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Thursday 24 Nov 2022 | Actualizado a 20:20 PM

Aberrantes percepciones de democracia

/ 28 de septiembre de 2022 / 00:43

No ha sido la mejor opción, pero fue lo que desbloqueó el boicot de la oposición a la elección del Defensor del Pueblo durante cinco sesiones fallidas de la Asamblea Legislativa. Lo ideal hubiera sido que oficialismo y oposición elijan al funcionario con dos tercios de voto compartidos.

Lo que comenzó como una sorprendente concertación, terminó mal, con mayorías eludiendo la concertación y minorías evitando el derecho de las mayorías a hacer prevalecer su representación mayoritaria. Con minorías bloqueando una decisión democrática, que al final se destrabó el viernes con la elección de Pedro Callisaya.

Los siete postulantes que llegaron a la elección bicameral lo hicieron con la firma de senadores y diputados de oposición y oficialismo de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa. Incluso la calificación de requisitos, entre ellos de no militancia, y la meritocrática.

Sin embargo, no sirvió para validar la selección; la oposición pateó el tablero con el argumento de que el MAS cerró el paso a dos postulantes mejor calificados y que se decantó por uno de su línea política, como pasó en 2010 con Rolando Villena (+), que fue elegido con el mote de “masista”.

Atenido a su condición de fuerza mayoritaria, el MAS se decantó por Pedro Callisaya, tildado sin derecho a defensa de masista y ahora nuevo Defensor del Pueblo. Sucesivamente en las cinco votaciones, éste recibió el voto mayoritario del oficialismo y de algunos disidentes de Comunidad Ciudadana (CC) y de Creemos.

Pero nunca pudo conseguir dos tercios, CC optó por bloquearle el paso y Creemos, votar en blanco. La consigna no varió hasta que ambas fuerzas políticas fueron madrugadas por la elección del viernes, al calor de 32 legisladores de oposición con licencia, muchos por las celebraciones de Santa Cruz.

“Somos estúpidos”, “hay Defensor del Pueblo” y “a llorar al río”, admitió el diputado de CC Gustavo Aliaga.

Fue el más sensato, a diferencia de su alianza política, que, a través de un comunicado público, evitó reconocer a Callisaya y consideró su elección de “fraudulenta”, “violenta” e “ilegítima”.

La diputada Luciana Campero se puso al frente de la posición de su alianza y dijo que el comunicado de CC no la representa, que correspondía asumir culpas. “Las cosas están mal, debe existir autocrítica, autoevaluación y, sobre todo, reflexión”, dijo.

Sin embargo, el fin de semana, el jefe político de CC, Carlos Mesa, fiel a sus calificativos (recuerden lo de “fraude monumental” y “sucesión impecable”), desahució la elección de Callisaya, la que consideró de “espuria” y “maniobra artera”.

¿Qué había que hacer? Ni el MAS fue capaz de insistir con el diálogo (en la quinta sesión, el vicepresidente David Choquehuanca sorprendió con la convocatoria), y CC y Creemos se mantuvieron firmes en su decisión de boicotear la designación.

Ni lo uno ni lo otro fueron democráticos, menos abiertos a la concertación. Pero al MAS se le abrió la oportunidad de aprovechar la ausencia de casi la mitad de los legisladores de oposición y lograr dos tercios.

Más allá de la jugada política, Callisaya tiene legalidad y legitimidad, pero su designación forzada por las circunstancias no es buena señal de convivencia política ni de madurez democrática. No podemos esperar los bolivianos vivir de estrategias legislativas en decisiones importantes.

Sin embargo, la mayoría tiene derecho a hacer prevalecer su representación legislativa, sin que esto implique abusar de la fuerza para imponer y forzar. A juzgar por los méritos calificados, Callisaya tenía el derecho de ser designado y Cossío, no; más allá de la opinión subjetiva sobre sus antecedentes políticos e ideológicos.

Pero decir que la designación del Defensor del Pueblo es “aberrante” es una aberración. Es una percepción aberrante de la democracia el entender las cosas como uno quiere, como ciertos intereses propugnan, más allá de los valores reales.

