La seguridad social de largo plazo es, sin duda, un derecho humano fundamental que ha llevado a los distintos gobiernos a nivel internacional a tomar decisiones en pro de garantizar la jubilación de su población adulta, nuestro país no ha estado al margen de esta situación, es así que durante la década de los 90, el Sistema de Pensiones en Bolivia sufrió modificaciones cambiando de un modelo de reparto a un modelo de “capitalización individual”, privatizando el Sistema Integral de Pensiones (SIP), dejándolo en manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), quedando sujetos como país al rendimiento que el dinero acumulado en las cuentas individuales puedan obtener como resultado de las inversiones; sin embargo, es bien sabido que la mayor parte de estos rendimientos termina beneficiando a empresas extranjeras dueñas de las AFP, utilidades que son transferidas hacia el exterior, quedando muy poco para el mejoramiento de la pensión por jubilación de nuestros ancianos.
A raíz del inicio de las operaciones de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, el pasado 9 de septiembre, operaciones que están orientadas a la administración de los aportes de las y los trabajadores del país destinados a su jubilación, se han vertido distintas opiniones y comentarios antojadizos con relación al beneficio o perjuicio para los bolivianos tras esta situación.
Existen ideas erróneas sobre la Gestora y su rol, aspectos relacionados a la administración que ejerce, que carece de transparencia en el manejo de los fondos, que éstos no cuentan con autonomía ni fiscalización técnica; que no se tiene la capacidad tecnológica y capital humano para el manejo y administración; aseverando que nuestros aportes serán destinados para gastos de funcionamiento y pago de salarios, entre otros; sin duda todos estos planteamientos son mitos creados por desconocimiento de las normas que definen el accionar de esta empresa.
Para tranquilidad de las y los bolivianos, la realidad es que la Ley 065 establece que cada uno de los fondos del SIP se constituye como un patrimonio autónomo y diverso del patrimonio de la empresa que lo administra, esto quiere decir que la Gestora, como empresa pública nacional estratégica, cuenta con un patrimonio propio y autonomía respecto a los recursos de los fondos del SIP, resultando imposible que se haga uso de dichos fondos para fines diferentes a los constituidos en la normativa; por lo que esto descarta el mito de que nuestros aportes serán destinados para gastos de funcionamiento y pago de salarios.
Evidentemente, la Gestora se encuentra ante el desafío de llevar adelante una buena gestión, para el efecto cuenta con el capital humano idóneo, capacitado no solo para la atención del público, sino también para efectuar inversiones responsables del dinero de los bolivianos, asegurando la generación de utilidades y adecuadas rentabilidades, garantizando la sostenibilidad del SIP; a su vez, existen los mecanismos de control y supervisión, puesto que se encuentra bajo la fiscalización de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), situación que garantiza el manejo responsable de los recursos, además de contar con un sistema informático confiable desarrollado exclusivamente para el cumplimiento de su función; asimismo, tiene como principio la administración transparente; todas estas cualidades en su conjunto nos dan la certeza y garantía del manejo de los fondos del SIP.
También es relevante destacar que dentro de las ventajas de que la Gestora administre los aportes de los trabajadores a diferencia de las AFP, que cobraban cuatro comisiones del total del aporte del asegurado, por la administración de estos recursos (0,5% del total ganado de cada asegurado, 1,31% del total de pensión de cada jubilado, 0,85% del fondo de riesgos, y 0,2285% de los portafolios administrados), la Gestora únicamente cobrará una comisión para los asegurados; de igual forma, resulta beneficioso para el país porque las ganancias generadas por la administración de los recursos irá a financiar el Fondo Solidario de Vejez con el objetivo de mejorar las rentas de los jubilados con menores ingresos, destinando a su vez recursos para el pago de la Renta Dignidad en beneficio de los adultos mayores, ganancias que como ya se mencionó, en manos de las AFP eran destinadas a los privados y enviadas al extranjero.
Finalmente, es importante dejar en claro a la población que el inicio de actividades de la Gestora no es un simple discurso ideológico, se trata de una realidad, que nos permitirá dejar de lado la dependencia de la parte privada en el manejo de los aportes de los trabajadores para su jubilación, teniendo la facultad como país de tomar decisiones que logren generar la rentabilidad adecuada, brindando un servicio eficiente para asegurados y no asegurados, con una administración transparente, en beneficio de todas y todos los bolivianos.
Lilian Loayza es economista.