No ha sido la mejor opción, pero fue lo que desbloqueó el boicot de la oposición a la elección del Defensor del Pueblo durante cinco sesiones fallidas de la Asamblea Legislativa. Lo ideal hubiera sido que oficialismo y oposición elijan al funcionario con dos tercios de voto compartidos.
Lo que comenzó como una sorprendente concertación, terminó mal, con mayorías eludiendo la concertación y minorías evitando el derecho de las mayorías a hacer prevalecer su representación mayoritaria. Con minorías bloqueando una decisión democrática, que al final se destrabó el viernes con la elección de Pedro Callisaya.
Los siete postulantes que llegaron a la elección bicameral lo hicieron con la firma de senadores y diputados de oposición y oficialismo de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa. Incluso la calificación de requisitos, entre ellos de no militancia, y la meritocrática.
Sin embargo, no sirvió para validar la selección; la oposición pateó el tablero con el argumento de que el MAS cerró el paso a dos postulantes mejor calificados y que se decantó por uno de su línea política, como pasó en 2010 con Rolando Villena (+), que fue elegido con el mote de “masista”.
Atenido a su condición de fuerza mayoritaria, el MAS se decantó por Pedro Callisaya, tildado sin derecho a defensa de masista y ahora nuevo Defensor del Pueblo. Sucesivamente en las cinco votaciones, éste recibió el voto mayoritario del oficialismo y de algunos disidentes de Comunidad Ciudadana (CC) y de Creemos.
Pero nunca pudo conseguir dos tercios, CC optó por bloquearle el paso y Creemos, votar en blanco. La consigna no varió hasta que ambas fuerzas políticas fueron madrugadas por la elección del viernes, al calor de 32 legisladores de oposición con licencia, muchos por las celebraciones de Santa Cruz.
“Somos estúpidos”, “hay Defensor del Pueblo” y “a llorar al río”, admitió el diputado de CC Gustavo Aliaga.
Fue el más sensato, a diferencia de su alianza política, que, a través de un comunicado público, evitó reconocer a Callisaya y consideró su elección de “fraudulenta”, “violenta” e “ilegítima”.
La diputada Luciana Campero se puso al frente de la posición de su alianza y dijo que el comunicado de CC no la representa, que correspondía asumir culpas. “Las cosas están mal, debe existir autocrítica, autoevaluación y, sobre todo, reflexión”, dijo.
Sin embargo, el fin de semana, el jefe político de CC, Carlos Mesa, fiel a sus calificativos (recuerden lo de “fraude monumental” y “sucesión impecable”), desahució la elección de Callisaya, la que consideró de “espuria” y “maniobra artera”.
¿Qué había que hacer? Ni el MAS fue capaz de insistir con el diálogo (en la quinta sesión, el vicepresidente David Choquehuanca sorprendió con la convocatoria), y CC y Creemos se mantuvieron firmes en su decisión de boicotear la designación.
Ni lo uno ni lo otro fueron democráticos, menos abiertos a la concertación. Pero al MAS se le abrió la oportunidad de aprovechar la ausencia de casi la mitad de los legisladores de oposición y lograr dos tercios.
Más allá de la jugada política, Callisaya tiene legalidad y legitimidad, pero su designación forzada por las circunstancias no es buena señal de convivencia política ni de madurez democrática. No podemos esperar los bolivianos vivir de estrategias legislativas en decisiones importantes.
Sin embargo, la mayoría tiene derecho a hacer prevalecer su representación legislativa, sin que esto implique abusar de la fuerza para imponer y forzar. A juzgar por los méritos calificados, Callisaya tenía el derecho de ser designado y Cossío, no; más allá de la opinión subjetiva sobre sus antecedentes políticos e ideológicos.
Pero decir que la designación del Defensor del Pueblo es “aberrante” es una aberración. Es una percepción aberrante de la democracia el entender las cosas como uno quiere, como ciertos intereses propugnan, más allá de los valores reales.
¿Murió la democracia con esa elección? En ciertas oposiciones creen que sí. Sin embargo, esas mismas oposiciones validaron en 2019 la proclamación de Jeanine Áñez en una Asamblea Legislativa sin quorum ni mayorías, menos leyes; con sola una fuerza devenida de la conspiración y la mediación hegemónica que hasta quiso que se crea que esa sucesión “fue impecable”.
Rubén Atahuichi es periodista.