¿Murió la democracia con esa elección? En ciertas oposiciones creen que sí. Sin embargo, esas mismas oposiciones validaron en 2019 la proclamación de Jeanine Áñez en una Asamblea Legislativa sin quorum ni mayorías, menos leyes; con sola una fuerza devenida de la conspiración y la mediación hegemónica que hasta quiso que se crea que esa sucesión “fue impecable”.

Rubén Atahuichi es periodista.

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‘Fuegos artificiales’: en los últimos años, unas cinco veces se alentó el federalismo

Hablar de federalismo ”simplemente son fuegos artificiales de salida (al paro por Censo 2023); no han encontrado ningún elemento motivante para la ciudadanía”, cuestionó Vladimir Peña.

Vladimir Peña, exsecretario general de la Gobernación cruceña, habló sobre Federalismo en La Razón Radio.

/ 24 de noviembre de 2022 / 18:15

En los últimos años, Luis Fernando Camacho y el Comité pro Santa Cruz alentaron sin éxito en al menos cinco ocasiones el federalismo, que, en criterio de Vladimir Peña, resultan “fuegos artificiales”.

En el cabildo del Comité pro Santa Cruz del 13 de noviembre, una de las cinco preguntas estuvo referida a ese modelo de gobierno que rige en Venezuela, Argentina o Estados Unidos.

La noche del martes, al admitir Camacho que no es posible realizar el Censo en 2023, que era su causa infranqueable, anunció la presentación de una “comisión de notables” con ese fin este lunes.

El anunció causó repercusiones inmediatas, aunque ya fue noticia en mayo de 2021, cuando el ahora gobernador asumía sus funciones.

“Ojalá me equivoque, pero simplemente son fuegos artificiales de salida; no han encontrado ningún elemento motivante para la ciudadanía que genere una expectativa de futuro”, cuestionó Vladimir Peña.

Éste fue secretario de Gobierno durante la gestión pasada de Rubén Costas, que, por su lado, abanderó las autonomías desde cuando prefecto de Santa Cruz.

“Lo que no creo que esté bien es lanzar fuegos artificiales cada vez para que algunos se queden mirando el cielo y por abajo estén pasando cosas”, insistió Peña en La Razón Radio.

En el último cabildo del Comité pro Santa Cruz la pregunta causó dudas, confusión y especulaciones, como que estaba planteada con el fin de instaurar un régimen separatista.

“¿Están todos de acuerdo en delegar al Comité pro Santa Cruz, la convocatoria a una comisión constitucional que, en el marco legal y democrático, revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano?”, preguntó Calvo en un video.

La respuesta fue favorable.

Al día siguiente, el mismo Comité pro Santa Cruz, a través de sus redes sociales, intentó explicar el sentido de la pregunta, aunque no nombró la palabra federalismo.

Pero Calvo, cuando la noche del cabildo casa fue reprendido en su casa por sus seguidores por la aparente capitulación del movimiento en demanda del Censo en 2023, intentó una aproximación a la pregunta.

Nos hemos referido a la revisión de la relación con el Estado para discutir “ya sea federalismo, un Estado confederado o algo que nos saque del centralismo”, respondió.

Lea más: Camacho reivindica dar el poder a las regiones con el federalismo ante la ‘soberbia centralista’

Y en La Razón Radio, el vocero de la Universidad Gabriel René Moreno, Manfredo Bravo fue más claro. “Hablamos de defender y recuperar los criterios de las bases autonómicas y profundizarlas de cara a un sistema federal; ése es el objetivo”, explicó.

Pero el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, intentó eludir el propósito de la pregunta del cabildo en una entrevista con la cadena CNN ese lunes 24.

“En ningún momento tocamos el tema de federalismo o independentismo”, aclaró.

Cuando Camacho nacía a la vida política, en 2019, se encargó de reponer en la agenda pública la vieja demanda de federalismo.

Entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, organizó un cabildo multitudinario para mostrar fuerza ante el gobierno de Evo Morales, al que después derrocó.

