La ampliación y la redistribución de la liquidez, el fortalecimiento de la capacidad de crédito de la banca para proyectos de desarrollo y el uso de instrumentos innovadores de financiamiento, son aspectos importantes para proteger a las empresas nacionales.
Favorecer a la producción nacional y el empleo es un factor imprescindible, ya que si solo compramos productos que se fabrican en el extranjero se tendrían que cerrar muchas industrias bolivianas y se perdería miles de puestos de trabajo. En su momento, los Estados Unidos de Norteamérica generaron medidas que dificultaron la entrada de productos de empresas chinas, dando preferencia a la producción de sus propias empresas.
Con la idea de promover la industrialización, el Gobierno promulgó la Ley 1462, del 9 de septiembre de 2022, ampliando la vigencia de la exención y la tasa cero para mercancías clasificadas como bienes de capital destinados a los sectores agrícolas e industriales.
Del mismo modo, esta ley prevé la protección y fomento a la creación de nuevas industrias, toda vez que cuando en una industria hay empresas muy grandes de otros países, las nacionales tienden a tener un escenario más complicado para iniciar sus operaciones. Éste suele ser un gran problema para países subdesarrollados o en vías de desarrollo; en ese marco, y con la finalidad de incentivar la creación de nuevas empresas, a través de la aprobación del Decreto Supremo 4795, del 9 de septiembre de la presente gestión, se amplió el límite del valor para las importaciones de menor cuantía hasta $us 35.000, induciendo a los pequeños y microempresarios, además de nuevos emprendedores, a importar su propia maquinaria, a fin de que optimicen sus procesos productivos y se fabriquen productos con estándares de calidad y de exportación.
Tenemos que entender que si no se toman medidas para mejorar la producción y se continúa con la fabricación de productos “baratos” que no interesan al mercado internacional, lo único que se estaría haciendo es fabricar productos de baja calidad; por esa razón, priorizar la industria nacional de la competencia extranjera es un argumento que justifica su protección, más aún, después de experimentar los resabios de la pandemia y un retroceso económico en 2020.
Para lograr la implementación de la política de sustitución de las importaciones por productos fabricados localmente, es necesario cimentar una economía independiente, es decir, promover de manera paulatina el desarrollo y el crecimiento del aparato productivo nacional, en lugar de aquellos bienes tradicionalmente importados. El Modelo Económico Social Comunitario Productivo procura abandonar este modelo dependiente de la importación de la gran parte de los bienes que actualmente consumimos, con el firme objetivo de generar bienestar económico.
El bienestar económico de un país depende en gran medida de una balanza comercial positiva, que no es otra cosa que producir y exportar en mayor medida la manufactura nacional, e importar menos productos extranjeros; por lo tanto, generar más divisas y gastar menos. Sin embargo, la preferencia del consumidor por los productos extranjeros más baratos, junto con la imposibilidad de las empresas locales para asegurar mercados extranjeros, nos conducirían nuevamente a déficits comerciales.
Las medidas de proteccionismo como parte de la política comercial y fiscal, en ciertos momentos y por ciertos periodos, son altamente necesarias y, junto a los subsidios, son beneficios que se ponen en funcionamiento para influir positivamente en la disminución de los costos de productos y servicios, de tal forma que se reduzcan los costos de bienes terminados y su eventual exportación, augurando que nuestras empresas puedan competir en mejores condiciones en mercados internacionales.
Gróver Chuquimia M. es ingeniero comercial.