significativo de los déficit fiscales y de los niveles de endeudamiento en la región.

Sin embargo, en el caso particular de nuestro país, una vez posesionado el actual Gobierno, este ahondó en la aplicación de medidas en pro de la reactivación económica, que a la fecha han mostrado resultados positivos, a más de año y medio de haberse registrado el primer caso de COVID-19, del cierre total de la economía con cuarentenas rígidas que truncaron el normal desenvolvimiento de las actividades, afectando principalmente a las personas que trabajan y generan ingresos al día; la situación se revierte, pues a la fecha, pese a la propagación de la tercera y cuarta olas, gracias a la vacunación masiva que aún se encuentra en curso, muchas actividades económicas han logrado mostrar un comportamiento ascendente, tal es el caso del comercio y los servicios, repercutiendo de forma directa en la percepción de ingresos tributarios para el Estado y también en la mejora de éstos para la población.

En ese marco, analizando el comportamiento de dichos ingresos, se percibe que existe un incremento del 15,8% comparando los datos reportados a octubre de 2021 por las administraciones tributaria y aduanera contra similar período de 2020. De forma particular, los impuestos que permiten ver de forma más directa el comportamiento de la economía son el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT) que, por su característica, se efectúan de forma mensual, impuestos que denotan un crecimiento del 29,2% y del 24,9%, respectivamente. Hablando en términos separados por tipo de administración, la recaudación administrada por el Servicio de Impuestos Nacionales reporta un crecimiento del 15,5%, mientras que la administrada por la Aduana muestra un crecimiento del 32,6%; dichas cifras denotan claras señales de reactivación económica que no pueden ser negadas por opiniones sesgadas y oportunistas.

En muchos casos podría resultar objetable el período de comparación, señalando que el punto de partida (2020) no es un año propicio y que cualquier cifra comparada con ese fatídico año resultará siempre positiva (cabe aclarar que dicha forma de comparación es efectuada en todos los países y que no representa un artilugio aplicado únicamente en Bolivia); sin embargo, tomando en cuenta las condiciones en las cuales se encontraban el país y su economía, a octubre de 2020, los esfuerzos para cambiar su rumbo debían ser mayores, por lo que le tocó al Gobierno asumir grandes retos para empezar a obtener los actuales resultados.

Lilian Loayza Ojeda es economista.

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Re-IVA, resultados positivos

/ 24 de abril de 2021 / 22:41

Las profundas desigualdades que se hicieron visibles tras los efectos causados por la pandemia, reflejan la necesidad de analizar más ampliamente la relación entre política tributaria y equidad, a fin de incrementar la intervención pública para mejorar el impacto redistributivo de los impuestos.

La redistribución del ingreso dentro de las políticas económicas de un país resulta determinante para alcanzar un desarrollo armónico; esta tarea se ejecuta a partir de la transferencia de ingresos y riqueza de quienes tienen más a quienes tienen menos, a través de mecanismos sociales como los impuestos, bonos, subsidios, servicios públicos, entre otros. Lo que se busca en el mediano plazo es reducir la pobreza y contribuir de esta forma a una sociedad más solidaria, la cual a su vez permitirá mejorar las perspectivas económicas a partir de elevar las condiciones de vida e incrementar la demanda por servicios y productos de un sector más amplio de la sociedad.

En ese marco, como redistribuidor de ingresos el Estado juega un papel importante mediante la política fiscal, apuntando a aumentar la tributación personal en base a la capacidad económica y buscando que sea más progresiva para atenuar los efectos de los tributos indirectos.

Al respecto, el actual Gobierno promulgó medidas, como parte de su política redistributiva en vistas de contribuir al crecimiento económico del país, las que a la fecha han obtenido resultados positivos, efectivos e inmediatos. Tal es el caso de la Ley 1355, de 28 de diciembre de 2020, que establece el Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA), que tiene la finalidad de devolver un porcentaje del IVA (hasta el 5%) de las compras facturadas efectuadas por personas naturales que tengan un ingreso menor a Bs 9.000, de allí que el mecanismo está dirigido a los segmentos de menores ingresos, en este grupo de beneficiarios se contempla tanto a personas independientes como a dependientes y también a los jubilados.

El Re-IVA es una medida que además de beneficiar a la población de menores ingresos con recursos en efectivo (reflejando su carácter redistributivo), también coadyuva a fomentar la demanda interna del país, procurando a su vez alcanzar un sistema tributario más equitativo y progresivo; siendo el único requisito para poder ser acreedor de dicho beneficio registrarse en la página web del Servicio de Impuestos Nacionales, para posteriormente recibir el reintegro mensual en efectivo directamente en una cuenta bancaria habilitada de forma personal por cada beneficiario.

Esta medida, por su carácter redistributivo, es elogiada por distintos actores sociales, pues las administraciones tributarias logran perfeccionarla a partir de la potencial verificación de la facturación mediante el control cruzado que pueden aplicar los potenciales beneficiarios, se fomenta la cultura en la sociedad de formalizar sus compras; asimismo, se incentiva la formalización de muchos negocios, generando indirectamente una mayor recaudación para el Estado.