En esa concentración del 5 de octubre, que ya había adelantado un fraude en las elecciones del 18 de octubre, planteó la pregunta.

“Están dispuestos a que este cabildo sea el punto de partida en donde asumamos el compromiso ciudadano e institucional de trabajar sin descanso en una propuesta federal real, solidaria, unificadora”, lanzó.

También la respuesta fue un “sí” contundente.

En 2020, cuando Camacho fue candidato a la presidencia en las elecciones del 18 de octubre, volvió a hablar del asunto.

“Estamos peleando para esa descentralización profunda, para que en 10 años podamos finalizar con un federalismo tan anhelado”, decía en un recorrido en Potosí junto a su compañero de fórmula Marco Pumari.

El otrora líder cívico no fue elegido, su agrupación política Creemos logró el 14% de los votos. Entonces, Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS), ganó la elección con el 55,1%.

Sin embargo, Camacho pugnó en las elecciones subnacionales del 7 de marzo de 2021. Otra vez levantó la bandera del federalismo y ganó la votación.

Uno de sus primeros decretos al asumir sus nuevas funciones fue el referido a la creación de la Comisión de Recuperación de la Autonomía, el 3 de mayo de 2021.

El artículo 2 del Decreto Departamental 338 establece que dicha comisión será la “instancia de análisis, evaluación y seguimiento de todo el proceso de implementación de autonomías (…)”.

Camacho nombró entonces a unas tres personalidades cruceñas como miembros de la comisión, entre ellos Germán Antelo, expresidente del Comité pro Santa Cruz.

Peña recordó el momento y cuestionó la institucionalidad de dicha oficina. “No hay un solo bosquejo hasta ahora de esa comisión de notables”, dijo en La Razón Radio.

Además, recordó que, “para recuperar calle”, el gobernador cruceño secundó con esa propuesta las protestas del Comité pro Santa Cruz contra la Ley 1386, de Estrategia contra la Legitimación de Ganancias Ilícita, que finalmente fue abrogada en 2021.

El 21 de noviembre de ese año, consideró que el modelo que el MAS propuso “ha llegado a un agotamiento”. “Entonces ha llegado el momento de discutir una solución de fondo. Y esa solución se llama: federalismo”, tuiteó.

Entonces se propuso un proceso de socialización del modelo en todo el país. El 1 de diciembre de 2021 llegó a Tarija, donde lo esperaron protestas, en su criterio, alentadas por el Gobierno.

Según Peña, Camacho habla de federalismo solo como una salida a una crisis política, como la de ahora, cuando comienza a ser cuestionado por aceptar el Censo de Población y Vivienda de 2024, que había cuestionado durante las semanas de conflicto.

“Planteó federalismo y lo guardó en su cajón”, criticó el exsecretario de Costas.

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Rodríguez afirma que no hay necesidad de una ley para escaños y redistribución

“Nosotros, como cámara revisora, estamos a la espera de los informes de la comisión y del pleno de la Cámara de Diputados”, adelantó, no obstante, Andrónico Rodríguez.

El presidente de la Cámara de senadores, Andrónico Rodríguez

Por Rubén Atahuichi

/ 24 de noviembre de 2022 / 11:17

Aunque la Cámara de Senadores esperará el proyecto sobre el Censo, su presidente, Andrónico Rodríguez, afirmó que no hay necesidad de una ley específica para la redistribución de escaños y la distribución de recursos.

“El Censo está normado por la Constitución y la Ley 026, de Régimen Electoral. Los 10 últimos censos no han requerido de una ley exclusiva para su realización”, dijo en conferencia de prensa.

La Comisión de Constitución discute la pertinencia o no de varios proyectos de ley referidos al Censo de Población y Vivienda.

Eso a iniciativa de la oposición y del oficialismo.

“Nosotros, como cámara revisora, estamos a la espera de los informes de la comisión y del pleno de la Cámara de Diputados”, adelantó, no obstante, Rodríguez.

Ley de escaños

Sin embargo, aclaró que cualquier ley que se apruebe en la Asamblea Legislativa va a consignar el mandato del Decreto Supremo 4823 de Censo el 23 de marzo de 2024.

