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Thursday 24 Nov 2022 | Actualizado a 20:13 PM

Marco Antonio Aramayo: torturado hasta morir

/ 2 de octubre de 2022 / 01:42

Parece que en Bolivia tenemos el extraño privilegio de haber inventado un escalofriante nuevo método de tortura: el acoso judicial-policial mediante la apertura simultánea de centenares de nuevos encausamientos judiciales en diferentes lugares. El caso emblemático de esta modalidad es el de Marco Antonio Aramayo, exfuncionario del Fondioc, que tras siete años de “detención preventiva” había acumulado nada menos que 256 procesos. En un gesto de verdadera dignidad, prefirió la muerte antes que declararse culpable y atenerse a un juicio abreviado que rápidamente lo hubiera puesto en libertad. Hasta el final defendió su inocencia y no se retractó de las denuncias que destaparon la olla de la corrupción.

La tortura, entendida como coerción física o psicológica ejercida sin límite ni control sobre las personas, tiene una larga data. Durante la conquista hispánica y en el amplísimo espacio de la colonia estuvo en auge la utilización de la tortura como una práctica corriente aplicada sobre los pueblos sometidos, testimonios y documentos históricos irrefutables así lo confirman y en el caso del cronista indomestizo Waman Poma de Ayala, además se ilustran con imágenes impactantes que han quedado como grabadas a fuego. Los más de 250 años de la “Santa Inquisición” fueron pródigos en el uso sistemático de la tortura para arrancar confesiones y aplicar castigos a los “herejes” y “brujas”, miles de los y las cuales terminaron sus vidas en la hoguera.

En los alzamientos indígenas de fines del siglo XVIII y en la guerra de la independencia, la tortura tuvo también un uso generalizado, frecuentemente en ambos bandos de la contienda, pero es difícil imaginar un suplicio mayor que el descuartizamiento de los líderes indígenas Túpac Amaru en el Cusco y Túpac Katari en la localidad de Peñas, quien fue sacado de la prisión arrastrado a la cola de un caballo y cuyo cuerpo fue despedazado y luego repartido “para público escarmiento”.

En la mayoría de países de Nuestra América, la instauración de regímenes republicanos no significó la eliminación inmediata de la tortura. En ese largo recorrido de construcción democrática, hubo avances y también retrocesos muy significativos.

La humanidad toda, luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, dio un gigantesco paso en esta materia con la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Para el Derecho Internacional la tortura, así como otros tratos crueles, inhumanos y degradantes pasaron a considerarse no solamente como actos aborrecibles, sino como delitos punibles. No obstante, esto tampoco significó la desaparición de diversas formas de tortura, las recaídas fueron numerosas y frecuentes.

En las delirantes campañas anticomunistas inspiradas en la doctrina de “seguridad nacional” se alentó y prohijó a crueles dictaduras militares que practicaron una suerte de terrorismo de Estado abundante en el uso de la tortura y de nuevas aberrantes formas de represión como la desaparición forzada.

En nuestro país, tenemos una historia medianamente larga en esta materia, incluyendo por supuesto el periodo de los últimos 40 años que vivimos bajo regímenes elegidos o designados por procedimientos democráticos.

Los Derechos Humanos no admiten exclusiones, no pueden ser privilegio de ningún sector o de quienes tienen la fuerza institucional, económica o política. Los procesos legales no deben convertirse en un mero trámite para formalizar el castigo, presumiendo la culpabilidad antes que la inocencia.

El caso de Marco Antonio Aramayo, explicado a detalle en una reciente publicación del ITEI (Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado), permite no solamente ver en perspectiva histórica el fenómeno de la tortura, sino también avizorar lo que puede y debe hacerse de inmediato para avanzar y no retroceder en el tema de los Derechos Humanos.

Carlos Soria Galvarro es periodista.

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Todos pierden si continúa la pulseta

Cuesta imaginar, y más aún explicar las razones para que se haya armado semejante despelote.

/ 13 de noviembre de 2022 / 00:52

Al momento de escribir esta columna (noche del jueves 10 de noviembre), no es posible apreciar cuál será el desenlace final del “conflicto” sobre el Censo. Continúa la pugna entre el Gobierno y la oposición acerca de un tema que no debiera suscitar mayores puntos discrepantes. Cuesta imaginar, y más aún explicar las razones para que se haya armado semejante despelote en torno a una cuestión aparentemente tan simple: la fecha en que debemos posar para tomarnos una fotografía que nos aproxime, más o menos, a saber cuántos somos, dónde y cómo vivimos.