Se sabe que a marzo de 2021 se ha hecho efectiva la devolución de Bs 1,6 millones, dinero que retornó a las manos de las y los bolivianos que más necesitan de estos recursos en esta etapa de recuperación, por lo que el Re- IVA apunta principalmente al bienestar común, siendo perfectamente visible que las acciones asumidas por el Gobierno están encaminadas a romper con las desigualdades y generar un impacto redistributivo, partiendo de la aplicación de medidas exitosas como la citada.

 Lilian Loayza Ojeda es economista.

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Paquete navideño, ¿medidas acertadas?

/ 7 de diciembre de 2020 / 02:15

Vamos finalizando uno de los años más complejos de nuestra historia, no solo por la pandemia, sino porque Bolivia venía atravesando una de las etapas económicas y políticas más críticas, gracias a intereses personales de quienes lograron tomar el mando del país en un gobierno de facto, prorrogándose en el mandato valiéndose de un sinfín de artimañas, dejando varios y serios problemas por resolver.

Sin lugar a dudas, Bolivia necesita ser reencaminada, partiendo por la reactivación económica que es uno de los elementos más importantes, además de un compromiso que asumió el presidente Luis Arce después de un triunfo arrasador en las urnas; es así que se viene gestionando un paquete de medidas, que sin duda ha llamado la atención de más de uno, generando comentarios errados y malintencionados recientemente publicados en prensa; al respecto, es importante tener claridad en ciertos temas para saber si son o no medidas acertadas.

Hablando particularmente de la reactivación, basados en la teoría económica, ésta requiere de la implementación de medidas de política económica que pueden ser de corto, mediano y/o largo plazo, si bien la reconstrucción del país pasa por resolver temas de índole estructural como el desempleo, déficit fiscal, generación de ingresos entre otros; en un momento de crisis como el que actualmente viven las familias bolivianas, la entrega del Bono contra el Hambre definitivamente no resuelve el problema en el mediano y largo plazo, pero sí permite paliar al momento la difícil situación por la que atraviesan; evidentemente esta medida no impide que se puedan establecer otras medidas de mediano y largo plazo orientadas a resolver el problema mayor.

Por otro lado, se menciona que se insta a la población a consumir producción boliviana con la idea errónea de que el consumo de bienes producidos en el país solo solventaría empresas no competitivas bajo la protección del Estado; sin embargo, es preciso recordar que no todas las empresas nacionales dependen del Estado y que existen muchos emprendimientos que necesitan ser apoyados para consolidar el empleo y la competitividad de nuestros productos.

Es importante recordar las bases establecidas en el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, que hasta 2019 posicionó a Bolivia entre las mejores economías, incentivando la demanda interna para la generación de excedentes y su posterior redistribución; asimismo, es bien sabido que el Estado debe generar recursos para cumplir sus fines y, según la teoría económica, la principal fuente de ingresos son los impuestos; desde esa perspectiva, las medidas tributarias propuestas están orientadas a la generación de ingresos para la consecución de objetivos de mediano y largo plazo.

En particular, las críticas vertidas al Impuesto a las Grandes Fortunas son desacertadas al señalar que se afectará negativamente al ahorro y a la inversión, pues la base imponible de dicho impuesto corresponde a la acumulación de activos de uso personal y bienes suntuarios, que en la mayoría de los casos constituyen ahorros improductivos para el resto de la sociedad; desde el punto de vista teórico y con base en análisis empíricos (Seim, 2017; Jakobsen et al., 2018) se demostró que impuestos de esta naturaleza no tienen efectos sobre los ahorros; por tanto, la efectividad de la medida en términos de recaudación podría resultar altamente beneficiosa.

Finalmente, en lo referente a las críticas vertidas al Reintegro del Impuesto al Valor Agregado (IVA), es bueno aclarar que si bien el IVA es trasladado a los consumidores, el reintegro saldrá de los pagos efectuados por dichos agentes, que mensualmente son empozados al fisco por los agentes de retención, dicho reintegro no afectará el mecanismo actual del impuesto; al contrario, lo que se busca es formalizar la actividad económica en su conjunto a través de la solicitud de facturas de quienes quieran hacerse beneficiaros de la medida, específicamente como un alivio del impuesto a aquellas personas de ingresos bajos que actualmente pagan el IVA en cada compra, pues a través del reintegro, éstas dispondrán de efectivo que volverán a introducir al mercado a través de nuevas compras, dinamizando así la economía vía demanda interna.

En síntesis, el “paquete navideño” de medidas busca la reactivación económica partiendo de alivios de corto plazo y la generación de recursos orientados a dinamizar y reactivar la economía, con un fin común: el bienestar de los bolivianos en fechas tan importantes para las familias, como las que se aproximan.

Lilian Loayza Ojeda es economista.

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