Rodríguez, del Movimiento Al Socialismo (MAS), explicó que el artículo 298 de la Constitución define que la organización de los censos es “competencia privativa” del Órgano Ejecutivo.

Como segundo elemento, dijo que “de manera implícita y obligatoria tras los resultados del Censo”, el Órgano Ejecutivo deberá diseñar la redistribución de recursos de coparticipación tributaria.

Y, tercero, explicó que la asignación de escaños está también definida en la Ley 026, que define que después del Censo “debe haber una modificación de circunscripciones”.

El titular del Senado cuestionó cómo el gobernador Luis Fernando Camacho y el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, propiciaron un paro sin un objetivo concreto.

“Su propuesta de Censo en 2023 se desvaneció y murió, porque no supieron defenderla ni técnica ni políticamente”, afirmó Rodríguez.

El martes, Camacho consideró que es “no es posible” realizar el Censo en 2023.

Semanas después de haber exigido ese plazo como mandato del cabildo del 30 de septiembre.

“Ellos han jugado a quién dobla el brazo y quién gana la batalla y quién sale victoriosos para sentirse bien”, cuestionó.

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Lamentó que el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, liderado por Camacho, Calvo y el rector Vicente Cuéllar, hayan trasladado el conflicto a la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, adelantó que el Órgano Legislativo cumplirá con su responsabilidad, siempre y cuando se respete las competencias del Ejecutivo.

Conflicto

Rodríguez crítico la propuesta del último cabildo, del 13 de noviembre, sobre la revisión de la relación político de Santa Cruz con el Estado,

“Asuman con responsabilidad y las consecuencias de sus acciones. Todos contamos en este país, mestizo e indígenas; Santa Cruz no es su finca, para que digan vamos a evaluar la relación con el Estado. Santa Cruz es Bolivia”, dijo.

Así, reclamó que Camacho y Calvo digan la verdad al pueblo cruceño.

“No se escuden detrás de las palabras de que el ‘masismo no nos quiere’, que ‘el centralismo nos odio’ y que el Gobierno no nos atiende’”, fustigó.

Santa Cruz sufre 34 días de paro desde el 22 de octubre en demanda de Censo en 2023. El martes, Camacho admitió que no es posible ahora la petición y, al contrario, reclamó una ley.

Vea la conferencia:

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Mesa califica de ‘calamidad pública’ el paro por el Censo y reclama debate directo de la ley

CC sugiere la aplicación del artículo 121 del Reglamento General de la Cámara de Diputados que permite “dispensar cualquier trámite innecesario y del informe previó de la Comisión de Constitución”.

Carlos Mesa junto a la bancada de CC, en la presentación del proyecto de ley sobre el Censo. Foto: APG

/ 23 de noviembre de 2022 / 17:16

El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, calificó de “calamidad pública” el paro indefinido en Santa Cruz y reclamó un debate directo de la ley del Censo.

“Ante la decisión del MAS de bloquear el tratamiento de la Ley del Censo en la Comisión, y la calamidad pública generada por el paro en Santa Cruz, la norma permite el debate directo en plenario”, escribió en Twitter.

“CC exige acelerar aprobación de la Ley, evitar la violencia y volver a la normalidad”, afirmó el exmandatario, en medio de tensiones en la Cámara de Diputados por la consideración de una ley.

Carta a Mercado

Mesa hizo pública, además, una carta que su alianza mandó al presidente de Diputados, Jerges Mercado, a quien la recuerda que el paro por el Censo ya es una “calamidad pública”.

Puede leer: Camacho admite ahora que la fecha del Censo es un ‘concho’ y ya no es ‘determinante’

Es “una situación de calamidad pública que afecta la paz, la tranquilidad, la seguridad y los derechos humanos de los ciudadanos”, dice la misiva.

Ante esa situación, CC sugiere la aplicación del artículo 121 del Reglamento General de la Cámara de Diputados que permite “dispensar cualquier trámite innecesario y del informe previó de la Comisión de Constitución”.