Entonces, tratándose de una “noticia en desarrollo” no resulta atinado hacer un anticipado arqueo global de los resultados obtenidos y sus posibles efectos en el corto y mediano plazo. Lo que se tiene al momento es, de parte del Gobierno, un “ya no hay nada que discutir” y de la dirigencia cruceña un “no daremos el brazo a torcer” (textual, lo cual confirma que la pelea es vista como una pulseta).

Así las cosas, solo intentaremos plantear aquí algunas interrogantes que quizá contribuyan a un posterior recuento exhaustivo.

A riesgo de ser tipificado de “contemporizador” señalaré elementos críticos de uno y otro lado para que sean los propios lectores quienes los coloquen en uno u otro lado de la balanza y saquen sus propias conclusiones.

-¿Por qué el Gobierno sostuvo que “todo estaba listo” para realizar el Censo en noviembre del 2022? ¿Alguien asume la responsabilidad por tan tremendo equívoco?

-¿La decisión de prorrogar la fecha por casi dos años surgió espontáneamente en el Consejo de Autonomías, o fue sugerida por el Gobierno? ¿Se podía cerrar fechas prescindiendo de la región demográfica y económicamente más importante del país? ¿La ausencia deliberada de Camacho no era una señal de lo que podía ocurrir?

-¿Por qué el Gobierno no aclaró desde un inicio que los resultados del Censo de 2024 serían tomados en cuenta para la redistribución de ingresos, la asignación de escaños y la convocatoria a elecciones de 2025? ¿Por qué no se podía abrogar el famoso decreto si ahora se emitirá otro que recogería las modificaciones acordadas?

-¿En qué medida influyen en la toma de decisiones las actuales trifulcas internas del partido oficialista? ¿Los personeros del Gobierno pueden afirmar sin sonrojarse que no se cometen actos de violencia en las movilizaciones que propician y que los empleados públicos no son obligados a concurrir? ¿Cabildos, manifestaciones y cercos contra el paro, son acciones políticas o “técnicas”?

He ahí una pequeña porción de las interrogantes que podrían plantearse al oficialismo. Veamos ahora la otra cara de la moneda:

-¿Camacho, Calvo y compañía creen por ventura que con las acciones que encabezan van a ampliar, o cuando menos consolidar, las bases sociales que los sustentan, tanto en Santa Cruz como en el resto del país? ¿Acercan o alejan el rol preponderante que la región está llamada a cumplir en la Bolivia del siglo XXI?

-¿Si el Gobierno cedía a la demanda “Censo 2023”, cuál era el plan B para continuar en la onda de la confrontación? ¿Por qué todas y cada una de las evasivas o abandonos del diálogo sonaron a temas baladíes, a explicaciones contradictorias o a ostensibles pretextos?

-¿Alguien de la dirigencia cruceña se ha puesto a calcular aproximadamente las pérdidas económicas ocasionadas no ya a pequeños comerciantes, artesanos y otros cuentapropistas, sino a medianos y grandes productores agropecuarios? ¿Quién pagará la factura que crece más y más cada día de paro?

-Hay cientos de preguntas preocupantes: ¿Conocen la normativa legal que protege al sistema democrático de los aprestos sediciosos? ¿Sigue siendo la ultraderecha el trasfondo ideológico que los anima? ¿Controlan la violencia o la están desatando como parece ocurrir en las últimas horas? ¿De dónde salen los recursos para financiar el paro? ¿Cómo explica Camacho la pésima gestión al frente de la Gobernación cruceña?

Y para el cierre una afirmación: parecen convencidos de que la historia de 2019 puede repetirse. Olvidan que si esto ocurrió como tragedia, la segunda vez sería como una vulgar comedia.

Carlos Soria Galvarro es periodista.

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Remberto Cárdenas: otra luz que se apaga

/ 30 de octubre de 2022 / 01:28

Aprovechando la cercanía de la fecha de su nacimiento (28 de octubre de 1796), había decidido escribir esta quincena, una vez más, sobre José Santos Vargas, el Tambor. Buscaba mis artículos anteriores para evitar repeticiones, decidir dónde poner algunos énfasis y volver a plantear el dilema propuesto por Cachín Antezana hace ya algunos años sobre quién prevalecerá… ¿Juan de la Rosa, personaje de ficción creado por Nataniel Aguirre o… Tambor Vargas, personaje histórico de carne y hueso, reencontrado por Gunnar Mendoza gracias a su célebre Diario?

Estaba en esas cuando llegó la triste, dolorosa e inexorable noticia: Remberto Cárdenas partió al amanecer de este jueves 27 de octubre.