Debates

Desde el lunes, dicha comisión, presidida por el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan José Jáuregui, intenta un debate de al menos seis proyectos de ley sobre el Censo.

El propósito es, a demanda de la oposición, modificar la fecha del empadronamiento fijada en al Decreto Supremo 4824, 23 de marzo de 2024, a octubre de 2023.

Luego de varias pausas, diputados de oficialismo no se ponen de acuerdo sobre ninguna de las propuestas. Jáuregui adelantó que modificar la fecha colisionaría con la Constitución.

Competencias

Con eso se refirió específicamente al mandato de los artículos 297 y 297, que señalan como “competencia privativa” del nivel central el desarrollo de los censos.

Desde la oposición consideraron que el MAS traba la discusión debido a sus divergencias internas.

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Sobre este extremo, la expresidenta de la Cámara de Diputados Gabriela Montaño cuestionó que se eche la responsabilidad del conflicto al MAS.

“No son las tensiones internas en la bancada del MAS las que están provocando la paralización del avance de este proyecto de ley”, dijo en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

La también extitular del Senado consideró que, sin consensos previos con el oficialismo, el haber migrado el conflicto a la Asamblea Legislativa es artificial.

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Camacho admite ahora que la fecha del Censo es un ‘concho’ y ya no es ‘determinante’

Luis Fernando Camacho y Vicente Cuéllar anunciaron que la tarde de este miércoles el Comité Interinstitucional definirá el curso del paro indefinido en Santa Cruz.

Vicente Cuéllar y Luis Fernando Camacho se refieren a la ley del Censo.

/ 23 de noviembre de 2022 / 13:56

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, admitió que la discusión sobre la fecha del Censo resulta ahora “un concho” (sobra) y ya “no es determinante”.

En conferencia de prensa luego su reunión con miembros de la Iglesia Católica, el líder regional anunció que la tarde de este miércoles se reunirá el Comité Interinstitucional para definir los pasos de la protesta.

Camacho consideró que la dirigencia cruceña consiguió “el 90%” de sus demandas, relativas al compromiso gubernamental de redistribuir recursos y escaños a partir de septiembre de 2024.

Cuéllar

Entretanto, el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, cuestionó que el Comité Interinstitucional no hay tenido la atención debida de parte del Gobierno

“Necesitamos pacificar el país y eso está en manos del Gobierno, que viabilice una ley que dé certidumbre al pueblo boliviano y responda a las exigencias del pueblo cruceño”, dijo.

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Coordinador del Comité Interinstitucional, Cuéllar no quiso adelantar criterio alguno respecto de si dicha reunión suspenderá o no el paro indefinido.

Cambio de posición

Camacho es principal protagonista del conflicto en Santa Cruz y en varias oportunidades consideró que el mandato del cabildo del 30 de septiembre, de Censo en 2023, es inquebrantable.

“Puede haber mesas de diálogo, mesas técnicas, pero nuestro mandato es que (el Censo) se haga en 2023 cualquiera que sea el mecanismo”, dijo el 3 de noviembre.

Incluso advirtió a cruceños que acepten el Censo de Población y Vivienda en 2024, como ahora señala el Decreto Supremo 4824, con considerarlos traidores bajo “muerte civil”.

Asamblea

La nueva postura de Camacho cambia el fondo del conflicto, la fecha del Censo, y anuncia otro escenario, la aprobación de una ley para que “no esté haciendo el MAS sus maniobras políticas”.

Parte de la bancada de Creemos, que lidera el gobernador cruceño, propone Censo en 2023 a través de una ley que todavía no pasó de una comisión al pleno de la Cámara de Diputados.

El paro indefinido —cuya suspensión fue sugerida y reclamada por varios sectores, incluso medios que lo impulsaban— cumplen esté miércoles 33 días, desde el 22 de octubre.

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Matonaje por el Censo

/ 23 de noviembre de 2022 / 02:13

El país está sumergido en un callejón sin salida a raíz de una pulseta por la fecha del Censo de Población y Vivienda. Todo comenzó con la postergación del empadronamiento inicialmente previsto para el 16 de noviembre de este año.

Son 33 días de paro indefinido en Santa Cruz, que se justificó en demanda de Censo en 2023, a pesar de la modificación planteada en el Consejo de Autonomías del 12 de julio, cita a la que, de los nueve gobernadores del país, no asistió Luis Fernando Camacho.

Mientras, sin necesidad, el diferendo pasó a la Asamblea Legislativa, conviene revisar algunos hechos que desnudan la naturaleza del conflicto que comenzó por la tarea ineficiente del Instituto Nacional de Estadística (INE) — que había garantizado el Censo de 2022— y prosiguió con su uso político.

El principal actor es Camacho, que dejó sus responsabilidades de gobernador para ocuparse, de facto, de sus viejas funciones de dirigente cívico. Su gestión —que ya mostraba cifras rojas— está en el limbo luego de no solamente los 33 días de paro, sino desde mucho antes. Ya le dijeron que su hábitat es la confrontación, en desmedro de su gestión.

Desconoció la sugerencia de postergación del Censo del Consejo de Autonomías, desautorizó a sus ocho colegas a los que, al contrario, los llamó “masistas” y tildó de “vendidos” por apoyar la medida. Eludió una a una las oportunidades de diálogo, desahució las mesas técnicas, insinuó la resistencia civil, promovió la discriminación y el racismo al considerar que quienes se reunían en un cabildo contra el paro eran avasalladores, y validó la violencia de sus seguidores y la parapolicial Unión Juvenil Cruceñista (UJC).

Su carácter autoritario también tocó a sus correligionarios como el rector Vicente Cuéllar, a quien le recordó que tendrán “muerte civil” quienes osen traicionar a Santa Cruz. ¡Y se puso camisa de fuerza al insistir en que conseguirá Censo en 2023!

Con su lógica, Rómulo Calvo se convirtió en su lugarteniente, con el antecedente de una vez haber llamado “bestias humanas” a los migrantes en Santa Cruz y haber promovido el desconocimiento del triunfo electoral de Luis Arce, a quien incluso le recordó que tiene “la receta para tumbar” gobiernos.

Los cruceños, y los bolivianos, están ahora a merced de ellos, cuya protesta más parece un matonaje que movimiento cívico. Cierto, entre los manifestantes seguramente hay ciudadanos convencidos de su protesta legítima, pero en el marco de la democracia.

Todo comenzó con las preguntas predeterminadas que validaron en un cabildo que no fue 1.530.000 personas —como certificó una notaria de Fe Publica contratada por el Comité pro Santa Cruz— sino de solo 229.126, según estableció en un estudio el Tribunal Electoral.

El paro emanado de ese cabildo no es pacífico y ha degenerado en peores formas de protestar. Hay una serie de hechos violentos evidentes, más la muerte de cuatro personas en circunstancias vinculadas al movimiento: una persona golpeada por movilizados por el paro en Puerto Quijarro, otra degollada por un cable en un punto de bloqueo y dos apuñaladas entre sí debido a disputas por el control de otro de los puntos de bloqueo. Además, la quema y el saqueo de sedes sindicales.

Muchos puntos de bloqueo se han convertido en puntos de matonaje, con acciones ilegales como el cobro de “peajes”, el acoso a mujeres, el abuso a enfermos, el control de credenciales, el cierre al paso de ambulancias y, lo indignante, la revisión de ataúdes y carros fúnebres. También, en el lado más romantizado, en puntos de fiestas, matrimonios, cumpleaños, churrascos, borracheras, juegos de póker, piscinas, árboles de Navidad o televisión abierta para ver el Mundial de fútbol.

Ni es paro voluntario. La UJC se encarga de amedrentar y atacar a quienes no se someten.

Lo peor, la protesta abusa del pueblo. Senadores y diputados de la alianza de Camacho admitieron que es imposible el Censo en 2023, pero no se atreven a informarlo así.

Todo, naturalizado y relievado por algunos medios de información masivos, que cuentan esos extremos como si fueran normales y no atentatorios contra los derechos humanos.

Rubén Atahuichi es periodista.

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