Confieso que costó mucho reponerme de tan rudísimo golpe para retornar a la redacción de esta columna. En principio, tuve que hacer a un lado el compromiso de no escribir obituarios, no asistir a velorios, entierros, ni misas de difuntos (nunca digas de esta agua no he de beber).

Con Remberto, nuestro querido Rafo de la lucha clandestina, resulta imposible callar. Desde la profundidad de más de medio siglo surgen los recuerdos y anécdotas brotados de la mente y el corazón; se arremolinan amistad fraterna, camaradería permanente, lucha compartida, proyectos y sueños imposibles, rememoraciones lacerantes, debates encendidos, toques de ternura casi familiar, empecinamientos irreductibles, acuerdos y desacuerdos. Hubo de todo.

Por encima de su desempeño talentoso como docente universitario, su labor editorial, especialmente en el afán de resucitar al semanario Aquí, y su rol ejemplarmente unitario, ordenado y discreto en su paso por las organizaciones sindicales de los trabajadores de la prensa (Federación de La Paz y confederación), Remberto Cárdenas fue ante todo un luchador revolucionario incansable. Un resuelto militante del campo nacional- popular, desde sus mocedades como dirigente estudiantil en su querido y siempre añorado pueblo natal de Vallegrande. Firme en sus convicciones más profundas, estaba, sin embargo, abierto a las visiones críticas y también autocríticas, pues admitía haber formado parte de una izquierda mundial incapaz de percibir los errores y deformaciones del socialismo “realmente existente”. Por ello mismo, era un severo y radical crítico de lo que consideraba deformaciones e inconsecuencias de la conducción del actual proceso.

Remberto pasó por los rigores de la persecución, el exilio y una prolongada lucha clandestina, como Secretario General de la Jota y miembro de la comisión política del Partido Comunista de Bolivia (PCB). Sufrió más de un año de ilegal detención, por el único “delito” de querer pasar de contrabando unos libros adquiridos en el Perú. Junto a Iván Paz y Antonio Peredo, fue uno de los últimos en salir en libertad cuando la huelga de hambre encabezada por las mujeres mineras desmoronó a la dictadura fascista de Banzer. Volvió a la lucha clandestina a partir del golpe militar de 1980 y vivió en carne propia las vicisitudes de una despiadada lucha interna del PCB que, a momentos, por pensar con cabeza propia, lo convirtió en manzana de la discordia (ver pp. 217-220 del libro Recordatorio).

En los últimos años de su vida, Remberto abrazó con particular fuerza la bandera de los Derechos Humanos y de la Libertad de Expresión, convencido como estaba, de que los cambios revolucionarios son impensables sin la vigencia de una democracia avanzada y participativa que los haga posibles.

Su nutrida producción intelectual contempla diversidad de análisis interpretativos, varios textos inéditos para la enseñanza del periodismo y el libro publicado en 1997 Matanza del nuevo poder minero (sobre la masacre de Amayapampa, Capacirca y Llallagua, de diciembre de 1996).

Compartimos con familiares, con viejos y nuevos camaradas, con nuevos y viejos colegas, el dolor de esta partida.

Carlos Soria Galvarro es periodista.

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Cuatro décadas: algunas lecciones aprendidas

/ 16 de octubre de 2022 / 01:00

Al cumplirse los 40 años de la recuperación de la democracia, la inclusión de mi nombre en un listado de personas e instituciones que contribuyeron a lograrla, motivó algunas reflexiones que quisiera compartir con los lectores, no sin antes hacer público mi agradecimiento al Tribunal Supremo Electoral por esa distinción.

En primer lugar, el carácter esencialmente colectivo o social que debieran tener estos reconocimientos. Siento que como individuo no fui ni soy un elemento aislado, sino parte de un movimiento general orientado al establecimiento de una democracia donde sean respetadas las libertades, rijan las leyes y no el poder omnímodo de personajes o grupos privilegiados, y asuman plena vigencia los derechos humanos. En tal sentido, merecen homenaje de admiración y respeto los trabajadores, en especial los mineros, campesinos, estudiantes, periodistas, artistas, profesionales, hombres y mujeres, verdaderos artífices de la apertura de una senda democrática para el país.

La lucha por conquistar la democracia no está circunscrita exclusivamente a lo que va del 4 de noviembre de 1964 (golpe de Estado de Barrientos) al 10 de octubre 1982 (posesión del gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP), encabezado por Hernán Siles Zuazo). Se trata de un periodo de 18 años en los que predominaron las dictaduras militares y sobre el cual una Comisión de la Verdad ha recopilado un enorme volumen de información que urge revisar, sistematizar y difundir.

Las acciones en pro de la democracia vienen desde mucho antes, prácticamente desde la fundación de la República y abarcan también los últimos 40 años, lapso en el cual se presentaron no pocas situaciones de retroceso autoritario y de conculcación de la democracia. Ejemplos válidos son, entre otros, la Masacre de Amayapampa y Capacirca (1996), el “octubre negro” (2003), el desconocimiento de los resultados del referéndum del 21 de febrero (2016), el fallo del Tribunal Constitucional sobre la reelección indefinida (2017) y, por supuesto, la crisis que desembocó en el derrocamientos de Evo Morales en los sucesos de octubre-noviembre (2019) que, en algunos casos, volvieron a asumir formas de masacre (Sacaba, Senkata).

Un aspecto negativo a destacar es la impunidad de la gran mayoría de los autores intelectuales y materiales, cómplices, encubridores y beneficiarios de las violaciones a la Constitución y otros crímenes, particularmente actos flagrantes de corrupción. La impunidad es la norma y el castigo difícilmente alcanza a ser la excepción. Debiera caer sobre esas personas por lo menos una suerte de castigo moral pues, por de pronto, es imposible un accionar medianamente aceptable del sistema judicial, podrido hasta la médula y sometido a las órdenes de los poderosos de turno, sean éstos dueños del poder económico o eventuales titulares del poder político. Basta recordar la notable eficiencia con la que jueces y fiscales se pusieron a las órdenes del régimen “transitorio” de Áñez y en particular de su principal operador Arturo Murillo. Con el mayor cinismo tuvieron que desandar lo andado y volvieron cuando el actual partido gobernante retornó al poder, menos de un año después. Se dice ahora que toda esa camada judicial sigue muy atenta la pugna interna del MAS para decidir a tiempo a qué palo arrimarse.

Expresando el sentir y el pensar de todos y todas que ya no están (porque cayeron en la lucha o porque partieron prematuramente por diversas causas), quisiera reiterar la indeclinable voluntad de seguir contribuyendo a la construcción de una cultura democrática, en particular con trabajos de recuperación, conservación y difusión de la memoria del país. Ese es mi grano de arena.

Carlos Soria Galvarro es periodista.

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Chile: no está dicha la última palabra

/ 18 de septiembre de 2022 / 00:31

Mal de muchos, consuelo de tontos. Varios nos equivocamos al pronosticar la aprobación del proyecto de nueva Constitución para Chile. En el caso nuestro y en el de la gran mayoría de observadores ubicados a la izquierda del espectro político, como tantas otras veces, primaron los deseos antes que la mirada atenta a la realidad. Consideramos que las señales negativas marcaban un retroceso de los resultados inicialmente esperados, pero esto no impediría el triunfo del Apruebo. Ganó de lejos el Rechazo. No hay atenuantes: nos equivocamos. Y punto.

Una primera reflexión al respecto es que en democracia tales sucesos pueden ocurrir, hay que asumirlos como posibilidades. Nada está escrito en piedra, de una vez y para siempre. Las situaciones pueden cambiar, así como varían las correlaciones de fuerzas, al influjo de factores diversos. Nadie tiene el puesto comprado o lo ha recibido como regalo definitivo de la divina providencia. No es suficiente abrir el cauce para que fluya un proceso de cambios, es necesario alimentar y enriquecer los elementos que lo componen y asegurarse de que lleguen a buen puerto sin desbordarse en el trayecto. Lejos de la idolatría liberal que reduce todo al ejercicio del voto, las urnas algo tienen que decir en cada momento y hay que saber escuchar sus voces.

El 4 de septiembre de 2022 se produjo una incuestionable derrota para el pueblo chileno y para los movimientos populares y progresistas de América Latina. Se perdió la oportunidad de sepultar las secuelas de una de las más horrendas dictaduras. Pero que la derecha ultramontana y los voceros del imperialismo no se apresuren demasiado en cantar victoria, tampoco es un triunfo claro para ellos. No es que el 80% del electorado contrario a la Constitución pinochetista de pronto se hubiera reducido al 30% y volcado su apoyo a la vigencia indefinida de ese cuerpo normativo heredado de la dictadura. Lo que pasó es que el proyecto sustitutivo no convenció, ni como producto final ni como procedimientos de elaboración. Ofreció demasiados flancos débiles a la acción corrosiva de la oposición basada en campañas de confusión y miedo, lanzadas por los medios predominantes y desde las redes sociales. Ni el gobierno, ni la coalición de fuerzas que lo sostienen, ni menos la propia Convención tuvieron el tiempo, la coherencia y la habilidad para defender el proyecto aislando y derrotando esas campañas calumniosas; es más, aliados políticos de centroizquierda se sumaron a último momento al bando del Rechazo. A ello hay que añadir cierto desencanto de una parte de la población por las deficiencias en el desempeño inicial del gobierno de Gabriel Boric, quien llegó al poder estrechamente comprometido con la bandera de una nueva Constitución, no parece casual que algunas encuestas recientes ubiquen la cifra de la popularidad del Presidente en el mismo nivel del voto por el Apruebo.

Sin embargo, según se informa desde Santiago, Boric habría logrado sortear con éxito las zancadillas de la derecha que pretendía otorgarle al referéndum del 4 de septiembre un carácter plebiscitario cuyos resultados debían interrumpir su gestión. Lo que se sabe es que se están construyendo nuevos consensos para desarrollar un segundo intento de redactar la nueva Constitución, aprendiendo de los errores cometidos pero manteniendo el esquema básico de elección popular de los representantes, paridad de género y salida de aprobación por un nuevo referéndum.

Las cosas no serán nada fáciles, solo queda augurar que tengan éxito sin olvidar que el mandato de una nueva Carta Magna proviene de una eclosión social por un verdadero cambio.

Carlos Soria Galvarro es periodista.

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Tarde o temprano se impondrá el legado de Allende

/ 4 de septiembre de 2022 / 00:31

Un día como hoy, se produjo el triunfo electoral de Salvador Allende en Chile. Y 52 años después el pueblo chileno es nuevamente protagonista de un acontecimiento crucial: la aprobación o rechazo de una nueva Constitución.

Los lectores y lectoras comunes de ahora, podrían suponer que las mencionadas elecciones eran una más de las muchas que se realizan en nuestros países, donde unos ganan y otros pierden en una aparente alternancia democrática. Sin embargo, lo ocurrido en 1970 fue un acontecimiento histórico trascendental: por primera vez una coalición de izquierda, en este caso construida sobre el eje representado por los partidos socialista y comunista, llegaba al gobierno por la vía electoral y lo hacía con un programa de reformas muy avanzadas; aunque vistas hoy en perspectiva, podrían considerarse como excesivamente moderadas. La nacionalización de la industria del cobre, la reforma agraria y ciertas políticas sociales tendientes a achicar la grieta de la desigualdad entre ricos y pobres, eran tal vez los puntos esenciales de lo que vino en llamarse la Unidad Popular (UP).

Además, el acontecimiento se producía en los marcos de un agitado debate entre los que sostenían que la “vía armada” era el único camino de la revolución y los que admitían que, bajo determinadas circunstancias, ésta podía ocurrir sin violencia armada, aunque no precisamente por “vía pacífica”. No se hizo aún un balance sustancioso e integral de ese debate ni de las respuestas que la historia de más de medio siglo, especialmente en América Latina, dejó marcadas al respecto.

En esta columna nos interesa apenas recordar que la derecha chilena, en consonancia con la política imperialista de los Estados Unidos, hizo todo lo imaginable para frenar, sabotear y finalmente derrocar por la violencia al gobierno de Salvador Allende, muerto en el bombardeo a la casa de La Moneda el 11 de septiembre de 1973.

Pareciera que algunos exponentes de la nueva derecha quieren recrear el ambiente de irracionalidad de aquellas épocas, usaron ya en las elecciones del pasado año recursos similares, con el auxilio de las llamadas “redes sociales”, muy aptas para difundir falsedades y generar confusión y miedo. Todo parecía indicar que el voto ciudadano en pro del texto fundacional de 167 páginas, aprobado por más de dos tercios en una representativa convención elegida al efecto, sería contundentemente mayoritario, pero surgieron algunos sondeos que pusieron en duda dicha posibilidad. Parece que las mentadas campañas surtieron algún efecto, lo cual sumado a otros factores hicieron disminuir las expectativas, pero no lo creemos posible al grado de hacer peligrar la aprobación.

Cabe mencionar que un elemento nuevo introducido en contra del proyecto ha sido esta vez la apelación a la xenofobia antiboliviana, a título de que éste tendría demasiadas semejanzas con nuestra Constitución Política del Estado de 2009.

El pueblo chileno tuvo hoy la oportunidad de repudiar una ominosa herencia de la dictadura pinochetista y aprobar una nueva carta fundamental inspirada en la lucha de resistencia y en los ecos de la eclosión social de los últimos años, que puso por delante la herencia democrática y liberadora de Salvador Allende. Así nomás son las cosas.

Carlos Soria Galvarro es periodista.

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